 Buenos días. Quisiera darles la bienvenida esta mañana al Foro de Paz de Colombia buscando la verdad en los desaparecidos de Colombia. Yo me llamo Jenny Bugei, soy asesora de alto rango en el Proceso de Paz en USAIP, una organización establecida por el Congreso de Estados Unidos hace 30 años para contribuir a la prevención, administración y resolución de conflictos internacionales. El USAIP tiene el placer de ser patrocinante hoy del grupo de trabajo LAW y el Fondo, un pionero en este pueblo en promover educación, alianzas para trabajar con las políticas de Estados Unidos que apoyan derechos humanos en América Latina. Quiero agradecerle a Lisa Hargard, ejecutiva directora de LOG y una de las ponentes el día de hoy. El equipo tan excelente de USAIP y LOG es especialmente María Antonia Montes, Angelica Alvaladejo, para ayudar a hacer posible este evento. Quiero también agradecerle a Bill Fitzpatrick, el fotógrafo de USAIP que ha puesto estas transparencias que están mirando aquí en la pantalla. Finalmente, una palabra especial de bienvenida a los panelistas que vienen donde Colombia para estar con nosotros, Julia Franco Varegas, directora ejecutiva de familiares Colombia, el doctor Cast de Eduardo Valdez Moreno, director del Instituto Nacional de Medicina Forense, Indiana Arango Gómez, directora ejecutiva de Equitas. Un grupo forense independiente que con placer USAIP ha podido apoyar en el pasado. También quiero agradecerle a Christophe Harness, el jefe de la delegación ICRC en Colombia, que hablar con nosotros por Skype si es posible. También voy a presentar los panelistas en un momento y tenemos biografías para ellos que tienen más información. Los últimos tres años, USAIP ha sido los que han recibido al foro de paz para educar la comunidad de políticas del Instituto de Colombia sobre los desafíos de crear paz en la vida de la conflicto de ya 50 años en Colombia. Es un placer tener los trabajadores de la cámara y el Senado, congresistas, practicantes de varias agencias del gobierno y también de las ONGs, miembros de la comunidad diplomática, incluyendo representantes de la OEA y las embajadas de Colombia, Francia, El Salvador, España y Sri Lanka. Académicos de Georgetown, George Washington University, American University, Princeton National Defense University, Santa Clara School of Law, UMBC, Johns Hopkins, Ursino College, Science Po, Eastamford. Colegas también, una bienvenida de la prensa y todo de la comunidad de ONGs. Varios puntos administrativos, antes de iniciar la conferencia, estamos haciendo un webcast el día de hoy en vivo, así que una bienvenida muy especial para aquellos que están con nosotros en el mundo virtual. Vamos a hablar en los idiomas y la copia de los eventos. Spanish, Marta Goldstein y ECR Gomez will be providing la interpretación para el día de hoy. Para todos que están aquí, tenemos equipo y al entrar por la puerta, pueden ir a la programación en inglés, inglés en el canal uno, español en el canal dos. Para aquellos que están haciendo tweeting, por favor, usen Colombia Peace Forum Arroba USIP, Arroba HRR Colombia. Tarjetas de evaluación se han distribuido lo que van entrando. Tones estaba aquí, por favor, en la sala. María Antonia Montes aparentemente está tratando de preparar el Skype. Tonis va a recoger estas tarjetas al final del evento y pueden dar estas tarjetas y cualquier comentario cuando lo vean ayer durante el evento. Las preguntas de estas tarjetas son genéricas, pero tengo mucho interés porque recibimos 150 respuestas para el evento. Me interesaría muchísimo ver cuál fue la motivación de ustedes que quienes están aquí. Es un grupo grande para un evento de Colombia. Claro que sí, siempre viene mucha gente a asistir. Sin embargo, para el tema que es un poco técnico en la implementación y desacuerdos o acuerdos de las desapareciencias, obviamente nos sorprendieron que tanta gente vinieron. Así que si tienen razón en particular de estar aquí, por favor, avícenos y finalmente vamos a tener un descanso a las 10.50 para tener un receso de 15 minutos. El tema de hoy en la implementación de los acuerdos de los desaparecidos es muy oportuno, no solo para el tema, sino las posibilidades que presenta a las partes que están en negociaciones en abanda para crear confianza en este proyecto de paz después de tanta década de guerra. Desaparecencia es forzada. Se han dejado un legado muy triste para todos de las Américas. La práctica de estas desapareciencias que se asocian con los días más oscuros de dictaduras militares en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, entre otros países, se define por la Convención Internacional para la Protección de Todos contra la desaparición, a lo que en la captura de tensión, raptor o cualquier otra forma de deprivar la libertad por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, apoyo del Estado, seguido por una falta de querer reconocer que le han quitado la libertad o al esconder el destino o a dónde están las personas desaparecidas, ponen esa persona fuera de la protección de la ley. En el caso de Colombia, las víctimas que han desaparecido son líderes de todos tipos, políticos, periodistas. En el contexto de la guerra también militares y guerrillas que han luchado en la guerra conflicto interna de Colombia y todavía no sabemos dónde están. Así que esta tragedia cruza por todos los sectores de la sociedad de Colombia. El delito le acrimen de estas desapareciencias donde no hay ningún cuerpo. Es muy difícil procesar sin un cadáver. No hay ninguna posibilidad de rendición de cuentas o justicia. Esta tragedia es supremamente comodora porque deja muchos víctimas, no solo los que desaparecieron, pero aquellos que siguen viviendo y buscando a ver sus seres queridos. Es una historia de perseverancia, de esperanza en la vista de la pérdida tan tremenda. Es la historia del poder de la memoria y del cariño y de la búsqueda para la verdad. Cuando alrededor hay fuerzas muy poderosas que piden más bien que se olviden y que sigan adelante sin la verdad, el seguir adelante es imposible. En una parte en la tragedia de estas desapareciencias forzadas ha sido tan perversó dominante como en Colombia y en por pedido tan largo como en Colombia. Son más de 30.000 y hay muchas distintas estadísticas que no les voy a citar en este momento. Sergio Jaramillo, el comisionado de paz en uno de los decerciadores para el gobierno de Colombia de Navana, ha mencionado la importancia de hablar de este grupo de individuos en el conflicto. Tenemos que contestar a las millones de víctimas del conflicto armado interno dentro de estas víctimas. Los víctimas de los que han desaparecido tienen un local o espacio muy especial. Buscar estos perdidos es la primera obligación de la ley y de la ley un entario internacional cuando termina el conflicto. Esto fue lo que dijo Jaramillo, los miembros de la familia, que fueron unas ceremonias para recibir los restos de sus seres queridos. Con esa tragedia de los desaparecidos es tan importante porque puedes satisfacer los derechos de las víctimas. A la verdad, justicia, reparación y garantías de que no vuelva a ocurrir. También ofrece la posibilidad de restaurar la relación entre el Estado y sus ciudadanos, algo que se rompió y ha estado roto por muchísimos años en Navana, donde se están llevando a cabo las conversaciones de paz entre el parque y el gobierno de Colombia. Ya llevan tres años y llegaron a acuerdo en octubre del año pasado para acelerar a la búsqueda de identificación y la entrega de restos de los desaparecidos que podrían encontrarlos y regresar esos restos a la familia. En una declaración en conjunto firmada octubre 17 del 2015, el gobierno de Colombia y el parque que llega a conocerse como el acuerdo 62, el gobierno y la parque se comprometieron a una estrategia de aparte para abordar el tema de los desaparecidos. El 62 es algo que ayudaría al sufrimiento de la familia de personas que se nombran perdidas y contribuió a la satisfacción de sus derechos. El acuerdo llega a estructuras y medidas y mediatas de largo plazo e inmediatas para mejorar la respuesta del gobierno a los derechos de las víctimas. De la misma manera, estas medidas complementarias también se están coordinando por la Fiscalía de Colombia y la Unidad de Víctimas, el Instituto de Medicina o los estudios forense en coordinación con las organizaciones de víctimas. En este proceso es un papel muy importante que se le ha dado a las víctimas de organizaciones de derechos humanos y ellos están también presentando propuestas y participarán de manera crítica para poder implementar los acuerdos que van a terminar en Havana. En la sesión de hoy vamos a hablar de los desafíos especiales que han salido del acuerdo 62. Esperamos que esta sesión y el debate que seguir adelante va a generar ideas para como abordar estos desafíos, también como las experiencias que los negociadores van a ver para diseñar mecanismos para una implementación efectiva de manera más amplia. La implementación de este acuerdo de los desaparecidos están sus primeros pasos y si se lleva a cabo correctamente tiene la capacidad de generar confianza en el proceso de paz. Hacer participar las víctimas en el diseño e implementación de las medidas medidas va a dar posiblemente remedios rápidos, efectivos a los individuos y comunidades que han sufrido tanto con el conflicto y una manera de mejorar los acuerdos finales. Ahora vamos a hablar con los ponentes empezando con Uliado Franco Vanegues, directora ejecutiva de familiares Colombia, bienvenido. Señora Virginia, doctor Carlos Valdez, doctora Diana Arango, señora Lisa, señoras y señores asistentes. Muy buenos días. La coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos es una red de más de 200 organizaciones no gubernamentales colombianas que se ha constituido como uno de los principales referentes en temas de derechos humanos en Colombia. El objetivo general de la coordinación es que Colombia avance hacia el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos. El trabajo de nuestra red es promover en Europa en coordinación con OIDACO y en los Estados Unidos en coordinación con la oficina de Estados Unidos en Colombia, USOC, el impulso de una agenda política colombiana de derechos humanos, la investigación y comunicación sobre la situación de derechos humanos en Colombia y el fortalecimiento del movimiento nacional de derechos humanos. A su vez, al interior de la coordinación, la mesa de trabajo sobre la desaparición forzada reúne 30 organizaciones de familiares, de víctimas, de derechos humanos, de acompañamiento psicosocial y de apoyo antropológico, forense y jurídico. Familiares Colombia integra la mesa. Somos una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos que fue creada y está compuesta por familiares de personas que han sido desaparecidas forzadamente. Ejercemos nuestra labor en varias zonas del país, Santa Marta, Departamento del Magdalena, Receptor Icha Mesa, Departamento de Casanare, municipios de Victoria y la Dorada, Departamento de Caldas y en Bogotá Distrito Capital. Nuestro trabajo consiste en buscar a nuestros seres queridos. Para ello representamos judicialmente a los familiares ante la justicia, sea ordinaria o transicional ante la administración pública y el sistema interamericano. Realizamos alianzas estratégicas con organizaciones especializadas como el equipo colombiano de trabajo forense y atención psicosocial equitas, la corporación vínculos y la corporación opción legal. Aunque nos une el hecho de