 Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches capas dependiendo de qué lugar del globo terraque se está en conectando con nosotros le damos la más cordial bienvenida a todos y todas a nuestro webinar sobre intercambios sobre modelos de jurisdicción agraria y de tierras en América Latina compartiendo avances y desafíos de organismos especializados en la resolución de conflicto sobre la tierra. Este es un webinar organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y le damos a todos la más cordial bienvenida. Como siempre digo el tiempo es el recurso más escaso y valioso que tenemos todos y hay mucha competencia por nuestro tiempo y nuestra atención así que agradecemos muchísimo a todos ustedes que se siguen conectando por estas próximas dos horas que nos van a dar de su tiempo para escuchar y como bien dice el nombre el evento compartir intercambiar experiencias sobre este importante tema y pues bueno para ir arrancando con la agenda del día de hoy y dedicar el mayor tiempo posible a nuestros panelistas a nuestros ponentes y también a sus preguntas y respuestas quisiera darle la palabra a la señora Maya Takagi ella es nuestra líder de programas aquí en la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe y también es la representante interim de la oficina de FAO Colombia para que nos dé unas palabras de bienvenida y de apertura de este evento. Maya muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros el día de hoy es un placer poder tenerte inaugurando nuestra sesión del día de hoy. Adelante el micrófono estuyo. Muchísimas gracias Amparo. Muy buenos días a todos y todas muy bienvenidos a este importante seminario este importante intercambio que son dos días que esperamos que sea de mucha utilidad a todos los que nos asisten en principal agradecer a este evento que busca enriquecer al diálogo e intercambio entre países de la región sobre un tema que se conserte en el corazón del desarrollo de América Latina y el Caribe la tenencia de la tierra. Sabemos que la tenencia de la tierra ha sido históricamente acá en la región causa de muchos conflictos sociales e desigualdades estructurales. La tenencia de la tierra como sabemos puede generar conflicto pero puede generar mucho desarrollo y por esto que queremos poner esto en el relieve. En términos de conflictos si la tenencia de la tierra ha sido el origen de estos conflictos con impacto de múltiples crisis que la agotizan como la crisis alimentaria, la crisis climática ambiental, conflictos armado, violencia de género, entre otras. Entonces está en el centro de todo esto conjunto de otros otras crisis que se alimentan. Por esto es importante resolver los conflictos agrarios, detenencia y uso de la tierra. Como parte de lo que llamamos acuerdo de paz en varios países en la región, como más recientemente es el caso de Colombia. Como saben la FAO ha entrostado la implementación de las directrices voluntarias sobre la gobernación responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria en los países desde su aprobación en 2012. Y hoy constituyen la única norma internacional referente en esta materia negociada tanto por gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado. Son exactamente estas directrices que motivan la realización de este evento que hoy nos convoca. Porque la idea es que por parte por intermedio de las directrices se usen recomendaciones a los gobiernos para estudiar la posibilidad de establecer, por ejemplo, tribunales o órdenes especializados dedicados únicamente a dirigirlas disputas sobre los derechos de tenencia. Y por eso llamamos acá en este evento países que ya cuentan con la jurisdicción agraria o de tierras para compartir sus experiencias, retos, avances y recomendaciones con otros países que están en proceso de crear su propio poro especial agrario o de tierras o de mejorar el que poseen actualmente. Invito a los participantes a aprovechar al máximo los conocimientos y reflexiones que el día de hoy y mañana nos ponen cada país para que compartamos sus lecciones. Contamos con expertos y operadores de justicia, de justicia, de artista, experiencia a quienes agradecemos enormemente por su apoyo a la fao y a la realización del evento, del evento. Muchas gracias. Les deseo excelente evento. Ahora gracias Amparo. Muchísimas gracias Maya, por tus palabras de bienvenida y apertura. Creo que son un excelente contexto que nos das para entender el por qué, el para qué y el para quién estamos realizando este intercambio y este compartir no de experiencias. Quisiera también darle la palabra al señor Marcelo Recende, representante de la FAO en Cuba. Para aquel también nos puede dar unas palabras de bienvenida, unas palabras de apertura del evento, porque comentarles que como bien decía Maya, esto nace como una necesidad sentida de países de la región que se acercaron a la FAO para pedirnos apoyo justamente para realizar este tipo de intercambios. Así que Cuba, Colombia, otros países también ha manifestado interés y es por eso que agradecemos mucho la presencia del señor Marcelo Recende y agradecemos su intervención y sus palabras de bienvenida para el evento. Señor Marcelo, el micrófono es suyo. Muchas gracias a todos y todas. Buen día. Yo quiero felicitar a todos por el evento intercambio sobre modelos de jurisdicción agrária y tierras en América Latina, compartiendo avances y desafíos de los organismos especializados en la resolución de conflicto sobre la tierra. Un saludo especial a Maya Takashi, líder del programa de la FAO, es realizar representante FAO Colombia, Amparo Serrato, oficial de tenencia de la terra de la FAO, doctora Mayra Cruz, nuestra directora jurídica del Ministério de la Agricultura de Cuba y también a todos los ponentes y participantes del país de América Latina y el Caribe. Es un placer hacer forma parte de este intercambio sobre modelos de jurisdicción agrária de la tierra en América Latina. Un tema de singular interés para Cuba que elabora actualmente un proyecto de ley de la tierra, incluyendo el cronograma legislativo para su aprobación por el Parlamento Cubano en octubre del presente año. Bueno, colegas, yo me gustaría saber que un tema que me encanta, que me gusta mucho el tema de la penencia de la tierra. El ordenamiento fundiario o la reforma agrária. Yo tuve el presidente Lula me nombró presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agrária de Brasil, de Obenía, del Instituto de Terras de Mi Provincia. Y bueno, yo no sé si me felicitaron cuando fui presidente o se me dieron la verdad que la dificultad que es el tema de la tenencia de la tierra en Brasil, pero quería compartir con ustedes algunos elementos que creo que también es un desafío para Cuba y en otro contexto y para nosotros en América Latina. Bueno, el primero, cuando yo mire el catástrofe de terras de Brasil, tenemos cinco millones, cinco millones de propiedades de inmuebles, cuatro millones y nuevecentas mil propiedades de Brasil tienen la mitad del territorio nacional y solamente cien mil tenientes de la tierra tienen la otra mitad de Brasil. Es la concentración de la tierra más gigantesca del universo, del planeta. Y Brasil después, cuando logré tener ese catástrofe de los cinco millones de cadastrados, cadastrados, éste es tenía una tierra declarada en la notaría del país que tiene tres veces más el tamaño de Brasil. Pero pregunta, mira, cómo puede tener un registro de terras donde los propietarios registraron a área tres veces superior el tamaño de Brasil? Bueno, este para tener una dimensión fácil del problema de la tierra en Brasil y en América Latina. Es increíble, es impresionante. No hay como yo personalmente creo que no estamos hablando solo de la tenencia de la tierra y tan poco de la reforma agrária como instrumento o mecanismo de distribución de la tierra, pero es importante un poco que habló Maia el ordenamiento del territorio y la perspectiva del desarrollo. No hay como pensar un territorio, no hay como pensar el desarrollo, sin pensar el ordenamiento fundiario del territorio. Y ordenamiento fundiario no es un concepto solo de apartar lo que es tierra privada, lo que es tierra pública, sino pensar los diversos usos y ocupaciones de ese espacio, de esa tierra y la perspectiva del desarrollo local. Este es fundamental, no hay como pensar el desarrollo, no hay como pensar sin enfrentar el tema del ordenamiento territorial de un país, de un territorio. Creo que este es un elemento clave y quería por fin destacar Cuba. Bueno, y voy a hacer una provocación y voy a me quedar con la provocación nada más, ¿no? Bueno, Cuba logró hacer un amplio proceso de reforma agrária, fue la primera medida de Fidel Castro. Fidel logró hacer los dos primeros pasos, fue la alfabetización de todo el pueblo cubano y la distribución de la tierra. Bueno, como todos los países en América Latina, Cuba también, y es por eso que estamos aquí hoy, venimos por varios instrumentos legales promoviendo el ordenamiento jurídico de uso y ocupación de estas tierras, la ciesa en toda América Latina y, por lo tanto, Cuba vino con una ley atrás de la otra y ahora hay que organizar un poquito todo estas leyes que se quedó como un un un grande paraguas donde ya nos perdemos en este labirinto de tantas normas de tantas leyes. Un primer desafío para Cuba es organizar este conjunto de normativas que están puestas que fueron cambianos a lo largo del tiempo y que ahora exigen una organización. Este es el primer elemento para Cuba. Lo segundo, el tener el catástro, el registro y un tercero paso, ojalá en Brasil iniciamos este proceso de tenermos las tierras referenciadas, ¿no? Creo que estos son tres grandes desafíos, pero lo que quería provocar es una contradicción del sistema capitalista o del modo de producción capitalista y uso de la tierra y concluo con esto. En Cuba, para el desarrollo del capitalismo, especial en nuestra América Latina y el Caribe, un de los puntos claves es la propiedad privada de la tierra. El modelo de desarrollo que tenemos, esto va en un banco, logra tener crédito y da como garantía del crédito la tierra, ¿no? Este modelo del modo de producción capitalista, sin lo cual no funciona este sistema, ¿no? Y Cuba, dentro de su contexto económico y político, no tiene este instrumento. Nosotros, la tierra, aunque se pueda vender, comercializar a lo interno, pero no se puede dar a la tierra en garantía. Y por lo tanto, este es un desafío que está puesto para los cubanos, ¿no? Cuba no tiene este sistema del modo de producción capitalista y no ve la tierra como una propiedad privada per sí, ¿no? La tierra es un instrumento para el desarrollo. Y ahí tiene varios instrumentos que Mayra va a presentar a ustedes. Y dentro de este contexto, el desafío de la tierra, por ejemplo, el país ahora está solicitando inversión extranjera en Cuba, ¿no? Para dinamizar más la agricultura. Los que quieren hacer inversiones en Cuba, la primera pregunta que hacen es, mira, si yo voy a hacer una inversión en Cuba, ¿cómo queda la propiedad de la tierra? Las inversiones que hizo después, ¿cómo queda? La tierra es, tengo garantía de las inversiones que estoy haciendo en esta tierra, o sea, quiero poner en contexto este gran desafío que está puesto especialmente para Cuba para los cubanos, pero tenemos los mejores especialistas, quería felicitar Mayra Cruz y todo su equipo que tiene un gran reto y un gran desafío. Colegas, muy oportuno este debate. Es el tema que más me gusta. Pena que soy representante y me afasté un poquito de esto, pero tengo otras tareas, pero es un tema que me apasiona y felicidades a todos por el evento. Gracias. Muchísimas gracias, señor Marcelo, representante de la FAO en Cuba. Yo creo que usted le da el tono también a lo que busca este evento intercambiar, compartir diferentes visiones, diferentes opciones de política, de normativa, de herramientas, de eso justamente se trata de que este sea un espacio donde podamos tener esa capacidad de intercambiar en ese sentido, porque hay muchas realidades, algunas parecidas entre los países de la región y otras muy particulares. Y en este tema de los modelos de jurisdicción agraria, pues en Latinoamérica los países han seguido diversos caminos por decir, decir su propia ruta para dotarse de estos mecanismos para resolver conflictos en el sector agrario de tierras que van desde organismos administrativos, del Poder Ejecutivo, desde organismos muy ad hoc, creados para temas de finalidad de la reforma agraria. En otros, pues está bajo lo que es la jurisdicción ordinaria civil, los jugados y tribunales civiles. Y en otros casos, algunos otros países pues han creado jurisdicciones muy especiales, que como empezaremos a ver a lo largo de estos dos días pues tienen sus particularidades y los invito justamente a eso, tener una mente abierta, reflexionar, aprender, a preguntar, verdad, vamos a tener un buen espacio para preguntas y respuestas de esas pocas ocasiones y que vamos a tener abogados, juristas, panelistas y que las consultas no causarán honorarios. Aprovechen eso, pueden preguntar y pues bueno, no quiero quitarle más tiempo a nuestros protagonistas, estrellas de hoy y vamos a empezar con, vamos al Caribe, vamos a ir a conocer la experiencia legal república dominicana y de su tribunal superior de tierras y de su jurisdicción original. Y para ello quisiera presentarles a los dos panelistas que nos van a compartir la experiencia de este país. Primero pues les presento al señor Jonathan Toridio Frías, él es el administrador general del registro inmobiliario de República Dominicana, él es un profesional con más de veinte años de experiencia