 Señoras y señores embajadores, distinguidos delegados, muchas gracias por concederme a la palabra. Mi declaración es demasiado larga y por eso voy a leer una versión resumida que además de mi declaración, mi colega, Adri Ferranda, Ramona y Sebas van a intervenir como motivo de otros eventos paralelos, sobre por ejemplo el decenio del cultura familiar y los jóvenes como representante de la sociedad civil, hablo en nombre de la red Nielenie en Europa y Asia Central en pro de la soberanía alimentaria, una red que reúne a todos los grupos representados en relaciones de la sociedad civil, a saber pequeños agricultores, ganaderos, pequeños pescadores y pescadores artesanales, pueblos indígenas, trabajadores migrantes y agrícolas, consumidores, organizaciones no gubernamentales y mujeres jóvenes del medio rural de nuestra región. Empezaré con la perspectiva de las mujeres. Hablo ahora en nombre de las mujeres agricultoras, ganaderas, pescadoras, indígenas y consumidoras y también las ONGs de mujeres que sirven de mentor a la red Nielenie en Europa y Asia Central. Dichas mujeres han construido los sistemas alimentarios que nos han alimentado en el pasado, nos siguen alimentando en el día de hoy y van a seguir alimentándonos en el futuro. Estamos en el centro de los sistemas alimentarios y agrícolas y somos esenciales para nuestra supervivencia colectiva. Las mujeres se han enfrentado al patriarcado y a sistemas políticos, sociales y económicos destructivos en el marco de su lucha colectiva a favor de la soberanía alimentaria y el feminismo y han creado sistemas agrícolas resilientes basados en prácticas de cultur agroecológicas que no solo mejoran la producción de alimentos, sino que también operan en armonía con la naturaleza. Nosotras formamos la espina dorsal de todo sistema alimentario sostenible mediante la conservación de semillas y de la agrobiodiversidad, a lo cual se suma nuestro respeto hacia los polinizadores. Nuestras prácticas ofrecen soluciones, invertimos en agroecología y en la economía circular, solidaria y feminista. Afirmamos que ello es esencial para reconstruir y modelar nuestro futuro y reclamar nuestros derechos. Somos nosotras quienes generamos conocimientos locales, creamos y moldeamos la justicia social, formovemos nuestras respectivas y variadas identidades y culturas y fortalecemos el ideal de una nueva sociedad fundada en las relaciones de género sobre la base de la dignidad, la justicia, la igualdad y la equidad. Pese a que somos vitales y que llevamos siglos compartiendo y transmitiendo nuestros conocimientos seguimos siendo objeto de discriminación, violencia y explotación con fines de lucro y persiste la desigualdad de oportunidades de educación. Nuestros derechos económicos, sociales, jurídicos y políticos no están plenamente reconocidos y las políticas públicas no garantizan nuestra participación social y económica en condiciones de igualdad. Nuestros derechos de acceso a las tierras, los servicios de apoyo, los recursos financieros y económicos y el reconocimiento jurídico son mínimos. Pese a ello conformamos la mayoría de los productores de alimentos seguimos ejerciendo labores esenciales de cuidado no remuneradas relacionadas con los alimentos por ejemplo tareas de elaboración, preparación, almacenamiento y conservación de alimentos y semillas. Como mujeres jóvenes estamos perdiendo nuestras tierras, nuestros territorios y nuestros recursos naturales así como nuestro trabajo, ello es consecuencia del desplazamiento y la migración forzada especialmente en el marco de la actual profundización de múltiples crisis de alcance mundial. Hoy en día la primera de estas crisis es sin duda la COVID-19, una pandemia que está exacerbando las desigualdades previas y poniendo de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas sociales, políticos y económicos. Sufrimos las repercusiones en mayor medida porque ya percibimos menos ingresos, padecemos inseguridad laboral y, a menudo, vivimos cerca o por debajo del umbral de laboreza. Somos quienes asumen las labores no remuneradas de dispensar cuidados en el hogar que se han intensificado durante los confinamientos derivados de la pandemia. Somos quienes sufrimos violencia de género que también ha aumentado durante la pandemia y, por último, somos nosotras, quienes no han sido incluidas ni reconocidas en la mayoría de los planes y decisiones adoptados en respuesta a la COVID-19. De hecho, la pandemia de la COVID-19 ha agravado las desigualdades económicas y la injusticia social y existentes, ha impuesto y sigue imponiendo una seguridad financiera grave a gran parte de la población rural y urbana de nuestra región. Los jornadreros, ya sean trabajadores migrantes en el campo o bien aquellos que trabajan en unidades de elaboración de la cadena alimentaria, suelen carecer de protección social cuando enferman, tanto en Europa occidental como en otros países de nuestra región. La OIT ha indicado con claridad que van en aumento las violaciones de los derechos de los trabajadores, especialmente por lo que se refiere a los trabajadores migrantes y a los trabajadores de las cadenas agroalimentarias. Lo mismo ocurre con el socavamiento del derecho humana a la