 es importante pues tener un marco legal y un marco de política pública para la población desplazada para en orden de garantizar sus derechos no sólo en el marco de la asistencia humanitaria sino también en el marco de soluciones duraderas y este marco de política y de legislación permite también que los países pues tengan unas responsables claros, instituciones claras que se encarguen de la atención a las víctimas de desplazamiento forzado, permite que haya metas claras, que haya responsabilidades claras y que haya también un presupuesto específico para las víctimas de desplazamiento forzado. Obviamente el marco legal y de política pública no es suficiente para garantizar en la práctica los derechos de las víctimas pero creo que una experiencia importante de Colombia ha sido la del seguimiento de la Corte Constitucional y que le permite al gobierno también mejorar en la atención a la población desplazada, igualmente poder involucrar en los planes de desarrollo tanto a nivel nacional y local que es la experiencia pues que tenemos en Colombia los derechos de la población desplazada es importante. Tener un marco normativo tanto general como locales es fundamental para nosotros en México porque esto implicaría una delimitación muy clara de responsabilidades de actores participantes, de cómo delinear y abordar la problemática también para contar recursos específicos asignados a esta temática y para mejorar la coordinación entre todas las autoridades a partir de un mecanismo nacional. Actualmente tenemos varias leyes locales en la materia sin embargo fortalecer la atención y la respuesta por medio de una ley general sería un parte de aguas en el tema en México que ayudaría muchísimo a dar una respuesta integral que se necesita en todo el país. Por supuesto Somalia, es un tema muy crítico para nosotros como sabemos que tenemos 3 millones más IDPs dentro de Somalia y sin tener un framework natural y el apoyo de la convención de la convención de la Compaula. Nos da la habilidad de poder tackle estas grandes cuestiones que estamos tratando. Honduras, especialmente para nuestro gobierno, ha sido muy importante el poder finalmente dar respuesta a esto que ha sido una demanda de las organizaciones y de las poblaciones que están en la situación de convertirse en víctimas o riesgos de desplazamiento, poder finalmente dar una respuesta a nivel normativo que solo es el primer paso, pero que es también la adopción de un compromiso estatal por dar respuesta a una problemática. Porque al final por lo que trabajamos es porque Honduras sea un lugar seguro para permanecer, un lugar al que quienes huyeron quieran regresar no es una tarea fácil y no va a ser rápido. Sin embargo, este es el compromiso de quienes estamos trabajando hoy por los derechos humanos de nuestro país. En Colombia tenemos la experiencia de que tuvimos una ley sobre desplazados desde el año 97, inclusive antes de los principios rectores y esta ley y luego el fortalecimiento legal que hubo con la ley de víctimas han sido la base que ha permitido que pueda dar una respuesta institucional desde el gobierno a los desplazados y también ha hecho más fácil el trabajo desde la Corte Constitucional de exigir el cumplimiento de los derechos de las personas desplazadas. Porque esa ley, aunque ha tenido esas leyes, aunque han tenido retos en su implementación, ya preveían una institucionalidad, unas competencias, una forma de hacerlo de manera que lo importante ya era implementar ese marco normativo. Por ejemplo, en desplazamiento ambiental en Colombia aún no tenemos un marco legal, lo que hace mucho más difícil la respuesta estatal. El marco normativo que ya se instituyó en Sinaloa viene a decirnos claramente los pasos, el proceso que se debe de seguir para la atención a víctimas, pero también nos marca nosotros un presupuesto que viene desde el Congreso del Estado y con el todas las acciones que se pueden llevar a raíz de este presupuesto para dar atención ya más específica, para dar de nuevo la atención a esas víctimas.