en procesos de modernización y desarrollo institucional de las áreas de justicia, de registro inmobiliario, contratación electrónica, finanzas públicas, gobierno electrónico, temas sin duda de mucha vanguardia y necesidad. En la actualidad del ingeniero de sistemas industrial con master en sistema de información, inteinformación en integridad corporativa, transparencia, buen gobierno y liderazgo en el sector público. Bueno, él ha dirigido y colaborado en procesos de actualización de normas, planificación estratégica, modelo de gestión, evaluación, selección e implementación de soluciones tecnológicas complejas. Actualmente, como les decía, se desempeña como administrador general del registro inmobiliario, donde tiene a su cargo el coordinar y llevar a cabo la planificación estratégica y operativa del registro y sobre todo velar por ese trabajo coordinado entre los distintos órganos que los conforman. Va a ser muy interesante eso que nos van a compartir justamente esa estructura del registro agrario inmobiliario. Y bueno, y fue presidente de la reíntera americana de catástrof, registro de la propiedad de la que FAO pues agradecemos, también somos miembros de apoyo a la reíntera americana. Él fue el presidente en los períodos 2021 y 2022 y agradecerle a Jonathan porque siempre no como parte de la red, pero también como parte como administrador general del registro inmobiliario, siempre apoyado las iniciativas de FAO que buscan mejorar la gobernación, la tenencia en América Latina. Pues Jonathan empezará la presentación del caso República Dominicana, pero él estará compartiendo el espacio con el señor Anselmo Alejandro Bello Cerreras, el ex juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, el doctor en derecho, egresado de la Universidad autónoma de Santo Domingo, el ingresó al Poder Judicial como juez de paz en el año 2000. Mucha experiencia, docente, doprinario, articulista, con vasta experiencia en materia civil inmobiliaria y al momento de su designación en la Suprema Corte de Justicia en el 2019 se desempeñaba como juez presidente de la primera sala del tribunal superior de Tierra Departamento Central. Creo que ahí lo estamos escuchando. Bueno, él cuesta con maestrías y posgrados en metodología avanzada, una maestría en derecho administrativo, en gestión municipal. Y bueno, la verdad que su currículum es muy amplio, ha publicado libros en esta materia, no materia civil, procesal civil, tema de compraventa y en diversos artículos emperiódicos. Así que darles la bienvenida a ambos, Jonathan y al magistrado Anselmo Bello, realmente es un placer y un honor poder tenerlos en este evento y, bueno, tendrán media hora para compartir su experiencia. Vamos a dejar la metodología sexta que ellos terminan su presentación. Y al final, ustedes igualen el chat o en los logos que hice abajo Q&A, pueden ir escribiendo sus preguntas a medida que ellos vayan desarrollando sus ponencias. La colega Alejandra Vega, líder del equipo de Tennis de FAO Colombia, nos va a ayudar con la moderación de las preguntas y respuestas que ustedes vayan poniendo en el chat. Y en el caso de que alguno igual quiera levantar la manito y hacer su pregunta de manera oral, pues esperamos a que ellos terminen su presentación, levanten la manito y estaremos pendientes para darles la palabra y que puedan hacer su intervención. Así que, sin más preámbulo, estimado Jonathan y el magistrado Anselmo Bello, por favor, el micrófono de ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Alejandra, Marcelo, Mónica, Luli, Magistrado Bello. Para nosotros es un placer, como República Dominicana, compartir con ustedes nuestra experiencia. Le voy a hacer una breve intro para entiendan, la República Dominicana tiene un sistema extra basado en el sistema Torrens, maneja en volumen cerca de medio millón de transacciones al año. Estamos hablando de que el boom del desarrollo mobiliario, yendo con lo que decía Marcelo, ha sido desde el año 2000 en adelante todo el tema de urbanización. Para ponerlo en contexto, hace unos meses se aprobó la Ley de ordenamiento territorial, que era algo que comentaba. Y hay toda una revolución en el tema legislativo que van a ver y el magistrado Bello, que ha sido protagonista, porque fue presidente de salas del Tribunal Superior de Tierra, después de la Suprema, en la sala que conoce todos los temas inmobiliarios. Y básicamente nosotros estamos acompañando toda esta transformación. Qué ventaja tiene nuestro sistema inmobiliario que desde que se creó vincula él, la parcela, el objeto con el derecho y que tiene el órgano especializado para las decisiones jurisdicionales. Todos estos tres órganos abran el mismo idioma. Si un juez inmobiliario entiende lo que es una designación catastral que nuestro número de parcela tiene en su lenguaje, lo entiende el director del de mensuras catastrales, lo maneja el registrador y los problemas básicamente son conocidos entre todos los actores y sobre todo que están bajo una misma sombrilla en nuestro caso del poder judicial. El mundo, el sector inmobiliario ha sido clave en el desarrollo de nuestro país, sobre todo ahora con el auge del turismo, que hay todo un criterio de desarrollo y veremos esto y lo damos para las preguntas y respuestas. Qué impacta si no hay turismo sin tierra? Turismo es parte, no hay desarrollo económico sin la tenencia. Y podemos decir que esto ha sido también complementado con una iniciativa del poder ejecutivo muy importante. Es un plan nacional de titulación que ha comenzado a formalizar a los ocupantes que están en la terrenos del Estado. Y esto lleva ya más de 50, 60 mil beneficiarios que han pasado a ser tenedores formales de la tierra. Si esto ha contribuido a depurar el patrimonio inmobiliario del Estado y a también que esos sintones de asentamientos informales tengan acceso a la tenencia de la tierra. Entonces, dicho esto, los dejo con el magistrado Anselmo Bello, magistrado Bello, el escenario sur, bienvenido y comparto su presentación. Hola, hola, buenos días para todos. Cómo están? Para mí es un placer, un hondo placer poder compartir este escenario con ustedes. Cuando se estaba leyendo mi expediente, si se dan cuenta, hay mucho de derechos civiles. Pues eso es así. Yo inicio la materia civil y específicamente mi punto fuerte se desarrolló en el procedimiento civil. Pero yo también paso a trabajar en el Tribunal Superior de Tierra como presidente. Y hago este introito de por qué, en principio, el derecho civil y luego derecho inmobiliario y es que la gran mayoría de derechos en nuestras sociedades y más lo que se desprende del derecho francés es que el derecho inmobiliario es parte del derecho civil. No ocurre entre nosotros así en la República Dominicana. Hay una jurisdicción especializada apartada del derecho civil y es precisamente la jurisdicción inmobiliaria donde yo estuve en mis últimos años y hoy me desenhuevo precisamente en la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia en el área que corresponde al derecho inmobiliario. Entonces, nosotros tenemos que explicar el sistema dominicano de la de la propiedad inmobiliaria de la tenencia de tierra, todo estos conflictos. No quiero iniciar la historia del del sistema registral dominicano sin antes decirles a ustedes y es una voz que yo llevo bien alta que nuestro sistema registrar hoy día es lo mejor para mí y así está demostrado lo mejor que funciona en la República Dominicana. El Poder Judicial siente un gran orgullo de ese de ese sistema registral dominicano, porque en realidad ha ido creciendo en cuanto a eficiencia. Cada día que pasa y hoy tenemos un sistema inmobiliario muy sólido, muy sólido. Y eso nos ha agrañado grandes inversiones. Precisamente ustedes saben que la República Dominicana su mayor ingreso proviene del turismo y para que exista una buena industria turística debe existir también un gran sistema inmobiliario para que esos inversionistas internacionales puedan tener la fe y la confianza en invertir en la República Dominicana y eso se ha ido dando con el crecimiento del turismo en nuestro país. Bueno, voy a hacerle a ustedes un poco de historia con respecto a nuestro sistema registral desde sus inicios el sistema registral dominicano como bien se establece ahí está vinculado al Poder Judicial, eso es desde que inició ese sistema. Nosotros empezamos con la ley veintinueve catorce que es la ley de registro y conservaduría de hipoteca que establece el sistema ministerial francés. Eso es por allá por el mil ochocientos noventa. Debo decirle algo a ustedes que son de otros países y lo que son de mi país como yo natan pero más joven que yo y es bueno siempre recordarlo. Nosotros en la República Dominicana en el siglo veinte principios del siglo veinte específicamente se inicia en el año 1916 tuvimos una intervención en la llamada intervención norteamericana del dieciséis y que se prolongó hasta el mil novecientos veinticuatro así la llama a la historia dominicana intervención norteamericana del dieciséis al veinticuatro. Qué ocurrió en esa intervención norteamericana? Aquí eran terrenos comuneros. Entonces los norteamericanos imponen en el país una orden ejecutiva. No no todo fue malo. Esa orden ejecutiva es la quinientos once de mil novecientos veintenira. Miren que les digo que la intervención inicia en el dieciséis finaliza en el veinticuatro. Entonces en el veinte tenemos la orden ejecutiva quinientos once. Ahí se inicia el sistema a todos reinos en la República Dominicana. El Estado es propietario originario de toda la tierra y la propiedad se acredita mediante un saneamiento en el Tribunal de Tierra. El Tribunal de Tierra aprueba un saneamiento a esos ocupantes y ahí se inicia la propiedad inmobiliaria de manera particular como esa ordenanza quinientos once. Ya luego para el mil novecientos cuarenta y siete mil novecientos cuarenta y siete viene la famosa ley, le digo famosa, porque duró aquí años y años en la República Dominicana, la quince cuarenta y dos, la mil quinientos cuarenta y dos, la ley de Tierra. Y esa viene a recogen todos los principios de la orden ejecutiva quinientos once que habían dejado los norteamericanos que sale en el veinticuatro y le afirma esa ley, le afirma entonces el sistema toren que establece el sistema registral que funciona a base de un tribunal especializado. Ahí se crea, ahí se crea el Tribunal especializado ya el Tribunal de Tierra de la República Dominicana. Bien, ya esa ley, como les dije ahorita, la quince cuarenta y dos se prolongó por años. Hasta qué año? Hasta el dos mil cinco. Imagínese de mil novecientos cuarenta y siete hasta el dos mil cinco. Si usted me pregunta cuál fue la experiencia con esa ley quince cuarenta y dos, bueno, fue un gran paso de avance. Pero esto causó también muchos conflictos, muchos problemas. Orita la introducción oía detenidamente a uno de los expositores de los participantes hablar de de cómo se registran inmencidades de tierra, por ejemplo, que no existen o cómo se estrapolan esos registros. Bueno, eso pasó mucho aquí, que hubo mucho solapamiento, hubo registro uno sobre otro. El asunto de las cartas constancias, eso facilitó que personas se ubicaran donde entendía que le favorecía más. Bueno, con la ley ciento ocho y once o cinco viene ya a corregirse eso. Este, esta pieza legislativa de registro inmobiliario, como les llevo dicho, la ciento ocho, cero, cinco, en la pieza legislativa, suboje bajo la necesidad, precisamente de reformar un obsoleto y desordenado régimen de tierra. Ya, como les dije con la con la anterior ley quince cuarenta y dos. El propósito era precisamente adecuar las exigencias jurídicas al siglo 21. No podíamos seguir con ese desorden, era un desorden. Aquí yo tengo una anécdota muy buena y es que cuando yo empecé a ejercer, que me gradué de derecho, comencé a ganar ya, como dicen, en República Dominicana ciertos menús, ciertos chelitos y alguien me recomendó que comparara un pedazo de tierra, lo que aquí vamos un solar y lo compré en la afuera de la capital de Santo Domingo. Quiero que con trescientos metros, doscientos y cincuenta metros. Y poco tiempo después el que me que me animó a comprar el solar me dijo, vamos a ver el solar. Y cuando fuimos ahí había todo un barrio y ahí había crecido toda una población. Yo tengo un certificado de título en las manos que me acredita como propietario de esos doscientos y cincuenta, trescientos metros. Y entonces nos montamos en algo alto y me dice allá donde se ve ese techo rojo, ahí era que estaba el solar. Yo digo, ¿cómo que estaba? Sí, ya estaba invadido, ya estaba ocupado, que no se respetaba la propiedad inmobiliaria. Nadie va a ir a invertir a una sociedad donde no existan las garantías jurídicas para la propiedad inmobiliaria. Eso fue un desorden terrible. Bueno, ya con con la Ley ciento ocho cero cinco y todos los reglamentos que la complementan. Eso ha ido sediendo. Yo les comentaba a alguien en estos días, mira, en estos últimos tiempos las invasiones se han disminuido a su. Han sido llevadas a su mínima inspección. No es que no se hagan, pero ya es muy poca, porque ya no entienden, no encuentran caja de resonancia. Ya no hay vacija donde sostener ese tipo de actuaciones que atentan contra la propiedad privada, pues siguiendo ya con la implementación de la Ley ciento ocho cero cinco que se lleva, que es la ley de registro inmobiliario y se lleva de paro la ley de tierras que fue votada en mil novecientos cuarenta y siete. Y como les dije, era era adecuada ya a las exigencias jurídicas y económicas del siglo veintiuno y tenía como objetivo adicional de judicializar los aspectos administrativos e incorporar la técnica de folio real y controlar y reducir las cartas constancia. Cuando habla de judicializar los procesos administrativos, aquí todo se llevaba al tribunal, cosas sencillas, cosas simples. Todo tenía que conocerse de manera jurisdiccional. Llevar al tribunal y ahí eso duraba tiempo y tiempo y tiempo. Entonces ya hay cosas aquí que se hacen en serie administrativa. Y yo tengo una una experiencia con esa jurisdicción inmobiliaria. Ustedes saben que hay un derecho administrativo que es el que se encarga precisamente de la relación del Estado con los particulares y esa jurisdicción es específica. Sin embargo, sin embargo, nosotros en la jurisdicción inmobiliaria tenemos también un aspecto esencialmente administrativo que tras que viene con la ley ciento ocho cero cinco. Y por eso vamos a tener nosotros y ahorita se los voy a comentar. Cuando yo entra a evaluar la la la la competencia de los tribunales de tierra, tanto de jurisdicción original como del tribunal superior de tierra, tenemos que que allá se llevan resoluciones dictadas por los registradores de títulos. Se judicializan cuando un registrador de títulos a través de un de una de una resolución rechaza el asentamiento de determinada registro. Hay unos recursos administrativos tanto de reconsideración como ratio y que luego terminan ante el tribunal superior de tierra para hacer conocidos, es decir, que también esta ley nos trae ya aspectos administrativos que muchos especialistas en la materia administrativa. A veces me atacan aquí y me dicen, pero que eso hay que sacarlo de los tribunales de tierra para llevarlo yo no es que ha funcionado, ha funcionado. Pero además es algo que yo he defendido, porque cómo usted va a llevar por muy administrativo que sea el proceso. Usted lo va a llevar a donde jueces que no manejan la técnica a registrar. Déjese los esos jueces que son los que conocen de esa materia y además van a realizar la solución de esos actos administrativos. Eso se da ahora anteriormente todo se judicializaba. Ahora no, ahora tenemos fases administrativas que ayudan a que esos procesos sean más ligeros y sean más expeditos. Y eso obviamente se traduce en una mayor eficiencia. Bien, con la creación de de esta versión nuevo modelo de organización donde se especializan las funciones jurisdiccionales, las de mensura catastral, las registrales estableciendo órganos de igual jerarquía, pero independiente. Es decir, que ahora nosotros en la ley con la ley 1805, tenemos los tribunales, pero también tenemos una dirección de registro. Todo horizontal, pero tenemos también la dirección de mensura catastral y tenemos la administración, que es lo que obviamente Jonathan ejerce en esa jurisdicción inmobiliar. Entonces con esta ley, con esta ley y estos órganos que daron supeditado a la autoridad administrativa y jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia y tengo que hacer una corrección más en el material. No es verdad que la jurisdicción administrativa ya está a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Qué pasó si eso era cierto? Antes de dos mil diez, antes de dos mil diez, la Suprema Corte arropaba todo en el Poder Judicial para explicarles a ustedes en el Poder Judicial, la Suprema Corte manejaba tanto el aspecto jurisdiccional como el aspecto administrativo. La administración del Poder Judicial estaba a cargo de la Suprema Corte, pero también, obviamente, los jurisdiccionales. Bien, a partir de la reforma constitucional de dos mil diez, el constituyente divide esos poderes, le deja el aspecto jurisdiccional a la Suprema Corte de Justicia y transfiere, crea un órgano, crea un órgano que es el Consejo del Poder Judicial y le asigna ese Consejo del Poder Judicial y asigna todos los aspectos administrativos. Por tanto, hoy la Suprema Corte de Justicia nada más tiene las funciones jurisdiccionales y ahí lo dice en el segundo párrafo. Luego de la Constitución de dos mil días, la función administrativa pasó a ser ejercida por el Consejo del Poder Judicial, que es lo que acabo yo de decir. Vamos a ver, entonces, la situación actual y la Suprema Corte de Justicia, como les dije, en la actualidad, los aspectos inmobiliarios, la Suprema Corte de Justicia mantiene la siguiente facultad en lo que se refiere a los aspectos puramente inmobiliarios, porque tiene otras funciones ya en otras materias. Cortes de casación con una sala especializada que es la tercera sala y que trabaja los aspectos inmobiliarios. Ahí esa sala pertenece, lo hizo y que me encargo precisamente de trabajar esencialmente los aspectos inmobiliarios que llegan a la tercera sala. Y ustedes preguntarán cómo llegan esos aspectos inmobiliarios a la tercera sala. Llegan como recursos de casación contra sentencias dictadas por los tribunales superiores que ahorita vamos a ver ese desgrace. Así conoce la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Los recursos de casación que son incoados contra sentencias dictadas por los tribunales superiores a propósito de las litis sobre terrenos registrados que se suscitan en la jurisdicción inmobiliaria. Ya el último el último eslabón lo tiene la Suprema Corte de Justicia para decidir si la ley ha sido bien o mal aplicada por los tribunales del orden inferior. Entonces tiene azúcar con la Suprema Corte de Justicia, la designación de hueses y huesas, pero esa designación es por recomendación precisamente del Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, que es el otro órgano que funciona paralelo, como les dije ahorita, se encarga de la administración del Poder Judicial, recomiendo a los hueses que van a ser designados o ha sendido al pleno de la Suprema Corte de Justicia y que entiende la última palabra de quiénes asciende y quiénes son o quiénes son designados como hueses en la Suprema Corte de Justicia previo a esa recomendación que hace el Consejo del Poder Judicial. Dedicar los reglamentos y normas complementarios, reglas complementarias requeridas para la aplicación de la ley 108 y 1105. Cuando se dictó la ley 108 y 1105 en su contenido, esa ley establecía que la Suprema Corte de Justicia tenía que dictar reglamentos de aplicación de esa ley y para eso fueron dictados varios reglamentos para complementar y para que el procedimiento precisamente sea digerible en la jurisdicción. Uno de los puntos más luminosos que tiene la ley es que deja al procedimiento civil como el procedimiento supletorio para aquellos vacíos que se produzcan en la ley así ha funcionado precisamente. Dictar reglamento que sean necesarios para el desarrollo de los vacíos legales como acabo, como acabo yo de decirles a ustedes. Tengo el otro órgano, les abro ahorita que tengo dos órganos paralelos en el Poder Judicial que son los órganos supremos. Tengo la Suprema Corte de Justicia como órgano jurisdiccional y tengo al consejo del Poder Judicial como órgano que se encarga esencialmente de manejar los aspectos administrativos del Poder Judicial. Entonces aquí lo dice claramente en lo que estamos publicando. Estamos pasando en el aspecto inmobiliar, la administración financiera y presupuestaria se encargue el Consejo del Poder Judicial. Administración financiera y presupuestaria, control disciplinaria sobre los jueces. Yo ejerce el control disciplinaria sobre los jueces. Ayer precisamente terminamos nosotros tarde porque yo soy el debo decirle que el Consejo del Poder Judicial está integrado por una presentante por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Quién preside el Consejo del Poder Judicial? Un jueves de la Suprema Corte de Justicia elegido por sus pares. Un jueves de corte o sus equivalentes, un jueves de primera entancia y un jueves de paz que son escogidos por sus pares. Entonces, ayer precisamente terminé tarde aquí, terminé un poco cansado porque estábamos conociendo a propósito de que veo aquí el control disciplinario que está a cargo del Consejo del Poder Judicial. Yo que estoy ejerciendo las funciones de su plente en el Consejo del Poder Judicial estábamos conociendo precisamente juicios disciplinarios a jueces precisamente de la jurisdicción inmobiliaria, que son quejas de usuarios o queja de de instituciones de banco que tienen muchos intereses contra jueces y si el Consejo una vez valorado que es una inspectoría que es quien valora las pruebas que someten y se entiende que existen suficientes indicios para que se conden con mucho disciplinario entonces la poder al Consejo del Poder Judicial y en eso estábamos ayer conociendo precisamente acusaciones que se han realizado respecto a jueces de la jurisdicción inmobiliaria de construcción y otros y otros aspectos reñidos con la norma. Entonces, el nombramiento de funcionarios empleados del Poder Judicial, aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo. En esencia, ese Consejo del Poder Judicial tiene un aspecto, una función meramente administrativa, ajena, reitero a la jurisdicción, a la jurisdiccional que tiene el pleno de la de la suplema corte de justicia. Entonces, ¿qué tenemos del sistema registrar inmobiliario dominicano? Yo no quiero que se me olvide comentarle algo. La República Dominicana ahora mismo está inmersa en la creación de un ministerio, un ministerio muy particular. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de justicia. Nosotros no tenemos un ministerio de justicia. Nosotros tenemos el ministerio público que está dirigido por el procurador general, encabezado por el procurador general de la República. Hoy tenemos una digna mujer que dirige ese poder, vamos a llamarle así, la Procuraduría General de la República. Pero ¿qué pasa? La Procuraduría General de la República dirige el ministerio público. Entonces aquí se ha estado enalgolando mucho la política de que un ministerio público independiente y el Poder Ejecutivo entiende, pero ahora depende del Poder Ejecutivo. Y es muy cuesta arriba hablar de un ministerio público independiente cuando depende de otro poder como interese, que es el Poder Ejecutivo. Bien, en esos afanes se está proponiendo la creación de un ministerio de justicia. ¿Por qué se lo trae igual colación? Porque en una revisión que dimos de ese anteproyecto de ley están proponiendo pasar el registro al Poder Ejecutivo para que sea este bajo la sombrilla de ese ministerio de justicia. Y ustedes me preguntan y eso no sería más factible. Sí, la gran mayoría de países lo tiene así. El registro está es una dependencia de el Poder Ejecutivo. Pero qué resulta entre nosotros? Entre nosotros resulta que aquí los organismos internacionales han hecho una inversión muy amplia de muy grande en ese registro inmobiliario. Yo no tengo más deja mentir. Los avances del registro inmobiliario se han debido precisamente a todos los aportes y esas ayudas que hemos recibido para tener un registro sólido como el de hoy. Mi queja fue pero que el registro como dependencia del Poder Judicial ha funcionado. Entonces vamos a sacar un registro que está funcionando y que ha ido desentando la función registrada en la República Dominicana para ir a inventar con un ministerio de justicia con ese populismo que de que se arropan los estados y los funcionarios. No y hemos logrado así que se nos oiga y que el registro se mantenga, aunque suene grado, como una dependencia del Poder Judicial. Recuerden que el registro tiene unos aspectos o su aspecto esencial, es administrativo y choca mucho a mucha gente le choca que el registro inmobiliario de la República Dominicana sea una dependencia del Poder Judicial, pero es así. La ley 108 lo recoge y se ha sido bien afianzado con los reglamentos que se han dictado. Entonces nosotros tenemos una extensión, dígame. Cinco minutitos para finalizar. Muchas gracias. Nosotros tenemos una extensión por ejemplo de 48 mil cuatrocientos cuarenta y dos kilómetros cuadrados. Y y en eso ahí tenemos los inmuebles registrados, la cantidad en el sistema parcelario y que hasta trans un millón los colaboradores a nivel nacional mil cuatrocientos sesenta y ocho. Los trámites atendidos por año cuatrocientos ochenta mil. Entonces tenemos que eso quiero hacer énfasis cuatro tribunales superiores. Los tribunales superiores conocen de las apelaciones que van de otro tribunal, que es un tribunal equivalente al tribunal de primera instancia, que es el tribunal de jurisdicción original. Ese es el primer tribunal. El equivalente primera instancia entre nosotros se llama tribunal de jurisdicción original. Cuando el dictazo, ese tribunal dicta su sentencia, es apelar al tribunal superior de tierra que es el que conoce en segundo el segundo grado. Tenemos veinticuatro, esa jurisdicción original, veinticuatro registros de título, cuatro direcciones de mensura catastral en todo el país. Ahí están las estadísticas, ustedes las pueden ver. Entonces tenemos ahí que que hay una adecuación de las normativas. Precisamente acabamos de dictar, de actualizar los reglamentos. Tenemos un reglamento general de los tribunales de jurisdicción original, que complementa la ciento ocho. Tenemos un reglamento general de registro de títulos, un reglamento general de mensura catastral y un reglamento para la regularización parcelaria y de deslindo. Es decir, que nosotros tenemos todos los flancos cubiertos con la legislación y con precisamente los reglamentos que viene a complementar esa legislación. Para mí ha sido todo un placer. Si me dejan, puedo pasarme la tarde entera hablando con ustedes de aquí, pero yo sé que los espacios son limitados y agradezco mucho que me hayan soportado toda esta perorata, pero la entendía necesaria. Me siento muy amagado de compartir este espacio con ustedes. Gracias. Magistrado