 Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, le damos la bienvenida a este nuevo, a este nuevo seminario del Departamento de Derecho Constitucional de la UFF. Soy mi nombre Diego González, soy del moderador del seminario Los Efectos de los dictamentos de las Naciones Unidas, El Caso de España. Antes de presentar a nuestra ponente, algunas cuestiones previas, como siempre despedimos los micrófonos apagados, la posibilidad, si lo tienen bien de encender las cabras, y para aquellos estudiantes de doctorado, pronto pondremos el correo y el cual tienen que enviar el formulario respectivo. Y nada más hacer un recordatorio que la página web del Departamento están subiéndose constantemente los pasados seminarios que hemos tenido. Pero bueno, ahora sí entramos al fondo y nos ha acompañado la profesora Cristina Izquierdo, quien es profesora titular de derecho internacional público por la Universidad Autónoma de Madrid y es ex-entrada del Tribunal Constitucional. Ella primero nos hará una presentación de unos 30-40 minutos para posteriormente iniciar un proceso de debate con la ponente. Así que muchísimas gracias por estar acá a la ponente, principalmente a todas y todos ustedes y le damos la palabra para entrar por el fondo del tiempo. Bueno pues muchísimas gracias y bueno pues tengo que dar las gracias lógicamente primero a Alex para por haberme invitado. Es un gusto para mí estar con vosotros, para mí poder compartir con vosotros mis investigaciones y mis estudios sobre estos temas y con un grupo de investigación que es dirigido por Alex y que estoy segura que tiene una enorme calidad de muchísima actividad. Así que para mí es un gusto, todo lo que sea compartir con vosotros actividades académicas siempre vais a poder contar conmigo y él lo sabe. Así que gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer una intervención sobre un tema muy de moda, muy polémico actualmente y sobre el que Alex me ha seguido a hablar. Voy a intentar repetirme lo demasiado, pero bueno al final hay algunas cosas que van a ser inevitables. Por otro lado también tengo más tiempo de lo que tuve hace un par de meses en la intervención que hay en el Centro de Estudios Constitucionales y me voy a detener un poquito más en algunas reflexiones sobre los asuntos que hemos tenido en los tribunales españoles y también me quiero detener en las posibles propuestas y un poco en el futuro de lo que van a ser los dictámenes de los comités o de lo que pueden llegar a ser los dictámenes de los comités de las Naciones Unidas o de los tratados de derechos humanos que están siempre vamos a que se han generado en el marco de Naciones Unidas. Bien, voy a intentar como digo abarcar todas las cuestiones y creo que son elementales y claves para el entendimiento de ese tema y voy a empezar por un análisis muy simple, pero que yo creo que es indispensable, que es un análisis de puro de derecho internacional y ese análisis puro de derecho internacional se refiere a las obligaciones del Estado derivadas de los tratados. Yo cuando hablo de ese tema siempre empiezo por esto, ¿por qué empiezo siempre por esto? Porque claro, cuando luego pasan las cosas que ocurren como por ejemplo en la sentencia famosa del Supremo de la mujer que había asesinado a su hija, de la que luego hablaré, pues cuando se habla de eso, no es que los factos son obligatorios, entonces España está obligado, se mezcla todo. Entonces yo quiero primero partir de un análisis de derecho internacional. Hay unas obligaciones del Estado español y de cualquier Estado parte que son la obligación que se deriva de manifestar el consentimiento al catálogo de derechos, eso está claro, o sea, hay un consentimiento al catálogo de derechos, eso no es discutible, pero a partir de ahí cualquiera que sepa un poco de derechos fundamentales y entiendo que vosotros sabéis muchísimo porque sois todos constitucionalistas sabe perfectamente que de un catálogo de derechos, bueno, pues eso es un catálogo, a partir de ahí hay miles de interpretaciones, de precisiones, etcétera, etcétera, que no están incorporadas al catálogo. Por tanto, la obligación jurídica clara de cualquier Estado parte y de España es al catálogo de derechos del pacto y al protocolo. A partir de ahí España se ha obligado a una segunda cosa, está vinculada a una segunda cosa. España ha aceptado, por decirlo de manera, ciertas competencias del comité, de los comités que los comités son los órganos de control que Naciones Unidas han impuesto para, se han creado para vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Han impuesto unos comités obviamente porque nunca ha habido consentimiento y consenso suficiente para generar órganos jurisdiccionales. Si lo hubieran habido, los hubieran creado, pero no lo había. Es imposible que haya, en una organización multilateral de las dimensiones de Naciones Unidas, es imposible que haya acuerdo suficiente para crear órganos jurisdiccionales que controlen los tratados internacionales. Por tanto, también es importante que se vamos, que los comités son sucedáneo y que tienen Naciones Unidas para vigilar el cumplimiento de los tratados porque nunca ha llegado al consenso suficiente para crear órganos jurisdiccionales si hubiera llegado, por supuesto, que estaríamos ante ellos, de acuerdo. Es una organización universal y tiene los límites que tienen derivados del derecho internacional. El derecho internacional nos da de sí lo que nos da de sí, de acuerdo. Y entonces eso es importante que nos aceptamos. Entonces los estados parte y España ha aceptado la competencia del comité, ha aceptado la competencia del comité a tres efectos, diría yo. Pero son tres, no más, y esos tres son los que tenemos que recordar desde una perspectiva de derecho internacional. El primero muy básico y que no es relevante hoy afecta en nuestro interés que es que todos los estados, la recepción de los informes de los estados, los estados obligan a enviar informes cada ciertos años, cada cuatro años como mínimo, pero a veces cada menos si nos encontramos con que el comité le hacía sugerencias y en las recomendaciones le anima a que le responda y le dio un poco un feedback del cumplimiento de esas sugerencias y recomendaciones en un periodo más breve de cuatro años. Entonces, ahí nos encontramos con que el estado puede tener que hacer informes con más frecuencia, pero en todo caso son informes estatales y la organización internacional se relaciona con el estado. El segundo de los elementos que ha aceptado España y los estados parten relación con la competencia del comité es la cooperación con él. Este elemento de copiar con el comité del artículo 37 del Pacto de Derechos Humanos, este me gusta y este quisiera que lo retuvierais un poquito más. Es decir, España se obliga a emitir informes y España se obliga a cooperar con el comité. Por tanto, es cierto que luego vamos a ver cómo el comité no tiene el labor adictámenes que tenemos clarísimo todos que no tienen efectos jurídicos y que no son vinculantes, pero si es importante que sepamos que España tiene una obligación de cooperación con el comité con lo que el comité diga y haga. Tampoco puede dar la espalda porque ese artículo 37 existe. Y luego España se compromete y este es el meollo de la cuestión a permitir que el comité reciba comunicaciones individuales. Aquí tenemos el meollo de la cuestión. Pero se compromete solo a eso, no nos equivoquemos. Se compromete a permitir que reciba, acepta la competencia del comité para conocer de esas comunicaciones individuales. La comunicación individual es un mecanismo de control, uno más para el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, como decía antes, y ese mecanismo de control es más moderno y más eficaz que los informes de los estados que hemos visto en primer lugar, lógicamente. ¿Por qué? Porque ya relaciona el organismo internacional, que en este caso es el tratado internacional y el organismo internacional con el ciudadano. No lo relaciona con el Estado, sino con el ciudadano que es directamente titular de los derechos y víctimas, en su caso, de las vulneraciones. Es un mecanismo más eficaz que no todos los estados aceptan, pero hay que decir que hay un alto número de estados que aceptan la competencia del comité para conocer las comunicaciones individuales. No obstante, no olvidemos que hay muchos estados que son miembros de los pactos y de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de Naciones Unidas y que no han aceptado en todos ellos la competencia del comité para conocer comunicaciones individuales. Sí, han aceptado la competencia del comité para los informes estatales porque esa va vinculada al consentimiento al pacto, esa va vinculada al consentimiento al pacto y la obligación de cooperación con el comité también va vinculada al consentimiento al propio pacto. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez que se consiente al pacto, se consiente al catálogo, se consiente a los informes, se obliga a los informes estatales y se obliga a la cooperación con el comité para que el comité pueda cumplir su función. ¿Cuál es la función del comité? Pues, vigilar el cumplimiento del pacto y hacer recomendaciones y sugerencias. Esa es la función del comité, vigilar el cumplimiento del pacto por parte de los estados. Pero no le han dado nada más, no le han dado más mecanismos, ¿de acuerdo? Al comité no le han dado más mecanismos y esto es importante porque esto luego sale a las sentencias del tribunal supremo, que dice el tribunal supremo, es que yo no veo mecanismos, es que el pacto no me dice nada más, no me dice nada más porque el Estado me ha querido y porque el sistema no lo tiene. Bien, en relación con las comunicaciones individuales, voy a añadir algunos elementos más que me parece que pueden ser útiles y es, bueno, sobre todo para que haya cierta información, que quiero que puede ayudar también. La primera de ellas es la siguiente. El sistema de las comunicaciones individuales lo tenemos en las Naciones Unidas, a veces previsto en el propio tratado, en un artículo del tratado que incorpora el catálogo y también los mecanismos de control y a veces previsto en un protocolo adicional. No tiene demasiada relevancia porque en realidad no tiene demasiada relevancia por algo que quiero señalar. Y es lo siguiente. Cuando está establecido en otro tratado internacional como es un protocolo adicional, necesitamos que el Estado parte de un segundo consentimiento a un segundo tratado, ¿de acuerdo? Cuando está previsto en un artículo del convenio, podría parecer que una vez que te vinculas al convenio te vinculas también y aceptas las competencias del comité para las comunicaciones individuales. Pero no es así. Los tratados en los cuales, que son unos cuantos, son tres concretamente, la competencia del comité para conocer las comunicaciones individuales se acepta en virtud del propio convenio que lo que los crea son el comité para la discriminación racial, el comité contra la tortura y el comité para las desapariciones forzosas. No obstante, prevé que es necesario que el Estado, además del consentimiento al propio tratado, además para que el comité adquiera competencia requiere una declaración específica de aceptar la competencia del comité. Por tanto, no hay una competencia automática del comité. Esto es lo que quiero decir. Nada de igual que esté incorporado en un artículo en un precepto del tratado que tiene el catálogo o que esté en un protocolo adicional. Lo que veo, o sea, lo que se ve, así lo estudias es que la medida que han ido avanzando en el tiempo se ha hecho otra vez de protocolos adicionales para separar mejor esta cuestión. Y a medida que son más antiguos, nos encontramos que se incorporaban individuales como mecanismos de control y se incorporaban en el propio tratado. La otra cuestión que quiero señalar en relación con las comunicaciones audiovisuales o a ver las comunicaciones individuales audiovisuales me traiciona la situación que tenemos. Bueno, pues la otra cuestión que quiero señalar es en relación con las polémicas medidas previsionales que los Estados miembros pueden recibir de estos comités y que han tenido algún protagonismo en los últimos tiempos y en España también con la cuestión de los jordes. Entonces las medidas cautelares o las medidas provisionales son una práctica que es verdad que también estaba incorporada y que no se había utilizado apenas y son unas medidas que el comité puede solicitar al Estado parte una vez que recibe la comunicación individual. Una vez que el comité recibe la comunicación individual el comité lo que hace es admitirla y luego va a estudiarla. Una vez que la admite está previsto que pueda recomendar algún tipo de medida cautelar, medida provisional a el Estado parte que ha sido denunciado por el particular o por el individuo. Estas medidas provisionales tienen mismos rasgos de recomendación que tienen los dictámenes de los comités o las comunicaciones individuales que no tienen otra de acuerdo y han sido muy poco usados salvo recientemente que han sido más utilizados. Están igualmente previstas a veces en el protocolo adicional, a veces están previstas en los propios tratados de protección de derechos humanos en los pactos. Un tratado que no las tiene. El comité sobre la eliminación de la discriminación racial no contempla la posibilidad de medidas provisionales. Pero los demás las tienen. Este catálogo son ocho tratados, los dos pactos grandes de Naciones Unidas y otros seis más. Y éste no las tiene. Pero, insisto, estas medidas cautelares no son más que una manifestación más de una recomendación que el comité puede hacer una vez que va a tardar un tiempo en examinar el caso. Y quisiera añadir, ya con esto acabo, digamos, desde una perspectiva de la derecha internacional, que había algunos tratados que inicialmente no lo contemplaban, no contemplaban la posibilidad de que se pudiera solicitar una medida cautelar por parte del comité, se pudiera recomendar una medida cautelar. O cuando hablemos, tengamos un lenguaje preciso. Entonces, la medida cautelar por parte del comité no se solicita, se recomienda, pero nada más. Entonces, ha habido una modificación de los reglamentos internos de los comités para incorporar esas medidas cautelares. O sea, en los tratados en los que no estaba, ni en el tratado ni en el protocolo adicional, se han modificado los reglamentos internos y el propio comité ha modificado su reglamento interno de las agencias. Entonces, es importante porque todo esto nos va encaminando a la actividad de los comités. Yo acabaré la intervención de hoy diciendo, entre otras cosas, en las conclusiones que tenemos que enfrentar este problema, porque la actividad de los comités de Naciones Unidas es imparable, es completamente imparable, para bien y para mal. Toda en esta vida tiene su lado bueno y su lado malo, sus elementos negativos y positivos. Yo tengo claro que es imparable. A partir de aquí, esta es la situación que tenemos de una perspectiva jurídico internacional. Esto es lo que tenemos. A partir de aquí, con estos miembres, nosotros en nuestro país en España, habíamos elaborado una cesta, que se suele dilucir, ¿no? Y esa cesta era los pronunciamientos que