 Acabamos de aprobar en Colombia el reconocimiento del Campecinado en la Constitución Política como sujeto de derechos y en sus cinco dimensiones, ambiental, política, social, cultural y pues por supuesto productiva. Esto es un desafío y tal vez es el principal desafío y lograr que instalizar eso en políticas públicas que garanticen todos los derechos del Campecinado, principalmente con enfoques de género territorial y etarios. Aparte de eso, avanzar en la discusión de la alimentación como un proceso completo que no solo termina en la seguridad alimentaria, sino también en las autonomías alimentarias como factor de realización del derecho en términos comunitarios y colectivos, y pues por supuesto el factor nacional que es la soberanía alimentaria.