Anselmo tiene tres minutos por si quiere terminar su el estudio de caso que tenía en su en su. Tengo el último caso. Ay, qué bueno que se civilizó con mi tristeza de poder acceder a acabar. No quería, pero queremos aprovecharlo. Gracias. Miré. Yo nací y siempre lo comento. Lo comenté en México, Yonah también, Yonah, y lo voy a comentar por aquí, porque que son mis orígenes. Yo nací a 30 kilómetros de Haití en la frontera por ahí. Y me desarrollé allá y conocí mi zona. Ese caso que tenemos ahí, Bahía de la Sáhila, es Bahía de la Sáhila es un territorio que se encuentra en la Provincia de Pedernales, que quede en la frontera. Y mi familia fundó esa población. Se mudaron allí y ahí la crearon. Entonces qué pasó en Bahía de la Sáhila? En el año 1992, un director de nosotros tenemos un instituto que llame Instituto Agrario Dominicano, que se encarga de la reforma agraria en la República Dominicana. Así se llama Instituto Agrario Dominicano y AD, que su función es la reforma agraria. Pues ahí lo que hay son terrenos, ahí lo que hay es playa, Bahía de la Sáhila es la playa más hermosa que tiene la República Dominicana y cuidado. Sino más allá. Es una playa hermosa, una playa virgen que nadie le había tocado. Pues un director del IA del Instituto Agrario Dominicano se inventó a hacer un régimen parcelario allí, a aplicar la reforma agraria y repartió. Comenzó a repartir grandes extensiones de tierra. Oiga que es reforma agraria, grandes extensiones de tierra a personas con ciertos nombres y personas adinera en la República Dominicana. Cuando eso explotó y pero venga como una reforma agraria y supone que la reforma agraria es para agricultores y para personas de los casos recursos que van a explotar la tierra en la agricultura. Pero ahí no se da ni ni ni eso es arena, ahí no se da nada. Pues entonces ahí se ya para lo ya se habían expedido los títulos, lo hace que estando en la escalca constancia. De fue sometido al Tribunal de Tierra de Judición Original, un alitio sobre derechos registrados que terminó la Suprema Corte de Justicia anulando esos títulos, pero que dio mucho trabajo. Eso duró más de veinte años en los tribunales y al gobierno dominicano no podía explotar esos terrenos porque supuestamente eran ya terrenos privados y entonces los inversionistas esperando eso terminó la Suprema Corte de Justicia con una sentencia que rechazó el recurso de casación que habían inaugurado los supuestos propietarios de la reforma agraria que no eran más que ricos en la República Dominicana que se habían beneficiado de eso y en la Tierra las playas volvieron a ser propiedad del Estado Dominicano hoy día se están desarrollando un proyecto turístico más ambicioso que tiene la República Dominicana en esas tierras que supuestamente fueron destinadas a la reforma agraria que no fue más que un robo, un robo al Estado Dominicano y que por suerte los tribunales de Tierra y la Suprema Corte de Justicia resolvió devolviéndole esos terrenos al pueblo. Ahora, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Magistrado Bello, realmente. Sí, por favor, Jonathan. Mira, quisiera agregar unos daticos que el magistrado ahí pecó de humilde. Un punto importante es que todo esta reforma se han parado en un tema de digitalidad. Al día de hoy el Magistrado Bello tiene posiblemente dos años que no firma una sentencia con un lapicero porque el poder judicial desde la pandemia y el año pasado como una nueva ley que evacuó el Congreso de medios digitales contempló la digitalidad en todos los procesos jurisdiccionales. Si eso es parte de la reforma del sector justicia, también la Suprema Corte de Justicia está estrenando una nueva ley de casación que facilita el proceso de casación y que también incorpora la digitalidad de hecho. Y esos reglamentos que decir, Magistrado Bello, que promovíamos actualizado, se publicaron el año pasado también contemplan todo el tema del libro digital. Entonces todo el sector inmobiliario tiene prevé en su marco legal libros digitales, planos digitales y sentencias, decisiones evacuadas por los tribunales que son digitales por naturaleza. Se parte de los retos que va a estar abordando el sector. Primero es poder responder a ese boom inmobiliario. Tanto los órdenes administrativos como jurisdiccionales tienen que estar en capacidad de mantenerse respondiendo al sector, responder a la velocidad que el mercado inmobiliario exige. Como decir, Magistrado Bello, proceso antes duraba cinco años. Ahora hay procesos que duran, duraban 30 días y un año, ahora duran 10, pero el sector lo necesita que duren uno, que duren dos días, que duren horas. Y todo ese reto de la implementación de la digitalidad. Si eso es un reto, estamos envuelto en ese proceso de implementación de la nueva ley de casación, de la nueva ley de medios digitales que va a contemplar todo el tema de incendios digitales, firme electrónica y es un proceso, un reto muy interesante que va a estar viviendo la República Dominicana. Quería no dejar de cerrar estas ideas. Y bueno, gracias, Magistrado Bello, por por su experiencia y Amparo. Gracias a ustedes por la oportunidad, esperamos que haya sido de provecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sin duda que fue de mucho provecho. Le pasaré el micrófono a mi a mi colega, Alejandra Vega, porque veo que hay preguntas en el chat para ustedes, para que podamos trasladarle y de nuevo. Muchísimas gracias, Magistrado y Jonathan. Bueno, muchas gracias por la exposición. Definitivamente es un caso muy particular, digamos, visto en la panorámica de los otros países del hemisferio. Hay cinco preguntas en el chat, pero yo las resumiría en tres aspectos. Digamos que creo que tocan las cinco preguntas. La primera y segunda y tercera pregunta tiene que ver con qué pasó con los pueblos originarios y cómo es la propiedad comunal o colectivas y todavía existe en República Dominicana, pues que no la podemos, digamos, inferir de la presentación, pero cómo juegan los derechos colectivos con estos derechos inmobiliarios. Esa es el primer bloque. El segundo bloque está relacionado con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Si se tienen establecidos dentro, digamos, los los diferentes mecanismos para resolver conflictos en República Dominicana, si estos tienen, digamos, un lugar especial o si estos son hacen parte mejor de las de la práctica de las cortes, como como se dan estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y la tercera, el tercer bloque tiene que ver con la distribución de tierras para hombres y mujeres. Si ustedes tienen algunas cifras desagregadas o si hay algunos mecanismos especiales que permitan el acceso de las mujeres a la tierra. Por ahora, digamos, dejaría estos estos tres bloques con respecto a las preguntas que fueron llegando en el chat. Maistrado Bellos, usted quiere responder la pregunta de la Tierra. Con respecto a los pueblos originarios de la tierra, yo les comentaba, les dije ahorita que antes de llegar a los los norteamericanos de Estados Unidos, la ocupación norteamericana del 16 al 24, eran tervernos comuneros. Comentaba también yo que cuando exponía el caso de Bahía de las Águilas, que mi familia creó ese coblado de Pedernales por allá y fue precisamente porque se iban por las montañas. En realidad, nosotros somos de otro pueblo que divide a Pedernales con unas lomas, unas montañas y se iban por las montañas a llevar ganado a una sabana, a un llano que había en esa zona y ahí estaban las redes de todo el mundo en terrenos comuneros. La propiedad privada como tal registrada no existía en ese momento, sino que se respetaba la ocupación, se respetaba la ocupación y ya con esa ocupación y con la ordenanza 511 que comienzan ya entonces a ejercer el saneamiento de esos terrenos que ocupaban y que se respetaban por un asunto de hecho, un asunto de la práctica. Pero en su gran mayoría todavía el Código Civil Dominicano, alguien vino a dar una clase, una maestría, un español y yo participé con él y él me decía, pero que el Código Civil de ustedes todavía habla de los terrenos comuneros y yo le decía, eso está en la letra y no se ha derogado. Eso es cierto, pero eso es letra muerta. Ya nosotros no tenemos terrenos comuneros. Aquí la propiedad está registrada y cuando no no es de un particular, verdad, Jonathan, es del estado dominicano, es del estado dominicano. Es decir, anterior al registro anterior a la 511, la ordenanza, eran terrenos comuneros y que se respetaban las ocupaciones. Ese es, esa es la realidad, esa es la realidad. Tocó otro punto en la pregunta que nos hace con respecto a la distribución de la tierra a las mujeres. Aquí nosotros tenemos una ley de reforma agraria y no se distingue ni entre mujeres ni en hombres, bueno, veces hay asociaciones de mujeres parceleras. Por ejemplo, aquí hay una zona que queda muy cerca de la capital que se llama Monte Plata, llamasá y esos sitios donde muchas mujeres trabajan la tierra. Muchas mujeres y en asociaciones en muchos terrenos de solo estado son asignadas a esas asociaciones de mujeres, pero eso no es muy común en la sociedad americana, tengo que serle muy sincero. Esos se da de manera agilada en alguna zona donde hay mujeres que trabajan la tierra. La República Dominicana no es muy común ver mujeres trabajando la tierra. Ahora, nosotros tuvimos desde el régimen del dictador Trujillo, una industria azucarera que tenía una gran extensión de terreno en la República Dominicana, se llama Bersea, consejo estatal de la azúcar. Eso en los tiempos modernos ha ido desapareciendo, esas grandes extensiones de siembra de caña han ido desapareciendo y el gobierno ha ido titulando esas tierras a personas que le han estado ocupando. Eso sí se ha dado y en muchas asociaciones de mujeres, de hombres, de agricultores, se le han cedido parte de esa de esa de esas tierras que pertenecen al Estado y que se usaban en otros tiempos para el cultivo de la caña de azúcar, que era la principal fuente económica de la República Dominicana. Eso es lo que tengo que decirle en cuanto al reparto de tierra. Si se hacía mujer, bueno, eso es indistinto. Se hacen a mujeres y a hombres y el Estado vive cada semana otorgando títulos precisamente de esas tierras que correspondían al Instituto de la Azúcar aquí al sea, al Consejo Estatal de la Azúcar. Otra de sus preguntas, cuál es la parte de esta de la tierra? En el propietario de la Viedra de la Salle. Perdón, la utilización de los mecanismos alternativos de soluciones. Ah, sí, sí sabía, importantísimo. Porque importante, yo acabo de trabajar conjuntamente con otro magistrado, un reglamento que trata sobre precisamente la, la, la, la, la, esos métodos alternativos de conflicto. Nosotros somos muy apático a eso. En la República Dominicana eso no ha sido fácil imponerlo. Los tribunales aquí se judicializa todo. La gente va a los tribunales literar a pelear. La gente no tiene cultura de ese tipo de métodos. Entonces, pero por qué? Por qué? Porque aquí se han hecho en las leyes son muy pocos. Por ejemplo, en materia laboral está. Pero si usted me pregunta y qué es lo que se hace en materia laboral? En materia laboral sientan a un señor que pertenece al Ministerio de Trabajo y cuando las partes van les pregunta muy lacónicamente. Ustedes quieren irse a un método alternativo de conflicto, solucionar esto por la vía de esos métodos o quieren seguir. Pero él no insiste. No, no, no, no, y se cierra esa fase. Entonces nosotros hemos trabajado y ya está circulando, está para para conocimiento de los diferentes sectores de la República Dominicana. Un reglamento que recoge ese tipo de de alternativas. Y que yo creo que sí que va a dar mucho, mucha, muy, va a venir a beneficiar al sistema, porque va a escongestionar el sistema judicial, porque aquí cualquier cosa va a los tribunales, cosas que usted dice y qué hace esto aquí. Si esto se puede resolver entre las partes fuera con un justo componedor o de otra manera que no sea judicializando. En materia de tierra, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Sí, y lo estamos incluyendo, incluimos todas las materias. Hay en materia de tierra hay que tener mucho cuidado porque hay el Estado es el garante de todos esos registros y el garante de defender ese derecho de propiedad y van a ver muchas cosas donde las partes no van a poder disponer ya un terreno, por ejemplo, un terreno que está registrado y que y que tiene su certificado de título y un invasor allí. Eso es un gran conflicto, es un gran conflicto. Pero sí lo estamos incluyendo. Lo que quiero decirle en resumen es que estamos centrado ahora mismo en que eso camine, porque eso nos va a ayudar a descongestionar los tribunales con cosas que no merecen estar allí, de que un órgano del Estado como es un tribunal, un órgano judicial esté conociendo cosas que se pueden solucionar de manera alterna. Y es que yo entiendo que con esa resolución, que con ese reglamento estamos vitando ahora y que ya fue concluido y que se está socializando, va a entrar con fuerza ese ese aspecto de la solución de los conflictos para sacarlos de precisamente de los órganos judiciales. La respuesta es sí. Hemos contemplado eso. Yo tengo una pregunta relacionada con el primer bloque, pero es para entender un poco mejor porque mi realidad es diferente. Para nosotros, en nuestro contexto en Colombia, los derechos técnicos son muy importantes y hay unas tierras destinadas para estos grupos técnicos, sean indígenas o comunidades negras, afro-colombianas, rajizales o palenqueras. Entonces, en esta en esta conformación que ustedes nos presentan el día de hoy, no me queda a mí muy clara