nuestros tribunales tenían y la relación que nuestros tribunales tenían en relación con los dictámenes de sus comités, ¿qué tribunales me importan? Sobre todo el tribunal supremo y el tribunal constitucional. Antes de la famosa sentencia del 18, de la que hablaremos, los grandes tribunales, los altos tribunales que nosotros nos importan, con los miembres que he contado del ordenamiento jurídico internacional y las obligaciones de España, tenía muy claro lo que tenía que hacer con esto. Entonces, bueno, pues, yo cuento a través de algunos casos, de un par de casos, lo que se podía hacer con los pronunciamientos de nuestros tribunales. Uno de los casos que este lo cuento, este lo conté en mi última intervención y lo traigo aquí, porque es muy interesante, porque es el mismo caso de la sentencia del 20. Entonces, este es el supuesto de uno de los condenados en el caso de Anesto, en el año que luego ha dado lugar a última sentencia del 20, en el que el tribunal supremo ha dicho que un dictamen de un comité no se parece en nada a una sentencia del tribunal europeo y derechos humanos. Bien, este señor es condenado por un delito de apropiación indebida por el tribunal supremo en el año 2002, 18 años, casi 19 podemos hacer. Acude al comité de derechos humanos porque había sido absuelto por la audiencia nacional y es condenado por el tribunal supremo. Entonces no pudo apelar la sentencia condenatoria y acudió denunciando el derecho a una segunda instancia penal. El derecho a los recursos en definitiva. En el año 2002, España tenía un problema con la segunda instancia penal que superó en el año 2015 de la forma que hubo de la Lidia de Acuicimiento Criminal y el problema que tenía España que el tribunal europeo nos lo ha dicho muchas veces era que había muchas veces que la sentencia condenatoria no se podía apelar. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Entonces no se podía apelar sobre todo porque además cuando se apelaban el tribunal supremo en el año 2015, en el año 2017, el tribunal de Acuicimiento Criminal consideraba que eso fuera una segunda instancia en todos sus términos porque como vosotros sabréis el recurso de casación en España no abre el pleito a prueba y en ese sentido había limitaciones en la revisión de una condena. Este señor se va al Comité de Derechos Humanos y que tiene un protocolo adicional presenta una comunicación individual y en el año 2007 el Comité de Derechos Humanos dice que España vulnera el derecho a los recursos y que España vulnera el derecho a la doble instancia penal. Bien, España por tanto vulneradora del derecho a los recursos y el derecho a la doble instancia penal y con ese dictamen del Comité de Derechos Humanos Arsuel se va a los tribunales españoles y se va a los tribunales españoles y fijaros, lo que solicita es una responsabilidad patrimonial por el Estado legislador. Una responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador. Entonces, una responsabilidad patrimonial por omisión del Estado legislador en España empezaba a hablarse de ella pero nada más. Vamos a ver, voy un poco para atrás en el contexto, vamos a ver dónde nos estamos moviendo. ¿Por qué hablaba de una misión del Estado legislador? Porque él entendía que si el legislador en España hubiera reformado la ley de juiciamiento criminal y hubiera establecido un derecho a la doble instancia penal pues no hubiera tenido este problema. Por tanto, la responsabilidad patrimonial no era de la administración, no era judicial. La responsabilidad patrimonial de la administración está en la constitución. La responsabilidad patrimonial del Estado juez también está en la constitución pero la responsabilidad patrimonial del Estado legislador no estaba en la constitución y se incorporó después a través de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y ahora se amplió. Me interesa detenerme aquí algo porque voy a contar de todo esto. Insisto, responsabilidad del Estado por omisión del Estado legislador. El Supremo coge este caso y dice, bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es ausencia de valor jurídico de los dictámenes. Eso lo tengo claro. Ausencia de valor jurídico de los dictámenes no son vinculantes, no tienen cuerpo ejecutiva y por tanto por ahí no puedo. No hay un órgano jurisdiccional esto que decía antes, aquí no hay un órgano jurisdiccional tiene una frase que me hace a mí me parece me divierte y es no hay un órgano jurisdiccional diseñado con facultades que puedan determinar el derecho de forma definitiva en caso de conflicto e imponerse frente a todos. Imponerse solamente un juez si impone frente a todos, dice el Tribunal Supremo no le falta razón. Entonces dice, vamos a ver no tiene carácter vinculante no tiene carácter jurídico pero dice, bueno, tiene unos efectos que lo reconoce aunque con cautelas. Entonces, bueno, saca el D2 y saca la obligación de interpretación pero fijaros aquí el Tribunal Supremo no solamente saca el D2 y trae también el Tribunal Constitucional en esta misma sentencia y dice, claro que el D2 es una obligación para el órgano