 En Honduras, existen 2.8 millones de personas con necesidades de protección. Estas personas fueron afectadas por la violencia o los desastres y se encuentran amenazadas su vida, su seguridad y su dignidad. Estructuras armadas, como las MARAS, los grupos criminales organizados y las estructuras del narcotráfico, ejercen control social y territorial sobre la población. Las múltiples violaciones a los derechos humanos y las amplias brechas de seguridad, la pobreza y la violencia han obligado a más de 247.000 hondureñas y hondureñas a huir de sus hogares con el fin de salvaguardar sus vidas. Desde finales del 2018, se estima que se han organizado numerosas caravanas que han permitido la salida de entre 17.000 y 25.000 hondureñas. Además, el impacto del COVID-19 y las tormentas tropicales Eta y Ota agravaron aún más el entorno de protección de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Estas emergencias exacerbaron las desigualdades existentes en materia de género, así como la incidencia de la violencia sexual, la violencia contra los niñas y el tráfico de personas. Ante sus desafíos, la priorización de la atención es de suma importancia. Por ello, en 2020 se activó el Closter de Protección en Honduras, que busca coordinar y complementar respuestas concretas y efectivas de protección de las autoridades nacionales y de la comunidad humanitaria y de desarrollo. Y así, promover la respuesta en protección de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por conflicto armado y nuevas dinámicas de violencia a través de actividades de incidencia con los y las titulares de obligaciones y los diferentes actores, mecanismos de coordinación de la arquitectura humanitaria y desarrollo en Honduras. Gracias al sistema de Naciones Unidas, al Closter de Protección y a la Sociedad Civil, el Closter de Protección en Honduras está trabajando para garantizar una respuesta coordinada ante la compleja situación de protección en el país. Y nuestro esfuerzo es, sobre todo, incrementar la solidariedad entre las comunidades, los actores humanitarios y el gobierno. Nuestro objetivo es generar un marco de monitoreos y servicios eficientes en complementaridad con los servicios estatales y, aunque en esta responsabilidad y mandato durante una crisis humanitaria son diferentes, creemos que el enfoque de protección es responsabilidad de todos y de todas. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional que se quehable de lo que está pasando en América Central y en Honduras para garantizar la protección, los derechos humanos de las niñas, los niños, las mujeres, las personas desplazadas por la fuerza, las personas retornadas con necesidades de protección. Los sobrevivientes de violencia de embasada en género, las personas LGBTI, personas indígenas y afrondureñas y todas las personas con necesidades en protección. En Honduras, a finales de 2020, se hizo un llamado de alerta desde la oficina del coordinador al residente de las Naciones Unidas a responder a la crisis humanitaria que se vivía y se vive en el país. A más de un año, del paso de las tormentas tropicales, ETA y YOTA, en un contexto de pandemia y donde las personas no tienen respuestas que le garanticen la protección, es necesario que todos los actores sumemos esfuerzos en el marco de los derechos humanos a fines de salvaguardar las vidas y no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás.