 Yuya Wu, miembro del Bureau Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en su 16 Congreso celebrado en noviembre del 2022. El Bureau Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en el 16 Congreso, realizado en noviembre de 2022, se pronuncia sobre las más recientes acontecimientos políticos nacionales e internacionales, entre ellos los vinculados a los denominados Acuerdos de Barbados. El PSB ratifica su posición sobre el contenido de esos acuerdos, que expresan los intereses políticos, económicos y sociales de las diferentes fracciones de la burguesía que hoy se disputan el poder en nuestro país. Intereses que son antagonicos a los del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, y que se imponen a través de los poderes e instituciones del Estado venezolano. Los Acuerdos de Barbados son la continuidad de las negociaciones que en varios momentos, o sea, todo domingo, ciudad de México, Bogotá, París, han realizado las distintas fracciones de la burguesía en la que está el gobierno y las oposiciones de derecha. A través de la aprobación de leyes y decretos que favorecen al capital nacional y transnacional, como el Decreto sobre el Arco Minero, la denominada Ley Antibloqueo, el llamado Programa de Recuperación Económica, Crescimiento y Prosperidad, el Memorándum Circular 2792, la Ley de Zonas Económicas Especiales, el Instructivo Onápreo, entre otros, que convierten al territorio venezolano en un nuevo enclave para la explotación del capital. La política económica del gobierno, que afecta gravemente a los trabajadores, ha llevado al congelamiento de salarios y pensiones desde marzo del año 2022, la bonificación del 97% del ingreso de los trabajadores y trabajadoras, que no tiene incidencia en vacaciones, aguinaldos, jubilaciones y prestaciones sociales, sin que estos problemas sean de interés para las partes en dicho acuelo. Ha sido tal el nivel de sinismo y de fachatez de altos funcionarios del gobierno Pesú que han salido a justificar públicamente la desaparición del salario, asegurando que es un beneficio de los trabajadores y trabajadores. Tal es el caso del ministro del Trabajo, que afirma que un aumento salarial sería perjudicial para la familia trabajadora, porque históricamente los empresarios han incrementado los precios de los productos ante los aumentos salariales. Pero esto, lo que deja en evidencia, es el carácter de clase de quienes gobiernan, que no les permite desarrollar una política integrada en defensa del poder adquisitivo del pueblo trabajador. Los acuerdos de Barbados también han implicado la restauración de la tripartita, que hoy agrupa al gobierno a fe de cámaras y cúpulas sindicaleras propatronales, excluyendo a organizaciones y centrales sindicales autónomas y clasistas, como la CUTB, para impedir que haya una voz en favor de las verdaderas reivindicaciones de la clase trabajadora. También estos acuerdos han servido de paraguas a una política de criminalización y judicialización de las justas luchas de las y los trabajadores por reivindicaciones laborales, violación del derecho a la organización y libertad sindicales, no solo al impedimento del registro de las organizaciones ante el Ministerio del Trabajo, sino por el amedrentamiento, amenaza, persecución y hasta detención arbitraria e incluso desaparición forzada temporal de dirigentes sindicales y activistas del movimiento obrero. Hoy se cumplen 12 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Seccional Víctor Venegas, quien fue parte de las masivas movilizaciones del Magisterio que se registraron durante las dos primeras semanas del año para exigir indexación de salarios y pensiones a la canasta básica, así como la discusión de la contratación colectiva del gremio. También estamos a pocos días de cumplirse ocho meses de la detención por parte de Organismo de Seguridad del Estado de los dirigentes Leonardo Zocac y Daniel Romero, trabajadores de SIDOR, quienes protagonizaron multitudinarias protestas en demanda de la restitución de derechos convulcados por la patronal pública. Igualmente, desde el Partido Comunista de Venezuela, debemos señalar que con ese pacto se trata de reemplazar los principios fundamentales del Estado de Derecho consagrados en la Constitución y en nuestras leyes, por acuerdos que justifican la impunidad imperante para los actores de esas cúpulas, mientras que las corrientes populares y revolucionarias expresadas en sus distintas organizaciones, políticas y sociales, son criminalizadas para su posterior intervención, judicialización, amedrentamiento y o encarcelamiento de sus activistas. En el caso específico de las inhabilitaciones, el Gobierno Pesú las ha utilizado según el interés político que le convenga para neutralizar actores que representen