 el Consejo Mundial de la Paz, un encuentro de la región América donde estuvieron presentes la presidenta del Consejo Mundial de la Paz, el secretario de Ejecutivo y miembros de las organizaciones que pertenecemos al Consejo Mundial de la Paz desde Canadá hasta el cinema. Allí, por supuesto, dentro del marco de la preunión hubo un acto de solidaridad con la Revolución Bolivariana y en las difusiones que se vieron allí, se tocó el aspecto de Venezuela y el Comité de Solidaridad Internacional aprovechó para denunciar la política que se viene generando por parte de sectores de la derecha nacional e internacional, principalmente la Constitución del Frente Internacionalista por la Defensa de la Democracia, incursado por el ex presidente colombiano Alvaro Uribe Pélez y allí, por supuesto, aprovechamos para denunciar cuentas maniobras que se vienen dando en el marco del contexto de la campaña electoral. En este sentido, el Consejo Mundial de la Paz acordó el documento de solidaridad con la Revolución Bolivariana, manifestando toda su solidaridad al pueblo venezolano a la Revolución Bolivariana y rechazando estos ataques que se vienen dando de estos sectores de la derecha que, una vez más, pretenden nunca el proceso que los venezolanos y las venezolanas nos hemos dado, un proceso que se viene desarrollando en nuestro país con la participación de los factores democráticos populares antiimperialistas. Pregunta un documento allí por un organismo como usted sabe, el Consejo Mundial de la Paz, un organismo confrontado en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay más de 100 países que pertenecen al Consejo Mundial de la Paz y más de 145 organizaciones, un organismo igualmente que miembro de la Organización de Naciones Unidas. Igualmente allí, tuvimos viendo, lo anunciado por el Presidente Chávez en torno al retiro de nuestro país, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en este punto, el Partido Comunista de Venezuela reafirma, una vez más, todo su apoyo a esta decisión soberana, a esta decisión que ha anunciado al Presidente de la República el día 30 de abril y que por supuesto encomendó al naciente Consejo de Estado a evaluar y a trabajar la denuncia de la Convención Americana por los Derechos Humanos. Nosotros en este sentido queremos reiterar que a esta política soberana, la derecha internacional ya ha venido transniversando la realidad de la situación que hoy se vive en nuestro país. Han impulsado una serie de acciones entre ellas declaraciones de personeros e individuos que en algún momento ocuparon altos cargos públicos que hoy son prófugos de la justicia venezolana involucrados en delitos de corrupción y otro tipo de delitos que son utilizados por el enemigo principal de nuestro pueblo para tratar de mediar la credibilidad del gobierno venezolano de la revolución bolivariana. Nosotros consideramos, hay por supuesto, tratar de reesquebrajar lo que en este momento se constituye como el Consejo de Estado que se viene conformando. Para nosotros un personaje como el ex magistrado Velarquez Alvaray no tiene ningún tipo de credibilidad cuando trata de acusar a un hombre como José Vicente Rangel, un hombre que goza de la más alta estatura moral ética que históricamente ha defendido los derechos humanos en este país. Cuando la Cuarta República perseguía a los dirigentes políticos, a los trabajadores y trabajadoras, a los campesinos, los asesinaban, los asesinaban, los torturaban, los desaparecían, José Vicente Rangel era uno de esos venezolanos, junto a otros Gustavo Machado, Esufarías, Pedro Tegadías, era uno de esos venezolanos que defendían a los trabajadores y trabajadoras, que defendían los derechos humanos, que defendían a los presos políticos perseguidos por los gobiernos entre guistas subordinados al imperialismo, subordinados al gran capital nacional e internacional. Y hoy estos voceros prófugos de la justicia que han traicionado a su patria, no solo por las declaraciones que están dando ahorita, sino por su accionado dentro de la administración pública, o solo utilizados por el enemigo de nuestro pueblo, el enemigo histórico del imperialismo norteamericano, tratar repito de mediar, de respirar la creencia y la credibilidad que ha tenido el gobierno revolucionario a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros consideramos entonces que la denuncia de este acuerdo, la decisión soberana del gobierno revolucionario bolivariano es ajustada al derecho, distintamente de lo que salen altos personeros, altos estudiosos del derecho al servicio de las instituciones que utiliza el imperialismo para someter a los pueblos y para dominar a los pueblos El Partido Comunista considera que se ajusta derecho y lo considera porque se ha hecho un estudio sobre esa situación. Venezuela no ha ratificado ni ha firmado la convención de bienas sobre los tratados, que en una de sus partes determina la denuncia y la salida de los países en torno a los acuerdos y tratados internacionales y en este sentido nuestro país tiene la facultad de denunciar parcialmente la convención americana de los derechos humanos, sea el primer elemento. Esos acuerdos en torno a los derechos humanos plasmados, en esa convención plasmados en el Pacto de San José, según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 2008 que acoge a los principios fundamentales del Pacto de San José, los acoge como parte intrínseca como parte integral de la Carta Fundamental de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido la denuncia del Pacto de San José en ninguna forma contraviere ni menoscaba el principio de los derechos humanos consagrados en nuestra legislación y eso, por supuesto, tiene su jurisprudencia en sentencia del 2008 del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo lugar, estos instrumentos que han servido para la dominación, que han servido para someter a nuestro pueblo, que fueron impulsados por el imperialismo norteamericano o las corporaciones internacionales que conforman ese imperialismo, hoy, como ustedes no saben, hoy un gobierno como el gobierno norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos de América, Estados Unidos de América, que impulsa a estas políticas, no ratifica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que los Estados Unidos de América, que impulsa a estas políticas, no se somete a la legislación de la Córtame de la Corte Interamericana que pretende en clara violación de la Constitución de la Oega, donde establece que los países se integran en una organización entre iguales donde se tiene que establecer una relación de solidaridad, una relación de cooperación y crea la Corte Interamericana para someter a los gobiernos, a los supuestos gobiernos violadores de derechos humanos, a esa legislación que el gobierno de los Estados Unidos no está sometido a la Corte Interamericana, y sí hace parte de la Oega. Así que estos estudiosos que dicen que si Venezuela denuncia a la Corte Interamericana y denuncia a la Comisión Interamericana, tienen que salir de la Oega, es absolutamente falso. Y el ejemplo es que los Estados Unidos, sin pertenecer a la Corte, pertenece a la Oega. Ese es otro hecho allí, que es un aguriculiente, que es un aguriculiente, más que un aguriculiente, es un aguriculiente.