 Hay una gran cantidad de empresas que pertenecen a diversos sectores y que hoy la ley les exige adoptar medidas de debida diligencia para conocer a sus clientes, a sus proveedores, a sus contrapartes. Para poder hacer esa tarea de conocer bien a la persona con la que están haciendo negocios, estas entidades tienen que gastar muchos recursos, tienen que contratar gran cantidad de personal y pagar proveedores de datos muy costosos para hacer investigaciones muy complejas que al final no tienen fuentes confiables de información. Los beneficiarios en el caso del café son los 560,000 caficultores dueños de su finca que tienen cédula cafetera y que producen café desde muy pocas, desde una hectárea hasta más de muchísimas hectáreas. Toda esta industria, los más de medio millón, en el caso de Colombia, el más de medio millón de productores, pues todos vivimos de tasas de café, de tasas de café consumidas en Bogotá o en Hong Kong o en Nueva York o en París, no importa. Cuando el consumidor está dispuesto a reconocer pagar y exigir esa calidad tanto en la tasa final como en el proceso productivo desde la recolección hasta la preparación, pues ahí es donde ha valido la pena que ese valor agregado que se reconozca, pues se distribuye quitativamente en toda la cadena. Hasta que llega a una tasa de café, por ejemplo en Amsterdam, en esa tasa de café, si quisiera el consumidor de café en ese momento que se está tomando su café, puede saber de dónde vienen desde cada, o sea, hasta el último palo de café en la finca cafetera en cualquier parte y cuál fue la mezcla que se situizó, que eso también es bueno, porque obviamente todos los cafés en el mundo están mezclados, pero se puede saber exactamente y eso es un sistema de información que se tiene con mapas, quién es el dueño de la finca y cada vulto de café, pues a dónde va y se tuesta y llega hasta la tasa de café. Yo me he visto beneficiados a estos mecanismos porque vivo del café de especialidad hace 18 años, creo que haciendo las cosas de manera justa, correcta, de nuevo con obstáculos, con dificultades y con frustraciones, pero al final como con la tranquilidad de que puedo acostarme en mi cama por la noche tranquilo sabiendo que las cosas están bien hecho. Si el gobierno tuviera un registro de beneficiarios finales, la labor de todas esas empresas que tienen realmente la intención de cumplir la ley sería mucho más fácil y mucho más económica. Tendrían la posibilidad de invertir una buena parte de los dineros que hoy se están gastando en sus áreas de cumplimiento dirigirlas al cor del negocio.