 Gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Quiero agradecer en primer lugar al área y a vuestro grupo de Derecho Constitucional la invitación a participar en este seminario y muy particularmente al profesor Alejandro Said, que fue el que me invitó y a Andrés Cervantes, que fue el que hizo todas las gestiones para que esto fuera posible. Y a todos los que estáis ahí, y que también podréis estar hablando de lo que yo voy a hablar y seguramente con más propiedad. Cuando Alex me escribió mi reacción inicial fue utilizar una frase que cada vez empleó con más frecuencia de José Luis Cuarda. El fallecido cineasta José Luis Cuarda, que cuando le preguntaba alguna cosa, él dijo, bueno, tengo mis dudas y parte de las tuyas también. Entonces, bueno, no sé si desde entonces se me ha claro las dudas. Bueno, a mí me ha servido la preparación del seminario, si no para aclarar las dudas, para tratar de ordenarlas. Y, bueno, me siento, insisto, muy contento de poder estar con vosotros. Luego, esto que estoy diciendo que oralmente trataré de colgarlo en un post en mi blog. Quiero estructurar en media hora y si es posible menos la exposición como cuatro apartados que tendrán pues distinta extensión y distinta profundidad o profundidad en el mejor de los casos, es luego distinta extensión. Y algunas cosas, recordaré cosas conocidas, pero que creo que es importante para situar el marco. En primer lugar, hablaré del marco normativo en el que no se estamos moviendo en España en el contexto de la pandemia. El marco normativo con carácter general. Segundo lugar, mencionaré el precedente que supusieron en este ámbito el aplazamiento de las elecciones bascas y gallegas del año pasado. Y en qué medida realmente es un precedente, ¿no? En tercer lugar, y será la parte más extensa de la exposición, comentaré la judicialización de los procesos electorales, que este es un fenómeno reciente e interesante en España, ¿no? Con doscientos años, no sé si es de retraso o de posterior, pues nos hace verdad eso que decía Toqueville en América, que casi inevitablemente los procesos políticos acaban deveniendo en procesos judiciales, ¿no? Y es interesante porque también aquí tenemos un pequeño precedente que fue la judicialización, por cierto, resulta todavía muy recientemente de las elecciones bascas y la intensa judicialización que ha tenido el proceso electoral en Cataluña. Entonces mencionaré la primera resolución sobre medidas cautelares y la sentencia que todos conocéis. De hecho, cuando hablé con el profesor Sarnaz, bueno, los dos convenimos en que era bueno poder mantener este diálogo cuando ya hubiera una sentencia, y no antes, ¿no? Y por último, y de manera muy breve, pues mencionaré una cosa que me ha llamado la atención, que es la institucionalización de los partidos políticos dentro de los procesos electorales, ¿no? Y concluiré, en fin, con una pequeña serie de conclusiones para resumir un poco lo dicho anteriormente, ¿no? Bien, la primera cuestión, ¿no? Y cosas que todo el mundo conoce, ¿no? Pero creo que es importante situar que es el marco normativo que se ha venido utilizando en España para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Y digo en España porque, por ejemplo, bueno, ahí está la profesora Silvia Romboli en Italia, no tienen un marco normativo de la excepción como el que tenemos en España, sino que básicamente se ha estado actuando a partir de decretos leyes. En España también ha habido de decretos leyes, pero tenemos el marco jurídico que supone la ley orgánica 4-81 de los estados de alarma de excepción y de sitio. Una ley que había pasado, afortunadamente, casi desapercibida hasta el año 2010 y que en el último año ha cobrado un protagonismo que, ojalá, no hubiera sido así, ¿no? Quería mencionar, en primer lugar, las ciertas insuficiencias generales, no solo respecto de los procesos electorales que, desde mi punto de vista, presenta esta ley. Cosa que, por otra parte, parece bastante razonable pensar en una ley que tiene, pues, prácticamente 40 años de vigencia, ¿no? Y, desde luego, en lo que se podría pensar que era una situación alarmante hace 40 años, no tiene por qué coincidir con la actualidad. Esta ley tuvo también un origen un tanto peculiar, porque formaba parte de un proyecto de ley de seguridad ciudadana que se presentó con el mismo nombre de la que la vigente ley, que se presentó en el año 79 y que acabó desgajándose y convirtiéndose en la ley orgánica alrededor de los estados de alarma, de excepción y de sitio, ¿no? Bueno, había un precedente que ya, desde mi punto de vista, evidenciaba las insuficiencias de este marco normativo, porque fue, se recordaréis, el profesor López de Guerrero lo seguramente lo recordaba, especialmente, el decreto del año 2010 para hacer frente a la huelga de los controladores aéreos, el decreto de 4 de diciembre de 2010. ¿Por qué es interesante este decreto? Bueno, por una parte, porque desde mi punto de vista mostró las debilidades del marco normativo, porque se justificó la declaración del estado de alarma en la paralización de un servicio esencial para la comunidad, en este caso como en el transporte aéreo, ¿no? Pero como esta causa justificativa del estado de alarma no valía por si sola, porque es la letra C, había que anudarla a alguna de las otras tres causas que se prevén para la declaración del estado de alarma, una crisis sanitaria, el desabastecimiento o una catástrofe. Y yo creo que una manera artificial, no sé si es necesario, pero luego artificial, se vinculó a una situación catastrófica. Y yo creo que no estábamos ante una situación catastrófica en el sentido de la ley orgánica 4-81. Pero ese decreto se aprobó y lo interesante fue el control jurisdicional del mismo. Recordaréis que se presentó un recurso por varios de los controladores aéreos, y el Tribunal Supremo entendió que no era competente para conocerlo, porque aunque era una norma reglamentaria, había que considerar que era una norma que tenía fuerza legal. Y, por tanto, desestimó los recursos planteados por los controladores aéreos sin entrar en el fondo del asunto. La cuestión llegó al Tribunal Constitucional inicialmente en un amparo en 2012, en que por mayoría se asumió esta tesis, no por unanimidad, pero por mayoría se asumió la tesis del carácter del decreto de estado de alarma como norma de rango legal. Y posteriormente, en el año 2016, en una sentencia mucho más contundente, en el año 68-2016, y no me equivoco en cuanto a la referencia, pues avaló esta decisión. Y, por tanto, los decretos de estado de alarma y sus prórrogas, estas normas formalmente, normas reglamentarias, tienen rango legal. Y, por tanto, el control jurisdicional corresponde al Tribunal Constitucional y no al Tribunal Supremo. Por tanto, bueno, y eso tendría quizás que habernos hecho pensar sobre si el Tribunal Constitucional es el lugar adecuado para resolver, de manera rápida, un recurso contra un decreto de estado de alarma, ¿no? ¿Qué problemas se han planteado desde mi punto de vista y que se han evidenciado con los tres decretos que hemos tenido desde marzo del año pasado? En primer lugar, el decreto de 14 de marzo, ¿no? del decreto de 1463. Muy rápidamente, porque no es el objeto del seminario, pero es un tema controvertido, ¿no? Es si las medidas que se adoptaron eran las propias del estado de alarma o si había habido más que una limitación, una suspensión de derechos fundamentales. Bueno, este es un tema que merecería, desde luego, uno o varios seminarios, pero desde luego a mí me parece que las concretas medidas que se adoptaron se parecen más a una suspensión que una limitación de derechos. Aunque es verdad que la ley que regula el estado de alarma prevé que tanto en las medidas para el estado de alarma como las medidas para el estado de excepción no tiene por qué desaparecer el derecho, sino que las medidas pueden limitar, o sea, pueden condicionar parcialmente el ejercicio del derecho fundamental. Pero yo entiendo que limitar es que algo se pueda hacer con carácter general y que se excluyan una serie de conductas, no que la regla sea la prohibición y se excepción en una serie de conductas. Y yo creo que las medidas del 14 de marzo se parecen más a eso, a una prohibición en general de hacer, excepcionada en ciertos supuestos. En todo caso, hay un recurso presentado por el Grupo Parlamentario de Bogos ante el Tribunal Constitucional que no sabremos cuando se resolverá, pero sería importante que lo hiciera pronto, ¿no? El segundo decreto, menos conocido porque tuvo una incidencia menor, fue el decreto 900 de 9 de octubre para algunos municipios de la Comunidad de Madrid. A mí, lo que evidenció desde mi punto de vista este decreto es que nos encontramos con una norma escrita cuando el estado autonómico estaba naciendo en España. Por poner un ejemplo que me afecta directamente, el seto de autonomía de Asturias no se había aprobado ni el de otras comunidades autónomas cuando se aprobó la ley reguladora del estado de alarma de excepción y desistido. Y es evidente que el papel de las comunidades autónomas queda muy diluido y básicamente queda todo en manos del gobierno de la nación y del Congreso de los diputados. Además, en este caso ni siquiera se enumbró como autoridad del delegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo cual, en el contexto del estado autonómico, yo creo que esto exigiría darle una vuelta. Y por último, tenemos el decreto 926 vigente en este momento y que desde mi punto de vista las medidas son, desde luego, más compatibles con el marco normativo que prevé la ley del estado de alarma, aunque, bueno, desde luego me ha generado bastantes dudas el tema de la prórroga de seis meses. No necesariamente por su inconstitucionalidad, pero digamos por su falta de idonidad, aunque es verdad que nadie le obligaba al Congreso de los diputados a adoptar esta medida. Pero quiero decir todo esto porque creo que en algún momento sería bueno darle alguna vuelta, alguna reflexión, no solo en el ámbito académico sino también en el ámbito político-institucional al marco normativo que tenemos del estado de alarma. Entrando ya en el tema de las elecciones, bueno, yo sí creo que se ha dado el presupuesto de hecho para la declaración del estado de alarma. Como sabéis, no sé si alguno de los que estáis aquí, pero colegas nuestros han defendido que el marco normativo debía ser el del estado de excepción y que el concepto de orden público no había que manejarlo un concepto de orden público vinculado a la civil ciudadana sino de alteración de nuestro sistema de derechos fundamentales. Yo sinceramente creo que no. Yo creo que se daba el presupuesto de hecho para la declaración del estado de alarma, que expresamente dice crisis sanitarias como epidemias. Es curioso porque las leyes no tienen por qué ejemplificar, pero esta ley pone un ejemplo como epidemias y yo creo que el presupuesto de hecho se da sin ningún tipo de duda. Como sabéis, también la ley que regula los estados de alarma del sitio no menciona para nada los procesos electorales como procesos que pueden verse afectados por un estado de alarma de excepción o de sitio. En el estado de alarma, una de las medidas que se puede adoptar es limitar la circulación o la permanencia de personas en horas y lugares. Bueno, creo que esto se podría aplicar, por ejemplo, el día de la elección para evitar una confluencia excesiva de personas a extraer un aforo. Por ejemplo, en los colegios electorales, como sabéis, en España el escrutinio es público y yo en principio podría estar o si estuviese en Cataluña en una mesa electoral viendo el escrutinio. Yo creo que podía justificar que no hubiera esa afluencia de personas, pero más allá de eso. Y lo mismo ocurre si se hubiese declarado, insisto, yo creo que no ocurría el presupuesto de hecho el estado de excepción porque el estado de excepción también prohíbe circular a las personas por ciertos sitios y lugares. No permite y esto es interesante, el estado de excepción no permitiría prohibir las reuniones de partidos políticos y esto es especialmente importante en un proceso electoral. Y desde luego tampoco se perderé porque no lo permitiría la Constitución que el estado de excepción y tampoco el estado de sitio aplacen un proceso electoral. Esto es interesante porque en la sentencia que habréis leído se hace mención a este marco normativo. Segundo punto que quería comentar, han supuesto un precedente las elecciones a los parlamentos de Galicia y el país vasco que se aplazaron el año pasado. Recordad simplemente que cuando se convocaron eran elecciones anticipadas, es decir, los respectivos presidentes en evidente sintonía, está claro que eso lo habían hablado entre ellos, en evidente sintonía decidieron anticipar los respectivos procesos electorales. La convocatoria, el Decreto de convocatoria de elecciones vascas y catalanas, perdón, vascas y gallegas se publicó el 10 de febrero, es decir, un contexto en que al menos oficialmente no estábamos en una situación de pandemia. El siguiente y tú importante es el 14 de marzo que es cuando se declara el estado de alarma y a los tres días, el estado de alarma se acordó un sábado. Bueno, pues a los tres días se publicaron otros decretos de los presidentes autonómicos de Galicia y el país vasco aplazando el proceso electoral, es decir, fue una reacción relativamente rápida. ¿Qué argumentaron en ese momento? Bueno, vinieron a argumentar que era imposible o, desde luego, extremamente complicado desarrollar el proceso electoral con un mínimo de garantías. Hay que situarlo esto en el contexto del confinamiento extraordinariamente intenso que se acordó con el Decreto de estado de alarma del 14 de marzo. Si recordáis, era este marco que, si también me ofrece dudas, pero que era el que estaba vigente. Entonces, usted no puede salir de su casa, salvo para unas causas tasadas que anunciamos a continuación. Entonces, ese fue el fundamento que se dio y se buscó un enganche normativo, un engarce normativo, en las respectivas leyes electorales Vasca y Gallega y en las respectivas leyes del gobierno. Y se dijo, esto es