 Imagínense, por un momento, que nuestro gobierno tratará la infraestructura pública, con nuestras calles de edificios públicos, de la misma forma en que trata nuestra infraestructura digital. Los miembros de nuestro Parlamento trabajarían en un espacio alquilado, donde no se les permitiría votar a favor de leyes para el medio ambiente que fueran más restrictivas, porque el dueño, una empresa multinacional, no consciente ese tipo de votaciones dentro de sus edificios, ni permite una aplicación pendiente desde hace mucho para agrandar el hemiciclo y llegar a los 500 escaños. Esto significaría que algunos miembros del Parlamento deberían quedarse fuera, en la calle, y un par de manzanas más allá, un flamante nuevo gimnasio se está demoliendo, sólo seis meses después de haber sido construido. Está siendo reemplazado con una réplica exacta, con un gran coste, y una única diferencia. El nuevo constructor también proporciona baloncesto urbano como un nuevo servicio. Mientras tanto, todas las noches a través de una puerta trasera oculta en el ayuntamiento, documentos que contienen información sensible sobre los ciudadanos, desde datos bancarios a registros sanitarios, están siendo sustraídos. Pero nadie tiene permitido hacer nada sobre ello, porque buscar puertas traseras y bloquearlas infringiría el contrato de arrendamiento firmado. Todo esto puede sonar absurdo, pero cuando hablamos de nuestra infraestructura digital, cosas como el software y los programas que nuestros gobiernos usan cada día, esta comparación se vuelve bastante precisa, porque en su mayoría nuestras administraciones contratan software propietario, esto significa que un montón de dinero va a licencias que duran un tiempo limitado y restringen nuestros derechos. No tenemos permitido usar nuestra infraestructura de una manera razonable, como el código fuente del software propietario, es normalmente un secreto comercial, buscar agujeros de seguridad o puertas traseras instaladas de forma deliberada, es extremadamente difícil e incluso ilegal, pero nuestras administraciones públicas pueden hacerlo mejor. Si todo el software financiado públicamente fuera libre y de código abierto, podríamos usar y compartir nuestra infraestructura, para cualquier cosa y mientras quisiéramos podríamos actualizarla, repararla y remodelarla, de manera que se ajustara nuestras necesidades. El código abierto en software libre significa que el proyecto es abiertamente elegible para cualquiera. Esto hace mucho más fácil encontrar y cerrar agujeros de seguridad. Y si se crea un proyecto digital práctico y fiable, no solo se puede rehusar en todo el país, sino que se puede desplegar y replicar en cualquier sitio, incluso en otro país. Un gran ejemplo de esto es FixMyStreet, Arregla Mi Calle, un proyecto desarrollado en Gran Bretaña como una aplicación de software libre para informar, visualizar y discutir problemas locales, como los baches, que ahora ya se usan todo el mundo. Todos se benefician, porque las nuevas características y mejoras son compartidas por todos. Si todo nuestro software se desarrollara así, podríamos parar la lucha con las licencias restrictivas y podríamos empezar a pensar dónde y cómo el software puede ayudarnos. Nos concentrariamos en crear una sociedad mejor para todos. Así que si creen que la infraestructura del mañana debería estar en nuestras propias manos, ayúdennos ahora compartiendo este vídeo y visitando nuestro sitio web www.publicode.eu. Es hora de hacer nuestra petición.