judicial para interpretar conforme a los pactos pero mucho cuidado porque el Tribunal Constitucional ya ha dicho que los comités no son el intérprete auténtico del pacto. Esto es muy interesante el Tribunal Constitucional ha dicho y es cierto lo ha dicho en la sentencia sentente a barra 2002 que es verdad que se tiene que mirar a lo que digan los comités que el D2 es obliga ya mirar a lo que dicen los comités que al final son los que están, bueno pues creando una interpretación o por lo menos una recomendación de cómo se deben aplicar los pactos unas sugerencias de cómo se deben aplicar los pactos pero también es cierto que, tengamos muy claro aquí el Tribunal Supremo que igual que el Tribunal Europeo es claramente el intérprete auténtico del convenio europeo los comités no son el intérprete auténtico de los pactos esto es importante porque entonces el intérprete auténtico de los pactos quién es estados individualmente no se ha partir de ahí pero volvemos a lo mismo se han obligado a un catálogo de derechos y a partir de ahí quien desarrolla ese catálogo de derechos, bueno pues ya no es solamente los comités ya estamos hablando ahí dando un margen de apreciación etcétera, ¿no? para la interpretación y el alcance de los derechos en segundo lugar dice que este también parece muy interesante bueno, los comités además tienen una relevancia a la hora de encauzar las acciones legislativas de los estados, es decir, oye pues el estado puede mirar a lo que los comités señalan a la hora de decidir cuáles son sus políticas legislativas en materia de derechos fundamentales ¿no? porque al fin y al cabo dice bueno pues hay pacto forma parte del derecho interno los pactos en virtud del artículo 96 y por tanto sonor derecho interno y por tanto pueden enfocar la legislación del estado por tanto hay un papel de interpretación hay un papel de encauzar la acción legislativa del estado pero después de esto dice una cosa a una conclusión y a una declaración muy, a dos diría yo muy importantes y es todo esto siempre que la recomendación del comité sea posible seguirla y si no es posible seguirla pues bueno pues no es posible seguirla entonces aquí viene lo que yo os comentaba antes en relación con el orden internacional las obligaciones del derecho internacional si no es posible seguirla y dice el tribunal supremo como en este caso porque en este caso que me dice el comité de derechos humanos me dice y hay usted al señor a Jesúel a una segunda instancia superior para que le revise la pelación y dice el tribunal supremo es que no tengo en España no hay y como en España no hay ninguna instancia superior yo esa recomendación no la puedo cumplir y como no la puedo cumplir y yo no tengo en el pacto de derechos humanos de Naciones Unidas y en ninguno de los comités de Naciones Unidas perdón de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas no tengo ningún mecanismo que me permita llevar a un cumplimiento de otra manera claro cuando nosotros por ejemplo hago un paréntesis cuando en el artículo 41 de los derechos humanos nosotros nos encontramos con un ordenamiento interno que no nos permite ejecutar la sentencia de manera completa el artículo 41 nos dice me dice al Estado dicté una satisfacción equitativa indemnice pero esto no es decir que el tribunal supremo yo esto no lo puedo cumplir porque no me deja el ordenamiento y a partir de aquí no tengo mecanismo alternativo porque el sistema no es igual porque no hay un órgano judicial y como no tengo mecanismo alternativo volvamos al 10-2 y a encauzar la actividad legislativa del Estado y volvamos a tenerlos en cuenta poco a poco pero ha pasado algo que genera responsabilidad internacional no, esto es importante porque hay académicos en el ámbito internacional que dicen que sí no, no lo es no hay responsabilidad internacional la otra cosa es que nos guste más o menos el grado de cumplimiento pero no la hay porque no estamos directamente estamos directamente obligados a cumplir el catálogo pero ahora hablaré de esos catálogos y de las obligaciones que surjan de los derechos fundamentales y de los derechos humanos de los que vosotros estoy segura que sabéis tanto o más que yo porque para eso sois constitucionalistas y yo soy internacionalista aunque tengo más miz por mi paso por el tribunal constitucional claro por tanto tengo mecanismo, no puedo cumplir la recomendación tengo mecanismo, no pues sigo, y yo qué le voy a hacer no tengo más alternativa entonces el tribunal supremo ha hecho una cadena ha hecho unos eslabones que ha unido en una cadena y de manera implícita nos lleva a esa conclusión de si puedo, lo cumplo porque creo que es coherente con el espíritu de España en el consentimiento y si no pues qué le voy a hacer no tengo ningún mecanismo alternativo que esté en el pacto y después de eso hace una cosa que es muy interesante y muy importante que es la siguiente qué me estaban pidiendo vuelve a la plaza porque esto es el primero le han dado el dictamen del comité y luego le ha solicitado una responsabilidad patrimonial por omisión del estado legislador entonces en relación precisamente del comité dice me quedan 10 minutos me están diciendo bueno pues pues nada, no pasa nada me apaño, gracias dice ahora recogerlo la omisión del estado, perdón, sí la petición, al final la demanda, el petitum perdona, aunque no me salía responsabilidad patrimonial por omisión del estado legislador dice bueno, esto es imposible o sea, aquí no hay mimbres para un comité de una declaración de un comité después de lo que he contado no es en absoluto un mimbre para poder llegar a tener responsabilidad patrimonial por omisión del estado legislador aquí yo añado una cosa y es lo siguiente y sigue siendo así ahora yo también digo una cosa si en el año 95 y Alex te asegura que lo compartiría conmigo a mí me hubieran dicho que en España íbamos a poder reclamar responsabilidad patrimonial por omisión del estado legislador por incumplimenta de la Unión Europea hubiera dicho de verdad que hay gente que dice en los disparates temendos yo lo hubiera dicho en el año 95 no, no puede ser gente dice muchos disparates o sea hay que ser sensate que tiene rigor jurídico hay que ser bueno pues estamos hablando de derecho y por tanto esto es de marcianos y en el año 2005 y podemos reclamar responsabilidad patrimonial por omisión del estado legislador entonces bueno pues esto es así sigue siendo así pero vayamos andando en el tiempo quiero al grano porque me quedan 10 minutos sentenciamente 7.14 que conocéis todos los hechos son unos hechos muy espeluznantes y muy llamativos y yo voy a las diferencias primera diferencia importante la petición de responsabilidad internacional perdón patrimonial no es una responsabilidad por omisión del estado legislador sino que es una responsabilidad por mal funcionamiento de la administración de justicia responsabilidad patrimonial del estado juez esto es importante porque nos da un poquito más de juego ni siquiera es una responsabilidad patrimonial del estado juez por error judicial que esa es mucho más complicada porque necesitamos una declaración del error judicial previa es una responsabilidad patrimonial que da derecho a administración por mal funcionamiento de la administración de justicia esa es la que reclama la señora Angela no me acuerdo del apellido ¿Qué ocurre aquí si lo llevo diciendo cuáles son las diferencias de este caso lo primero que yo diría es la reclamación es otra hay un gran giro jurisprudencial ese giro jurisprudencial yo he sostenido y creo que es cierto que está muy vinculado a que el caso es un caso en el que había que hacer justicia material y creo de verdad profundamente que había habido un mal funcionamiento de la administración de justicia porque bueno pues la administración de justicia había dicho una cosa que no era así es decir no hay vulneración de derechos humanos no hay discriminación de la mujer no hay tie y en este caso el caso de no haber apoyado una mujer y además la convención esto se hace no en el marco del pacto de naciones unidas de derechos civiles y políticos sino en el pacto de la discriminación de la mujer tiene muchos preceptos que van dirigidos a sacar a la mujer del ámbito de la sumisión de la familia y del hogar y a intentar que la mujer tenga o sea a darle fortaleza entonces esto es una mujer que impide el alejamiento de su marido que es el padre de su hija no se lo conceden hay 47 denuncias falsificaciones en los informes psicológicos entonces bueno hay una mala administración de justicia porque realmente no se apoyó de la manera que se debería apoyar para evitar una discriminación a esa mujer y en ese sentido lo que se dice es que lo que esta sentencia viene a decir es que en los órganos judiciales que no que no reconocieron que había un derecho fundamental que proteger bueno pues llevaron a cabo provocaron un mal funcionamiento de la administración de justicia entonces bueno pues en ese sentido y es que creo que sí que hubo sí que hubo un mal funcionamiento de la administración de justicia había que hacer era un caso muy particular como y insisto por ejemplo el dictamento de bogacía del estado dice que es un caso tremendamente específico y particular es un caso de justicia material cuál es el elemento importante que hay que señalar de esta sentencia hay un momento en la sentencia que el premo dice el dictamen puede ser un presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial esa frase está ahí un dictamen de un comité de naciones unidas puede ser un presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial del estado por funcionamiento a normal de la administración de justicia pero quien señala esta frase que yo la estoy remarcando es que lo que antecede a esta frase es en este caso en este caso es verdad que el dictamen puede ser un presupuesto habilitante bien y luego vuelvo a repetir en este caso no fueron protegidos los derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados no fueron protegidos en este caso por tanto es el caso a partir de aquí comentarios, doctinales, algoroto etc etc volvemos a a el caso del banquero de vanesto que ya le habían negado