interesante también por la analogía que se puede buscar con el caso catalán, quien tiene capacidad para convocar, puede tener capacidad para aplazar. Además, aunque no se institucionalizó como ocurrió en Cataluña, el papel de los partidos, si se consultó los partidos políticos y ningún partido político cuestionó el aplazamiento de las elecciones. Y además, esto también es importante, nadie lo recurrió, o sea, no hubo ningún recurso contra esa decisión. Y bueno, se dijo que se haría lo más pronto posible. Como sabéis, las elecciones finalmente se celebraron el 12 de julio, es decir, cuando ya no estábamos en estado de alarma y la situación epidemiológica había mejorado mucho. ¿Qué características tuvieron por tanto estas elecciones y en qué medida nos pueden servir de utilidad como criterio de comparación? Bueno, eran elecciones anticipadas, las dos fueron convocadas voluntariamente o por voluntadis, no por un mandato legal como en el caso de Cataluña, por los respectivos presidentes. Los procesos electorales fueron dejados sin efecto de manera prácticamente inmediata al estado de alarma y en Cataluña, como sabéis, el proceso, la suspensión de las elecciones se acordó en el contexto de un estado de alarma, donde también se habían convocado y cuando ya había transcurrido una parte importante del proceso electoral. Había un acuerdo de todos los partidos, se escuchó a las respectivas juntas electorales y no hubo impugnaciones. La pregunta es, ¿qué es la pregunta que se hace también el TSJ de Cataluña? ¿Había fundamento legal para hacer esto? Y mi respuesta es no. Yo creo que no había ningún fundamento normativo que justificase el aplazamiento de estas elecciones. Nos podría parecer que tendría que haberlo, podremos concluir que era necesario hacerlo, pero yo diría que no había ningún fundamento normativo, no había un enganche legal para tomar esta decisión. Cuando se reanudó el proceso electoral, tanto en un sitio como en el otro, si os acordáis, en la fase final del proceso hubo, se aceitieron dificultades para que hubiera personas que pudieran votar. Y allí nos servirá, a diferencia de lo que se ha hecho en Cataluña, y esto es una diferencia muy importante, por cierto, quiero elogiar de manera expresa el trabajo de la administración electoral catalana, de la edición general de procesos electorales por todo el trabajo que he hecho y por la transparencia. Yo estoy viviendo hace un rato los tweets que había colgado esta misma mañana, Ismael Peña López, explicando la situación de las mesas, todas las miedes que se han adoptado. Esto me parece digno delogio. En el país Vasco y en Galicia no se hizo eso. Al contrario, hubo declaraciones, a mí me parece que incluso sorprendentes y fuera de tono, por ejemplo, de la consejera Vasca, amenazando prácticamente a quienes estando confinados, fueran a votar el día de las elecciones. Y nos adoptaron medidas que yo creo que se podían haber adoptado. Y, desde luego, también me parece, si lo dije a alguno de los miembros de la Junta Electoral Central, con la que tengo cierta amistad, me pareció absolutamente desafortunado una resolución de la Junta Electoral Central de 9 de julio, tres días antes de las elecciones, en las que, bueno, se decía que la imposibilidad de votar iba a afectar abrocomillas a segmentos reducidos de la población. Y, por tanto, en definitiva, como no iba a afectar a muchos electores, eso no era relevante. Bueno, desde un punto de vista democrático, yo creo que sí es extraordinariamente relevante. No es un problema de cantidad de personas, que también, sino del hecho de que no es que se impida que casi, sino que, desde luego, no se haga nada para facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a las personas que estaban contagiadas, ¿no? Y aquí había un precedente interesante. Había una resolución del Tribunal Supremo de la Sada de los Condicios Administrativos de 8 de noviembre del 2019, que permitió, en el caso de policías que habían sido desplazados de urgencia a Cataluña, ampliar el plazo para votar por correo. Y se puede hacer hasta el mismo día de las elecciones. Bueno, yo creo que habría que tratar de haber hecho algo similar, tanto en el país vasco como en Galicia, para que nadie se quedara al margen del proceso electoral. La tercera... El tercer punto, que sería, yo creo que un poco, el meollo del asunto, tiene que ver con la judicialización de los procesos electorales, ¿no? Algo insólito en España, ¿no? Hay un precedente, un tanto interesante, que yo descubrí hace poco, porque la sentencia es de hace muy pocos días, ¿no? Todos conocemos las resoluciones del TSJ de Cataluña, pero hay una sentencia del TSJ, del país vasco, de 25 de enero de este año, es