una posible amenaza a su control abusivo del poder. Las posiciones conciliatorias del Gobierno Pesú, con sectores de la derecha proimperialista y el Gobierno de los Estados Unidos, ha conllevado a que factores políticos que hay infringidos lagrantemente la Constitución y las leyes, como es el caso de Juan Guaidó, María Corina Machado, entre otros, se mantengan actuando al margen de las leyes, sin que respondan por sus acciones para promover una intervención militar extranjera en Venezuela, el saqueo de activos de la nación, la usurpación de funciones, la apropiación indebida de recursos en el Estado venezolano, entre otros graves delitos. La situación que no se atendió oportunamente por parte de los organismos del Estado hoy se pretende resolver con el uso discrecional de la figura de las inhabilitaciones administrativas, cuando la responsabilidad de estos actores es mucho mayor ante el país. Una verdadera conducta ajustada a las leyes, debió inluiciar a estos señores y haber determinado las sanciones penales correspondientes. Este manto de impunidad también encubre funcionarios de la cúpula del Gobierno Pesú, que han ejercido altos cargos, como es el caso de la trama de corrupción de Pedevesa, donde deben ser investigados por su condición de presidentes de la estatal petrolera, los ciudadanos Azrul Al-Charles, Manuel Quevedo y Tareke Laisana, de quien no se conoce siquiera su paradero. Por otra parte, el buró político del Partido Comunista de Venezuela fija posición en torno a las recientes denuncias de intento de magnicidio y conspiraciones. Condenamos cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y a cualquier otro funcionario del Estado. Prente a estas denuncias demandamos que se realicen investigaciones transparentes, apegadas al debido proceso y con garantías del pleno ejercicio de los derechos humanos, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela demanda el respeto a los derechos políticos, sociales y económicos de la clase trabajadora y el pueblo venezolano. El cumplimiento de la Constitución y las leyes, la restitución del Estado de derecho que garantice el acceso a la justicia para todos los sectores del pueblo y especialmente para las y los trabajadores. El Partido Comunista de Venezuela seguirá acompañando las luchas obreras, campesinas y populares. Seguiremos trabajando por el regroupamiento de las fuerzas para que nuestro pueblo tenga una alternativa genuinamente democrática, popular y antiimperialista para ser frente a los dos polos de la catáfrofe nacional. En otro orden de ideas, el buró del Partido Comunista de Venezuela reitera su solidaridad con las luchas del pueblo palestino que ha resistido el brutal genocidio del estadosionista de Israel, que ha sido recientemente emplazado por la Corte Internacional de Justicia a solicitud del Gobierno de Sudáfrica a cumplir un conjunto de medidas cómodos. El CESI inmediato al fuego, reabrir corredores humanitarios para la entrega de ayuda a las víctimas, la liberación de rehenes de las partes involucradas, entre otras medidas, al que se insta a las partes. Durante los primeros 100 días de esta nueva escalada genocida contra el pueblo palestino que ya lleva más de 78 años desde 1948, desde esta nueva escalada hay estos datos oficiales. Más de 21.000 palestinos asesinados, de los cuales el 70% de ellos son mujeres y niños. Más de 57.000 heridos, más de 600 familias han sido completamente exterminadas, han quedado sin ningún tipo de descendencia. 85% de la población de Gaza ha sido desplazada a la fuerza y el 60% de las residencias de las casas de esos habitantes han sido completamente destruidas. Además, 311 trabajadores de la salud y 56 periodistas han sido asesinados. Esa es la situación que se vive hoy en lo que se conoce como la cárcel a cielo abierto más grande del planeta, frente a la mirada de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas que ha demostrado una vez más ser ineficiente ante estas agresiones del imperialismo y de su brazo elcionismo, como es el caso del pueblo palestino. ¡Que viva el pueblo palestino! También queremos desde el Partido Comunista de Venezuela felicitar a esa fanaticada de los tiburones de la Guayra, felicitar al equipo tiburones de la Guayra, que en buena lid se ha merecido el campeonato de Beigol venezolano del año 2023-2024. Ha sido una jornada de mucha pasión, ha sido una jornada de alegría para la fanaticada del Beigol y por supuesto hoy es una alegría para la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Hoy los tiburones de la Guayra representan a Venezuela en la próxima serie del Caribe desde el Partido Comunista de Venezuela. Queremos decirles éxito. Hoy estamos todos apoyando a ese equipo para que se convierta en el nuevo campeón del Caribe.