la responsabilidad patrimonial por el estado legislador por emisión del estado legislador conoce de este caso entonces pide responsabilidad patrimonial por un cauce de perdón por mal funcionamiento de la administración y entonces aquí lo que pasa que aquí hay un problema es que esta sentencia de febrero yo cuando hablo de ella digo siempre que tengamos mucho cuidado porque se ha dejado apendiente un elemento fundamental y es el de la responsabilidad patrimonial porque el propio demandante le pone al tribunal supremo las cosas muy fáciles porque se va a través de un recurso de revisión se va a través de un recurso de revisión entonces se va a través de un recurso de revisión y entonces el tribunal supremo es muy fácil rechazar el motivo de revisión al final el tribunal supremo en el tema de la responsabilidad patrimonial no entra en el tema de la responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la administración de la justicia en su situación no entra lo que dice es el recurso de revisión si mete en el plazo dice tenia un plazo que se le ha pasado porque el dictamen de comité suyo es del año 2007 por mucho que usted haya conocido tal luego dice el hecho nuevo no es tan porque el dictamen es previo a la sentencia que usted quiere revisar y luego dice la sentencia de la revisión está abierta para las sentencias del tribunal europeo y esto no es una sentencia del tribunal europeo pero no habla de la responsabilidad patrimonial no habla no lo necesita no tiene que decir con esto que la sentencia del 20 no cierra lo que ocurrió en la sentencia del 18 y que queda todavía mucho yo creo que por ver porque creo que quela mucho por ver cuánto me queda nada cuatro minutos disculpe unos tres cuatro minutos te voy a coger estáis de acuerdo es que ya bueno, entonces esto no lo cierra y yo lo retomo qué es lo que yo quiero ahora decir vamos a ver, situémonos donde los derechos fundamentales la mayoría de las obligaciones internacionales de los estados que los estados asumen no son obligaciones que resulten directamente aplicables esto es así nuestra ley de tratados dice que las obligaciones internacionales son directamente aplicables eso también es así pero sin prejuicio de que las presumen directamente aplicables siempre que puedan ser que estén suficientemente desarrolladas pero el derecho internacional es un ordenamiento que por excelencia necesita de la cooperación del derecho interno para ser eficaz esto es importante y cuando llega se encuentra con la soberanía del estado a partir de ahí incorporemos aquí el elemento de que estamos tratando con derechos fundamentales y vosotros sabéis de esto mucho más insisto que yo qué podemos decir de los derechos fundamentales podemos decir que son directamente aplicables el tribunal constitucional, lo he dicho muchas veces y lo dijo por ejemplo con la objeción de conciencia vamos a ver, es directamente aplicable su contenido esencial a partir de ahí yo necesito el legislador el contenido esencial del derecho fundamental claro que es directamente aplicable eso no lo puede evitar pero tiene varios pronunciamientos y hay muchos escritos sobre esta a partir de aquí los derechos son prestacionales los derechos son de configuración legal los derechos necesitan del estado para que son las obligaciones positivas del estado que ha creado el tribunal europeo de derechos humanos ese concepto vamos a unir los elementos vamos a unir las obligaciones internacionales que son directamente aplicables que pueden ser pero que no los son habitualmente los derechos humanos que no son normalmente directamente aplicables sino que necesitan el legislador la obligación internacional que también necesita del legislador para llegar a ser eficaz vamos a unir todo esto entonces lo que tenemos es que el contenido complejo de los derechos anunciados en cualquier texto o catálogo de derechos humanos pues hace que necesitemos un complemento nacional un complemento del estado tanto si es en la construcción pero más si es en un texto o en un tratado internacional la cooperación del derecho interno es indispensable por eso España se obliga a lo que se obliga entonces partir de aquí otro elemento que tenemos que tener en cuenta que yo lo incorporo en los derechos fundamentales en los derechos humanos me da igual es la interpretación evolutiva de esos derechos y de esto también sabéis vosotros vamos a ver la interpretación evolutiva se ha puesto muchísimo de relieve en Estrasburgo y en el artículo 8 del convenio europeo de derechos humanos sanitar los temas del ruido informado de los médicos el derecho al olvido que tampoco existía todo eso ha entrado en un artículo esto no existía hace muchísimos años y todo eso en una interpretación evolutiva de los derechos ha entrado en un artículo que se habla y se llama la vida privada el derecho a la vida privada y familia creo entonces todos estos son conjuntos todos esos son elementos y consideraciones que bueno pues que me parece que que quedan lugar a problemas que son de máxima importancia y que no se pueden simplificar en esos