cómo entra o si entran este tipo de territorios dentro de esta especialidad o no. No, nosotros no tenemos competencia. Nosotros no tenemos esas individualidades. Nosotros no la tenemos. Aquí hay un registro general y sean negros, sean blancos, sean mujeres, sean buenos mozos, sean menos buenos mozos. Todos tienen derecho a la adquisición de inmuebles y a su registro. Nosotros no tenemos... La República Dominicana no está sectorizada. Ahora, si nosotros tenemos terrenos con vocación, por ejemplo, turística, ya que hay unos terrenos con vocación turística y sobre esos terrenos, el Estado dominicano ha ido haciendo concesiones a inversionistas extranjeros que vienen aquí precisamente, compran porque por lo general son terrenos privados, pero con vocaciones turísticas y hacen sus proyectos allí. Pero yo lo vi en México que alguien exponía precisamente de que ustedes tenían ese tipo de parcelas o de sectores destinados a determinados grupos. Nosotros, República Dominicana, sin embargo, no tenemos esa clasificación. Aquí hay un registro general y sobre ese registro general se trabaja. Y el que la quiere, la quiere por cualquiera de las formas de transferencia de la propiedad que establece la ley. Nada más, pero no estamos sectorizados. Esa es la otra pregunta derivada, no necesariamente de la de la que me estaba contestando, pero sí cuando usted dice hay unos terrenos con vocación turística y hay una asignación de esos terrenos con vocación turística. Cómo, cómo son los terrenos, por ejemplo, con vocación productiva agraria? Quién los maneja dentro de esta estructura? Si nosotros tenemos ahorita, les dije, por supuesto, del caso, más allá de la salida, nosotros tenemos una entidad que se llama IADI, Instituto Agrario Dominicano. Y ese Instituto Agrario Dominicano es el que se encarga de identificar los terrenos que recuerden originalmente los terrenos de la República Dominicana pertenecen al Estado Dominicano. Entonces, el Estado Dominicano es quien más tierra tiene en el país, obviamente. Quién más tierra tiene? Precisamente, muchos de esos terrenos pertenecían a la industria azucarera. Nosotros durante el siglo XX, a lo largo del siglo XX, nos sosteníamos económicamente por la industria azucarera. Aquí se producía la caña de azúcar y todo ese azúcar era lo que generaba las edificios en la República Dominicana. Entonces, muchos de esos terrenos que son de vocación agrícola, han sido destinadas a la reforma agraria dominicana y, según el lugar donde estén ubicados este terreno, el IADI o Instituto Agrario Dominicano separa parcelas y esas parcelas son destinadas a agricultores esencialmente sin tierras para que las cultiven, para que las cultiven así funciona el régimen agrario en la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, y en ánimo del tiempo, creo que hay una persona que levantó la mano, tal vez podemos darle la palabra rapidito. Sólo quería hacer una acotación a lo que hablaba el magistrado Anselmovelló. Como ustedes recuerdan, un poco histórico, los países caribeños, como fueron de los primeros territorios donde llegaron los conquistadores europeos, muchas de estas islas, no solo República Dominicana, subieron un genocidio, casi prácticamente exterminio total de los pueblos nativos. Es una realidad muy diferente, por ejemplo, ya a muchos territorios en Mesoamérica, en Suramérica, en medio de donde todavía hubo un exterminio. En todo el continente americano. Pero no fue tan de ese nivel tan masivo que hubo en el caso de las islas del Caribe. Por eso esa realidad distinta, no justo de eso se trata de intercambio. Y en la República Dominicana, excuse me, en la República Dominicana nosotros pagamos la isla, la isla, la ispañola, la colonia de Santo Domingo pagó el precio de ser la primera. El experimento lo pagamos nosotros. Aquí no quedó ni vestigios de nativos. Y algo que quiero ocultar para también complementar la primera pregunta que me hizo la dama Vega respecto a la propiedad. En esos tiempos, la tierra se otorgaba por células real. Venían de la misma corona española y daban grandes extensiones, todavía aquí andan personas de esas generaciones. Como dicen aquí, en bromando con posesiones y con propiedades. Aquí hay una familia que nosotros tenemos casos y casos y casos y que datan de esos tiempos donde la corona española por una cédula real le entregaba que siguió cuantas extensiones de tierra y eso venía con su grupo y abogigio. Para que le traba la trabajada. El cabello. Una aclaración para es que, aunque le ha estado a ser propietario originario para explotar e entrar al sistema registral hace un sanamiento. Sí, un saneamiento. Sí, el por ejemplo, en el proceso de para ponerlo en contexto, hace como un año se le entregó al el Palacio Nacional, la cédula de la Casa de Gobierno. No tenía, no tenía, había terminado de formalizar su propiedad, porque la tenían varios los cosas. El Palacio de Gobierno. El Palacio Nacional no tenía. Y una parte del terreno, una parte fueron deslindes y otra parte fue un saneamiento de algo histórico que aunque era del Estado no le había no bien entrado. Entonces todo ese terreno que puede estar en ocupación del sistema ministerial para explotarse, como decía el magistrado, en el sistema total. Un banco no te presta si no están parados un certificado de título que ya entró al sistema Torres y que fue depurado. Entonces eso te da la tranquilidad y por eso el plan de titulación lo que les decía el gobierno lo que ha hecho con esta ocupación de reforma agraria. No le habían emitido los títulos definitivos. Los meten en el plan el Estado vendió a particulares a través del SEA o hay ocupación de informar de se formalizar. Mete por esa unidad las procesas, trabajamos de la mano y se le dan título. Esas personas entran al mercado formal ya con un título amparado con la garantía de la ley 1008 y 007. Gracias, gracias por eso importante este intercambio. Le damos una última la intervención a la persona que levantó la mano rapidito. Una, unos 30 segundos para pasar de nuevo, porque tenemos todavía la experiencia de Panamá y ahí también viene una ricura también con Gónica, así que para que nos dé tiempo. Vamos a ver la persona, luego vamos a poder. Por favor, si se presenta a Julie, puedes tu habilidad a la persona para que pueda. Si ya puede hablar. Si puede desemutar su. Ya puedes hablar, Vanessa. Sólo quita el micrófono desactivo. Aprende el micrófono Vanessa. Bueno, tenía una mano levantada ahí, pero le estamos dando la palabra, pero no. Lo dejamos entonces. Igual puedes hacer tu pregunta después de que terminemos la ponencia de Panamá. Y pues, bueno, seguimos. Está sin duda muy muy enriquecedora este intercambio. Gracias. Como dicen en la República Dominicana, se han calentado la pista. No, definitivamente ustedes hacen que los temas de tierras inmobiliarios y demás que uno consideraría aburrido muy, muy, la verdad. Muy, muy fácil y exigerible de entender, y sobre todo desde esa, desde esa experiencia práctica real, que es lo que necesitamos, no conocer los países. Quisiera ahora darle el paso a nuestra colega, Mónica Eugenia Rios Urriola. Mónica es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá y es mediadora, idónea, especializada en conflicto de tierra, posee un pogrado en derecho agrario y ambiental de la Universidad de Costa Rica y una maestría en derecho civil y en derecho procesado. Elaboró en la Corte Suprema Justicia como asistente de magistrado en el departamento de procesos de la Procuridad de la Administración, fue especialista legal del Programa Nacional de Administración de Tierra con fondos del BIP, donde se logró la creación de juzgados civiles especializados en conflicto de tierra en cuatro provincias del país. También fue coordinadora de contratos en el Ministerio de Educación y Sugerentes Ejecutivas Jurídicas en el Banco de Desarrollo Agropecuario, donde también adquirió amplia experiencia en redacción, revisión de contratos privados y públicos, licitaciones, procesos de cobrocoactivo contencioso, entre otros. Bueno, y también para mencionar lo que Tomán de en cuenta su formación en derecho agrario fue contratada como consultora líder encargada de la redacción del libro primero y decir de la parte sustantiva del nuevo Código Agrario de Panamá, que fue aprobado y se convirtió en la ley 55 en el año 2002. Y es coautora del libro Código Agrario Comentado, que es un referente nacional en la interpretación de dichos instrumentos jurídicos para todos y todas las operadoras y auxilares de justicia en materia agraria. Mónica, realmente es un placer tenerte aquí como experta y compartí en la experiencia del caso de Panamá, sus avances, sus retos, sus recomendaciones. Así también prácticas no que puedan ayudar a los demás países y a los participantes que te están escuchando. El micrófono estuve y nuevamente muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Más bien. Buenas tardes aquí ya en Panamá. Casi ya las doce del mediodía. Feliz de estar acá con ustedes. En primer lugar, agradecerle a Amparo y a Fao, Latinoamérica y el Caribe por esta invitación. La verdad que para mí es un gran honor estar acá con ustedes compartiendo, no solo porque le tengo un gran aprecio a Amparo, quien nos apoya siempre en todos los eventos académicos que hacemos acá, sino porque nos da la oportunidad de contarle a todo la región lo que hemos hecho en Panamá de cómo llegamos a tener lo que tenemos ahora y ojalá de verdad que para los que nos apasionan estos temas es una gran oportunidad de demostrarles que no ha sido un camino fácil, casi nunca lo es, pero que haya esperanza de lograr mejorar la situación de, pues en general, del Amparo y de la tutela judicial de todos los temas que tienen que ver con la actividad agraria en sí y con la tenencia de la tierra también. Así que este para mí pues es un honor compartir con ustedes y quedamos desde ya a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan en la sección correspondiente y después porque también le vamos a compartir nuestro correo electrónico para que lo tengan por si les surgen inquietudes posteriores. Bien, voy a compartir mi presentación y le pido a la persona que está encargada del tiempo que me da el alto cuando me lo tenga que dar, porque uno aquí, como dijo el maestrado Bello, que desde ya me cayó súper bien maestrado, me encanta por compartir con ustedes en este evento este, pues uno se va con el gusto y cuando se da cuenta ya se le fue el tiempo. En fin, bien, lo primero que quiero comentarles un poco es el contexto panameño para que nos ubiquemos en la realidad que tenemos nosotros acá en Panamá. Panamá, como ustedes saben, es una economía de servicios por excelencia por nuestra posición geográfica. Estamos como quien dice, llamados a eso. Tenemos el tema, los sistemas de puertos que funcionan de manera ligada con el canal de Panamá y todo el tema logístico para nosotros es como clave. Número uno siempre ha sido el fundamento de nuestra economía. Sin embargo, el sector agropecuario tiene un aporte del 3 por ciento al producto interno bruto, un aporte que podría ser mayor, pero eso es lo que tenemos por muchas razones. Se emplea el 17 por ciento de la fuerza laboral del país en el sector agropecuario y tenemos ciertamente un bajo nivel de competitividad en ese sector por la baja productividad y porque otra vez, como somos un país dedicado al tema de servicios, entonces como que todo el mundo se ha enfocado mucho en eso y nos hemos olvidado un poco del campo, no hemos olvidado un poco de la producción. Y los últimos 20, 30 años ha sido una lucha que se ha llevado para conciencer a todos los políticos y a los panameños en general de que necesitamos volcarnos al campo no solo porque evitamos de esa manera que la gente migre hacia la ciudad buscando fuentes de trabajo sino porque es necesario garantizar nuestra seguridad alimentaria en circunstancias que surgen cada día como la reciente pandemia por el COVID, pues quedó de manifiesto la importancia que tiene que el país pueda garantizar su propia producción y cubrir las necesidades alimentarias de la población. Entonces en ese sentido fue muy, muy con todas las cosas negativas que pudo tener la pandemia fue positivo en el sentido de que dio la oportunidad para que los productores pudieran demostrar que la importancia que tenía porque había muchas dificultades en las redes de suministro a nivel internacional para traer alimentos de fuera y tuvimos la oportunidad de demostrar si. Podrías poner tu presentación en modo presentación para que se vea en toda la pantalla, por favor. Sí, como no. Me dices si ahora me imagino que tarda su poquito. Sí, por ahora está en modo de presentación. OK, ahora sí, ahora sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces les decía que la situación de la pandemia dio la oportunidad a que todo el mundo empezara a pensar lo importante que era poder tener nuestros alimentos internamente garantizados. Así que eso ha servido como ciertamente un incentivo y una una mayor conciencia, digamos, de lo importante que es el sector. Entonces el sector agropecuario ha contribuido en una reducción del 1.7 de puntos porcentuales en su alimentación de la población según informe de la ONU, gracias al aumento en las producciones de arroz y maíz en 11 y un 7 por ciento respectivamente, porque Panamá no cubre la necesidad de estos productos de su población. Entonces, otra cosa que quería empezar comentándoles es que desde el año 1972 en nuestra constitución política de ese año, que fue una constitución que surgió a raíz de un régimen militar del régimen del general Torrijos, en esa constitución