 ¿Por qué el Perú debe avanzar en asegurar los derechos a la tierra de las comunidades indígenas? Para muchas comunidades indígenas que habitan los bosques amazónicos del Perú, obtener el título que asegure sus derechos de uso sobre las tierras que habitan puede ser una lucha de largo, largo plazo. Trámites engorrosos, vacíos legales y superposiciones a sus áreas hacen que alcanzar la titulación y conseguir el registro de derechos colectivos se convierta en un proceso que puede durar décadas o simplemente quedarse estancado. Por ejemplo, la comunidad nativa de Sagüeto en la región Ucayali esperó más de 10 años para conseguir su título y durante este proceso sufrió el asesinato de cuatro de sus dirigentes a causa de un conflicto de territorio con madereros ilegales. Como Sagüeto, muchas comunidades indígenas sobrellevan, como pueden, presiones de terceros sobre los recursos de sus tierras mientras realizan interminables trámites esperando, año tras año, conseguir el título que garantice sus derechos. ¿A qué se debe todo esto? Según la ley peruana, las comunidades deben proceder con 20 pasos para conseguir la titulación de sus territorios pero en la práctica se han observado al menos 35 pasos y si surgen conflictos como una superposición con otra categoría asignada, hay, incluso, más pasos por recorrer y la espera para obtener la titulación puede ser indefinida. Además, según datos del Instituto del Bien Común de las 1300 comunidades nativas tituladas, un 80% no está inscrito en los registros públicos, un problema fundamental, pues la inscripción constituye el paso final y definitivo para garantizar sus derechos al territorio que habitan y del que se sostienen. En estos momentos considero que uno de los principales problemas es todo aquello referente a conflictos pero conflictos internos y conflictos externos. En los externos tenemos temas de superposición con bosques de producción permanente, con áreas naturales protegidas, con lotes de hidrocarburos, temas de servidumbres. A nivel interno hay conflictos que son el manejo de linderos, el desconocimiento en límites, entonces es muy amplia la gama de la problemática que se enfrenta para otorgar derecho a favor de comunidades nativas en temas de titulación. ¿Pero por qué debería el Perú hacer algo para resolver el problema de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas? Primero, porque el país ha asumido compromisos internacionales que lo obligan a garantizar el respeto de los derechos de las poblaciones indígenas. Segundo, porque recientemente el Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige a sus estados miembros asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas incluyendo sus derechos a la tierra en todas las políticas de desarrollo y comercio. Tercero, porque un creciente número de consumidores, estados y empresas en todo el mundo están exigiendo que sus productos provengan de áreas donde se respetan los derechos de la tierra de las poblaciones que viven en los bosques. Y finalmente, porque los problemas de titulación afectan a los bosques y a las comunidades, al evidenciar una gobernanza débil que acarrea inversiones insostenibles, incremento de la pobreza, conflictos sociales graves y la desaparición de los recursos naturales del país. Podemos suponer que si Perú no avanza en garantizar los derechos de sus pueblos indígenas a la tierra y los recursos, su competitividad en el comercio y el apoyo que recibe de la cooperación se verán afectados. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Según la evidencia recopilada por el Estudio de SIFOR, estas tres acciones son claves. Uno, el Estado debe asumir una voluntad política clara y colocar el problema en su agenda. Se necesita simplificar los procedimientos e impulsar un conjunto integrado y consecuente de políticas y procesos actuales y asumir un compromiso a largo plazo. Esto no se va a resolver con un proyecto de tres o cinco años. Esto implica, por ejemplo, que el Gobierno de Perú dedique fondos destinados a la problemática de la titulación de comunidades indígenas y no solo se tenga que depender de los proyectos de titulación de corto plazo apoyados por la cooperación externa. Dos, urge invertir en el desarrollo de capacidades de los actores involucrados. Nuestra investigación demuestra que en Perú hay pocas personas a cargo de los procesos de titulación que tienen entre sus responsabilidades la resolución de conflictos. En comparación con otros tres países en el Estudio, que están señales al manejo de conflictos, sin embargo, es el país con la frecuencia de conflictos más alta. Y tres, se debe institucionalizar el apoyo a los gobiernos regionales. Se debe brindar apoyo a los gobiernos regionales los que ahora manejan una gran parte de los procesos de titulación. Necesitan capacitación y recursos humanos y financieros para poder enfrentar los desafíos de la titulación. Pero también a las comunidades indígenas, sus organizaciones y federaciones para que puedan definir y llevar a cabo su agenda propia y ejercer prácticas sostenibles para los bosques del país. Una vez termina el proceso de titulación que dan desafíos importantes tanto para las comunidades como para el Estado. Por un lado, las comunidades deben permanecer unidas, organizadas y generar arreglos internos que aseguren que todos sus miembros puedan beneficiarse de los derechos adquiridos. Y por el otro, el papel del Estado no acaba después de que entrega el título a la comunidad de Mativa. Los diferentes sectores deben desarrollar mecanismos para que a nivel local las comunidades cuenten con los servicios básicos el apoyo técnico y el acompañamiento para fortalecer sus medios de vida. En este proceso, el Estado juega un papel clave en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y sus federaciones para asegurar las condiciones necesarias que les permitan implementar sus planes de vida de manera sostenible para los bosques del país. Entonces, después de toda esta información, nos queda dudas de que resolver el problema de los derechos a la Tierra y el territorio de los pueblos indígenas ¿No es una tarea sólo de los pueblos indígenas? La evidencia en Perú indica que abordarlo como un asunto nacional no sólo promovería el bienestar de las comunidades nativas, sino también del país y sus bosques.