decir, hace unas pocas semanas, en las que se resuelve... Fijaos, el 25 de enero, se resuelve una demanda que se presentó el 28 de mayo, es decir, bastante antes de las elecciones vascas, en este caso, por el Partido de Acción Solidaria Europea. ¿Qué es lo que pedía este partido? Pues lo que pedía era la paralización del proceso electoral, en este caso en el país vasco, porque entendía que no se daban las condiciones sanitarias para hacer posible una participación electoral elevada. Lo que se pide es que el TSJ decrete la anulidad del Decreto 11 de 20 de 18 de mayo, que era el que se convocaban las elecciones, ¿no? Es decir, aquí quien va los tribunales no quiere que se mantenga el proceso electoral, como en Cataluña, sino que quiere que se suspenda el proceso electoral. Y los argumentos son la invocación de los artículos del artículo 23, porque no se va a poder votar correctamente, y también de los artículos 15 y 43 de la Constitución, es decir, de la protección de la vida y de la integridad física, y en definitiva de la salud. El TSJ del país vasco no entra en el fondo del asunto, y simplemente lo que hace es analizar la legitimación de este partido político para pedir la suspensión del proceso electoral. Y concluye, es una sentencia, la razón es que es necesariamente prolija para lo que dice, a diferencia, y esto también quiero resaltarlo, de la sentencia del TSJ, que me parece muy clara de Cataluña, además de que se compartan uno de los argumentos, pero me parece muy clara, el TSJ del país vasco, viene a decir que este partido no tenía legitimación para pedir la suspensión del proceso electoral. Entonces no entra en si había motivos o no para los millones, sino que directamente dice que no se justifica un interés legítimo de esta formación política, ni hay ningún tipo de conexión entre lo que se pide y el propio interés del partido, y tampoco sacaría ninguna ventaja, dice el demandante de conseguir ese resultado. Por lo tanto tenemos este precedente. Y lo que constituye si el núcleo de la judicialización del proceso electoral es el que tiene lugar en Cataluña, como sabéis, pues mucho mejor que yo, aquí lo que se impugna no es la celebración del proceso, sino la suspensión del proceso. Y hay dos resoluciones, el auto de medidas cautelarísimas y la sentencia en la que entran el fondo, en el fondo del asunto. Las dos resoluciones, insisto, al margen de que se compartan uno, me parece que son unas resoluciones claras y que tienen un gran valor pedagógico. Yo creo, al menos desde luego, yo con mis estudiantes, pues creo que las voy a utilizar. Y además ellas mismas, es decir, quienes las redactan, obviamente, reconocen ese esfuerzo de claridad y de que lo que se está diciendo ahí no sea algo para juristas, o no solo para juristas, sino que pueda llegar a cualquier ciudadano o ciudadana interesado en el proceso político. Y bueno, yo creo que eso se consigue. Insisto, me parece una sentencia muy pedagógica. Se justifica, en la primera resolución, en el auto de medidas cautelarísimas, que se haga sin atender inaudita parte, es decir, sin atenderla, sin escuchar a la generalidad por la especial urgencia que suponía la resolución de esa petición. Se tiene en cuenta la brevedad, la perentoridad y, en definitiva, la preclusividad de los procesos electorales. En los que, como sabéis, son plazos muy reducidos y que, además, la superación de uno es presupuesto para la continuación de los demás. Esto es lo que les explico a los alumnos y que, a veces, no es fácil que lo entienda, pero esto se ve de manera muy clara. Y lo que dice el TSJ es que mantener la suspensión haría casi imposible la celebración de las elecciones, aun cuando se hubiera dado la razón al demandante. ¿Por qué? Porque ya bien habría pasado tanto del proceso electoral que sería imposible que lo que faltaba por cubrir se pudiese llevar a cabo en tan poco tiempo. Y, además, resulta que una de las fases que coincidía con la resolución era la proclamación de las candidaturas, las fases más relevantes del proceso, que, además, abre la posibilidad de impugnar esas candidaturas y la de empezar otras fases del proceso electoral como todo lo que tiene que ver con la campaña. Es una solución que dice que debe continuar el proceso. Si queréis, luego podemos discutir. A mí me parece que el auto está bien fundamentado y yo creo que explica bien cuál es el sentido de una medida cautelarísima. Nos encontramos, y aquí sería, digamos, el verdadero medio de la cuestión, con la sentencia del TSJ de 1 de febrero. Voy a decir cosas que ya sabéis, pero creo que es importante, al menos, contextualizar y mencionar, como en claras, cuáles eran las pretensiones por una parte del