obligatorios y ya está y que se cumpla no, esto es una cosa esto es un proceso, tenemos que diferenciar entre lo que es es muy importante diferenciar entre lo que es en el ámbito de los derechos humanos especialmente entre lo que es del eje ferenda y del eje lata, lo que existe y lo que es deseable vamos avanzando vamos a ir avanzando de la mano de los mecanismos que nos ofrece por supuesto el transburgo pero también los comités, vamos a ir avanzando pero de ahí a que generen algo que pueda poner en peligro la responsabilidad nacional del estado yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cuidadoso y ser muy respetuoso con la complejidad de los temas que estamos tratando a partir de ahí yo diría el legislador tiene actuar, tenemos un problema muy complicado y el legislador español tiene que actuar el español y cualquier otro pero el español es el que tenemos delante porque como el problema es muy complejo y la actividad de los comités no va a parar nos estamos encontrando que el resultado es bueno pues problemas importantes los tribunales tienen situaciones muy complicadas que no saben solucionar y la jurisprudencia que tenemos es confusa, contradictoria ahora mismo hay una sentencia muy reciente de un tribunal, no sé si la conocés de un putado de la concesión administrativa de Barcelona que le ha dicho al agentamente de Barcelona como consecuencia de un con causa en un comité en un dictamen de un comité de de Naciones Unidas que haga el favor de readmitir a un guardia urbano porque le había vulnerado su derecho a la no discriminación porque le había jubilado obligado a jubilarse forzamente después de un atiente de trabajo, etc como no me quiero alargar, si queréis me preguntáis en el debate y os cuento esto entonces, ¿a dónde tiene el legislador español tiene que avanzar? tiene que avanzar por supuesto en el ámbito de el desarrollo y la precisión de los derechos humanos y que eso lo haga mirando muchas veces en los comités tiene que avanzar también en el ámbito de la responsabilidad patrimonial esto es difícil, pero es verdad que tiene que avanzar tiene que avanzar para que los órganes judiciales sepan en qué medida casuísticamente se puede alcanzar cuáles son los requisitos como ha pasado en el ámbito de la unión cuáles son los requisitos casuísticamente para que un órgano judicial pueda llegar a que un dictamen de un comité sea un elemento más de prueba, imposible añadido para encontrar un funcionamiento anormal de la administración de justicia funcionamiento anormal de la administración de justicia ¿por qué digo? y aquí voy a decir un par de cosas porque como las quejas o las comunicaciones que se van a dar a los comités son las comunicaciones que van a exigir el agotamiento de los recursos internos todo va a pasar por los tribunales nacionales y por tanto es muy fácil que encontremos una mala administración un mal funcionamiento de la administración de justicia pero por otro lado también es verdad y esto es lo que quería añadir que no tenemos que no tenemos tampoco que negar la posibilidad de que en el futuro no solamente sea por una mala administración por un mal funcionamiento de la administración de justicia sino que sea por otras cosas pensemos por un momento en la idea de los dictámenes sobre el derecho a la vivienda que están condenando a España y los comités nos están condenando a España nos ha condenado varias veces el comité de derechos económicos, sociales y culturales ha condenado a España varias veces por vulneración del derecho a la vivienda ¿sabéis por qué? porque España en la política de vivienda en un momento de crisis económica había vendido vivienda social a fondos de inversionistas para sacar dinero para otras partidas entonces el comité de derechos humanos dijo usted tiene una política de vivienda o una política social hace lo que puede pero si estos señores me han demostrado que cuando usted es ninguna vivienda social a la vez está vendiendo vivienda social que ya tenía construida lo que yo aquí veo es que hay claramente una vulneración de el derecho a la vivienda yo me pregunto que el Estado legislador prohibir que en esas políticas sociales el Estado lleve a cabo ese tipo de acciones podríamos llegar a construir esto esto es como yo diría hace años como lo que he hecho esto es un poco demasiado pero esto tiene que afrontar a España y tiene que afrontar el Estado y tiene que afrontar el Estado legislador no lo puede afrontar nada más en particular un sistema un sistema que sea conforme con las obligaciones internacionales que tenemos y con las nacionales y en ese sentido creo que queda mucho por hacer queda mucho por ver y creo que no debemos descartar en absoluto sino lo contrario sino que tenemos que hacer muchos llamamientos a la actividad del Estado legislador y de hecho y eso lo sabes todo es muy bien la reforma del año 2015 en relación con la sentencia del segundo aéreo de derechos humanos costó aproximadamente unos unos 20 años que se llevará a cabo por parte del legislador nacional disculparme lo que me ha alargado y muchísimas gracias