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Nos Vemos en La Haya - Cafecito #2

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Published on Apr 25, 2012

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Videos pasados:

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Un Cafecito con Diego: http://www.youtube.com/watch?v=H3SYdG...

Vean también:

Entrevista al Embajador Diego Arria a la salida de la CPI 2011.11.21: http://www.youtube.com/user/urruiru

"El Problema no es Aponte, sino la perversidad de sus jefes"

El Coronel y Magistrado es un delito de lesa humanidad ambulante.

Diego Arria afirmó que el caso del Eladio Aponte Aponte, pone en evidencia la pérdida de la institucionalidad en el país. "El problema no es este señor Aponte, aquí a lo que estamos enfrentados es a una pandilla de delincuentes que se ha apoderado de las instituciones del Estado como yo lo he venido denunciando. Él sólo es un aliado más del régimen, pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es quién controla estas instituciones? Nada más y nada menos que el Jefe de Estado".

Señaló que quienes en el 2004 designaron a Aponte como magistrado, hoy lo acusan de vender su alma al diablo, "algunos no quieren admitir que en realidad a quien vendió fue al diablo y sus afiliados. Estos cínicos también exigen pruebas, qué más prueba que el mismo Aponte quien ha develado que estamos en manos de pandilleros, criminales y narcotraficantes. Insisto, el problema no es Aponte, sino la perversidad de sus jefes".

El político independiente reiteró que los poderes públicos están secuestrados por el primer mandatario, Hugo Chávez, quien a su juicio, ha moldeado las instituciones del Estado para cometer delitos de lesa humanidad. "Como vengo diciendo, están secuestrados todos los poderes, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral, todos. Y qué ha hecho Aponte? Apenas medio correr la cortina. Es que acaso los venezolanos podemos pedirle a la presidenta del TSJ y a la Fiscal General de la República que investiguen a su colega? Ustedes de verdad creen que van a juzgar a quien él mismo sido públicamente denunciados que en complicidad con Chávez ha venido cometiendo delitos. Aponte es un delito de lesa humanidad ambulante".

Efectos internacionales
Diego Arria también se refirió a las consecuencias a nivel internacional que conlleva un sistema judicial viciado y corrupto como lo es el venezolano, "las vertientes de las responsabilidades del proceso judicial en nuestro país tiene otras aristas que van más allá de lo penal, abarca también en lo económico y cómo afecta a las empresas, individuos nacionales y extranjeros, lo que está ocurriendo con el sistema judicial y su perversión".

Estatuto de Roma

Arria indicó que en conjunto con los abogados Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, dirigirán un documento al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para ratificar que el caso de Aponte, "es un elemento más que reconfirma nuestra denuncia ante la CPI, de que el régimen practica como política de Estado, la persecución, atropellos y privación de la libertad contra los venezolanos, crímenes que son calificados de lesa humanidad. Es la máxima instancia penal: le pediremos a Moreno, que envíe a uno de sus colaboradores a los Estados Unidos para que investigue al Coronel Aponte. Formamos parte del CPI, no es un cuerpo foráneo y sus actuaciones no son injerencia".
Sostuvo que la denuncia contra el Poder Judicial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sólo descalifican lo que realmente está sucediendo en el país con las instituciones del Estado. "No estoy en desacuerdo con la denuncia contra el Poder Judicial, esto es mucho más grave, no es una "irregularidad más", es la develación de cómo unas pandillas han secuestrado el Poder Judicial Venezolana; vinculados a una de las peores causas de la humanidad, como el narcotráfico. Responsable por más del 70 por ciento de las muertes violentas en nuestro país, en especial de los más jóvenes. Esto no es una irregularidad, es una acción criminal monumental, no cabe calificarla diplomáticamente", agregó

Recordó que en 1998, Venezuela se suscribió al Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma, convirtiéndose en el primer país de América Latina y de la región andina en formar parte de este acuerdo que reúne esfuerzos por proscribir los crímenes contra la humanidad y hacer efectivo el castigo de sus autores, incluso si son Jefes de Estado.

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