 La Dirección Patronal de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, FETU, ha traicionado nuevamente al greño con la firma de un acuerdo que no solo vulnera los derechos de las y los trabajadores del sector universitario, sino que además violenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como leños y convenios internacionales. Esta farsa anunciada la noche del 2 de agosto en un conciliado de élites entre sindicalistas patronales y altos funcionarios del gobierno que están de espaldas a las demandas del pueblo, pretende inútilmente de movilizar a los miles de trabajadores y trabajadoras que durante las últimas semanas han salido a las cañas en diferentes estados del país para exigir el cumplimiento de sus convenciones colectivas. Una semana antes, la Dirección Patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Regionales y Conexos de Trabajadores del Sector Salud y la Seguridad Social Fenácil tras Salud ejecutó de manera fraudulenta e inconsulta un acuerdo que redujo el monto de la cláusula de batas, uniformes y zapatos de Bolívares 1300 a Bolívares 200. Mientras estas maniobras son ejecutadas y los derechos son conculcados, operadores, políticos y burocratas sindicaleros intenten invaducar al pueblo asegurando que el fraude salarial es responsabilidad de supuestos técnicos que están actuando a su antojo y tachan detalfados a los trabajadores que justamente protestan en las calles del país. Desde el Partido Comunista de Venezuela, Albertino, que lo que está en curso es una estrategia de gobierno del presidente Nicolás Maduro de derepolación y flexibilización salarial dirigida a reducir el valor de la fuerza de trabajo usando mecanismos administrativos que no tienen rasgo legal ni constitucional. El Instructivo Salarial de la UNAMI impuesto de manera unilateral por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en marzo de este año que es tan solo el último eslabón de una cadena de violaciones que tiene su origen en el denominado Programa de Crecimiento, Recuperación y Prosperidad Económica de 2018 que no es más que un descarado plan de ajuste neoliberal. Desde entonces se emprendió un desmontaje de conquistas contractuales a través de instrumentos como el Memorándum Circular 27-9-2 y un Instructivo del Ministerio de Planificación que redujo beneficios del sector público. El gobierno del presidente Nicolás Maduro de manera sistemática ha vulnerado cláusulas de las convenciones colectivas, así como los principios constitucionales de inviolabilidad y progresividad de los derechos conquistados, ahora niega al personal docente, administrativo y obrero del sector de la educación, su derecho al bono vacacional y a las y los bilados subono recreacional. Ante las masivas y compativas manifestaciones, cúpulas sindicales pro-governamentales sin ningún tipo de legitimidad o legalidad han reaccionado de manera tardía anunciando acuerdos que fragmenten el pago de los beneficios y que en ningún término atienden a la restitución de los derechos infringidos. El Partido Comunista de Venezuela insta al Tribunal Supremo de Justicia a pronunciarse favorablemente sobre los recursos de inulidad para salvaguardar los derechos velaz y los trabajadores públicos. Además instamos a la Asamblea Nacional a ponerse al servicio de demanda populares y legislar en favor de los intereses de las mayorías que hoy cargan sobre sus hombros el peso de la crisis del sistema capitalista. El PSB convoca a la clase trabajadora y al movimiento popular revolucionario a sumarse a la recolección de firmas para solicitar la discusión de los proyectos de ley de indesacción salarial y recuperación y revalorización de las prestaciones sociales. A los miles de trabajadores que se encuentran movilizados en estos momentos en todo el país les decimos que solo la organización y la lucha serán garantía para preservar nuestras conquistas. Vamos a fortalecer los espacios amplios de unidad de acción sindical, gobierne y en gobierne los derechos se defienden.