 Más de un tercio del empleo formal y un cuarto del producto interior bruto interno de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada del coronavirus. Según la CEPAL, que también estima que 2,7 millones de empresas podrían cerrar la mayoría de microempresas, lo que implicaría la pérdida de 8,5 millones de empleos. Asimismo, proyecta una caída del PBI de menos 9,1% en 2020, 44,1 millones de personas desempleadas y 230,9 millones de latinoamericanos en situación de pobreza. Más de la tercera parte de nuestra población. El sector privado genera cerca del 90% de los puestos de trabajo en nuestros países y, por tanto, es un socio fundamental de la lucha contra la pobreza. Además, el dinamismo y la inversión privada a lo largo de todo el sistema alimentario es imprescindible frente al desafío de alimentar a 9,000 millones de personas en 2050. Este reto no será alcanzable sin un sector agrícola altamente productivo impulsado por la innovación tecnológica y sostenible. Esto significa que, si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer todas las ramas productivas que garanticen la continuidad de las cadenas de suministro, nos enfrentamos a un cambio estructural muy regresivo. Somos parte de un sistema privado muy amplio que opera a nivel local o internacional en áreas rurales o urbanas, en el sector formal o informal y en contextos empresariales diversos, ubicados en países muy diferentes. Por tal motivo requerimos marcos de políticas diferenciadas según la realidad productiva y cultural de cada sector o región, pero consistentes y articuladas entre sí para que todos contribuyamos a las soluciones de los temas relevantes que afectan a la población. Somos los actores de primera línea de cuya facilitación o actuación dependen los cambios que hoy desafían al sistema alimentario en procura de los objetivos del desarrollo sostenible. Por tanto, y dado los impactos que la realidad actual nos impone, sugerimos una mirada innovadora a los procesos de construcción de política pública y a la manera en que estos interactúan con la realidad del sector privado por los que planteamos los siguientes desafíos. Contrullamos políticas más integrales para el desarrollo sostenible rural. La mayor integración de las cadenas de valor entre la producción primaria y los demás eslabones hasta el consumo final necesitan con urgencia de políticas que logren una mayor formalización del productor primario. Las oportunidades de potenciar la properidad en el campo se pueden aprovechar reduciendo las brechas educativas, tecnológicas, financieras y operativas que no permiten a este sector integrarse en mercados más amplios. En ausencia de foques sistémicos, las fortalezas de los sectores integrados en las cadenas globales de valor no se logran transferir a los eslabones más débiles del sistema alimentario por ello consideramos vital la articulación, la capacitación y la educación para provocar una sinergia que facilite la operación en estos sectores cuya realidad se encuentra ahora más comprometida. En este sentido los modelos de empresa cooperativa pueden jugar un papel muy importante para generar las facilidades que estos sectores necesitan para lo cual se requieren espacios públicos privados de diálogo y construcción conjunta institucionalizados y sostenibles en el tiempo. Como segundo desafío es clave la facilitación de la operación a pequeña escala como base en las economías locales. Un factor clave para facilitar la operación a pequeña escala es impulsar marcos de políticas con reglas claras de aplicación con indicadores de desempeños objetivos y cuyos ejecutores cuenten con las calificaciones técnicas adecuadas. En presencia de estos determinantes podemos evitar efectos no buscados que hoy retan al pequeño operador como son los excesos regulatorios los apoyos que no llegan o las cargas ficales desmesuradas que no solamente generan la ineficacia de esas políticas sino que alientan retrocesos en competitividad, seguridad jurídica y crecimiento de la informalidad. En este sentido la facilitación, la búsqueda de la viabilidad y la eficacia son conceptos fundamentales de todo proceso de construcción de política para generar impactos positivos en la productividad del sector que sostiene la mayor parte de las economías locales. El tercer desafío es la transparencia y pertinencia en la construcción de marcos regulatorios y innovadores. El sector privado no es adverso a la regulación. Esta es fundamental para la seguridad de todos los actores. Como sector privado siempre estamos dispuestos al diálogo especialmente cuando busca incidir positivamente sobre aspectos claves del bienestar humano como la alimentación saludable o la sostenibilidad entre otros. No obstante para que podamos avanzar con propuestas eficaces debemos promover marcos regulatorios con observancia estricta de principios como base