 La pandemia del COVID-19 ha empezado a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes, así como residencias de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de reclusión. Hay un gran riesgo de que afecta a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones. En muchos países los centros de detención están superpoblados y las personas que albergan están peligrosamente asinadas. La separación física y el autoascilamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles. Es por ello que hago un llamado a los gobiernos para que actúen de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas en detención. Entiendo que los gobiernos están bajo mucha presión, que exista una gran demanda de recursos y que tienen que tomar decisiones muy difíciles. No obstante ello le dinto a que no olviden a los que están presos o en lugares como los centros de reclusión para personas con enfermedades mentales o las residencias de ancianos y los arfanatos. En caso contrario, las consecuencias podrían ser catastróficas para los detenidos, para el personal, para los visitantes y por supuesto para la sociedad en general. Las autoridades deberían examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los regos enfermos y los mayores. Para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible, se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Algunos países ya han empezado a hacerlo. Ahora más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes. COVID-19 plantea un enorme desafío a toda la sociedad, al tiempo que los gobiernos toman medidas firmes para imponer el distanciamiento físico. Es vital que esas medidas sean implementadas, pero estoy muy preocupada por el hecho de que algunos países están amenazando con imponer sentencias de prisión para los que no obedezcan. Esto, por supuesto, puede exacerbar la grave situación en las prisiones y ayudará muy poco a contener la expansión de esta mortal enfermedad. El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, particularmente durante esta crisis.