ser víctimas de desaparición forzada, existen contextos distintos en cada una de las regionales. En la regional Santa Marta los familiares tienen en común que son víctimas de las estructuras paramilitares denominadas bloque norte frente resistencia tairona y clan rojas de las autodefensas unidas de Colombia quienes entre los años 2000 y 2005 desaparecieron a sus seres queridos en la ciudad de Santa Marta áreas suburbanas y la zona bananera. En las regionales de Receptor Icha Mesa los victimarios fueron miembros de las autodefensas campesinas de Casanare quienes de finales de 2002 a marzo de 2003 desataron un ataque en contra de la población civil. Aunque el supuesto móvil era en frente a la guerrilla los ciertos que tenían la finalidad de defender un conjunto de megaproyectos de compañías multinacionales, el resultado fue una cifra indeterminada pero estimada entre 100 y 150 personas desaparecidas forzadamente, asesinatos y desplazamientos forzados. Las regionales victoria y la dorada hacen parte de la región del Madalena medio, una zona especialmente conflictiva por razón de la presencia de la estructura paramilitar que se autodenominó, bloque Madalena medio de las autodefensas unidas de Colombia que victimizó a miles de personas durante varias décadas. A diferencia de las víctimas de otros hechos delitivos, en nuestro caso la búsqueda de los seres queridos es un asunto esencial en nuestras aspiraciones ya que sólo así encontraremos una debida justicia, la verdad y la reparación integral que se constituyen en prerequisitos esenciales para la paz. Familiares Colombia desde el momento de su creación a través de un proceso organizativo sólido y una representación judicial con vocación interdisciplinaria ha logrado gestionar la exhumación, identificación y entrega de los restos de 24 de nuestros seres queridos. En esa dinámica hemos abanderado la lucha por la implementación del concepto de entrega digna de los restos de los desaparecidos. Históricamente las autoridades colombianas se han acostumbrado a maltratar a los familiares al llegar ese momento especial que implica simultáneamente el regreso y la despedida del desaparecido. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es una entidad que reiteradamente incumple con las funciones que la ley le asigna y que es renuente a rendir cuentas a la sociedad y a las organizaciones de víctimas, ha implementado un protocolo institucional para la entrega digna de personas desaparecidas que permiten entregas masivas en las cuales se atropellan los derechos de los familiares dificultando los procesos de concertación, conllevando a que la entrega se haga según las necesidades logísticas de las instituciones y no del querer de las familias. Pero no es ese el único problema del protocolo. Allí se admite además la posibilidad de realizar entregas simbólicas en casos en los que teóricamente será supuestamente imposible encontrar a la ausente, negando el derecho de los familiares a la continuidad en la búsqueda de su ser querido y vulnerando un universo de derechos. Es destacable que la unidad de víctimas cuente con un equipo de entregas integrado por profesionales altamente calificados que se esfuerzan por hacer un trabajo respetuoso de los derechos de los familiares, de forma articulada con las organizaciones no gubernamentales en cada una de las entregas a las que asisten. Pero esa no es la regla general en Colombia, ya que los paradigmas de la fiscalía y otras entidades del Estado siguen siendo la improvisación y la imposición a los familiares de sus tiempos y visiones particulares. El Instituto Nacional de Medicina Legal es una institución con la que los familiares de los desaparecidos históricamente hemos tenido serias dificultades. En uno de nuestros casos fue necesario traer los restos aquí a los Estados Unidos para lograr su identificación a través del ADN mitocondrial, porque los funcionarios de medicina legal en Santa Marta sumergieron los huesos en hipoclorito de sodio y por poco hacen imposible su identificación. En otro doloroso caso, en el Departamento de Casanare fue necesario repetir una entrega de restos porque los funcionarios de medicina legal no individualizaron correctamente los huesos y en cada cofre había los restos de cuatro personas como se tratara de los restos de una sola. El primer caso documentado de desaparición forzada en Colombia ocurrió el 9 de septiembre de 1977. La víctima fue la bacterióloga militante de izquierda, Omaira Montoya-Aenao, de 30 años de edad cuyo paradero se desconoce en la actualidad. Desde entonces, el Estado colombiano, unas veces directamente y otras a través de sus aliados para militares, ha desaparecido forzadamente un número indeterminado de personas en los contextos, tanto del conflicto armado interno como el de la violencia sociopolítica en contra de la oposición. Decimos que el número es indeterminado porque el Estado colombiano ha sido incapaz de resolver el interrogante. Las cifras no están construidas y se encuentran fragmentadas, motivo por el cual los datos no son confiables. Los miembros de la Fuerza Pública y los paramilitares no han asumido su responsabilidad histórica ante las víctimas ni ante la sociedad por los hechos de violencia ocurridos. Uno de los mecanismos de impunidad ha sido la construcción de versiones oficiales de los hechos que niegan los relatos, la voz de las víctimas y su memoria histórica, además de encubrir los hechos. Por ello, las cifras cambian de un organismo a otro. El Siridec informa 113 mil casos de los que 22 mil son supuestamente casos de desaparición forzada. El registro único de víctimas dice que son 46 mil, y la Fiscalía General de la Nación reporta 30 mil investigaciones a la fecha. La distancia entre las cifras es reveladora de la magnitud del problema. La desaparición forzada de personas genera daños emocionales y económicos al proyecto de vida derivados de la incertidumbre al desconocer lo sucedido a su ser querido y a que el Estado no satisface los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Colombia ha vivido un período de 50 años de conflicto armado interno entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y otras organizaciones subversivas. A finales de los años 60 aparecieron organizaciones paramilitares que se fortalecieron a mediados de los años 90, siempre con el apoyo del Estado y su fuerza pública. El resultado de este conflicto ha sido una crisis humanitaria que ha victimizado a la población civil, quien ha sufrido las consecuencias de todo tipo de crímenes de lesa humanidad. Una de las conductas más crueles y, a la vez, más invisibilizada ha sido la comisión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y los paramilitares que actuaron bajo su patrocinio de la desaparición forzada de un número todavía no determinado de personas, pero que como se dijo antes, el registro único de víctimas estima aproximadamente en 46 mil. El Estado colombiano ha sido incapaz de investigar la mayoría de los hechos y de castigar a la mayor parte de los responsables. Tan poco ha podido encontrar la inmensa mayoría de los desaparecidos y sigue sin dar respuesta satisfactoria al clamor de sus familiares. Según cifras de la misma Fiscalía, la unidad de exhumaciones de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, antes Unidad de Justicia y Paz, ha encontrado y entregado a sus familiares aproximadamente 4 mil desaparecidos en 10 años de trabajo. Si aceptáramos como real la cifra del registro único de víctimas, encontraremos que no se ha logrado resolver ni siquiera el 10 por ciento de los casos. El ordenamiento jurídico colombiano por presión de las organizaciones no gubernamentales de víctimas y de la comunidad internacional ha consagrado todo un sistema normativo en favor de los familiares de los desaparecidos. En el año 2000, luego de una lucha incansable que tomó décadas a las organizaciones de víctimas, fue expedida la ley 589. En ella fue tipificado por primera vez en la historia de Colombia el delito de desaparición forzada. Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se creó el Registro Nacional de Desaparecidos, se establecieron normas acerca de la administración de bienes de los desaparecidos y se creó el mecanismo de búsqueda urgente, entre otras medidas. Desafortunadamente hoy denunciamos la absoluta impunidad en la inmensa mayoría de los casos, la inoperancia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el registro de casos y en general el mal funcionamiento del SIRDEC. El mecanismo de búsqueda urgente reglamentado por la Ley 971 de 2005 es una valiosa figura que podría incluso permitir encontrar a los desaparecidos vivos, pero de cuya existencia no tiene en conocimiento la mayoría de fiscales y jueces y por lo tanto tiene poca o ninguna efectividad. Otra herramienta de trabajo del sistema que posibilitaría el desarrollo de una estrategia con vocación exitosa para la búsqueda de personas desaparecidas en regiones enteras sería la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Presentado en febrero de 2007 y fundamentado en la Presidada Ley 589, tiene como objetivo conocer la dimensión del fenómeno de la desaparición forzada, dar con el paradero de los desaparecidos, identificarlos, establecer las circunstancias de su desapareción, precisar el contexto sociopolítico en el que ocurrieron los hechos, determinar posibles autores y patrones de actuación criminal, determinar las motivaciones delictivas y la eventual participación de servidores públicos en los hechos. Para ello cuenta con cuatro fases que son recolección de información, análisis y verificación de la información, recuperación, estudio técnico, científico de identificación y cuarto destino final de cadáveres. Aunque la ley de víctimas establece la obligatoriedad de la aplicación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el fin de que se adelanten de manera adecuada las acciones tendientes a la búsqueda y ayazgo de las personas, en realidad no ha tenido ningún efecto práctico, toda vez que la Fiscalía General de la Nación es renuente a su implementación o en el mejor de los casos lo ven como una herramienta teórica que carece de importancia en la práctica. Como ustedes pueden apreciar, el sistema solamente funciona de forma precaria y bajo la presión de las víctimas y sus representantes, ya que no existe aún una auténtica voluntad política por parte del Estado para esclarecer los hechos. Muchos de los pictimarios continúan en posiciones de poder e impiden la actuación del sistema que ya de por sí está configurado para la impunidad. En octubre pasado, dentro de las conversaciones entre el gobierno y las FARC, con miras a poner el final conflicto armado interno, se ha acordado poner en marcha primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación, entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto. Segundo, unas acciones orientadas al fortalecimiento institucional y tercero, una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas. Los familiares de los desaparecidos en Colombia vemos con esperanza la suscripción de los acuerdos que se han dado entre el gobierno nacional y las FARC en la mesa de negociaciones, los cuales son un enorme reto tanto para el Estado como para la sociedad. No obstante, décadas de frustración hacen temer que la reconocida incapacidad y el burocratismo de las entidades del Estado se constituyan en obstáculo para su implementación, al igual que el hecho de que continúen cometiéndose desapariciones forzadas en la actualidad y la existencia comprobada de poderosas y agresivas estructuras paramilitares en muchas regiones del país. Los acuerdos suscritos hasta ahora prometen la creación de una nueva institucionalidad y las organizaciones de víctimas estamos llamadas a la participación activa durante su proceso de implementación. Simultáneamente debe darse un proceso de fortalecimiento del sistema judicial para lo cual se requiere una verdadera voluntad política que haga realidad nuestros derechos y posibilite una paz duradera. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar. Ahora vamos a hacerle la palabra a Carlos Eduardo Valdés, el director general del Instituto Nacional de Medicina Forense. Buenos días para todas y todos. Gracias. Un saludo especial para mis colegas de la mesa. Como director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, quiero agradecer mucho a la organización de este evento en tanto que nos permite conocer mejor lo que se está haciendo y la problemática de la desaparición forzada en Colombia. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense tiene 102 años de trabajo y en este tema, pues, reconocemos que en estos 102 años de trabajo, como lo acaba de exponer el doctor Julio Navarro, el instituto no ha respondido de la mejor manera en muchos campos. En noviembre pasado, como ejemplo, tuve que reconocer como director del instituto que en el caso Palacio de Justicia habíamos cometido grandes errores, pero también les dije que no los íbamos a cometer más. En este contexto de la desaparición forzada en Colombia y en lo que tiene que ver con el acuerdo 62 con La Habana, el instituto está desarrollando una estrategia importante. Lo primero es decirles que la estrategia no surge con el acuerdo 62, sino que la venimos implementando desde el año 2011 para acá. Consiste en dos grandes aspectos. El primero, en hacer la búsqueda inicialmente en los cementerios de Colombia, se inició un programa denominado Plan Cementerios, en el cual en el año 2011 se convocó a muchas organizaciones, tanto el Estado como ENGES para diseñar el plan, y consiste en que debemos recuperar en todos los cementerios de Colombia los cadáveres que están en condición de no identificados. Es una operación muy grande, muy inmensa, porque creemos que allí en los cementerios están los cuerpos, pueden estar los cuerpos de muchas de las personas que han sido desaparecidas en Colombia. Este Plan Cementerios conlleva a una organización muy grande que se ha estructurado para hacer un diagnóstico de los cementerios y después la intervención. Cuando llega el acuerdo 62, lo que hace el acuerdo es que fortalecer esos cementerios y diseñar algunas de las prioridades en el primer punto del acuerdo 62, que es la construcción de acciones que generen confianza. En ese sentido hemos intervenido ya cerca de tres cementerios, vamos a intervenir próximamente Bojaya y vamos a intervenir el cementerio de Yarumal. Pero están en la agenda todos los cementerios del país. Ahora, ¿por qué esto? Porque toda la historia de esa prisión de Colombia están allí, pero en los cementerios tenemos un grave problema, que hemos encontrado que allí las administraciones han producido de los cementerios, han producido unas segundas y terceras desapariciones cuando los cuerpos en los cementerios son cambiados de lugar o son mezclados por las administraciones. Entonces eso nos llevó a generar una segunda estrategia por parte del Instituto a partir del año 2011 y es que los cuerpos que recoperemos de los cementerios nunca se van a devolver a esos mismos cementerios. Estamos construyendo en el instituto lo que se ha llamado unos repositorios, unos repositorios técnicamente diseñados para que los cuerpos esqueletizados no sufran de terioro y con el paso del tiempo, si bien no se han podido identificar, se les puedan aplicar técnicas que lo permitan hacer. En este sentido, el Instituto se ha echado sobre sus hombros una gran responsabilidad y es que no vamos a devolver los cuerpos, los vamos a preservar. Sobre todo los cuerpos que no se logren identificar a pesar de las técnicas modernas que hoy contamos o aquellos que siendo identificados no han sido reclamados o no hemos podido ubicar a las familias. Esos cuerpos van a permanecer. Pero en todo este contexto, claro, tenemos que trabajar en muchos aspectos. El principal, definir una estrategia única a unos procedimientos técnicos y científicos únicos, porque lo que ha expuesto el doctor Ulyanov es verdad, hace muchos años y incluso ahora recientes se han cometido o se han desarrollado procedimientos que no facilitan o no permiten la identificación humana. Y el Instituto es responsable de eso, porque hasta ahora no ha fijado unos procedimientos. Acabo de emitir hace menos de un mes una resolución en la cual hago una convocatoria nacional e internacional para reunirnos y definir unos parámetros, unos estándares mínimos de calidad para la búsqueda, la recuperación, el análisis, la identificación de los cuerpos. Con esta convocatoria hecha abierta a ONGs, a instituciones del Estado, a la academia, a organismos internacionales, esperamos desarrollar muy pronto unos estándares mínimos. Porque el trabajo de la búsqueda ha desaparecido hasta ahora comienza. Hasta ahora estamos tomando conciencia de lo que significa la desaparición en Colombia. Estoy de acuerdo y como director del Instituto y como funcionario público reconozco que el mayor desastre que hemos tenido es que a las familias de los desaparecidos no se les había puesto atención. Es verdad que la única respuesta que tenían los familiares era las puertas cerradas de las instituciones. Estamos cambiando o por lo menos del instituto. Estamos cambiando para acercar más a los familiares, a los procesos científicos que se están desarrollando. Yo sé que frente a esto hay muchas expectativas, expectativas como, por ejemplo, el registro nacional de desaparecidos, el sistema de información, CIRDEG. Pero si bien con una actitud abierta recibiendo las críticas, construyendo las acciones que corrijan los errores, yo creo que podemos avanzar en este tema. En parámetros generales, esto es lo que viene haciendo el Instituto. Este es el plan que subroga el Instituto para el tema de la desaparición forzada en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Dr. Valdez. Ahora vamos a escuchar a Diana Arango Gómez de Equitas. Buenos días a todos y a todas. Primero quiero agradecer al United States Institute for Peace y a la America Working Group por organizar este importante evento, pero sobre todo quiero agradecer su trabajo incansable por una paz duradera en Colombia, sustentada en el pleno respeto de los derechos humanos en el país. Equitas es un equipo forense independiente que surge en el 2004 como respuesta a una necesidad de las organizaciones de derechos humanos y las víctimas a una experticia forense independiente en el avance de los procesos de verdad justicia y reparación. Equitas, al igual que familiar, es Colombia. Hacemos parte de la coordinación Colombia Europea Estados Unidos y de la mesa de trabajo sobre desaparición forzada y estamos en este momento representando esa coalición de organizaciones. Bien, me gustaría empezar por afirmar que la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia no es una tarea fácil y no es solamente por el tiempo transcurrido entre la desaparición. Muchos de ellos llevan desaparecidos más de 30 años. Como registraba William Noff, la primera desaparición ocurrió en el 77, sino también por la complejidad de los escenarios de búsqueda como son ríos, cementerios y fosas clandestinas. Por esta razón, la búsqueda de los desaparecidos implica una investigación rigurosa que va desde el cruce de información de las distintas fuentes, perpetradores, comunidades, familiares, hasta la incorporación de herramientas técnicas y científicas para la búsqueda en terreno. Sin embargo, la búsqueda en Colombia se ha relegado al diligenciamiento de un formato por parte de los investigadores de la fiscalía sin que, efectivamente, la búsqueda se incorpore al proceso de investigación judicial y a la consecución de la verdad que rodearon las circunstancias de la desaparición en Colombia. Evidencia del entorio son las cifras que William Noff estaba mencionando. A más de 10 años de justicia y paz tan solo hemos recuperado el 5% de los cuerpos, muchos de los cuales aún siguen sin identificar en las bóvedas de fiscalía y medicina legal. Si seguimos a este ritmo, la búsqueda de todas las personas desaparecidas en Colombia nos puede tomar alrededor de dos siglos. Si bien en Colombia existe un amplio conjunto de normas, leyes y protocolos e instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda encargadas de coordinar la política e implementar la política, existe una gran desconexión obrecha entre lo que dice la norma y lo que realmente se implementa. Podríamos afirmar entonces sin temor a equivocarnos y las cifras lo sustentan que el Estado colombiano tiene una deuda pendiente con el conjunto de la sociedad colombiana. Es así que las organizaciones de víctimas, de familiares, de desaparecidos, de derechos humanos y especializadas saludamos la promulgación del comunicado conjunto número 62 de La Habana que establece la puesta en marcha de medidas inmediatas humanitarias y la creación de una unidad de búsqueda para dar con el paradero de las personas dadas por desaparecidas. Este acuerdo alcanzado por las partes significa el reconocimiento de la gravedad y la magnitud de la desaparición en Colombia, pero es el resultado del trabajo incansable de las organizaciones de víctimas que llevan reclamando el retorno de sus seres queridos por más de 30 años. Ahora bien, el comunicado 62 plantea grandes retos. El más importante de ellos es no repetir los errores del pasado. Es decir, que tanto las medidas inmediatas humanitarias como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, debe responder finalmente las preguntas de las víctimas de dónde están sus seres queridos y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su desaparición. Cabe destacar que dicho comunicado contempló la participación de las víctimas organizaciones de derechos humanos y especializadas como eje central en el diseño y puesta en marcha de las medidas de búsqueda acordadas como son las medidas inmediatas humanitarias y la unidad de búsqueda. Para esto, el comunicado 62 ordenó la producción de recomendaciones a la Comisión Nacional de Búsqueda. La comisión tenía el mandato de producir recomendaciones para la creación de la unidad y de la puesta en marcha de las medidas inmediatas garantizando la amplia participación de las organizaciones de víctimas. A este sentido, la mesa de trabajo de sobredesaparición forzada respondió al llamado de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sin embargo, ha dado el incumplimiento de la comisión frente a lo acordado en materia de la metodología y las fechas de los encuentros, la mesa de trabajo sobre desaparición forzada de la coordinación Colombia Europa decidió lanzar un proceso autónomo de formulación de recomendaciones para el comunicado 62. Este proceso contó con la participación de más de 300 personas de 90 organizaciones de 24 de los departamentos de Colombia. Es importante señalar que la construcción de recomendaciones contó con la participación de organizaciones de víctimas de todos los actores armados. Teníamos organizaciones que representaban diferentes tipologías de desaparición como desaparición forzada y secuestro, entre