 En el plano nacional tenemos que denunciar las agresiones patronales, agresiones de patronos, políticas de criminalización contra trabajadores y trabajadoras. Concretamente en este momento el Partido Comunista de Venezuela se refiere a la criminalización que se está dando en el caso de la empresa Alimex en el estado Lara, una empresa fabricante de embutidos perteneciente al grupo El Tunal. En esta empresa se inició una persecución contra más de 160 trabajadores al servicio de esta empresa inventando una acusación de boycott a la seguridad alimentaria y asociación para delinquir contra más de 160 trabajadores de esa empresa. Y con esa acusación de carácter penal pretendían la renuncia de todos. Efectivamente renunciaron 160 trabajadores, pero cuatro trabajadores que no declinaron, que no se rendieron, que no renunciaron y están presos desde hace dos meses. Nosotros nos pronunciamos por la libertad de esos compatriotas, de esos trabajadores, que han levantado una posición digna de defensa de sus derechos laborales y condenamos este tipo de prácticas, que no es la primera vez que se cometen. Se han venido dando continuamente, sobre todo en empresas del sector de la alimentación, donde los patronos utilizan ese esquema de criminalización y penalización con el expediente de supuestos boycott a la seguridad alimentaria, todo con la finalidad de destruir direcciones sindicales y acabar con convenciones colectivas de destruir derechos individuales y colectivos y de desmoralizar al colectivo de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, estas cosas se dan porque, lamentablemente, estos patronos cuentan con el apoyo de instancias del Estado venezolano, funcionarios del gobierno venezolano que se hacen cómplices de estas prácticas viles que tenemos que derrotar. Pero queremos destacar, sobre todo, algo que nos preocupa profundamente, que es la criminalización del derecho a la defensa de los derechos laborales, la criminalización del derecho a la organización y a la reunión, a la manifestación, etcétera. Cuando se utiliza el argumento de la asociación para delinquir, cuando estamos hablando de trabajadores que colectivamente defienden sus derechos. Esto es algo que debemos de condenar y debemos exigir, y así lo hacemos, exigimos del gobierno venezolano, de los órganos judiciales y del Ministerio Público acciones contundentes para desmontar estas prácticas maquiavélicas, vamos a decir, de los patrones, de los capitalistas, dirigidas a desmontar las capacidades de defensa de los trabajadores y trabajadoras. Hay que derrotar estas conductas que van dirigidas a destruir derechos conquistados por la clase obrera, por el pueblo trabajador venezolano. La asociación para delinquir, para criminalizar el derecho a organizarse, a reunirse y a defenderse colectivamente debe ser contestado con justicia y penalizando a los patrones que argumentan estos falsos delitos. Y de asimismo a los funcionarios policiales, fiscales y jueces que se prestan para esto. Nosotros, entonces, exigimos la libertad de los cuatro trabajadores al servicio de la empresa Alimés que se encuentra en justamente presos desde hace dos meses, pese a que hay una medida cautelar para liberarlos a través del pago de fianza. Nosotros estamos gestionando para que el Ministerio Público solicite al Poder Judicial resolver esta situación y que se pongan en libertad los cuatro compañeros. Igualmente, se han aplicado medidas de criminalización en otras empresas como el caso del corporex. Hay los trabajadores al servicio de plantas centros en el estado Carabogo que están privados de libertad desde hace ya casi dos meses sin que haya ninguna prueba contra ello. Y también continúan detenidos nueve comuneros de varina también por una criminalización de la lucha comunal, la criminalización de la lucha comunal con nueve compañeros privados de libertad en varina, pese a que se dictó una medida de sobreseimiento por parte de las huesas de la causa, y sin embargo el fiscal que lleva el caso introdujo un recurso para que esta medida no se aplicara. Todos estos asuntos, todos estos hechos de criminalización patronal o de instancias incluso del Estado venezolano nos lleva a exigir de la defensoría del pueblo y del Ministerio Público una actuación efectiva, expedita para salvaguardar los derechos de estos ciudadanos y ciudadanas y para preservar los derechos sociales y políticos de nuestro pueblo. En este caso quiero destacar que el Partido Comunista de Venezuela considera muy importante la mesa permanente de trabajo instalada entre la bici fiscalía del Ministerio Público y la plataforma unitaria por los derechos del pueblo trabajador, mesa que se instaló a partir de la movilización que se realizó el 31 de octubre frente a la Fiscalía General de la República. Esta mesa es un espacio auspicioso, importante para producir soluciones concretas, aspiramos a que estos asuntos que he mencionado y muchos otros como el caso del asesinato del camarado Luis Fajardo y de Javier Daldana que recientemente el 31 de octubre se cumplió un año que fueron masacrados avalazos en el sur del lago nosotros aspiramos a que estos casos y muchos otros sean atendidos de manera eficaz, efectiva en esta mesa de trabajo y continuará con todo nuestro apoyo pero hace muy llamado a las autoridades que tienen a su cargo la coordinación de esta mesa para que haya mayor eficiencia, mayor digamos agilidad en las decisiones y en el monitoreo para que las decisiones las instrucciones que allí emanan sean efectivamente cumplidas.