demandante, cuya legitimidad no fue puesta en cuestión, y también del Ministerio Fiscal. Y, por resumirlo, mucho aunque la fundamentación del demandante era más extensa, yo creo que algunos puntos innecesaria, y el Ministerio Fiscal se feñe a decir que aquí no hay soporte jurídico para la suspensión. Y ese es el núcleo de la argumentación de la demanda y del Ministerio Fiscal. Mientras que la generalidad opone una serie de argumentos que son argumentos que desde luego merecen ser escuchados. Bueno, el deber de la administración de velar por otros derechos fundamentales y no solo por el derecho a la participación política, como la protección de la salud y de la vida, el principio de prevención o de precaución que obliga a las administraciones públicas y que está evidente en las leyes de salud, la necesidad de que un proceso electoral se desarrolle con las más y más garantías posibles y el temor de que eso no pudiera ocurrir en Cataluña. Y luego la gente dice que es una medida proporcional. O sea, no cabría una medida menos lesiva para conseguir este resultado. Y finalmente, yo tengo competencia para hacerlo. Porque todo lo anterior podría ser insuficiente si al final la conclusión es vale. Todo esto está muy bien, pero es que yo no tengo capacidad para tomar este tipo de decisión. Brevemente, para ir viendo un poco y centrarme solo en alguno de ellos de los fundamentos jurídicos. Lo que empiezo a decir el TSJ es que básicamente lo que estamos hablando aquí no es tanto de una medida de salud como otras que ha adoptado la generalidad, es decir, no se trata tanto de proteger la salud como de proteger el proceso electoral. Es decir, la medida es orienta a garantizar una adecuada participación política y no tanto, aunque eso no se excluye, pero eso no es la finalidad esencial la protección de la salud. En segundo lugar, la sentencia en el segundo fundamento dice, y voy a tratar de ser lo más claro posible. Y ahí habla de la idea de que una sentencia que sea clara, concisa y con un lenguaje comprensible ojalá escundiese este ejemplo en todas las resoluciones. En el fundamento 3 se hace mención a la creación de la taula de partids que es algo interesante porque aquí, a diferencia de lo ocurrido en el país Vasco y en Galicia, por lo menos por lo que yo sé, aunque puedo estar equivocado, aquí se dota a este conjunto de partidos una cierta institucionalidad. De hecho, se establece un criterio para la composición de esa taula. Hay dos personas, dos componentes por grupo o subgrupo parlamentario, de los que están en el parlamento y para cuando operase ya durante el proceso electoral dos personas por cada candidatura que tuviese representación en el parlamento disuelto. Esto es interesante porque sigue vinculando y esto es, yo creo que una deficiencia de nuestra legislación electoral es que es aquella de que predeterminar o crear los mecanismos para predeterminar un resultado electoral a partir de los anteriores, es decir, configurando la legitimidad para los procesos electorales sobre todo porque has tenido anteriormente éxito electoral. Aquí es entrelevante recordar que a diferencia de lo que ocurrió en Galicia y en el país Vasco no hubo acuerdo sobre el tema de la suspensión pero sí había una mayoría de formaciones políticas que estaban por la suspensión y también es verdad que nadie impugno a diferencia de este partido en el país Vasco, aquí nadie impugno el decreto de suspensión. A mí me parece, y esto lo aclara en el Fundamento Jurídico IV que lo que está en juego aquí es el artículo 23 de la Constitución. Tanto lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho de sufragio activo como la elección de nuestros representantes. En el caso de vuestros representantes en el Parlamento de Cataluña. Y a este respecto, en la medida que está en juego este derecho es fundamental para el TSJ no le ofrece ninguna duda de que el demandante tiene plena legitimidad para iniciar este proceso. La clave para mí está en el Fundamento Jurídico V y voy tratando de concluir que es donde el Tribunal TSJ se plantea si hay cobertura jurídica para la suspensión y hace una analisis que alguna cosa se enlaza con lo que comenté al principio. La suspensión no está contemplada ni en el Estatuto de Autonomía de Cataluña ni en la Lorea que como sabéis tiene especial incidencia en Cataluña ante la inexistencia de una ley electoral propia. La Lorea simplemente contempla la posibilidad de suspender la votación en concretas mesas artículo 84 y el escrutinio también en concretas circunstancias. Se hace mención aquí al convenio Europeo de Derechos Humanos al protocolo tercero que contempla la posibilidad de suspensión de un proceso electoral en un contexto