otras. Se produjeron alrededor de 300 recomendaciones en tres encuentros regionales llevados a cabo en enero y febrero. Que luego fueron procesadas y sistematizadas en tres bloques de recomendaciones que responden a los temas planteados en el acuerdo 62 como son las medidas inmediatas, el fortalecimiento institucional y la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De igual manera, producto de la discusión rica y diversa surgieron varias recomendaciones transversales a los tres puntos. Estas recomendaciones producidas finalizadas en el mes de febrero fueron presentadas a la mesa de La Habana el 15 de marzo de este año. Esto en reconocimiento al proceso autónomo adelantado por las organizaciones que hacen parte de la mesa de trabajo sobre desaparición forzada y de la diversidad y magnitud de participación en los encuentros realizados por la sociedad civil. A continuación, trataré de mencionar algunas recomendaciones destacadas frente a dos de los componentes del comunicado que son las medidas inmediatas y la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Afuera en la mesa hay unas fotocopias del documento de recomendaciones donde se incluyen todas las recomendaciones de los frente a los tres componentes. De igual manera, los podríamos hacer circular por internet. Frente a las medidas inmediatas, las organizaciones acordamos que se solicitan las partes establecer un mecanismo claro a través del cual las víctimas, organizaciones de víctimas, de derechos humanos y especializadas puedan aportar información para la ubicación de las personas dadas por desaparecidas. Al momento, las medidas inmediatas es un mecanismo de construcción de confianza entre ambas partes, entre las FARC y el Estado, y ordenan a Medicina Legal y al CCR a implementar estas medidas, pero limitando la información a la aportada por la mesa. En las organizaciones hemos exigido que se contemple un mecanismo para que las organizaciones de las víctimas puedan entregar información para contribuir a las medidas inmediatas y para que los familiares de las víctimas sean igualmente buscados al interior de las medidas inmediatas. Segundo, se debe elaborar un cronograma y un protocolo para agilizar la entrega de dicha información por parte de las FARC y de los agentes del Estado y los grupos paramilitares. En el caso de la información provista por agentes estatales, se debe garantizar el acceso a archivos e información clasificada, órdenes tácticas y otra información que pueda dar cuenta del paradero de las personas dadas por desaparecidas. Toda esta información entregada en el marco de las medidas inmediatas debe ser transferida una vez creada la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entendemos que Medicina Legal y el CCR han avanzado en la construcción del protocolo. Sin embargo, aún si seguimos esperando que formalmente se nos presente dicho protocolo y que más aún se defina los mecanismos mediante los cuales las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y especializadas podemos suministrar información y participar en el seguimiento y monitoreo de la implementación de estas medidas inmediatas. Las recomendaciones, ahora quisiera pasar a las recomendaciones frente a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Las recomendaciones construidas frente a la unidad constituyen la mayoría de las recomendaciones producidas en el marco de los encuentros. Esto evidencia la importancia y la expectativa que ha generado la creación de una unidad al interior del movimiento de derechos humanos, pero sobre todo al interior de las víctimas. Las recomendaciones producidas se dividieron en varios bloques, entre ellos la naturaleza de la unidad, los objetivos, su temporalidad, su estructura y la manera en que debe operar. De manera resumida se plantea que la unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas deberá ser independiente y estar a un nivel jerárquico dentro de la estructura del Estado que le garantice requerir a otras instituciones del Estado. Deberá tener un alto grado de autonomía jurídica y financiera con personalidad jurídica propia que le permita suscribir convenio y recibir recursos de la cooperación internacional. Tener un rubro asignado directamente en el presupuesto de la nación y contar con su propia y contar con su propia planta de personal. Los objetivos de la unidad deberán ser determinar el universo de víctimas dadas por desaparecidas. En Colombia tenemos un serio problema frente al número de cuántas personas han sido desaparecidas en el marco y en ocasión del conflicto armado y de la violencia sesopolítica. Como lo decía Julian Of, las cifras datan desde 20.000 casos hasta 100.000 casos y todavía no tenemos una cifra consolidada. Pero la unidad debe ir un poco más allá y aparte de establecer el universo debe caracterizar las víctimas. Debe caracterizar el concepto dadas por desaparecidas. De diferenciar claramente de que se trata una desaparición forzada, un secuestro, un reclutamiento forzado, una muerte en combate. Esto en aras de garantizar la verdad a las víctimas y a sus familiares. De igual manera, la unidad debe tener el objetivo de reforzar, actualizar y poner en marcha el plan nacional de busque y garantizar la participación efectiva de los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil en todo el proceso. Esperamos que la unidad funcione como mínimo 10 años y que este período de tiempo se pueda revisar, ya en la mano de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas especializadas y se considere necesario que hace más tiempo, que se hace necesario más tiempo subfuncionamiento. Finalmente, la unidad deberá articularse con los demás componentes del sistema de verdad, justicia y reparación a través de la formulación de un protocolo claro de trabajo y circulación de la información. Se debe garantizar que la información recibida o producida por la unidad constituya insumo para el esclarecimiento y la justicia a cargo de la comisión de la verdad y la jurisdicción especial para la paz. A manera de conclusión, me gustaría resaltar que la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil no finaliza en la producción de las recomendaciones. Por el contrario, debe considerarse como el inicio de un proceso que garantice que las voces y las propuestas desarrolladas sean tenidas en cuenta e incorporadas en la construcción y puestan marcha de las medidas inmediatas y de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Desde la mesa hacemos un llamado e insistimos para que en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la presentación de las recomendaciones el 15 de marzo en La Habana en cuanto a la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento e interlocución para implementación de las medidas humanitarias y la unidad de búsqueda. Estamos esperando a que el Estado colombiano y a que la mesa abra esos espacios de seguimiento prometidos en esa jornada del 15. Finalmente, en Colombia no ha existido hasta ahora una voluntad política real de búsqueda de personas desaparecidas, representada en un accionar articulado de las instituciones, de la destinación de recursos económicos y técnicos suficientes y en la garantía de la participación de las organizaciones y víctimas en los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de todas las personas desaparecidas. Esperamos que la puesta en marcha de la unidad esté acompañada de voluntad política real para que esta cumpla su mandato y así se salde la deuda histórica con las víctimas y sus familiares. Muchas gracias. Thank you, Diana. I think we're going to take a break now and we'll see if we can get. Gracias, Diana. Vamos a intentar ahora conectar con la persona que tenemos a través de Skype. Ahora hay un café justo aquí a la salida y al fondo del pasillo también hay baños, tanto para damas como para caballeros. Muchas gracias por su atención. Gracias también a los oradores por sus presentaciones. Y estoy deseosa de participar en las siguientes conversaciones. Muchas gracias. Welcome back, everyone. I can feel the charge of. Bienvenidos a todos. Podemos ya todos llenos de energía con el cafecito que hemos tomado, un placer estar con nosotros a Christoph Harnish. Él es el jefe de RCRC en Colombia. Ha sido el jefe de delegación desde agosto del 2014 asociado con la Cruz Roja ya muchos años. Él ha trabajado en campo y en la sede en Ginebra. Así que tiene mucha experiencia que nos trae al tema. Por lo tanto, le vamos a dar la palabra a Christoph con los 10 minutos para que nos cuente un poquito del papel del Comité Internacional de la Cruz Roja de los Dacia Aparecidos en Colombia. Y después, Lisa Hoggar hará sus comentarios. Chris, le damos la palabra. Pueden escucharme. Bueno, muchas gracias por la invitación del instituto. Muchas gracias por la invitación también a los colegos paralistas. Yo quiero darles algunas informaciones de punto de vista del CCR y algunas conclusiones que yo personalmente pienso importantes para el proceso que estamos viviendo en la búsqueda de personas desaparecidas. Primero, para nosotros, las medidas acordadas en el acuerdo del 18 de octubre 2016, el hecho de que dos, el CCR reconoce y aplaude los esfuerzos y la voluntad político que escribe. ¿Puede que te despliegue la parte de la videoconferencia y justicia la audiencia de esa manera que no hay más posibilidades de la llamada? Que solamente tenga el audio. Por favor, pueden empezar nuevamente, Chris. Pero no oímos el resto. Muy bien, voy a empezar nuevamente. Gracias. Lo lamento, Christoph. Sigue adelante. Gracias, CCR. Las medidas acordadas en el acuerdo del 18 de octubre 2016, por las partes en el proceso de paz en La Habana, son un avance crucial para las víctimas de este país. El hecho de que dos partes en el conflicto hayan decidido actuar para resolver un problema ambientario de enorme magnitud para los colombianos es algo muy importante que recibimos con pereplácito. El seis a regalo conoce los esfuerzos y la voluntad política que han hecho posible este acuerdo. Es un punto fundamental porque debemos reconocer que dos partes que tienen intereses políticos en una negociación han encontrado tiempo para hablar de un acuerdo humanitario. Y eso es algo muy importante. Y esto no se ve en muchos casos, en muchos conflictos en el mundo. Sin embargo, no hay que olvidar que las dimensiones de la desaparición de Colombia han alcanzado proporciones descomunales. Por ello debemos estar preparados para que la búsqueda de las personas desaparecidas y el acompañamiento de sus familias sea un alabor a largo aliento. Los mecanismos acordados deben sentar las bases para una tarea que se prolongará por muchos años y que deberá gozar de una competencia, capacidad y de facultades suficientes, incluso con los recursos, materiales y humanos necesarios para responder a las víctimas de todos los actores del conflicto armado. La consecuencia humanitaria son incontables, familias destrozadas, afectación psicológica por la pérdida, estigmatización, necesidades económicas apremiantes. Por ello, la desaparición en Colombia ha sido un tema urgente para los otros y una problemática en la que sigueremos concentrando en estos asesos, en los años a venir. El RSI se ahora reconoce y conoce de cerca la insentitud de los familiares al no saber qué pasó con sus seres queridos el sentimiento de pérdida ambigua que les genera el no saber si están vivos o muertos, dónde están y sobre todo por qué desaparecieron. El proceso de encontrar a un ser querido es largo y