alimentación y muchos otros derechos. En gran parte de los estados de nuestra región, las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia han afectado y siguen afectando a los medios de vida de muchos productores de alimentos en pequeña escala, tanto agricultores como pescadores y ganaderos. Aparte de estas cuestiones de orden sanitario, han aumentado la violencia y la inestabilidad política, así como la penalización de la resistencia de la población en algunas partes de nuestra región, incluida la guerra. Condenamos la guerra y exhortamos a todos los estados de nuestra región a que contribuyan a la consolidación de la paz sobre la base de la justicia social. La guerra destruye todo tipo de vida. La guerra en la instabilidad y la opresión son especialmente nocivas para la agricultura, puesto que esto evidentemente afecta la producción de alimentos, las cadenas de suministro y plantea riesgos especiales para los productores de alimentos en pequeña escala de estas zonas afectadas, así como a la población urbana pobre. La seguridad alimentaria va ligada a la paz, como la soberanía alimentaria va ligada al derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas alimentarios y a su derecho a una alimentación y una nutrición adecuada y culturalmente apropiada. En nuestra región todo ello debe considerarse una prioridad. Asimismo se ha detectado en toda la región que las personas de edad y con discapacidad carecen de apoyo. Es un problema creciente en nuestra región. Está claro que es necesario democratizar nuestras sociedades y garantizar la pena participación de los jóvenes en los procesos políticos y decisorios. Debemos velar porque en cualquier ámbito de la sociedad los jóvenes puedan adquirir aptitudes de liderazgo. En nuestra región necesitamos políticas integrales de incorporación de los jóvenes de las zonas rurales con miras a aumentar su acceso a la tierra usando empleo directo, garantizando el acceso a mercados locales y territoriales, viviendas y una producción de alimentos que ofrece derechos plenos sobre las tierras y reconozca los derechos jurídicos de los pueblos indígenas, los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Entre ellos el derecho a la vida y a una calidad de vida adecuada, el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a las semillas o recursos productivos o mercados, la información, la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres. Es preciso que consideremos el decenio de la agricultura familiar y el decenio de acción sobre la nutrición como oportunidades únicas para lograr coherencia en las políticas y el compromiso de los gobiernos basándonos en las obligaciones relativas a los derechos humanos para que estas dos iniciativas no se queden en agua de borrajas. Estos dos decenios deben considerarse una oportunidad real de garantizar el establecimiento de políticas e inversiones públicas que beneficien y apoyen a los productores de alimentos en pequeña escala y las explotaciones agrícolas de propiedad familiar en las comunidades rurales y urbanas de toda la región. Los bancos de alimentos hacen frente a un aumento de la demanda del 40%. A raíz de los cierres de las escuelas durante la pasada primavera muchos niños se han visto privados de sus comidas escolares que a menudo son la única fuente de alimentación saludable a lo largo del día. Se han perdido y se siguen perdiendo en masa puestos de trabajo como consecuencia de la crisis económica resultantes que son fuente de pérdidas de oar y de incapacidad de adquirir alimentos saludables. Esta falta de alimentos saludables, a su vez, contribuye a la mayor debilidad de los sistemas inmunitarios y a mayores riesgos de contraer patologías subyacentes con lo cual disminuye la capacidad de las personas de resistir los efectos de la COVID-19 cuando contraen la enfermedad. Las principales patologías subyacentes que hacen a las personas vulnerables a la pandemia de la COVID-19 son las enfermedades no transmisibles relacionados con alimentos industriales como la biopatía, la diabetes, la malnutrición, la obesidad y la desnutrición derivada de la carencia de minerales y de vitaminas. La prioridad coincida al comercio de los mercados internacionales en detrimento de los mercados locales y los pequeños productores de alimentos ha sido y sigue siendo un agravante. En varios estudios realizados por la FAO, el mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas ha quedado patente que las cadenas alimentarias cortas y los sistemas alimentarios territoriales resultan ser los más resilientes. Creemos sirvemente que debemos promover todos los aspectos de la agroecología como parte de la respuesta de las instituciones de las Naciones Unidas, los estados y los gobiernos locales frente a la COVID-19 e incorporar nuestra respuesta a la enfermedad en los debates sobre los sistemas alimentarios y la nutrición como nunca antes. Por eso es tan importante prestar mayor apoyo a las innovaciones en el ámbito de los sistemas alimentarios locales y facilitar el establecimiento de contactos regionales en torno a esas experiencias para superar las múltiples crisis ambientales, sociales y económicas a las que hacemos frente. Afín de superar estos