de guerra o de una grave amenaza para la nación que yo creo que no sería trasladable al caso catalano. Y también las recomendaciones de los informes de la Comisión de Venecia uno reciente del 16 de abril del año pasado que lo ha también de guerra y catástrofes y aquí si es lo de la observación catástrofica bueno podría aparecer pareces un poco más a nuestra situación. Tampoco la segunda pregunta entonces no encontramos apoyo normativo ni en el estatuto de autonomía de Cataluña ni en la Lorea. Tampoco lo encuentra el TSJ y yo creo que correctamente con la normativa de excepción. No sólo con la ley orgánica sino con el decreto en este momento vigente que es el decreto 926. Y utiliza un argumento que a mí me parece que no es necesario dice el TSJ es que precisamente el decreto 926 en su disposición adicional dice que esta situación no impedirá la celebración de elecciones. Yo creo que eso no haría falta ni decirlo porque el decreto yo creo que no podría adoptar una medida que no esté prevista en la ley orgánica de los estados de alarma de excepción y de sitio por lo tanto faltaría más que se pudiesen en principio celebrar elecciones aunque no lo diga el decreto de estado de alarma. Sin embargo el TSJ de Cataluña yo creo que para reforzar sus conclusiones si lo hace. Y la última cuestión es bueno y hay una cobertura propia en la legislación catalana al margen del estatuto. La conclusión es que tampoco hay ley. Y el tribunal hace aquí también una analogía entre lo que pasaba en Galicia y en el país vasco con lo que pasa en Cataluña. Recuerda algo que comentamos antes que allí había confinamiento domiciliario y aquí no que hay una limitación de salidas en nocturnas. Había habido en Galicia se puede decir que había habido una causa de fuerza mayor porque cuando se convocaron las elecciones todavía oficialmente al menos no existía pandemia. Hace un año había muchas menos medidas de seguridad que las que hay en la actualidad. Por tanto votar en Galicia o en el país vasco en aquel contexto supondría un riesgo mayor para la salud de quienes participan en el proceso electoral que la que puede haber el próximo domingo en Cataluña. Y dice una cosa que a mí tampoco me convence por eso yo digo que yo tengo más dudas a veces que certezas. El TSJ viene a decir que a diferencia del caso catalán en que las elecciones son por obeligis aquí era una convocatoria anticipada y se puede concluir bueno quién puede convocar anticipadamente por propia voluntad puede suspender. Yo creo que no. Yo creo que una cosa es la capacidad para convocar y una vez que tú has convocado a esos efectos es irrelevante el proceso electoral tiene que seguir su curso no necesariamente la capacidad para convocar algo te habilita para para desconvocar eso. Yo creo que eso ese argumento no me parece atendible y creo que tampoco aquí ha habido una controversia por lo menos la he visto con colegas de derecho administrativo sobre lo que permiten las leyes de salud tanto las autonómicas como la ley orgánica 3 barro 86 de medidas especiales en materia de salud pública. Yo por lo menos por lo que le he debatido bueno con bastantes colegas de administrativo muchos de ellos vienen a decir oiga es que el estado de alarma realmente no haría falta sino que cogemos la ley 3 86 y con la ley 3 86 más la ley de salud de las comunidades autónomas se puede acordar la suspensión general de derechos. Además ha habido una reforma de la ley de la jurisdicción condición administrativa y aquí entrarían los TSJ para valorar si esas medidas son adecuadas o no. Sinceramente creo que la ley orgánica 3 barro 86 está pensada para la suspensión de derechos de concretas personas contagiadas o sospechosas de estarlo y no se puede extender con carácter general a toda la ciudadanía. Y por tanto creo que esas medidas de disposiciones en materia de salud no justificarían eso. Yo creo que el TSJ y voy a ir acabando el TSJ podía haber acabado desde mi punto de vista podía haber acabado aquí la su decisión es decir mire no hay amparo normativo para tomar esta decisión y por tanto su decisión es yo la voy a anular y sigue el proceso electoral sin embargo el TSJ en el fundamento jurídico 7 se plantea además si la medida es proporcional y yo creo que no habría que entrar si yo he llegado a la conclusión de que no hay fundamento normativo no he planteado si la medida es proporcional o no porque la proporcionalidad creo que suelo se puede juzgar dentro de la legalidad y si no hay ese amparo legal no hace falta ir a esa idea es decir no es una proporcionalidad en abstracto como no es una proporcionalidad en abstracto la de las medidas creo yo de que se adoptaron hace un año en el decreto 460 pero en todo caso