 En octubre del 2019, un leve aumento en la tarifa del metro de Santiago, Chile, desencadenó unas de las protestas más violentas de la historia reciente de América Latina. Los aboteadores destruyeron estaciones de metro, peajes y hasta iglesias. Los medios de comunicación describieron los desmanes con el eufemismo destallido social. Todo culminó con la elección del actual presidente Gabriel Boric, un izquierdista de 36 años que prometió nacionalizar el sistema privado de pensiones, aumentar los impuestos e implementar una agenda ambientalista de avanzada. Antes de eso, los líderes de las protestas deslegitimaron la Constitución chilena. En un referendo llevado a cabo en octubre del 2020, 78% de los votantes optó por deshacerse la Constitución actual, y el próximo 4 de septiembre los chilenos volverán a las urnas para probar o rechazar un nuevo documento constitucional. De aprobarse, este podría poner fin al llamado Milagro Económico chileno, que consiste en un modelo de libre mercado que ha beneficiado sobre todo a los pobres. La Constitución actual fue adoptada en 1980, cuando Chile era un país mucho más pobre. Durante los siguientes 40 años, el gobierno controló la inflación, privatizó industrias y redujo drásticamente los aranceles y la urocracia, lo que hizo que el producto interno bruto se disparara y la pobreza se desplomara. Hoy casi todos los hogares cuentan con los elementos básicos de la vida moderna, incluyendo televisores, neveras y lavadoras. El problema es que la Constitución de Chile de 1980 se redactó durante la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, quien dio un sangriento golpe de Estado en 1973. Por eso, Boris y sus aliados dicen que la Constitución es ilegítima. La mejor manera de solucionar los problemas de la Constitución no es descartarla por completo, sino reformarla. Y eso es exactamente lo que sucedió. Desde el regreso a la democracia chile, en 1989, la Constitución ha sido enmendada 140 veces. La Asamblea Constituyente que produjo la nueva Constitución chilena ha creado un festín de privilegios para grupos específicos y justificados como supuestos derechos. Según la revista The Economist, la nueva Constitución es una lista fantasiosa y fiscalmente irresponsable de la izquierda. El documento pretende prohibir la precarización laboral, amplía las daivas del Estado y los derechos sociales, lo cual aumentaría el papel del Estado en la salud médica, la educación y la vivienda. El texto permite expropiaciones por decreto legislativo, sin compensación para los propietarios legítimos. Restringe la industria minera, elimina la libertad educativa y disuelve el Senado, allanando el camino para que el Poder Ejecutivo imponga su agenda sin oposición. Al contener alrededor de 54.000 palabras, la nueva Constitución es aproximadamente 7 veces más larga que la de los Estados Unidos, la cual es vigente desde 1788 y se centra en restringir el poder del Estado. En cambio, la nueva Constitución de Chile solo busca ampliar el poder estatal y lo hace con un texto más largo que el de la Constitución actual de Venezuela, la cual redactó Hugo Chávez durante el primer año de su régimen. Así sentó las bases para su revolución socialista, la tiranía y el consiguiente colapso económico. Venezuela ha tenido 26 constituciones en poco más de dos siglos. En general, la práctica latinoamericana de desechar constituciones y arractarlas de nuevo ayuda a explicar la inestabilidad política de la región. En teoría, una Constitución brinda estabilidad legal dentro de un marco predecible, como el sistema operativo de una computadora. Pero al manipular el código fundamental se crean fallas de seguridad que son fácilmente explotadas por los oportunistas políticos, quienes buscan amplificar su propio poder y derrocar el orden establecido. Incluso si los chilenos rechazan la nueva Constitución como han indicado las encuestas, Borich ha dicho que comenzaría el proceso de nuevo con la elección de otra Asamblea Constituyente. Esto podría traer años de caos constitucional, incertidumbre legal y estancamiento económico. Pero cuando está en juego el experimento del libre mercado más exitoso de América Latina, el resto del mundo puede aprender la elección de Chile. Cuidado con las fantasiosas promesas de la izquierda radical.