doloroso, por eso es muy importante el compromiso, el apoyo y la solidaridad de la sociedad del general y el trato digno de las instituciones hacia los familiares. Sin embargo, y desafortunadamente en ciertos casos, para algunas familias no habrá nunca una respuesta definitiva porque no habrá información suficiente. El CISERA ya está trabajando en la implementación de las medidas inmediatas en el marco del acuerdo del 18 de octubre para la búsqueda de personas desaparecidas. El objeto para nosotros es única y exclusivamente humanitario y nuestro rol se centrará y se centra inicialmente en tres tareas. Primero, recibimos y organizamos la información sobre las personas desaparecidas, tanto la información que provenga de las partes, gobierno y las FARC, como la recolactada por nosotros las organizaciones de víctimas de tal manera que podamos poner en marcha lo que antes posible la búsqueda de estas personas. Esto es un trabajo complicadísimo y no hay que subestimar la dificultad, porque la dificultad mayor en esta tarea es obtener información detallada. No es suficiente conocer algunas informaciones. Hay que conocer información detallada y esto requiere tiempo y esfuerzo. Segundo, estamos elaborando un plan de trabajo junto con el Instituto Nacional de Medicia Negar y Censas Forense, quienes nuestro socio, quienes nuestro, la institución más importante con la cual hemos colaborado en los últimos años. Esto para exclarecer de manera coordinada los casos que sean prioridad. Y tercero, finalmente, haremos un puente con las familias de las personas desaparecidas para brindarles nuestra pollo mientras se resuelven los casos de sus seres queridos y los haremos participes del proceso de búsqueda, identificación y entrega digna de estos humanos. Esto es importante porque una de las medidas para tratar de los problemas de las familias, ¿escuchan? Sí, hay que comenzar después de que estabas hablando de que uno de los temas para tratar los problemas de los familiares y luego se cortó. Sí, los otros necesitamos hacer un puente con las familias de las personas desaparecidas para brindarles nuestro apoyo mientras se resuelvan los casos de sus seres queridos y los haremos participes del proceso de búsqueda, identificación y entrega. Esto quiere decir que hay que en la millera de lo posible encontrar soluciones concretas para que las familias pueden participar en todo este proceso. Esto no es fácil, esto es difícil y requiere tiempo también. El trabajo concreto del 6R hará parte de una primera fase de medidas humanitarias para solucionar este grave problema. El gran reto será la segunda fase de este proceso liderada por la nueva unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Para nosotros es clara la necesidad de que esta unidad cuente con el peso necesario dentro del estado colombiano para que pueda cumplir su papel de apoyo a los familiares según sus necesidades. Especialmente el apoyo psicosocial y la búsqueda activa de personas desaparecidas. Es fundamental que haga parte de un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición más amplio. Para el 6R, lo más importante, el importante del proceso de búsqueda que se abre con estas medidas son las familiares que han sido, son y serán el centro de la acción humanitaria de nosotros. La desaparición de personas en Colombia es una prioridad para nosotros. En este sentido, las tareas que prendremos en el marco de medidas acordadas por las partes no son nuevas para nosotros. Continuamos, como siempre, al lado de los familiares brindándoles apoyo psicológico y apoyo psicosocial y económico información sobre sus derechos y apoyo para la búsqueda de sus seres desaparecidos. Durante los últimos 10 años, hemos recuperado los restos de 93 personas en zonas de conflicto. Tan solo en los últimos 4 años, hemos apoyado a 560 familias en la búsqueda de sus seres queridos y a otras 320 les hemos brindado apoyo psicosocial. A través de iniciativas como nuestra campaña del derecho a saber que hemos promovido la solidaridad de la sociedad con las familias de los desaparecidos. Más allá de las cifras, lo más importante para nosotros ha sido el compromiso constante por aliviar el sufrimiento promocado por la desaparición. Tengo la certeza de que con el proceso que ahora se abre, podemos hacer mucho más para encontrar las respuestas que tanto se hallen. Las esperanzas en el país son inmensas, aunque el camino será muy largo. Nuestra experiencia en otros países donde ha habido conflictos armados nos indican que solucionar el problema de la desaparición de Colombia necesidad a años y esfuerzos sostenidos en el tiempo. En conclusión, dos puntos. El primero es la desaparición es un fenómeno humanitario. Esto no hay duda. Es también un fenómeno que va a impactar de manera mucho más importante la sociedad colombiana en total. Porque siempre en estas situaciones de conflictos armados, cuando se terminan los políticos, los negociadores, no tienen suficiente tiempo para dedicarse a la tarea de estructurar la búsqueda de personas desaparecidas. Y esto se vuelve en muchas situaciones en un asunto político con reino de indicaciones de algunos grupos de familiares. Y el problema que siempre tenemos es que si no hay un esfuerzo claro, transparente, habrá tensión política que va a dificultar la tarea de la búsqueda. Eso lo hemos visto en todos los países. El problema más grande en el límano de hoy, cuando se habla de la guerra de 75 hasta 92, el problema político más importante es la desaparición durante este conflicto. En el caso de la guerra entre Irán y Iraq, en estos momentos, en estos años hemos trabajado mucho con las partes para encontrar personas desaparecidas. Esto quiere decir que la desaparición como fenómeno, como sufrimiento, no va a desaparecer en la vida de una sociedad. Aquí en Colombia tenemos al menos la voluntad de las partes para comenzar tratando de este problema. Esto requiere en un tiempo durante el cual los negociadores aún tienen otras tareas para definir que hay que comenzar de manera con energía la imprimación de esto. Y nos damos cuenta de que en Colombia esto va a requerir mucho más tiempo que hemos anticipado. El segundo punto es la implementación se hará siempre con las institucionalidades que tienen un país. No se puede soñar de institucionales que sean ideales. Está claro que uno de los retos más importantes de las instituciones hoy, cuando se trata de desaparición, es encontrar información. Es saber lo que pasó hace 15, 20, 30 años en la vereda X y no hay registros. Una vez más, se puede ver en el caso de Colombia, que una de las medidas que nosotros queremos que las partes en un conflicto, los beligerantes, adoptan sea el registro mínimo de los soldados, de los combatientes, desaparicidas. Estos no se hace suficientemente. Y en caso de Colombia, esto va a ser uno de los retos más importantes. Es un poco para las instituciones, para los combatientes, para las partes en conflicto, el momento de verdad de dar información que muchas veces no ha sido conectada de manera seria y con la voluntad de esclarecer el problema de la desaparición. En este sentido, el trabajo adelante será el trabajo mucho más complicado que muchos personas en este país están pensando. El CICR tiene el compromiso de continuar ayudando, pero no son organizaciones internacionales, no es la dimensión internacional solamente que puede solucionar este problema. Van a ser los colombianos, van a ser las poejes colombianas, van a ser las instituciones colombianas que van a bajar el frente en este esfuerzo, que es un esfuerzo muy importante, pero en un ámbito político muy complicado. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Chris. Ahora le vamos a hacer la palabra, Lisa Hawker, para hacer un comentario sobre las presentaciones. Muchas gracias, Jenny. Creo que ya han escuchado a todos los oradores el día de hoy decir que este nuevo acuerdo sobre las desapariciones forzadas alcanzado en La Habana ofrece una oportunidad histórica para brindar respuestas a las familias de los desaparecidos. Al igual que todos los acuerdos de paz, las premisas se cumplirán si se implementa de manera rigurosa con la participación de las víctimas. La Habana de Colombia tiene ventajas de verdad, un esfuerzo organizado por organizaciones de familiares de los desaparecidos y organizaciones de derechos humanos, y están reunidos en el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, la ventaja de este compromiso reciente del gobierno y de la FARC en La Habana, el respaldo de la ICRC, y capacidad técnica notable. Dentro de Colombia, tal y como hemos visto, de medicina legalea. Lo que se necesita ahora, entonces, es llevar a cabo de manera coordinada con las víctimas, lo acordado, lo que incluye la búsqueda, las investigaciones, las reparaciones, exhumaciones, y la entrega de los restos de los desaparecidos con dignidad. Y esto es algo que hay que enfatizar notablemente tal y como hacen las organizaciones de víctimas. También debe haber protecciones adecuadas para las víctimas de las desapariciones forzadas, que continúan sufriendo hasta el día de hoy amenazas, ataques para que pareen con sus esfuerzos, con su lucha por la verdad y la justicia. La comunidad internacional tiene un papel a desempeñar en la implementación de este acuerdo, de suma importancia. Este es una tarea realmente aburmodora y costosa, debido a la naturaleza técnica, de la respuesta necesaria, al igual que a la escala de las desapariciones forzadas en Colombia, que es realmente grande. Es muy importante tener el apoyo internacional para el mecanismo de búsqueda, para las investigaciones, y para los esfuerzos forenses. También es importante no solo encontrar esfuerzos gubernamentales para la implementación de esta parte de los Acuerdos de Paz, sino también financiar a las organizaciones de víctimas, derechos humanos y iniciativas forzicas independientes. Debe haber un esfuerzo de la sociedad civil que sea robusto para monitorear, verificar y hacer un seguimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz. El Gobierno de Estados Unidos también puede ayudar desclasificando para que la información, para que la comisión de la verdad tenga acceso a la información que existe sobre las operaciones, los actores del conflicto, parte de esta información podría ayudar a revelar la verdad sobre las desapariciones y también los paraderos de algunos de los cadáveres. Estados Unidos también debería reflexionar sobre las desapariciones forzadas en Colombia. Ya Ulyanov mencionó que, si bien las desapariciones forzadas son yadas a cabo por todos los actores, guerrillas, paramilitares, agentes estatales, entre otros, la mayor parte de las desapariciones forzadas ocurrieron entre el 2000 y el 2005 a través de organizaciones paramilitares y en algunos casos a través de la colaboración o actos de omisión por parte del Estado. Estados Unidos precisa reflexionar sobre los falsos positivos, las ejecuciones y también que ocurrió con las desapariciones forzadas y cómo eso tiene diferentes impactos dentro del Plan Colombia y la asistencia brinda por Estados Unidos. Además del progreso y la misión, encontrar a las personas desaparecidas es esencial para encontrar justicia. También es urgente contar con una deliberación más integral y abierta sobre quién ha desaparecido, quién hizo que desapareciera, quién permitió que ocurriera y por qué. Las desapariciones forzadas incluyen a diferentes actores, paramilitares, guerrillas, agentes estatales que controlan a las comunidades