 Hola, soy Catitza Rodríguez, soy directora de Derechos Internacionales de la Electronic Frontier Foundation. Soy peruana, vivo en San Francisco y tengo el inmenso placer de poder estar trabajando con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos digitales como hiperderecho, organizaciones de derechos humanos como APRODE o periodistas de investigación como Ojo Público, entre muchos otros bloggers y activistas para discutir y compartir conocimientos sobre los temas más relevantes que afectan los derechos digitales en nuestro país. El Decreto Legislativo 1182 es un decreto planteado dentro de una serie de facultades que le ha dado el Congreso al Estado para legilar sobre todo en temas de seguridad ciudad que tiene como enfoque una dualidad. En primer lugar, una parte referenciada a la geolocalización de dispositivos conectados a la red y una segunda parte referenciada a la retención de datos de aquellos que se han conectado a la red durante un plazo de tiempo. La geolocalización consiste en la potestad que tiene la policía de solicitar a empresas de telecomunicaciones sin autorización judicial los metadatos de ubicación y de tiempo de conexión a una de sus antenas de un usuario particular bajo sospecha de un delito feragrante. Erronamente, la ley Stoker considera que estos metadatos no integran en la esfera de datos personales protegidas por la Constitución. Sin embargo, la interpretación que la policía haga de estos metadatos los llevará a identificar costumbres y hábitos de los usuarios que integran la esfera de datos personales y que sí están protegidas por nuestra Constitución. Se pide a las empresas de telecomunicaciones que se retengan los datos de todo usuario conectado a la red durante un periodo de dos años. Esto además viola el principio de presunción de inocencia en la medida de que todo usuario en cualquier momento pudiera ser verificado por la policía en este sistema y no necesariamente significa que haya cometido un delito. Ahora, con el desarrollo de la era digital, la aparición del Internet también hemos descubierto formas de intervención sobre nuestros correos electrónicos, bases de datos. Tratamos, sí, en lo posible, de que nuestras comunicaciones al no ser ilegítimas ni ilegales, al margen de que puedan ser vulnerables, no tienen nada que ocultar verdaderamente. Pero, indudablemente, no por nosotros mismos, pero por a veces por las personas que dan testimonios, declaraciones, piden apoyo legal, defensa, tenemos que buscar protegerlas. Y ya, entonces, es una práctica que debemos buscar preservar la integridad física. La posibilidad es, sobre todo, en situaciones agudas, de violencia y conflicto, la vida de las personas, porque ese es el fin supremo de la defensa de los derechos humanos. Hay dos equipos de vigilancia electrónica que están en borde del Estado. Uno, que fue donado por la DEA para la Interceptación Telefónica y Radial, con la finalidad de seguir a los grupos dedicados al narcotráfico y que han derivado también a la vigilancia de los miembros de sendero luminoso, que, como se sabe, están relacionados con el narcotráfico. En este caso, ha habido episodios del presunto uso de este sistema de vigilancia o de administración telefónica durante el gobierno de Alain García en pleno proceso electoral y se le atribuyó a las personas responsables de este equipo que usaron constelación para interceptar comunicaciones telefónicas del candidato Ollantumala, que, en ese lugar, era temido para que llegara al poder. Y el segundo equipo lo compró precisamente el gobierno de Ollantumala que repotenció las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia y le restituyó las actividades de vigilancia. Dentro de ese plan, adquirió un equipo también de extracción telefónica y de intrucción de internet para hacer hacker. Este equipo obtenido de Israel, sin embargo, no se tiene todavía evidencia de que se encuentra en plena actividad, pero ha habido una serie de cuestionamientos por la modalidad de la adquisición. Pero en ambos casos, en ambos episodios que he mencionado, el propósito del Estado siempre ha sido tener carta libre para vigilar, interceptar y hacer interceptación y comunicaciones de personas potencialmente enemigas de los respectivos gobierno de turno. El gobierno de Fujimori le dio mucha importancia al control de los medios de comunicación y desarrolló una línea de trabajo orientada a controlar fundamentalmente la televisión. Empleó los métodos más diversos desde la intimidación directa, la intimidación indirecta, utilizando los medios de comunicación. El control de los medios de inteligencia nacional tenía el control de los medios y a través de esos medios realizaba campañas de descréito de los periodistas y de los opositores políticos. Ellos sabían lo que nosotros llamábamos el chuponeo, que es el espionaje. Entonces, hechos yo creo que les da una idea muy clara de lo que significó la política del gobierno de Fujimori en relación a los medios de comunicación. Nuestro país tiene una historia compleja con el uso de herramientas de vigilancia para fines distintos de la propia seguridad estatal, es decir, para fines políticos, para fines de persecución a opositores. En general, la vigilancia tiene ese problema que no solamente incide sobre la preciedad de las personas, sino también dado que las personas empiezan a vivir en un estado vigilado pueden reprimir cierto tipo de conductas, pueden reprimirse de tipo de pensamientos. En ese sentido, es algo así como un elemento erosionador de los valores democráticos. En nuestro país, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que el Decreto Relativo 1182 ha despertado muy poco interés local y mucho interés internacional. No sé si se porque se aprobó en 28 de julio, pero hay más titulares en inglés sobre esta norma en esos días siguientes que en español. Entonces, nosotros hemos identificado, ni perderecho como uno de los principales retos, el hacer que esta norma sea más conocida, para bien o para mal. Y una de las campañas que hemos empezado, que se llama el Decreto Relativo, contra el Decreto Relativo 1182, está precisamente enfocada a comunicar y poner en manos de un montón de ciudadanos y tomadores de decisiones información relevante y resumida sobre qué significa la norma, sobre cómo se está aplicando. Al mismo tiempo, también nosotros tenemos preguntas sobre cómo se está aplicando la norma. Y hemos empezado una serie de acciones enfocadas a conocer más sobre este hecho. Una de ellas es ir a una Corte de Derecho y pedirle que nos deje ver el protocolo de aplicación de la ley, que es un documento elaborado por el Ministerio Interior y clasificado como reservado. Otra de las cosas que estamos haciendo es que estamos viendo a las empresas operadoras de telecomunicaciones a preguntarles desde que salió esta ley qué información están recopilando de nosotros. Y para ello, estamos usando un derecho que tenemos como todo peruano, que es el derecho a la protección de datos personales en su moledad de consulta y acceso a los datos recogidos asociados a nuestro nombre. El objetivo de Mediano Placios con toda esta información, poder construir un caso convincente ante el Congreso o, en el peor de los casos, ante tribunas constitucionales para lograr que esta norma sea cambiada por los mecanismos legales que tenemos. Luego de reunirnos con los grupos de sociedad civil, podemos concluir, es necesario exigir al Estado peruano mayor transparencia sobre las solicitudes de datos personales que realizan a las empresas de telecomunicaciones. Apoyar iniciativas como las de hiper derecho que buscan combatir los aspectos negativos de la ley Stoker y fomentar un debate público sobre la importancia de la privacidad y los datos personales.