 Hay un tema que también hemos abordado con mucha fuerza, que es la situación del campesinado venezolano, en general y en particular de las luchas de la familia campesina en el sur del lado. Hemos visto que es necesario denunciar la existencia de mafias e instituciones del Estado colocada al servicio de las y los terratenientes en el sur del lado, diversos municipios del sur del lado, en Francisco Javier Turgan, en el municipio Colón, en el municipio Sucre, realmente una realidad compleja donde hemos identificado que funcionarios del Estado venezolano vienen configurando una mafia al servicio de las terratenientes, funcionarios que están en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que están en el Poder Judicial, en los tribunales, que forman parte del Poder Ejecutivo en el INTI, que están en el Poder Legislativo, en el Consejo Legislativo del Estado Zulia y que a la vez la persona a la que hacemos referencia es constituyente de la República Boliviana de Venezuela. Sí, queremos en el día de hoy denunciar ante el país, ante las instituciones del Estado venezolano la conducta contraria a los intereses del país, lo que se está contra los intereses del país cuando se agrega a los productores del campo, a los trabajadores del campo, a los campesinos y las campesinas, a la familia campesina. Se está contra los derechos de los campesinos y los campesinos, cuando se favorece a fundos improductivos con certificaciones y con decisiones judiciales de protección que violentan los derechos de los trabajadores, de los campesinos y los campesinos. Nos referimos en particular a los casos de Cañon Rico, al Fundo Cañon donde fue asesinado el 31 de octubre del 2018, es camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central del Partido Comunista, miembro de la Comisión Adraya Nacional del Partido, secretario Adrario Regional del Partido en el Estado Mérida, asesinado por sicarios al servicio según nuestra apreciación del terrateniente, Surbram, presunto dueño del Fundo, presunto dueño del Fundo. Hoy esa mafia actúa también contra otras familias campesinas, contra otras familias campesinas en el Fundo de San Camilo, en el Fundo de la Providencia, en el Fundo de San Pedro y tenemos que decirlo porque en el Partido Comunista nos acostumbramos a decir las cosas por la calle del medio, así nos cueste nuestro compromiso, tenemos que decir que esa mafia la hemos identificado en primer lugar con el ciudadano fiscal nacional 16 con competencia suplena, el doctor abogado Sergio Arámbulo concede en Colón, en Santa Bárbara, Santa Bárbara que es la capital de Colón, el municipio de Colón, quien está actuando impunemente, porque al que le corresponde impedir que haya impunidad, pero el que la comete contra los campesinos, contra las familias campesinas, San Camilo, más de 80 familias campesinas, la Providencia, más de 120 familias campesinas, Taño Rico, más de 200 familias campesinas por colocar algunos de los fondos, a los que hacemos referencia. También en ese plano, en esa mafia identificamos la actuación del Inti, quien viene entregando certificaciones de fincas mejorables a terratenientes que tienen un esterero en lo que consideran son sus propiedades, fincas abandonadas, también identificamos al Tribunal de Primera Estancia en Santa Bárbara que dista medidas de protección alimentaria a los terratenientes y latifundistas que tienen abandonado los fondos y las haciendas, y prohíbe a la venga los campesinos y la campesina que no se atreven a acercarse por allí, porque van a ser objetos de represión y esos tres componentes utilizan entonces a la Guardia Nacional para reprimir y desalojar a las campesinas y los campesinos en lucha. Nosotros queremos hacer esta denuncia muy seria ante el país y demandar del presidente de la República que coloque el ojo a la actuación del Inti, no solo en el sur del Lago, sino en el país, demandar de la Presidencia, altruinar sus premios de justicia, coloque el ojo en ese Tribunal de Primera Estancia, e exigir a los ciudadanos fiscales general de la República que altúe con relación a la conducta parcializada de este ciudadano funcionario en contra de los campesinos y la campesina del sur del Lago. Una de las situaciones que hemos planteado ya en diversas reuniones en la fiscalía, pero que no le vemos el queso de la tostada, no hay repuesta, tiene que ver con el caso del asesinato del camarada Luis Fajardo. La fiscalía dice que no cuenta con el informe del 6PC para poder actuar y el 6PC no es un órgano del Estado auxiliar del Ministerio Público para las Investigaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ciudadanos Fiscales General de la República, el Ciudadanos Ministro de Interior y Justicia y Paz demandamos a ustedes la actuación para que el crimen de nuestro camarada Luis Fajardo no quede impune y de Javier Aldana, que no era un militante el Partido Comunista, pero sí estaba en las luchas que se venían desarrollando y se sigue desarrollando hoy con más fuerza con las familias campesinas de callos ricos. Exigimos medidas urgentes para que se se la impunidad, no sólo en el caso de Javier Aldana y Luis Fajardo, sino en los cientos de activistas y luchadores campesinos asesinados en estos 20 años del proceso bolivarial, y donde muy pocos casos se conocen de que se haya hecho justicia con los asesinos intelectuales, o sea con los terratenientes, con los ejecutores y cómplices de dichos asesinatos, que muchas veces están en el organismo del Estado y muchas veces suceden con complicidad de las instituciones que le corresponden defender los derechos del as y los campesinos.