se incluyó en el artículo 117 la obligación para el Estado de crear una jurisdicción agraria. Básicamente, el artículo era muy, muy, muy corto en el sentido de que simplemente decía que se establecía la jurisdicción agraria y que la ley tenía que determinar la organización y función de los tribunales. Bueno, ese artículo estuvo ahí sin ningún tipo de ejecución práctica hasta que en el año 2001, más o menos 2002, el Estado panameño con motivo de unos programas de titulación masiva de tierras que fueron financiados con recurso, hay que decirlo del Banco Mundial y del BIT, el país se abocó a un proceso masivo de titulación. Entonces esa misma necesidad sirvió para justificar lo importante que era crear esos tribunales porque a raíz de los barrios masivos surgían obviamente conflictos de tierras entre los propietarios, bueno, en ese momento, poseedores que no tenían títulos, porque acá en Panamá, igual que en República Dominicana, todas las tierras que no tienen un título pertenecen al Estado y para formalizar la propiedad necesitas hacer un trámite que aquí le llamamos un trámite de adjudicación o de titulación de tierras. Entonces a raíz de estos programas masivos surgieron o salieron a la luz todas esas diferencias que tenían las personas con relación a la posesión que tenían de los bienes, conflictos entre colindantes, conflictos con relación a quién era la persona que tenía el mejor derecho para titular. Entonces a raíz de esa situación, entonces planteamos la conveniencia de crear unos tribunales que sirvieran como digamos un puente entre no era así como lo queríamos, pero fue como surgió. Un puente entre lo que debían ser la jurisdicción agraria como tal y lo que teníamos como jurisdicción civil general que veía todo tipo de conflictos. Entonces lo que planteamos fue la necesidad de crear unos tribunales civiles especializados en tierras. Así les llamamos en las provincias donde se estaban llevando a cabo los barridos masivos. Entonces obtuvimos fondos de estos préstamos para que el órgano judicial pudiese crear mediante un acuerdo de la Corte Suprema Justicia del año 2003. Esos tribunales que fueron tres en la provincia de Chiriquí Veraguas y Guerrera, que era donde se estaban haciendo barridos masivos. Y estos jueces vinieron a encargarse de los trámites de las oposiciones a títulos. Entonces voy a hacer un pasito atrás. Entre el año 1962, que fue cuando se creó el viejo código agrario. Ahora les explico por qué se llamaba así. En el año 1962 se creó la ley 37 que adoptó el código agrario. Panamá si se le llamó. Ese código era una respuesta a los temas de digamos de la alianza para el progreso donde se impulsó a nivel de toda América Latina. Ustedes lo saben, estas reformas que buscaban evitar reformas agrarias violentas como ocurrió en Cuba, por ejemplo. Entonces se impulsó ese código agrario en Panamá que buscaba digamos ordenar. En realidad era una ley de reforma agraria. Ordenar la tenencia de la tierra, establecer los procedimientos de titulación. Se crearon los asentamientos campesinos y las juntas agrarias. Y se decía que cuando había un conflicto derivado de un trámite de titulación, entonces iba a la audición ordinaria. En el Interín, la dirección nacional de reforma agraria tomó la competencia para resolver algunos de esos conflictos. Y ellos con una interpretación de una norma y de la Ley 37 decían que cuando las tierras eran patrimoniales del Estado, es decir, que tenían un título de propiedad incrito en el registro público en nombre del Ministerio de Desarrollo Pecuario o cualquier otra entidad del Estado. En esos supuestos, cuando eso estaba incrito en el registro público, entonces la reforma agraria como entidad tenía competencia para resolver ese tipo de conflictos. Entonces. En los demás casos, que eran la mayoría, que eran los terrenos valdíos de la nación, que no tenían ningún tipo de título, entonces se remitían a los jueces íbios. En la práctica, también la reforma desarrolló como un como un proceso paralelo administrativo donde trataban de darle respuesta a aquellos casos donde ellos sabían que las personas que estaban teniendo el conflicto de tierra, a pesar de que era un terreno valdío, no tenían o no iban a tener la capacidad, según decía reforma agraria, de ir a un tribunal para para cubrir los gastos de un proceso judicial, abogado, perito, etcétera. Entonces ellos tomaban como esa competencia administrativa. Entonces había como una discrecionalidad en ese sentido y pues había muchas críticas contra ese sistema de resolución de conflicto que tenía la reforma agraria, porque se decía que había mucha manipulación de tipo político, este, al resolver los conflictos, que si tú tenías un padrino, te resolvían a favor, etcétera. Entonces y también por ese tiempo hubo un fallo de la corte, si me equivoco, puede ser del año 99 o 2000, quizás, donde se dijo o la corte más bien decía que se recomendaba que los conflictos entre particulares tenían que ser de conocimiento de los tribunales. No debían ser asueltos en sede administrativa. Entonces todo esto lo utilizamos como sustento para sugerirle a la corte, pues que se crearan estos juzgados y que se consideran los fondos y se hicieron. Entonces, luego nos abocamos a un proceso de recoger unos proyectos que había de ley de jurisdicción agraria que imitaban muchísimo a la ley de jurisdicción agraria de Costa Riscense, porque aquí en Panamá habíamos varios profesionales que tuvimos la oportunidad de estudiar en el Colorado en Costa Rica y pues teníamos como esa referencia de la parte de procesal que ellos solamente tienen normas procesales. Entonces dijimos, vamos a agarrar a recoger esos proyectos que andaban por ir rodando de así a ya más de 30 años, desde el año 72 que la Constitución luego establecía. Entonces se trató de establecer un proyecto que mejorará eso para establecer los tribunales agrarios. Pero en ese proceso de consultas lo que nos encontramos fue que nuestros jueces civiles que eran los que hasta ese momento conocían de los conflictos de titulación de tierra y de manera como les digo tangencial, los temas agrarios, porque aunque hubiese un contrato agrario por medio el trámite era un trámite civil, porque no existía una norma que estableciera diferencias entre un contrato, por ejemplo, que tiene que ver un arrendamiento agrario versus un arrendamiento en la sede civil. Entonces nuestros jueces que nos dijeron, nosotros no vamos a tener cómo resolver estos procesos agrarios con la especialidad que ustedes quieren, porque no existe una norma sustantiva que nos permita resolver diferente a lo que resolvemos hoy en día con lo que hay en el código civil, por ejemplo, y en las demás normas sustantivas que regulen la materia. Entonces tampoco existe en Panamá una o no existía en ese momento ni bueno no existe en la actualidad a nivel de la Corte Suprema una un magistrado con digamos con esa formación en materia agraria que pudiera ayudar a que vía interpretación judicial y jurisprudencia judíese orientar ir orientando la normativa como se ocurría en Costa Rica con Ricardo Seredón. Entonces nuestra doctrina también era muy pobre porque incluso la formación a nivel universitario estaba totalmente enfocada en temas de reforma agraria básicamente y no o sea el derecho agrario que se daba en la universidad era reforma agraria. No era en los institutos modernos del derecho agrario que quienes son expertos en estos temas, sobre todo a nivel europeo, Italia, España, etcétera, nos han enseñado que es la empresa, la actividad agraria en sí como un instituto, la propiedad, la posesión, etcétera. No teníamos nada de eso, incluso en nuestra formación jurídica. Nuestros abogados en Panamá, si estudian en la universidad de Panamá tienen un semestre derecho agrario. Si estudian en las universidades privadas prácticamente no dan derecho agrario, dan derecho ambiental o legislación ambiental y muy tangencialmente puede que toquen algo agrario, pero no existen los planes de estudio en la materia de derecho agrario porque toda nuestra formación básicamente precisamente por lo que les convenzaba al principio de que nuestro digamos que nuestra vocación de país es el tema de servicios, entonces todo el mundo está enfocado muy muy enfocado en la tema civilista, privatista, etcétera y el agrario un derecho público, entonces social. Entonces no se ha profundizado mucho, excepto como les decía en la universidad de Panamá que es donde se da esta materia. Entonces cuando ya teníamos creado los jueces civiles especializados en tierras atendiendo los conflictos derivados de los procesos de oposición a título que se daban dentro del barrio masivo, incluso fuera del barrio masivo porque se hizo amplio. Entonces nos abocamos a esa redacción de ese código agrario tomando como base la discusión que se tuvo con los jueces y entonces decidimos crear un libro primero donde abarcábamos los temas sustantivos y el libro segundo para la parte procesal que recogió los proyectos de leyes que ya teníamos por ahí de ley de jurisdicción agraria. Entonces tomamos eso y redactamos. A mí me correspondió, ya lo mencionó Amparo cuando me presentó la redacción del libro primero de ese código para lo cual de decirles fue un esfuerzo importante porque no teníamos realmente un parámetro a nivel regional ni siquiera a nivel europeo donde exista una experiencia de recoger en un solo instrumento legal todos esos institutos y tratar de de hacer los digeribles comprensibles para para que los jueces a la hora de resolver los conflictos tengan esa herramienta que necesitamos para garantizar la protección de la actividad agraria que es el corazón de nuestro código. Entonces hicimos un primer ejercicio y nos llevamos ese proyecto con los dos libros a ser consultas a nivel nacional. Hacimos consultas y creo que prácticamente en todas las provincias con productores, asociaciones de campesinos, empresarios, agrarios y logramos pues pulir un borrador que se llevó de la mano de la corte del que fue básicamente la proponente de este proyecto a nivel legislativo y pues logramos sensibilizar a los diputados y el código se logró aprobar en hubo en el camino unas unas objeciones de parte del ejecutivo con relación a la prescripción adquisitiva que no se comprendió de mi perspectiva no comprendieron la figura, pero bueno, esa es materia para para otro evento definitivamente y al final pues logramos aprobar la ley cincuenta y cinco de veintitrés de mayo de 2011 que es nuestro código agrario. Entonces cuál es el nuestro modelo, cuál es la estructura del modelo nuestro de la parte juridicional. Tenemos en la parte más alta la sala civil de la Corte Suprema Noticias que nuestra sala primera y ellos conocen a nivel de sala de las básicamente de las casaciones contra las decisiones de los tribunales superiores y también de los conflictos de competencia cuando surgen a raíz de de que un juez que no es agrario declina competencia porque considera que el asunto no es de su competencia del juez civil básicamente. Y luego tenemos el tribunal superior agrario que está creado en el código, pero que no ha sido creado en la práctica, es decir, no existe. Lo que tenemos en la práctica son tribunales superiores existentes, los tribunales superiores civiles en la ciudad de Panamá, que es el único provincia que tiene un tribunal civil único. Y en las provincias tenemos los tribunales superiores mixtos que ven temas civiles y penales, temas penales que van quedando rezagados del del sistema inquisitivo penal que teníamos anteriormente, porque ahora ya tenemos un sistema penal acusatorio de hace poco más de 10 años. Y entonces pero estos tribunales mixtos digamos que incluso resuelven en algunos casos temas de familia, también temas de protección al consumidor, etcétera. Bueno, este tribunal que básicamente es un tribunal civil a nivel de provincias y es donde tenemos la mayor, mejor dicho, todas las los juzgados agrarios es el que son los que conocen aisladamente. Cada tribunal es un tribunal superior por cada dos provincias. Entonces, digamos que aisladamente cada uno conoce de los de las apelaciones de los fallos de los jueces agrarios. Entonces, pues eso trae una gran dispersión. No hemos logrado realmente que se unifique la doctrina agraria en algunos temas. Hay existen interpretaciones diversas, dependiendo del tribunal de que se trata. Entonces, esa es una adentraria que tenemos pendiente y lo vamos a profundizar un poquito en eso. Entonces, los juzgados agrarios que tenemos que debe ser uno por cada provincia. Tenemos 10 provincias, tenemos 6 juzgados agrarios, nos hacen falta 4. Ahora, recientemente en el año pasado se creó el de Cochle, que fue el último, pero nos hacen falta todavía provincia de Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darien, que no tienen aún juzgados agrarios. Tienen jueces civiles atendiendo las causas agrarias basados en la normativa del pueblo agrario, pero que no la comprenden en muchos casos, porque no son jueces agrarios, no tienen la formación especializada que ser amerita. Entonces, ¿cuál es la competencia? Voy a tratar de ir un poquito rápido, porque creo que el tiempo se me está yendo. La competencia de nuestros jueces agrarios es básicamente los conflictos de naturales agraria y los que afecten los predios agrarios. O sea, no es solamente la actividad agraria, sino los predios agrarios en sí. Y entonces, en el artículo 166 del código, tenemos toda la competencia una por una detallada de cuáles son esos procesos que conocen nuestros jueces agrarios. Básicamente son los procesos reivindicatorios, la prescripción adquisitiva