 El ejercicio del derecho a la defensa del Comité Centro de Partido Comunista de Venezuela, PSB, electo en su 16 Congreso Nacional en noviembre de 2022, hemos sido un antefondo de mérito y consecuente solito de enjuiciamiento a los magistrados de la Zara Constitucional de Tribunal Suprema Justicia, Taña de Amelio Cartier, los de Venicia, Suárez Anderson, la Adismaria Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damiani Bustillo, Nichelle Adrián Velázquez Lleva, en los términos previstos en la Constitución de la República Bogotá de Venezuela, por estar presuntamente incursos en responsabilidad penal al dictar en el ejercicio del Poder Jurisional del Estado la sentencia número 0061, violando y menoscabando los derechos de la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela y de toda la ambulancia, garantizado por la Constitución y la ley al descarar como improponible en derecho la solicitud de revocatoria de la sentencia número 1160, pronunciada por la Zara Constitucional en fecha 10 de agosto del 2023. Siendo el PCV directamente afectado por los delitos de negación de justicia o misión de los servicios legalmente debido y abandono, indebido de las funciones públicas mediante conciertos previos de los magistrados, delitos previstos en el artículo 206, 207, 208 del Código Penal, produciendo un Estado de Indefensión Judicial. Los magistrados incurrieron en error inexcusable derecho al declarar como improponible en derecho la solicitud de revocatoria de la sentencia 1160, alegando cosas jugadas. Las sentencias definitivas firmes pueden ser realizadas y revocadas, según sea el caso coletivional supremo de justicia y los maestrados de la Zara Constitucional no están al margen de la ley, señalando que por ser el máximo tribunal de la República, su decisión no puede ser revisada. Los actuales me han entrado de la Zara Constitucional violaron precedentes de la Zara Constitucional, señalando los casos en los cuales los jueces están habilitados a reducir las cosas normales. La Zara Constitucional en sentencia número 831 de fecha 24 de abril del 2002, sobre los casos en que procede la revisión de la cosa jugada, la Zara señaló, habló comilla, en efecto, la Zara precisa que el juez Constitucional, con fundamento en la inutabilidad de la cosa jugada, no puede desconocer la transgresión grosera y directa de los derechos constitucionales que están concretadas en decisiones definitivamente firmes, pues esa forma se estaría creando un estado de indefensión y de regularidad de orden constitucional que no pueden ser admitidos en un estado de derecho, desde el valor superior es el respeto y la garantía de la Constitución, si habló comilla. Otra excepción a la cosa jugada que permite revisar y revocar las decisiones por el propio tribunal que las dictó con la sentencia de la Zara Constitucional de fecha 18 de agosto del año 2023, componencia del magistrado doctor Antonio García García en el expediente 07-07 que estableció lo siguiente, habló comilla, en efecto, en la Zara Constitucional, con responsabilidad y doblación de celebridad, que debe garantizar el estado jugando para Rusia, para revocar las decisiones por el punto de vista legítimo, sino también constitucional, desde el punto de vista legítimo para revocar su propia sentencia, al ser alvertido de un error que produzca una lesión de derecho constitucional o que agreda a una de las partes o a un tercero, si habló comilla. Con todo respeto al magistrado, estos, a declarar un protonible, en efecto, la Constitución Regulatoria de la 70.160 a la Cosa Buzgara, supone al ver a la media, donde las decisiones de REL no eran revisables, porque la autoridad del REL emanaba de los, y sobre el REL rendía cuenta a Dios. Esto supone decretar la muerte del Estado constitucional de derecho y de justicia. Después de eso, que solicitamos ante el antejuicio de mérito y el consecuente enjuiciamiento por haber incurrido en prevaricación judicial a excusarse en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia para incumplir maliciosamente o por ignorancia inexcusable de la Fuerza Nacional que desempeñan como magistrado, incumpliendo la obligación de asegurar la integridad de la Constitución.