y la silencia en eliminando a los líderes de movimientos sociales y organizados y también líderes de la comunidad. Inculcan el miedo en aquellos que quedan atrás o que quedan y pretenden así conseguir el silencio de estas personas. Para poner fin a este capítulo de la historia, Colombia tiene que abrir el libro, donde las desapariciones abrir sobre ello, debatir sobre ello y que traerlo a la luz. Muchas gracias a los participantes por su colaboración y por ese papel que tanto nos inspira a todos nosotros. Muchas gracias. Me gustaría, en primer lugar, darle las gracias a todos los participantes. Creo que ha sido un intercambio de ideas y conceptos muy fructíferos. La mesa en La Habana ha resumido su trabajo el día de ayer. Las desapariciones, sin embargo, el acuerdo sobre las desapariciones continúa avanzando en su implementación y creo que hemos escuchado varios obstáculos, escollos que hay que enfrentar al futuro y espero que, además de identificar esos obstáculos y empezar a pensar cuáles podrían ser a medida que avancemos, también podamos generar ideas sobre cómo confrontar estos obstáculos, cómo enfrentarnos a ellos y superarlos. He escuchado, por parte de los oradores, primero las cifras. Son decenas de miles de personas y pensamos en familiares que están buscando a sus seres queridos dentro de sus propias familias y la tarea tan aburmadora que esto supone encontrar a esa persona y lo multiplicamos por decenas de miles de personas, entonces podremos empenzar a vislumbrar un poquito lo difícil que es obtener la verdad de qué es lo que ocurrió, no solo en la verdad individual, sino también colectiva. También hemos escuchado la dificultad del hecho que las desapariciones ocurren y pasa mucho tiempo entre la desaparición y los esfuerzos forenses o aquellos que se puedan realizar para encontrar o buscar a ese ser querido. También hemos escuchado mencionar la falta de competencia, la falta de capacidad, la falta de recursos, recursos materiales en particular, la falta de información, la necesidad de información sumamente detallada. También se ha hablado de los protocolos institucionales que operan basándose en las necesidades burocráticas, no tanto las víctimas que buscan a sus seres queridos. También se ha hablado del... Bueno, no se ha hablado mucho, pero se ha dicho que se carece de una única base de datos con todos los nombres de estas personas y la necesidad de tener un enfoque mucho más coordinado y también políticas públicas más coordinadas para abordar estos problemas. Se ha hablado de buenas leyes que no se aplican, brechas entre las normas y la implementación, falta a veces de voluntad política, falta de capacitación, de magistrados, también sistemas que dependen de la presión de las víctimas para que operan. Y esto no es una buena posición. Esto no es bueno para las víctimas. El gobierno debería estar a la vanguardia diseñando políticas que satisfagan las necesidades de las víctimas cuyos derechos han sido violados. También las amenazas contra aquellos que están buscando a sus seres queridos. Luego lo que ha dicho el doctor Valdés, el pasado histórico donde las puertas cerradas, las indiferencias que existan. Luego también procesos que son tecnológicamente complicados con impedimentos geográficos, mencionado por Diana. Los ríos, cómo se deterioran las pruebas, los cadáveres a lo largo del tiempo. Y luego, imaginen también las expectativas que se han creado, porque ha habido un acuerdo que se ha alcanzado en La Habana y dice que se va a hacer algo, que se van a acelerar esos esfuerzos. Así que una vez más, hay una gran cantidad de esperanza. Y con esta esperanza hay también una obligación por parte del Estado y que esto sea ahora diferente, que eso repitan los errores del pasado y que se ayuda a las víctimas. Con este resumen muy breve, ahora me gustaría ceder la palabra a cualquier persona que tenga una pregunta. Por favor, identifiquense, digan la institución a la que pertenecen y pueden dirigir la pregunta a un orador en concreto o, en general, como lo deseen. ¿Es eso funcionando? OK. Sí, OK. Mi nombre es Moira Burris. Mi nombre es Moira Burris. Trabajo con Peace Brigade Internacional y ofrecemos acompañamiento a los defensores de derechos humanos en lugares donde Colombia, donde estas personas se ven amenazadas. Ofrecemos también acompañamiento a familiares colombianos y otras organizaciones familiares de desaparecidos. Quisiera hacer una pregunta a Ulyanov, pero también a los otros oradores. Que hablen un poquito de las amenazas y ataques que sufren organizaciones como familiares colombianos u otras organizaciones. Fundación Erika Bautista también ha recibido amenazas de muerte por el trabajo que están llevando a cabo, respaldando a los familiares desaparecidos. Si pudieran hablar también del tipo de respuesta que han recibido por parte del gobierno colombiano cuando han ocurrido estas amenazas. Y si creen que la respuesta es adecuada o no. Y si no es adecuada, ¿qué se necesita para responder mejor ante esta situación? Gracias. Vamos a escuchar un par de preguntas y luego le cedremos una palabra a los oradores. No, soy Armando Bosquera y tengo algunas inquietudes para presentárselas aquí al doctor Valdez y al doctor Franco. Particularmente si no hubiese recibido un asilo político por parte del gobierno de los Estados Unidos, probablemente estaría formando parte de esa lista de desaparecidos. Si no me vengo a este país. Cuando se habla de desaparecidos, se habla de la unidad de búsqueda y se habla de una convocatoria nacional e internacional, como lo dijo el doctor Valdez. Mi inquietud es por qué no se habla del gobierno de la FAR, de los paras, del ELN y los narcotraficantes que creo son los estamentos que tienen que ver con esas desapariciones. En ningún momento escuché hablar de las fosas comunes que en Colombia hay por doquier. Cuando el doctor Valdez habla del caso de Bojaya, que es mi región, es mi departamento del Chocó, ese es un pueblo muy pequeño. Es un pueblo donde todo el mundo se conoce. La FAR puso una bomba y murieron 117 personas. Mi pregunta al doctor Valdez, ¿será que hubo desaparecidos cuando ahí todo el mundo se conoce y todo el mundo supo quiénes fueron los que murieron? Muy amable. Gracias. Ya. Bueno, we're going to. If you. Si no le importa esperar un poquito, porque creo que los oradores prefieren responder primero las dos preguntas que se les ha formulado. Desafortunadamente la defensa de los derechos humanos en Colombia y el ejercicio de nuestros derechos a buscar a nuestros familiares, a la verdad, la justicia y la reparación integral sigue siendo una actividad muy riesgosa, como quiera que aún hoy subsisten amenazas por parte de los agentes estatales y de los grupos paramilitares que operan en el país en contra de las personas que defienden sus derechos de la misma forma que contra las personas que, por ejemplo, reclaman la restitución de sus tierras. Recientemente asistimos a la ejecución de una ofensiva paramilitar de grandes proporciones por parte de ese grupo que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocido como los suraveños o el clan úsuda, que logró paralizar buena parte del país con amenazas, intimidaciones a la sociedad. Y, bueno, no tengo las estadísticas a la mano, pero sabemos que muchos reclamantes de tierras han sido asesinados en los últimos tiempos y en contra de las organizaciones de las familias de las víctimas, persisten las amenazas, el Estado tiene un comportamiento reactivo frente a eso y en el mejor de los casos ofrece esquemas de seguridad, que a mi juicio son precarios, consistentes en vehículos y sistemas de comunicaciones, pero lo correcto desde nuestro punto de vista es que no hubiera amenazas en contra de nosotros y que pudiéramos ejercer nuestra labor en forma libre. Sobre la pregunta del señor Mosquera, si desafortunadamente en Colombia existe, bueno, el doctor Valdez lo explicaba en su intervención, alguien decía que Colombia es una gran fosa común, los cementerios de Colombia son escenarios precarios en donde no hay un orden claro para la innovación de los restos, en ese sentido de quitajada desarrollado una campaña muy interesante, no sé si Diana pueda referirse sobre el tema del Sayonah Arces y bueno, en los campos colombianos una gran cantidad de fosas que no han sido sumadas frente a lo cual nosotros tenemos propuestas concretas, a partir de la formulación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es posible encontrar esas fosas, aunque sean regiones extensas, porque el plan propone una estrategia científica y clara para tal evento. Muchas gracias. En torno a la primera pregunta, el Instituto Nacional de Medellín Regal no tiene registrado que esos funcionarios les hayan llegado amenazas, pero lo que sí registramos nosotros es las muertes de personas que están vinculadas con temas de derechos humanos o defensa de familiares y permanentemente nosotros estamos registrando no solamente la muerte, sino las circunstancias en que han muerto. Tenemos el diseño y la implementación del protocolo de Minnesota, el protocolo de Estambul para la identificación de las muertes en conflicto, la identificación de tortura, de tratos crueles inhumanos y degradantes. Entonces, si el Instituto sí tiene estadísticas que muestran cómo en los últimos años sí se han ocurrido este tipo de muertes. Respecto a la pregunta del señor Mosquera, entonces quiero recordarles uno, el Instituto es un organismo científico, nosotros no somos un organismo de investigación policial, es la Fiscalía General de la Nación, nuestra misión es auxiliar a la Administración de Justicia, pero en ese ámbito lo hacemos eminentemente científico, reconocemos claro y sabe el Instituto y es fuente de primera mano de que en Colombia no solamente los cadáveres en condición de no identificados están en los cementerios, sino que también están por fuera de los cementerios cuando se conoce la existencia de una fosa clandestina, sea individual o común, claro el Instituto está atento a participar. Ahora, en ese sentido hemos hecho un llamado o yo he hecho un llamado a todos los estamentos tanto de gobierno como ONGs como la Academia a unificar los criterios porque también hemos conocido que en esta búsqueda, en la recuperación especialmente de los cuerpos se aplican técnicas que no son las mejores, que no son las más favorables y todos entenderán que a partir de allí puede darse o bien el éxito o el fracaso de la identificación de los cuerpos. Por eso, dado el momento que vive Colombia, el momento social y político que genera estos diálogos con la guerrilla más antigua de América y dado esta disposición el Instituto ha convocado a que todos construyamos unos parámetros mínimos de buenas prácticas para la búsqueda, recuperación, análisis e identificación, es decir, tener un solo parámetro, un parámetro estándar que nos garantice la aplicación de esos procedimientos científicos. Pero es claro y lo decía el señor Christof que muy seguramente no todos los cuerpos que recuperemos los vamos a poder identificar y es muy claro que además de la identificación el Instituto Me dice legal tiene una gran responsabilidad y es descubrir la verdad. Uno de los principales derechos que se le ha violado a las víctimas en todos estos años de sufrimiento de Colombia ha sido el derecho a conocer, el derecho a conocer que es un derecho fundamental es el que nos motiva no solamente la identificación porque estamos entrando el problema solo en la identificación humana, es el derecho a conocer