 En plena crisis por la pandemia, España ha recibido un total de 48 demandas, de las cuales 21 ya se han resuelto y, en la mayoría, spoiler, perdemos. Pero, ojo, que esto no es como perder la porra de quien se va a divorciar en 2020 con tus compañeras de curro, jugando 3 euros cada una. En España ya hemos sido condenados a pagar 1.074 millones de euros, poca broma con las demandas. Y como perdamos las que tenemos pendientes, pagaremos un total de más de 10.000 millones. Vaya, que nos va a salir casi tan caro como la corrupción del Partido Popular. Pero, ¿quién nos demanda y por qué? Por haber elegido el resistiré como canción del año, por seguir emitiendo first dates, o quizás por el nuevo hospital de Díaz Ayuso. Vale, me habéis pillado, a esto último no ha dado tiempo, todavía. La respuesta está en el tratado sobre la Carta de la Energía, firmado en 1994, bajo el gobierno de Felipe González, el último, el que olía ya a gas natural. Hoy vamos a contaros quién está detrás de esto y lo más importante. ¿Por qué coño seguimos en este tratado? Hay un momento clave. El acuerdo de París, en la Conferencia sobre el Clima, la COP 21 en 2015, os suena, un año en el que, por cierto, y aunque parezca increíble este dato, Ciudadanos obtuvo 40 diputados. Sí, eso pasó de verdad. El compromiso estaba claro, evitar que la temperatura global aumente más de 1,5 grados. El colapso está garantizado a menos que hagamos algo. Digo el nuestro como raza humana, el de Ciudadanos ya de aquella se veía venir. Y las indicaciones también estaban claras, abandonar los combustibles fósiles, promover la transición energética y dejar atrás el uso del petróleo, el carbón y el gas. A priori, todos estábamos de acuerdo, menos por lo que sea las organizaciones que han amasado fortunas a costa del petróleo, el carbón y el gas. Es entonces cuando los inversores extranjeros tiran de este tratado sobre la Carta de la Energía, a través del cual los inversores extranjeros que hayan invertido en un país pueden demandar a su gobierno si creen que ha legislado en contra de sus intereses económicos presentes o futuros, que están en todo. Sin embargo, los gobiernos no pueden demandar a los inversores. Vamos, que es un win-win. Tanto pagarle al mínimo un MBA pues tenía que salir bien por algún sitio. Un ejemplo, en 2019 el gobierno holandés anunció un plan para prohibir la generación de energía a partir de carbón en 2030. Unos meses después la energética, Uniper amenaza con reclamar hasta 1.000 millones de euros. Las demandas se resuelven en un sistema paralelo de justicia privado. Los tribunales de arbitraje. Ni siquiera hay jueces, sino tres abogados que cobran sumas astronómicas, hasta 3.000 euros la hora, y se reúnen a puerta cerrada para decidir si el estado en cuestión debe pagar o no la suma que reclama el inversor. Adivina, quién gana. Llegados a este punto, muchas y muchos pensaréis, ostia, pues nos salimos y ya, ¿no? Que estamos haciendo el tonto. ¡Bye, bye! Hasta otro ratito, ¿eh? Pues siento deciros que es más difícil salir hilesos de aquí que del Opus Dei. Si salimos solos, existe la llamada cláusula zombie. Los inversores pueden seguir demandando a los países hasta 20 años después de haber abandonado el tratado. Es como en The Walking Dead. Podríamos tirarnos 10 temporadas huyendo de pueblo en pueblo fantasma, y aún así, siempre nos encontrarían. Trato, no sé cómo, pero me he encontrado. ¡Corre, Marty! Por eso, lo idóneo sería que saliramos varios países en bloque y nos evitaramos esa cláusula. En vez de discutir, ¿qué le parece a usted si...? Demandar se ha convertido para estos inversores en una forma de ganar dinero para que los grandes despachos de abogados han descubierto ahí su nicho de mercado, promover demandas por las medidas sociales de los gobiernos ante la pandemia del coronavirus. En España, la pobreza energética sigue creciendo y ya afecta a un 9,1% de la población según el euroestad. Sin embargo, las medidas extraordinarias adoptadas por la emergencia del COVID-19 como alargar el bono social o prohibir el corte de los suministros podrían dar lugar a importantes demandas bajo este tratado. Si el gobierno de España, finalmente, con estos millones de euros a las multinacionales por estas demandas, mucho ojo que una posible vía de financiación sería incrementar la factura de la luz de la ciudadanía y eso que, por cierto, ya somos uno de los países de la Unión Europea que más paga por la luz. Vamos, que a este paso vamos a acabar todos llenando la casa de velas aromáticas del Zarajón. Algo similar se intentó ya con el fallido proyecto castor por el que el gobierno de Rajoy intentó rescatar a las empresas incrementando el coste de la factura del gas. Y... Y yo no he intervenido en nada. Por lo tanto, pues... poco les puedo ayudar, sinceramente. Si España decide enfrentarse a los zombies y sale ya del tratado, quizás estemos a una tiempo de implementar una ley del clima a la altura de las necesidades del momento. Pero si pretendemos seguir así y no ponernos de acuerdo para salir de esta me temo que seguiremos pagando muchos años más este tratado de la ruina.