 El programa contra el tráfico de productos ilícitos ofrece a las policías de los 190 países miembros de Interpol y a la comunidad internacional un enfoque exhaustivo e integrado para combatir el tráfico internacional de artículos ilícitos en todas sus formas. A tal efecto, Interpol proporciona un liderazgo internacional actuando como catarizador de las intervenciones y apoyando los esfuerzos colectivos encaminados a luchar contra esta actividad delictiva. Tráfico de productos ilícitos es un término común empleado por Interpol que engloba todos los tipos de comercio ilícito. Por él se entiende la producción industrial y la distribución sistemática de artículos falsificados y objeto de contrabando a escala regional y de manera creciente a escala mundial. Dicho término incluye diversos tipos de infracciones contra la propiedad intelectual y de delitos contra el medio ambiente. El comercio ilegal de recursos naturales, el comercio de sustancias que comportan riesgos para la salud o la seguridad, el contrabando de productos sujetos a impuestos, el tráfico de drogas, así como distintos movimientos financieros ilícitos. Los delincuentes que trafican con productos ilícitos son en realidad intermediarios especializados en la compraventa de mercancías que manipulan los productos para generar cuantiosos beneficios ilícitos. Las redes de distribución de que estos se sirven para vender los productos ilícitos son también utilizadas para distribuir una gran variedad de otras mercaderías como armas, estupefacientes, sustancias químicas peligrosas, personas y especies animales protegidas. Los beneficios obtenidos de estas actividades se sustraen a la imposición fiscal y se reinvierten en otras actividades delictivas, entre ellas la financiación de grupos terroristas. El blanqueo de capitales es un componente esencial de este proceso. El programa contra el tráfico de productos ilícitos prevé una estrecha colaboración con las fuerzas policiales, los servicios de aduanas, los organismos reguladores y otros organismos del ámbito de la aplicación de la ley de los países miembros para hacer frente a estos delincuentes. Pero sin el compromiso y el respaldo activo de las empresas afectadas por estas actividades sería difícil garantizar que los esfuerzos de todas las partes afectadas se dirigen allí donde pueden ser de mayor utilidad. Los sectores empresariales afectados conocen la naturaleza de estos delitos, con frecuencia peligrosos y su repercusión en sus productos. Por consiguiente, el firme apoyo del sector privado es un componente esencial del esfuerzo colectivo de los países miembros para concienciar acerca de este problema y mejorar las capacidades para compartirlo. Es igualmente esencial llevar a cabo intervenciones eficaces contra estas redes de delincuencia organizada.