de evidencia científica rebusta que lo justifique, construcción transparente e inclusiva, apego a las buenas prácticas reglamentarias, coherencia con las disciplinas y compromisos de los países con acuerdos internacionales de comercio para evitar barreras innecesarias que obstaculicen las cadenas de suministro local e internacional que permitan la evaluación a través de parámetros objetivos, medibles y verificables y sobre todo que sean elaborados a través de la institucionalidad pertinente, calificada y representativa. Cuando organismos internacionales, gobiernos y reguladores se apartan de estos principios no solamente se alejan del objetivo perseguido sino que se lastra innecesariamente la actividad productiva dependiente del respeto al Estado de derecho. Por eso hacemos el llamado para que la FAO y los gobiernos a través de los mecanismos de diálogo que mantienen abiertos con el sector privado estén siempre dispuestos a revisar y replantear propuestas para una mejor regulación que consiga los mejores resultados. Los impactos recessivos de la COVID-19 y los restos del sistema en materia de alimentación, sostenibilidad y cambio climático entre otros nos impulsan a solicitar una nueva mirada más reflexiva hacia las necesidades del sector privado. En materia de regulaciones alimentarias debemos pasar de los modelos que castigan a los que incentivan, de los que encarecen vía impuestos a los que inyectan competitividad y productividad, de los que generan temor sobre los grupos de productos a los que educan en una alimentación más saludable. A pesar de la crisis, hasta el día de hoy hemos dado nuestro mejor esfuerzo para mantener los mercados abastecidos. Por tanto, más que nunca, requerimos de políticas con enfoques positivos. El cuarto desafío es favorecer el acceso a la digitalización, la tecnología y la inclusión financiera, tal y como se establece en la meta 2.3 de los de S2 para asegurar la sostenibilidad y el progreso a lo largo de todo el sistema alimentario es necesario mejorar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de los alimentos, especialmente de los pequeños productores. Por tal motivo debemos plantear la necesidad de profundizar sobre temas esenciales como el acceso a servicios financieros, a la digitalización y a la tecnología que hagan posible su desarrollo sostenible. Como quinto desafío debemos incentivar los modelos empresariales que invierten en sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Los modelos de economía circular y cooperativa representan esquemas que actualmente están arrojando resultados que pueden mover la uja en materia de sostenibilidad y cambio climático. Empresas de todo tipo están mejorando su desempeño, implementando medidas que permitan una mejor administración y gestión de los desechos que la producción y el consumo generan. Esta lógica a ganar-ganar puede ser un referente política aplicable a los diversos desafíos de hoy, buscar la rentabilidad para los actores que implementan este tipo de cambio es una estrategia ganadora. Debemos pensar y actuar diferente. Haciendo y proponiendo lo mismo no podremos garantizar la transformación del sistema alimentario. Estamos aquí para buscar soluciones a los problemas que nuestra sociedad traviesa. Esta nueva realidad nos obliga a mirar más allá y buscar enfoques alternativos con abordajes integrales. Por ejemplo, en materia de alimentación saludable debemos mirar los hábitos y los estilos de vida de la población de manera holística. En el campo debemos enfocarnos en la reducción de la informalidad y el acceso a la digitalización, la tecnología y a la financiación. Y en materia de resiliencia al cambio climático, las políticas que incentivan la innovación y los emprendimientos, todos ellos integrados por marco normativos equilibrados, consistentes y eficaces. Sobre todas las reflexiones planteadas, valoramos de manera extraordinaria los esquemas de diálogo y asociación público-privados, a partir de los cuales de manera conjunta se construyan los programas que se ajusten a las realidades, objetivos y necesidades de cada componente del sistema alimentario. Estamos convencidos que existen experiencias positivas de relacionamiento entre gobiernos, instituciones y asociaciones de productores que han logrado avances importantes en varios países. Todos debemos empezar a pensar diferente, alejarnos de enfoques que generen conflictividad y construir alianzas. Haciendo las cosas igual, obtendremos iguales resultados. Deseamos agradecer a la FAO la oportunidad que abre el sector privado para exponer sus inquietudes y aportes en este espacio tan relevante. Por tal motivo nos ponemos a disposición de la institución y de sus estados partes para crear de manera conjunta instancias de diálogo y soluciones colaborativas para lograr sistemas alimentarios más saludables, inclusivos y sostenibles.