de dominio, los desalones en tierras agrarias, deslinde y amogonamiento, inspección de medidas hilinderos, expropiación de bienes agrarios, comprobación de derechos posesorios, tutela de la empresa agraria y familiar agraria, la protección de la posesión agraria, conflictos relacionados con organizaciones campesinas, la división de bien común, la edificación en terreno ajeno, la indemnización de daños y perjuicios, producto de actividades agrarias, procesos ejecutivos y cualquier otra causa referida a la actividad o empresa agraria. Y por último, a prevención con los jueces civiles conocen de las posesiones agrarias de que trata este código. Y miren que aquí tengo resaltado los procesos de oposición a las adjudicaciones de tierras estatales y municipales, porque aquí no interesa si el bien es un bien destinado o no a una actividad agraria. Aquí lo que interesa es que exista un proceso de adjudicación, ya sea a nivel de administrativo, que en el caso de nuestro, es la Autoridad Nacional de Administración de Tierras o a nivel municipal, donde las personas que ocupan terreno dentro de ejidos municipales tienen la posibilidad de solicitarle al municipio que se le otorgue el título de propiedad. ¿Por qué lo hicimos así? Porque ciertamente el tema de las oposiciones a título es el grueso de los conflictos de tierras y de los conflictos en general que atienden los jueces agrarios. Y así lo podemos ver en esta estadística que les traje acá, que si bien es una estadística desde que empezó la adjudicación de 2010 hasta el 2011 a 2021, ustedes pueden ver aquí que la mayor cantidad de procesos que han resuelto los jueces agrarios hasta ese momento teníamos, en su mayoría eran tres, luego se incorporó un cuarto juzgado y ahora, como les dije el año pasado, esa estadística no está aquí, porque no está aquí el juzgado de Cochle recién creado. Pero hasta ese momento ustedes pueden ver que 45.8% de los procesos que resuelven los jueces agrarios son procesos de oposición a las adjudicaciones de título. Y en la mayoría no lo dice la estadística, pero lo sabemos que es así, son tierras que son estatales o valdíos nacionales, porque los casos municipales son los menos, pero sí, sí los hay también que se remiten a los juzgados agrarios para conocimiento del juez, porque también tuvimos un amplio debate sobre si realmente el juez agrario debía o no resolver estos conflictos, pero la práctica ha demostrado que el juez agrario es más eficiente para resolver estos conflictos por su propia vinculación, experiencia, relación con la tierra y además porque como parte del equipo que se estableció para estos juzgados agrarios se nombró o se nombran peritos topógrafos que forman parte de la estructura del tribunal. Con esto el juez y las partes tienen una gran ventaja, porque la parte no tiene que incurrir en el pago de honorarios de un perito particular porque el propio tribunal ya tiene un perito que puede ayudar a resolver el conflicto orientando al juez de la perspectiva técnica y sabemos que en estos casos de oposición es mucho, mucho guarda relación con el área que realmente ocupa la persona y que quiere titular y si esa área traslapa con otro otro colindante que puede que tenga o no tenga título. Entonces es muy importante la figura del perito topógrafo y desde que se crearon los juzgados civiles con especialización en tierra en los mil tres esa figura se incorporó hasta hoy en día se mantiene así. Entonces yo soy una defensora de que esta competencia se tiene que mantener aunque no sea puramente agraria la situación porque precisamente ayuda a desahogar ese punto donde donde todo el mundo se complica y el título de la propiedad no puede salir porque tienes una oposición que no ha sido resuelta. Entonces. Como pueden ver en este cuadro, luego en la competencia, el tipo de procesos que más ven estos jueces son las prescripciones adquisitivas de dominio de tierras en predio agrario. Aquí sí, la competencia es puramente agraria. Es decir, si existe una actividad agraria en el predio, usted puede concurrir ante un juez y para solicitar la prescripción. Pero en este caso, yo particularmente pienso que no es conveniente, digamos, esta figura, salvo que usted realmente pueda probar que tiene los 15 años que se exigen porque la figura se desfiguró valga la redundancia. Porque cuando esto fue al ejecutivo, los civilistas no comprendieron que la prescripción agraria que nosotros estábamos creando que era como un período de cinco años de estar utilizando la tierra de manera pública, pacífica, ininterrumpida, desarrollando una actividad productiva, agraria demostrable, verificable, económicamente rentable, daba pie a que usted pudiera solicitar la prescripción porque ciertamente cinco años ejecutando una actividad donde contribuye a la alimentación de la población y el abandono del propietario justificaban que la pudieras prescribir y adquirirla de esa forma. Pero los civilistas pegaron el grito al cielo y entonces quedamos igual que en la jurisdicción civil con el agravante de que demostrar por 15 años que has estado haciendo uso de la tierra en una actividad agraria con lo difícil que ser productor en Panamá, este realmente sumamente difícil y una figura que es complicada en materia probatoria, digamos. Luego tenemos las asociaciones agrarias que también tienen un porcentaje importante, un 12.9 de los de los procesos que se ven. Y de ahí pues ya tenemos toda la demás competencia digregada en un 6.3 para otro tipo de causas que son generales. No se detalló en la en la estadística qué tipo de causas son. Pero sí, dígame. Tres minutitos, Mónica, para arte chance, porque sé que hay preguntas también. Gracias. Sí, bien. Bueno, aquí solamente hablarles un poquito de cuáles son esas normas sustantivas que aplican nuestros jueces en el proceso agrario y el libro primero, como ya les mencioné, la Ley 37 del 62, que ahora se llama Ley de reforma agraria. Se le cambió el nombre cuando se aprobó el código nuevo. La Ley 80 2009, que es la Ley de titulación en costas e islas. La 59, que es la ley que unificó las competencias de la adjudicación de tierras que antes estaban entre la dirección de catástrof del Ministerio de Economía e Finanza y la dirección de reforma agraria que pertenecía al Ministerio de Desarrollo Europecuario. Todo eso se unificó en una sola entidad que se llama la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Y ellos son los encargados de aplicar esos trámites. Y también los acuerdos municipales que se tienen sobre los temas de titulación de tierra y en general como norma supletoria del Código Civil y el Código Judicial. En qué hemos avanzado en Panamá con esto? Porque ya tenemos 11 años de tener el código y la jurisdicción. Y bueno, lo que les comentaba la celeridad, según una estadística que yo vi del órgano judicial, los procesos agrarios están durando en un promedio de uno punto cuatro, un año, perdón, y cuatro meses. Y mientras que los procesos civiles, los más ágiles, porque créanme que eso no es la media, están durando 2.8 años mínimo. O sea que si hay realmente una respuesta mucho más rápida que en el proceso civil, la especialización, porque nuestros jueces cada día más están vinculados y comprenden la problemática del sector agrario, la itinerancia del juez, porque el juez va a campo con las partes para resolver el conflicto, la audiencia de fondo se realiza en el predio. El nombramiento de peritos, como ya les mencioné dentro de los juzgados, como los topógrafos, ahora se habla de que se van a nombrar también un ingeniero agrónomo para ayudar a determinar la existencia de la actividad agraria. Y las decisiones de las oposiciones a título en la esfera judicial, sacando eso de la parte administrativa que traía todos estos temas políticos que ya les mencioné. Y la formación de los jueces que también han mejorado. Qué buenas prácticas tenemos. Bueno, el tema de la oralidad. Definitivamente el haber ingresado y que no existen la jurisdicción civil todavía se está y un proyecto con miras a eso, pero no existe ahora mismo. Las audiencias preliminares donde el juez resuelve todos los incidentes, llama a las partes en primera instancia a acudir a un proceso de mediación o conciliación, cualquier método alterno de solución de conflictos. Sólo primero que se hacen las audiencias preliminares y luego se resuelven todos los incidentes, se admiten, se reciben las propuestas de prueba, se objetan y el juez de una vez en el acto decide cuáles se admiten o no un trámite que los civil puede durar meses y hasta años. La de la el uso de grabadoras para recoger los actos de audiencia también, porque todo se graba y se se guarda en una memoria, no se transcribe en las actas, sino que se levanta un acta genérica donde se se dejan con tan se de las cosas más importantes de la audiencia y se firma por las partes. Si alguien tiene duda puede ir a la grabación y las prácticas de las pruebas anticipadas que se realizan antes de que se dé la audiencia de teléfono. Entonces lecciones aprendidas también. El código judicial y el código civil como norma supletoria cada vez más estoy a que tratemos de tener todo regulado en nuestro propio código, porque esto nos está llevando a prácticas civilistas que no permiten reconocer la importancia de la actividad agraria. Tenemos grandes problemas con el tema, por ejemplo, de las medidas provisionales porque ponen causiones muy elevadas que las partes no pueden cubrir, como si estuvieramos un proceso civil y eso es un problema, porque al final no hay tutela judicial. Entonces la intervención del Ministerio de Desarrollo Pecuario en este tipo de iniciativa es importante que se involucren en cualquier cosa que tenga relación con el sector, porque nosotros sentimos que ellos se mantuvieron al margen y es importante involucrarlos, asegurar los recursos para la instalación de los nuevos tribunales. También tenemos problemas en eso. Ha sido muy lento, como les dije, todavía tenemos cuatro provincias que no tienen juez agrario y no tenemos tribunal superior agrario, que es vital. Se requiere mucha capacitación a los empresarios, a productores agrarios, a los propios funcionarios para que comprendan y se se se relacionen con los temas que están en el código. Desafios vitales que tenemos pendientes, establecer el tribunal superior agrario, eso es urgente para ayer. Todavía la corte no no lo ha internalizado, están concentrados en otros gastos y en otras cosas que tienen pendientes. Pero esto es muy importante. Realizar un proceso de consulta para hacer un proyecto para modificar el código agrario, porque ya hemos identificado cosas que ameritan ser modificadas, ampliadas, explicadas, etcétera. Crear los juzgados que faltan en las cuatro provincias y continuar con los procesos de formación de los jueces agrarios en diversas materias, en derecho agrario, procesal, constitucional, incluso en primeros auxilios, porque ellos siempre están en campo y les toca caminar por áreas que son difíciles y es importante que sepan también manejarse allí y dotar a los peritos, obviamente, de las herramientas técnicas que necesitan informáticas para poder hacer buenas pericias, incentivar e financiar la investigación jurídica en materia de derecho agrario y la producción de doctrina que permita desarrollar aún más el sistema. Así que muchas gracias por su atención. Al final, corrí mucho, pero bueno, me disculpan si me pasé. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica. Tenemos tres preguntas en este momento, una que me parece muy precisa, digamos, y dicen en el Código Agraria en Panamá existe un sistema probatorio especial de actos que muestran la pertenencia y la tenencia de la tierra, que realmente son dos preguntas y existen herramientas que permitan el acceso a la justicia de forma equitativa a las personas de especial protección, por ejemplo, las mujeres rurales. Esa es una de las preguntas. Dos realmente. Si la siguiente es el Código Agrario de Panamá derrubó la ley de reforma agraria y la tercera pregunta que viene el otro chat es cuál es o quién ejerce la protección sobre las áreas marítimas y costeras en Panamá. Si hay una jurisdicción especial agraria de quién es esa digamos esa otra competencia. Ok, voy a tratar de si no, si me olvides. Si me olvido alguna pregunta me dices, por favor, Alejandro. Mira, no, el Código Agrario no derrubó la ley de reforma agraria. Simplemente le cambió el nombre. Es la ley treinta y siete mil novecientos sesenta y dos está vigente, pero gran parte del contenido de esa ley ya es digamos está fue tácitamente derogada a lo largo de los años, no por el Código Agrario, sino por otras normas, por ejemplo, la ley de general de ambiente. Muchos temas que estaban dentro de la ley de reforma agraria, que no permitían precisamente la protección del ambiente, fueron derogadas algunas expresamente y otras tácitamente. El tema de asentamientos campesinos, por ejemplo, que estaba dentro de esa de esa ley treinta y siete, salió también en los años noventa a una ley especial y que ha sufrido tantidad de reforma. Y prácticamente hoy los asentamientos campesinos ya no existen por otras razones que no viene a cuento este y en cuanto al acceso de personas de protección especial a la jurisdicción, realmente todo el mundo puede acceder a la jurisdicción. El órgano judicial tiene un sistema de patrocinio procesal gratuito y de hecho tenemos defensores agrarios especializados que el Instituto de Defensoría de Oficio o Defensoría Pública se llama y le asigna a las personas que que tienen ingresos menores a creo que son 400 dólares mensuales tienen derecho a ese