obstáculos, necesitamos un cambio drástico de paradigma que pase de la enfoque basado en el comercio a otro basado en los derechos en lo que respecta a las políticas alimentarias y agrícolas visto que la enfoca inspirada en el comercio ha resultado muchas veces fallido en la región en distintos niveles. Por eso es crucial la divulgación regional, nacional y local de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, en vista de la enfoque inminente y de la ambivalencia que suscita el proceso de digitalización también debemos poner de mayor relevé la cuestión de la propiedad de los datos de los productores de alimentos y los pueblos indígenas que son arrebatados sin su consentimiento previo o fundamentado. Debe ponerse fin a esta práctica. Hemos de detener de inmediato todos los actos en curso consistentes en arrebatar datos a los pequeños productores de alimentos así como aplicar un marco reglamentario estricto que les permita beneficiarse de los procesos de digitalización a los que deseen sumarse y con sus propios términos. Además, estos procesos deben estar en manos de las comunidades. En lo que respecta a las prioridades regionales de la FAO, nos continuamos a contribuir a esas prioridades mediante nuestros conocimientos, prácticas, medidas y esfuerzos. Reconocemos un labor de colaboración llevada a cabo en el anterior urbeíenio junto con la FAO y propongamos una participación mayor y más profunda de las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a que la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central logre los resultados previstos. La iniciativa a mano de la mano. Vemos con interés esta iniciativa y esperamos que se nos implique plenamente en ella. Consideramos positiva la idea de alianzas con todos los niveles gubernamentales, en particular con los gobiernos locales. Creemos que, de ese modo, pueden crearse mediante alianzas empresas comunitarias y sociales, cooperativas y otras modalidades de economía circular, solidaria y feminista a fin de favorecer la aplicación de sistemas alimentarios y una nutrición sostenibles, especialmente a nivel territorial y local. Por otro lado, expresamos preocupación por el papel predominante reservado al sector privado y por la falta de coherencia con lo previsto en el decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar, en particular por lo que se refiere a los planes mundiales y nacionales vinculados con esta iniciativa. En lo tocando a la cumbre de las Naciones Unidas es decir que, por último, nos preocupa mucho esta iniciativa. No es ninguna novedad que los movimientos sociales y la sociedad civil organizada, como en el caso del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, del que forma parte la red Nieleni en Europa y Asa Central denuncien constantemente las desigualdades estructurales y el sistema alimentario industrial como factores esenciales que han contribuido a las crisis actuales. Nuestra agenda de cambio no comenzó en el año 2030. Sin embargo, lo que observamos y presenciamos es a menudo la falta de voluntad política así como la influencia en aumento del poder empresarial que está moldeando el proceso que culminará en la cumbre de sistemas alimentarios porque, a primera vista, los objetivos de esa cumbre tienen mucho sentido en las circunstancias actuales. Sin embargo, la forma en que se gestó la cumbre y su proceso en curso pone de manifiesto la medida en que el poder empresarial está conformando el camino que conduce a la cumbre, lo cual revela graves conflictos de intereses. Nos sentimos muy preocupados por la medida en que el poder empresarial le está moldeando la senda que culminará en la cumbre. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y, como consecuencia, el mecanismo de la sociedad civil y los pueblos indígenas es la principal plataforma de las políticas internacionales e intergovernamentales en materia de alimentación pero se ha visto menos cabado desde que arranca el proceso preparatorio de la cumbre. Asuben los movimientos sociales de la sociedad civil organizada han quedado excluidos deliberadamente del proceso mientras los organizadores seleccionan personas denominadas campeones, héroes y apelativos simijantes. La propuesta de cumbre pone en peligro los 25 años de trabajo arduo que tenían como finalidad democratizar la adopción de decisiones internacionales en materia de alimentación y agricultura así como un modelo de colaboración que fomenta y valora la participación crítica de la seguridad alimentaria y malnutrición al tiempo que contribuyen en mayor medida la seguridad alimentaria. Creemos en la solidaridad y la igualdad. Creemos que para alcanzar los ODS la única vía es un enfoque basado en los derechos. Mostramos esa vía a diario y propugnamos una reorientación radical de las políticas alimentarias e agrícolas para que pasen a basarse en la soberanía alimentaria y la agroecología. Por eso debemos aplicar en los planos nacional y local las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, así como las directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre la base de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Ahora es el momento de promover los derechos humanos. Muchas gracias.