de qué murió, cómo murió, quiénes intervinieron, los elementos constitutivos que pueden llevar a esclarecer eso están allí, de tal manera que nuestra preocupación es que las prácticas que lleven a eso sean las mejores, por eso hicimos esa convocatoria. El tema de Bojaya, vea, claro, es un tema que nos duele, es un tema de, se cumple ahorita el 2 de mayo, 14 años, y es un tema que a todos nos duele. ¿Por qué? Porque en su momento las circunstancias, fueron las que hubieran sido, no me permitieron o no se dieron, o hay muchas causas, no se aplicaron los mejores procedimientos y eso hay que reconocerlo. Y yo nunca, cuando asisto a este tipo de foros, no estoy en posición de callar nada ni de ocultar nada, no se aplicaron los mejores procedimientos y hoy hay familiares reclamando a sus cuerpos porque no aparecieron en la lista, porque en su momento se hizo una entrega colectiva, no se hizo una entrega individual, porque en su momento se violaron esos derechos fundamentales de cada familiar de tener su cuerpo y hacerle el duelo. Entonces, por eso es que el Instituto está ahorita empeñado en retomar el caso, revisar cada uno de los aspectos científicos, volver al terreno de hecho, en ocho días, el próximo miércoles, voy a estar con los familiares allá mismo en Bojaya para revisar y recuperar y volver a exhumar y volver a cada sitio, a ver si los 114, conocemos que son 114, los podemos hallar. Ahora, esto es una empresa gigantesca, la doctora Diana ha hablado de que una de las propuestas es que la Uniabus dure 10 años. Vea, yo les aseguro que la experiencia de otros países latinoamericanos nos demuestran que más de 10 años va a durar esto, son 10 años, no se arregla. Cuando mide, preguntan, ¿cuánto va a demorar eso? Le digo, no sé, pero entre más tarde comencemos, más nos vamos a demorar. Gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Enrique Montes. La Asociación Miradismo Internacional, una ONG con sede en Ginebra, de derechos humanos, pero con presencia en varios países de Latinoamérica y trabajo intenso relacionado con el proceso de paz en Colombia. Hemos abordado los papeles de la mujer, por ejemplo, o de los migrantes o también de los grupos religiosos en el proceso de paz. Quisiera como que mi pregunta fuese muy importante, quisiera como que mi pregunta fuese dirigida partiendo de los números tan abrumadores a la dimensión humana, y quisiera preguntarles, y más allá de todos los asuntos técnicos que hemos debatido, existe una ruta para paliar el impacto y el dolor que todo esto también genera en los seres humanos, en las familias. Recuerdo un foro reciente en Naciones Unidas de mujeres que ellas abordaban esa preocupación, la doble victimización, las lesiones mentales que genera también. Y si existe un sistema realmente organizado en el cual ustedes están incluidos o son parte de él, pero si hay un sistema que coordina todo esto, si son tenidos en cuenta, por ejemplo, profesionales como los psicólogos o las organizaciones basadas en la fe o las confesiones religiosas, o las organizaciones de mujeres, de familia, y cómo maneja ese sistema si es que existe, qué procedimientos, cómo funciona y cómo maneja el poder mitigar o paliar en gran medida este impacto que genera lo que es la recuperación también de esos cadáveres y de la identificación en las familias y en la dimensión humana. Muchas gracias. Let's see if we can take that question first. Vamos a intentar responder esta pregunta. Y luego también me gustaría incluir a Chris Harnish en la conversación para ver si igual él puede responder primero y luego le hacemos la palabra a los oradores. ¿Puedo responder en inglés? Sí, por supuesto. Me gustaría hablar un poquito más sobre lo que el doctor Valdez ha mencionado. Teniendo en cuenta las atrocidades, la brutalidad de este conflicto, no es el momento de quedarse atascado o atorado en qué es lo que ocurrió cuando se trata el tema de los desaparecidos. Tenemos que dejar todo esto a un lado y concentrarnos en la dimensión humana, en las condiciones humanitarias y el apoyo a las estructuras existentes o en ejes existentes o agencias gobernamentales. Es algo crítico que las personas con influencia no caigan siempre en las mismas historias o acusaciones o explicaciones de quién fue el peor, el responsable de las atrocidades, quién fue el responsable del mayor número de fosas comunes. Creo que tenemos que tener muy claro que este país está en camino de llegar a un acuerdo. Y si queremos abordar el tema de los desaparecidos, tenemos que saber primero a establecer prioridades. Esto no es algo que podamos hacer. Los colombianos deben hacerlo. En segundo lugar, en cuanto el apoyo psicológico y psicosocial. Colombia tiene una gran cantidad de expertos y debemos recurrir a su apoyo. Es una iniciativa que se va a comenzar ahora y es necesario que esté mejor estructurada. Se precisa de mayor capacitación y preparación de los expertos, ya sean de otros países de América Latina o de otros países de otros lugares del mundo. Porque cuando vemos a las familias afectadas, no solo a las familias afectadas directamente, sino también a pero todos los familiares podemos ver que existe una necesidad de que la sociedad entienda cómo abordar estos temas, cómo abordar el sufrimiento humano que están sufriendo. Es sumamente importante y esto es algo que vamos a tener que fortalecer en los próximos años de tal manera que traigamos a muchos expertos porque se precisan de muchos expertos y estas personas no se necesitan en las ciudades, sino en las zonas más afectadas por los diferentes conflictos que han tenido lugar en este país. Lo que estamos viendo es que hay mucha buena voluntad, pero que hay que mejorar y esto es un importante. Cuando toca el tema del sufrimiento humano, el sufrimiento de las personas, de los familiares y aquí es donde necesitamos mucho apoyo. Y no olvidemos que las áreas más afectadas por el fenómeno de la desaparición, las personas en estas zonas de hecho todavía no han alzado su voz, alzarán la voz en los próximos años simplemente porque a día de hoy tienen miedo. Saben qué es lo que ha ocurrido a personas que ellos conocen, pero tienen miedo y debemos respetar eso porque no podemos imponerles que hablen y que digan que es lo que ha ocurrido. En el día de hoy estamos en una situación en la que el dolor mental de estas personas o que han sufrido a lo largo de los años es muy fuerte a pesar de que hayan pasado 3 o 4 años. No ha cambiado nada. Cuando estas personas puedan alzar la voz, entonces creo que el trabajo de curación, de apoyo psicosocial y de apoyo también económico va a ser muy importante porque no es útil concentrarse únicamente en el apoyo psicosocial, porque si se tiene apoyo psicosocial pero pobreza también esto no va a ser eficiente. Así que hay que integrar todo esto para apoyar a las familias y luego tener en consideración también que estas familias no deberían ser identificadas simplemente como familias que necesitan resistencia sino como miembros de una comunidad que hay que apoyar también. La tarea es enorme. Lo que yo estoy viendo en este momento es que hay una voluntad de iniciar el camino. Y cuando esto existe, si hay buena estructura, buena organización y esto hay lo que hay que debatir, me parece que mucho más que tenemos que hacer. Pero concentrémonos más bien en la tarea de iniciar la tarea no en medio de acusaciones, sino de la disponibilidad, del deseo de resolver el problema. Gracias, Kristoff. Ahora vamos a pasar aquí a la mesa a ver quién quiere responder. Una, un comentario adicional frente al tema del apoyo psicosocial para las personas, para las comunidades afectadas y para las víctimas. La ley 14.48 de 2010, 2011, la ley de víctimas estableció una orden al Ministerio de Salud de crear un programa de atención psicosocial para las víctimas del conflicto armado colombiano. Este programa se llama el PAPCIVI, Programa de Atención Psicosocial a Víctimas. Y se supone que desde entonces las víctimas tienen derecho a acceder a una atención psicosocial. Sin embargo, lo que hemos visto especialmente y referido a víctimas de desaparición es que el acompañamiento psicosocial se limita al momento de la entrega. Es decir, que hay acompañamiento de la unidad de víctimas cuando hay una recuperación de restos, cuando se ha identificado a la víctima y cuando se le avisa muchas veces al familiar que ni siquiera tiene idea que su familiar está desaparecido o que está desaparecido y muerto, se le avisa a través de una comunicación desde la Fiscalía General que su familiar ha muerto y que se lo van a entregar en un acto administrativo tal día. Y que en ese acto administrativo va a contar con el apoyo psicosocial de un empleado de la unidad. Nos parece que el apoyo psicosocial ofrecido a las víctimas es muy precario, que es necesario pensar un apoyo psicosocial que sea transversal a todo el proceso, el proceso de búsqueda, identificación y entrega y que entienda la participación de las víctimas y de los familiares en esos espacios como fundamental y lo potencia. Y eso es algo que en este momento no se hace. De igual manera, nos parece que el acompañamiento psicosocial debe ir ligado a una explicación técnica de lo que los familiares pueden esperar al momento de una entrega. Y esto lo digo pensando desde el trabajo que hace de quitar nosotros hacemos eso. Mezclamos lo técnico con lo psicosocial para que el familiar pueda estar preparado para saber qué le esperan un momento de una entrega. Y eso es algo que realmente no se ha avanzado en el país. Y yo creo que hay otra deuda del Estado y no solamente con las víctimas de desaparición, sino con las víctimas del conflicto en general. La situación de salud mental de las víctimas del conflicto es muy precaria. Y de igual manera, la intervención del Ministerio de Salud en ese sentido. Yo quisiera hacer alguna referencia muy pequeña con respecto a la posibilidad de no encontrar a las personas desaparecidas o no identificarlas todas. Sabemos que esta es una posibilidad, pero a mí no me gusta hablar de ella. Me gusta más plantearme la posibilidad de sí encontrarlos a todos porque es la responsabilidad del Estado. Y me parece que la preparación con la que el Estado y estas nuevas entidades que se crean en el marco de justicia transicional, asuman la investigación preliminar para determinar qué fue lo que le pasó a nuestros seres queridos, minimiza el riesgo de no encontrarlos. Pero sobre todo garantiza que si llegado el momento no podemos encontrarlos, los familiares tengan la certeza que el Estado hago todos los recursos disponibles para la búsqueda, pero sobre todo para establecer dónde están sus seres queridos y qué fue lo que les sucedió. Y yo creo que ahí es muy riesgoso decir de entrada que no los vamos a poder encontrar sin haber agotado primero todos los recursos disponibles en el esfuerzo de encontrarlos. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Está funcionando? Mi nombre es Rafael Barrios. Yo soy del Colectivo de Abogado Justicial. Me voy a dar un estrepo de Colombia. El Dr. Carlos Paltes comenzó su intervención diciendo que los errores cometidos, en mi caso palacio de justicia, no se iban a volver a repetir. Y esa es una buena noticia, no solo para Colombia, sino para la comunidad internacional, porque quienes no recuerdan lo sucedido en lo del Palacio de Justicia en 1985, un comando del M19 se tomó la sede de las altas cortes en Colombia, publicadas en la Plaza de Bolivia. Y hubo una reacción legítima que tenía que hacer el ejército, pero desproporcionada, fue lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al condenar al Estado colombiano, llamó la toma y la retoma del Palacio de Justicia, retoma donde hubo excesos, donde hubo luego y acabada el operativo, agentes del Estado, miembros del Ejército Nacional de Exapariciones Forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas. El año pasado, el instituto identificó a varias víctimas, por ese retoma que están condenados hoy. Militares, otros están siendo investigados y uno ha sido del suerte. Entonces, esa es una buena noticia, doctor Carlos Valdez. Mi pregunta va a lo siguiente. Se ha informado que hay un acuerdo con el Comité Internacional de la Club Roja. Ya el delegado del comité nos ha dicho que obviamente ese trabajo hay que hacerlo con las instituciones colombianas. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Los familiares de las víctimas del Palacio han solicitado también la intervención y el acompañamiento al instituto, porque esto hay que hacerlo con las autoridades colombianas de organizaciones internacionales de carácter no gubernamental. Por ejemplo, el grupo de antropología forense de Argentina. Entonces, si esa actividad puede ser complementaria a la que puedan adelantar tanto el Instituto de Medicina Legal como el Comité Internacional de la Club Roja colombiana. Muchas gracias. Sí, el instituto siempre está abierto a que su trabajo científico sea transparente y en ese sentido, en el caso específico de Palacio de Justicia, sí se abrió la posibilidad para que el equipo de antropología de Argentina, el equipo de Argentina más unos expertos en genética humana de España se involucren para revisar el caso. En este momento, como nosotros hicimos la propuesta, no somos nosotros los que la desarrollamos. El instituto sólo planteó y tiene todos los estudios sobre la mesa para que sean revisados por ellos o por cualquier otro organismo científico, pero en este momento es la Fiscalía General de la Nación, la que tiene el proceso, quien hace los trámites ante cancillería para que esas instituciones, esas ONGs internacionales o expertos internacionales lleguen a conocer esos mínimos detalles forenses. En este momento, en el caso de Havana, de los diálogos, el CICR está haciendo una labor humanitaria y la relación que tenemos con el CICR es una relación científica, eminentemente científica, donde el trabajo de ellos, lo vamos, el trabajo de ellos que se inicia en el terreno y con las familias, lo vamos a continuar nosotros en los laboratorios. Pero indiscutiblemente también estamos planteando que existan veidurías sobre el trabajo científico, es decir, siempre nuestro trabajo estará abierto a cualquier tipo de observadores científicos. Entre otras cosas, por eso es que estamos construyendo esos parámetros mínimos internacionales. Creo que tenemos un momento más para tres preguntas breves. Por favor. Francisco Quintana, trabajo en el Centro por la Justicia del Derecho Internacional, Segil. Y nuestra organización ha defendido casos ante la Comisión y Código Interamericana de Desaparecimiento Forzada desde México hasta la Patagonia. Quisiera hacer una referencia breve al caso peruano. En el caso peruano se adelantó una comisión de la verdad, se han tomado medidas. Y, sin embargo, como usted dice, doctor Valdez no han sido 10, van 15 años y podría tardar más el tiempo de recuperación de los cuerpos. Pero en el caso peruano, la experiencia nos ha enseñado que hay un dilema entre lo que se llama el paraguas humanitario, que creo que la exposición del señor Harnish hacía mucha referencia al paraguas humanitario en contra o contrapuesto a la investigación judicial. El paraguas humanitario entendemos que va más en la medida de esta respuesta humanitaria a los familiares de si hay un cuerpo identificado, hay que entregarlo. Pero eso a veces entra en conflicto con la investigación, porque el cuerpo es removido a pesar de que a veces se dice que se va a garantizar el material probatorio, en este caso los cuerpos. La pregunta concreta es si este debate se está dando en Colombia ha sido identificado del paraguas humanitario en contraposición de la verdad judicial. Y mi pregunta surge porque en el acuerdo 62 hay un párrafo que dice que la unidad de víctimas pondrá disposición los cuerpos, pero ahí ya en el propio lenguaje está hablando de que en el propio lenguaje se está hablando de que la unidad de búsqueda tomará las evidencias los cuerpos y de hecho el lenguaje dice que la jurisdicción especializada podrá solicitarlo. Entonces ahí veo más bien un divorcio entre estos dos elementos más que una cooperación o una solución. Muchas gracias. Vamos a recibir las últimas dos preguntas y luego un resumen. Es en relación al problema, al trabajo psicosocial. ¿Qué trabajo psicosocial se hace con los niños? Anédita, no. Bueno, respecto de la pregunta y primera, mire, es claro y se ha podido plantear en diferentes seccionarios que aquí no va a haber ninguna exclusión de la administración de justicia. El procedimiento que se ha acordado en la mesa de negociaciones es muy sencillo, van a haber dos tipos de actuaciones, una actuación en el marco de lo judicial y una actuación en lo marco de lo humanitario, pero las dos actuaciones en lo que se refiere a la búsqueda, recuperación de los cuerpos, tienen que cumplir parámetros, parámetros que debe fijar el Instituto de Medicina Legal, parámetros que garanticen que los elementos que puedan constituirse como elementos de prueba no se van a ni perder, ni alterar, ni deteriorar en ninguna de las formas. El Instituto actúa en ambos casos para garantizar eso, ya sea una actuación judicial que la realice la Policía Judicial de la Fiscalía o de la Policía Nacional, o una actuación humanitaria que la realice el CICR, o organizaciones particulares como equitas, ya sea cualquiera de los dos accionarios, las actuaciones de ambos van a llegar al Instituto de Medicina Legal. Ahora, uno de otros tendrán que cumplir unos parámetros, unos estándares, por eso la convocatoria a los estándares. Uno de otros tendrán que señese a unos estándares científicos de manejo de elementos biológicos y de manejo de fosas y de manejo. Son parámetros que nos van a dar confianza y uno de otros van a llegar al Instituto y uno de otros van a ser revisados, se pueden revisar. Lo que queremos es eso, que se construyan parámetros claros, definidos, que puedan ser verificables. Sobre el concepto que usted nos trae del paraguajo humanitario, en nuestro país nunca ha habido ese antecedente. Nosotros tuvimos una experiencia reciente de justicia transicional, como fue la implementación de la Ley 975 de 2005, mal llamada Ley de Justicia y Paz. Y hemos tenido siempre la jurisdicción ordinaria. Y en ambos siempre ha tenido pleno valor judicial toda diligencia relacionada con la insumación e identificación de los restos. La experiencia nuestra, por lo menos desde el punto de vista de familiares Colombia, es que la aparición de los restos y su insumación impulsa la investigación o debería impulsarla, debería ayudar al aclaracimiento de los hechos. Esa ha sido la experiencia nuestra. Con la creación de la Nueva Unidad se traen acolación los criterios que planteaba el Dr. Valdez. Pero nosotros esperamos que contribuya a la verdad siempre. Sobre el tema del trabajo psicosocial con los niños, nosotros en nuestra experiencia en familiares Colombia, en las diligencias de entrega de los restos que, como les explicaba hace un momento, en estos años de trabajo hemos podido conseguir, hemos podido gestionar la insumación e identificación y entrega de un total de 24 personas. Un hecho presente en muchas de las entregas es que, por supuesto, a veces hay menores de edad que están presentes en la diligencia. Como explicaba Diana, el Estado colombiano no tiene una estrategia de atención psicosocial clara. Es bastante simple el asunto. A menudo se acompaña la gente yéndonos bien el día antes de la entrega o el día de la entrega. No hay un proceso de continuidad en la atención psicosocial. Nosotros en familiares Colombia hemos hecho el esfuerzo de estar acompañados por psicólogos, incluso de nuestra organización en ese momento. Y no solamente en ese momento, sino incluso un año antes o meses antes de la diligencia. Y, bueno, pues, prestamos mucha, hemos prestado mucha atención al acompañamiento que se hace a los menores en ese momento. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario frente a lo que te planteas de lo humanitario versus lo legal, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que hay muchas zonas gaseosas que todavía no se han resuelto porque el acuerdo del sistema de verdad, justicia y reparación que contempla los tres mecanismos todavía tiene muchas preguntas por resolver. Es decir, es un acuerdo muy macro. Es que toca ponerle carnecita, que toca llenarlo. Sin embargo, lo que las organizaciones de víctimas y las organizaciones de la mesa han pedido es que la información que surja, un poco lo que decía el doctor Valdez, que surja de las acciones humanitarias no impida los procesos judiciales que adelanta la fiscalía hasta que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas entre en acción. Es decir, esa información tiene que centralizarse, tiene que manejarse de la misma manera que se ha venido manejando cualquier información frente a las exhumaciones y frente a los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en el CIRT o en otros sistemas de datos. Y tiene que luego transferirse a la unidad de búsqueda cuando está entre en operación si operan esos casos específicos que van a ser vistos por los tribunales especiales para la paz, sino de lo contrario seguir en la justicia ordinaria. Yo creo que ahí habrá un paralelismo entre justicia ordinaria y justicia transicional que hay que ver cómo resolver y que las víctimas van a necesitar acompañamiento en la explicación de qué casos entran en una jurisdicción y qué casos se mantienen en la jurisdicción ordinaria. Es algo que yo creo que es una conversación pendiente, digamos, a nivel, en un debate nacional, ¿no? Chris, ¿quiere agregar alguna palabra? OK, we've got you. Chris, would you like to add something? Unas últimas palabras, ¿no? Muy bien, no necesito agregar nada más. Gracias. Bueno, entonces ya nos hemos pasado la hora en nombre de USIP y el grupo de trabajo y la Fondo de Educación. Quiero agradecerles a todos por participar con nosotros y especialmente agradecerle a todos los ponentes esta mañana y a Chris que está con nosotros en el video virtual y todos los que están aquí en la sala. Hay tarjetas de evaluación, como les dije antes. Por favor, desen las atones antes de salir. Me parece que hemos oído muchos de los desafíos que surgen o van a surgir en el futuro, pero creo que tenemos varias razones de tener esperanza. La decisión, por ejemplo, de la mesa, el grupo, mesa de trabajo en Habana, de seguir adelante en este tema, tenemos el compromiso de ICRC, Medicina Legal, para también seguir adelante en la dedicación de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de las víctimas, como aquellos representados aquí hoy en el nuestro panel. Todos son recursos tremendos para poder seguir adelante y también tenemos ahora una comunidad internacional muy interesada en ver cómo podemos apoyar y ayudar en esta lucha para encontrar la verdad de lo que ocurrió y para seguir adelante para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición de estos eventos en Colombia. Gracias muchísimo a todos por participar.