patrocinio procesal gratuito y pueden concurrir a través de estos defensores públicos que son muy buenos a propósito al juez agrario pueden pueden ayudarse con ese patrocinio. Y la otra pregunta creo que sobre las áreas marítimas. Bueno, lo que pasa es que salvo que un área marítima haya una actividad de tipo agraria y la pesca no es considerada empanamada una actividad agraria como tal y ese tipo de actividades no no entran en la jurisdicción nuestra. En las áreas insulares existe la ley ochenta y dos mil nueve creo mil diez que es para efectos de titulación de tierras. Pero cuando un área insular es un área protegida al mismo tiempo, entonces no hay titulación posible salvo que la persona estuviese ejerciendo posesión desde antes de que se creara el área protegida. Entonces en las áreas marítimas básicamente existe la autoridad marítima empanamada que es la que se encarga de supervisar todo lo que ocurre con ese tema de pesca y protección de humedales, etcétera. Ellos son los llamados a eso, pero es más en una seda administrativa que judicial. Bueno, llegó una una siguiente pregunta y dice cuál es la situación de conflictividad agraria en las comarcas indígenas. Tienen jurisdicción dentro de las mismas? Si supone que debe existir un juez agrario dentro de las comarcas. Así fue creado dentro del código. Pero hasta la fecha no tenemos un solo juez agrario en las comarcas. Nosotros tenemos seis comarcas indígenas y en ninguna de ellas existe juez agrario. Existe también una resistencia, digamos, en el país con relación al tema indígena. Hay mucha gente que reciente de la creación de las comarcas porque sienten que son áreas que están como perdidas del desarrollo nacional porque porque no porque al ser una propiedad colectiva no se pueden integrar apropiadamente al al sistema capitalista que rige en el resto del país, como lo mencionó también aquí hace un rato a alguien. Entonces las comarcas están como quien dice no acceden a créditos porque la tierra es colectiva. Entonces ningún banco acepta como garantía, obviamente, porque no pueden. El Banco de Desarrollo de Pecuario, donde yo también tuve oportunidad de trabajar, estudió la posibilidad porque no me consta que se haya logrado de aceptar como garantías de los créditos en áreas de comarcas la futura cosecha, que es realmente lo único que podría servir como garantía. Y pero no no tengo como una una experiencia específica de que eso se haya dado. El Estado ha invertido mucho en las áreas de comarcas, pero más en ayuda social que en ayuda y cuando digo social es como subsidio más que que en inversión de de en inversión de algún tipo de actividad. No no sé y pido excusa si digo algo que no es, pero no me consta que existan, por ejemplo, proyectos de desarrollo de algún tipo de cultivo impulsado por el Estado o financiado por el Estado dentro de las comarcas. Es posible que lo haya algunos parcialmente, pero no hacen como mucho ruido. Entonces es muy difícil integrarlos al desarrollo. Precisamente por esas situaciones. El juez agrario que haría en una en un conflicto dentro de una comarca pues está por verse, porque vuelvo y digo la tierra es colectiva. Entonces podrá resolver temas de posesión y decir bueno si la posesión de este sector, porque lo que ocurre en las comarcas es que allá dentro de ellos si tienen como posesiones, es decir, si bien todos de todos cada quien está en su esquina, como quien dice, entonces obviamente surgen muchas muchas peleas por temas de esa de posesión que van incluso a los jueces civiles en algunos casos he visto eso. Pero este realmente pues es un asunto por desarrollar también es un tema pendiente. Y ahí yo tengo una que me surge de su exposición y es que sucede cuando el juez se encuentra con conflictos que no solamente son agrarios, sino que son ambientales en ese caso que cómo procede, que indica la norma o que indica la jurisprudencia, cómo proceder ahí. Bueno, el código trató de integrar normas de protección ambiental que el juez pudiera tomar ciertas medidas como cautelares o de protección cuando se sabe que existe un potencial daño ambiental. Hay una norma en el código, se las debo el artículo, pero está allí que permite al juez ante una circunstancia como esa, tomar una medida de protección. Pero también tengo que decir que nos hace falta más como sensibilidad, digo yo, también en ese aspecto relacionado con la formación en sí y con y con esa mentalidad que tenemos, quizás no tan no tan proteccionista de los temas ambientales, porque yo siento que nuestros jueces no se atreven en muchos casos a tomar ese tipo de medidas de hecho tenemos como les dije, muchos problemas incluso para tomar medidas provisionales cautelares dentro de procesos, porque los jueces insisten en que tienen que tiene que haber causión y no una causión leve. O sea, estamos hablando de causiones de miles de dólares que la parte que pide la medida muchas veces no puede financiar. Entonces imagínense una medida de protección ambiental solo la adoptan cuando la actividad agraria está siendo realmente amenazada. Y aquí tendríamos que preguntarle a los jueces agrarios personalmente pues la experiencia de cada uno de ellos si les ha tocado tomar alguna medida de protección, pero nos hace falta como más jurisprudencia y por eso el tribunal superior agrario es tan importante que lo tengamos, porque es el que nos va a ayudar a ir integrando eso, esos principios a ir desarrollándolos, porque vuelve, le digo, nuestros jueces aisladamente se sienten probablemente limitados en cuanto a ese tipo de tomar esas acciones contundentes. Yo quiero hacerle una pregunta si es posible a la Mónica, por supuesto. Sí, usted ha dividido la competencia de los tribunales en Panamá entre una jurisdicción agraria y la jurisdicción civil que también conoce algunos temas que tienen que ver con la tierra. Los conflictos de competencia entre las dos jurisdicciones se suscitan mucho y ¿cómo lo solucionan? Es la pregunta. Si hemos tenido muchos conflictos, sobre todo al principio del inicio de la ejecución de la jurisdicción como tal, cuando el código entró en vigencia, se vieron muchísimos conflictos de competencia entre los jueces civiles y agrarios que fueron a la sala civil de la Corte prácticamente todos en una primera instancia, porque el código dice que cuando se da un conflicto donde el juez agrario siente que el que el asunto no es de su competencia, porque no hay una actividad agraria. De acuerdo con el código, eso debería ir al tribunal superior agrario, que es el que debería decir si es o no es, utilizando como sustento todos los principios y todo lo que dice el código. Pero como no tenemos un tribunal superior agrario, entonces la jurisprudencia interpretó que el competente para conocer de estos casos es el superior inmediato. En este caso, si el juez agrario se declara impedido, entonces el proceso sube al tribunal superior civil mixto del sitio donde corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos un tribunal superior mixto que ve lo que le llamamos nosotros el tercer distrito judicial que es Chiriquí y Boca del Toro, una área altamente productiva del país. Chiriquí es como el granero de Panamá, donde tenemos la gran cantidad de producción agropecuaria de todo tipo. Entonces, allí existe un tribunal superior que ve los los procesos en apelación de todo lo que es civil y agrario de Chiriquí y Boca del Toro. Entonces, si un juez agrario, el juez agrario de Chiriquí es un juez único, se declara que eso no le corresponde el proceso, entonces sube a ese tribunal superior. El tribunal superior decide si el civil es agrario o no, distribuye la competencia. Pero si el que se declara impedido es un juez civil de Chiriquí, entonces el proceso va a la sala civil de la Corte de Suprema Justicia, viene pues acá a Ciudad de Panamá, da que la sala resuelva el conflicto, porque se interpreta que la sala es el superior común, digamos, realmente el sistema se ha distorsionado, porque como fue concebido, el tribunal superior agrario es el que debería estar resolviendo esto, pero entonces lo he estado resolviendo la corte. Entonces, los criterios han sido para resolver la competencia es la actividad agraria básicamente magistrado, o sea, si existe una actividad agraria y se ha produido probar, entonces le corresponde al juez agrario. Si no está probada la actividad agraria, como, por ejemplo, puede ser un conflicto de sobre, digamos, una oposición, no vamos a hablar de oposiciones, porque esas aplican a todos los casos. Pero, por ejemplo, una prescripción adquisitiva dominio donde la persona quiere prescribir un un predio donde de mil metros cuadrados, por decirle algo, donde en la parte, él tiene su vivienda al frente y en la parte de atrás tiene Sembrohuandu, Platano y tiene diez gallinas. Entonces el abogado le dice a la persona, ve, vámonos al juez agrario porque allá es más rápido. Entonces ponen la prescripción adquisitiva dominio en el juez agrario. Y entonces el juez agrario que ha adoptado una práctica que no está en el código, pero me parece muy saludable de ir a hacer una primera inspección cuando recibe la demanda y entonces vaya y mira y se da cuenta que eso no es una actividad agraria que va a la comercialización, transformación, etcétera. Como lo dice el código, entonces dice no, esto no es un asunto agrario, esto es un asunto civil, porque es una agricultura como ni de subsistencia, o sea, es como casi de hobby. Entonces le declina competencia al juez civil. Entonces ha habido muchísima discusión y la jurispricencia de la corte es rica en esto y se pueden consultar los fallos. Después les pueden ver el enlace de la sala civil sobre cuándo hay una actividad agraria y cuándo no la hay, porque ahí todavía hay mucha discusión sobre eso. Ahora mismo tenemos un foro aquí de derecho procesado al agrario esta noche y vamos a abordar justamente ese tema del concepto en sida actividad agraria, porque es muy, muy interesante. Es interesante porque eso nos va a ayudar a delimitar una competencia y otra. Eso nos va a ayudar bastante. Gracias. A la hora. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. Ya nos pasamos unos seis minutitos del tiempo establecido y en horro. Si quisiera leer algunos comentarios interesantes en el chat. No, un colega de Guatemala que dice bueno, el tema agrario es difícil acá porque se han ido se ha ido cerrando la poca institucionalidad agraria en el país, como la Secretaría de Junto de los Agrados, Cofredes, EPAS, Comisión Presidencial de Diálogo y pues esto ha generado una ola de criminalización contra los pueblos originarios. Los juicios los llevan en tribunales ordinarios y bueno, y esto lleva a todo un tema de complicación de defender y del acceso a la justicia y que menciona cómo en Guatemala no existe una ley de tierras y no hay tribunales agrarios y que la problemática obviamente es elevada. En el caso de Cuba, aquí un comentario también de cómo está ley 141 de 2021 contentivo del código de procesos que pudiera resolver el tema el tribunado agrario, pero que el problema radica en la falta de especialización de los jueces existentes en la actualidad, algo que he mencionado nuestros ponentes en sus experiencias y y bueno, y sin existir el acceso a la justicia con la nueva constitución, pues todos los asuntos agrarios, adversarios, pues no se tendría una expedita vía judicial. Y bueno, y Viren dice en Paraguay también de estos los ricos de estos intercambios, no poder conocer esas cosas en que tenemos retos similares y pero que también tenemos cómo se llama avances también que pueden ayudar a otros países. Dicen Paraguay, la Constitución está prevista a la creación del fuero agrario, pero hasta hoy tampoco se ha creado y los conflictos de la Tierra van fuero civil o penal, pero ahora hay un proyecto de ley de tierras para instalar el fuero agrario. Bueno, esperamos, señora Beatriz, que lo que se ha compartido hoy y que se va a compartir el día de mañana sirva y se da de utilidad también en este proceso en el que está Paraguay de este nuevo proyecto de ley para instalar instaurar su fuero agrario. De estos justamente se tratan estos espacios de que compartamos, de que intercambiamos. Vemos que, como les decía, realidad distinta, las otras muy similes, pero de nuevo agradecer muchísimo a nuestros expositores. De hoy quiero decirles que personalmente he aprendido muchísimo. Soy abogada, pero como bien dicen, es una lástima que la clase de derecho agrario cada vez como que va pues perdiendo preminencia en las currículas de los profesionales juristas en general, cuando vemos que la problemática es gran desample, se necesitan más personas especializadas y que puedan aportar. Así que muchísimas gracias, magistrados del Movello, muchísimas gracias a Jonathan Toribio, a Mónica, a Alejandra por su federación o con las preguntas. Fue muy dinámico el tema de las preguntas y las consultas y los invitamos para mañana porque continuamos mañana. Hoy, como dice, fue la antesala y la antesala estuvo buenísima, la estuvo buenísima con estas exposiciones del día de hoy y mañana pues vamos a arrancamos a la misma hora y los invito a que por favor no falten, se conecten. Vamos a tener al procurador general agrario de México, que como ustedes saben, también toda una una institucionalidad importante en este tema agrario en México y él también va a compartir con nosotros de esa conversano, desde esa realidad en México, desde esos avances, igual también desde los retos y las recomendaciones prácticas que estamos recibiendo. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias a todos. Chao. Pleasure. Chao. Chao.