yo creo que bueno el tribunal entra en esto me parece que para reforzar la idea que ya tenía y viene a decir que bueno hacer elecciones en este contexto no afecta de manera exagerada el proceso de comunicación de las propuestas electorales es decir desde hace tiempo las opciones electorales se plantean a través de distintas vías los meetings cindianos son lo que eran hay posibilidad de comunicar por tanto no queda perturbado el proceso comunicativo entre las candidaturas y los electores y tampoco parece dice el DSJ que con las medidas previstas y pensad que ahora la situación epidemiológica es mejor que cuando se adoptó la sentencia que vaya a haber una afectación muy relevante del proceso electoral el próximo domingo en el tweet que ponía Ismael Peñalópez esta mañana venía a decir que confiaban que estuviese asegurada prácticamente el 99,3% de las mesas electorales a ver qué pasa pero en principio parece que eso es así y luego el DSJ te viene a decir bueno que eso lo vamos a hacer para el 30 de mayo pues es muy indeterminado porque la área falta una mayor concreción si esto voy concluyendo hay como sabéis también un voto particular interesante que entiende que debe de desestimarse la pretensión y por tanto mantenerse la suspensión del proceso electoral viene a decir que puede haber un caso de fuerza mayor que obviamente hay más derechos implicados y no sólo el 23 que la medida de los partidos está de acuerdo en la suspensión que lo ha cuestionado pone el ejemplo de Portugal como sabéis habido elecciones presenciales hace poco en Portugal en un contexto de pandemia aunque la participación de Portugal ahora es mucho peor que la nuestra y la participación bajó el 9,4% aproximadamente no fue tampoco una baja participación pero porque en las elecciones presenciales normalmente yo la participación no es muy alta y respecto a las anteriores bajó un 9,4% el derecho comparado que es que en Francia se está tramitando un proyecto de ley para aplazar las elecciones regionales de marzo a junio pero claro esto también es un arma de doble filo van a acudir a un mecanismo legal que permita la suspensión si aquí concluimos que no lo hay pues entonces este ejemplo nos valdría pero claro si va a concluir al final que habría competencia para suspender y finalmente viene a mencionar la idea de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales que vincula a los poderes públicos respecto de todos los derechos y a tomar medidas activas no solo para favorecer la participación política que también sino para proteger otros derechos definitiva bueno esta es la solución que da el TSJ voy a ir concluyendo antes digo que me llamaba la atención el papel que han asumido los partidos políticos en los procesos electorales de manera más informal en Galicia y en el País Vasco de manera más institucionalizada en Cataluña con la taula de Partiz que se le da carácter consultivo no vinculante pero sí carácter consultivo y bueno yo creo que asistimos un episodio más en el proceso de institucionalización de los partidos en los procesos electorales en general en la vida política institucional del país y a mí eso me genera ciertas ciertas dudas de que eso deba de ser así porque los partidos luego no son administración electoral y son parte interesada en el proceso electoral concluyo con cuatro reflexiones yo creo que sería bueno prever en una norma legal y a mi juicio desde luego en la lore quién, cómo, cuándo y por qué puede aplazar un proceso electoral hay quien dice no esto no debe de estar porque eso es una patología y por tanto el derecho no puede prever patologías yo creo que si el derecho tiene que prever estas eventualidades y desde luego eso ofrecería seguridad jurídica y además yo creo que habría que desminularlo del estado de alarma porque pensemos algo que ocurre pues el día antes de las elecciones y no encajan en supuesto del estado de alarma pero que yo creo que justificaría que al día siguiente no pueda haber elecciones yo creo que eso tendría que estar formalizado de alguna manera y creo que hemos perdido bastante tiempo en formalizarlo, es decir viendo lo que pasa en Galicia en el país vasco creo que habría que haber hecho algo el legislador por lo menos orgánico a este respecto yo creo que en segundo lugar que el proceso electoral catalán se le ha tratado de dotar de las máximas garantías para el ejercicio del voto desde luego ha sido mucho mejor que lo que ha ocurrido en el país vasco y en Galicia y yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de la administración electoral para que eso sea así yo me parece discutible esto que os decía de la institución partidista y bueno el tema de la judicialización de los procesos electorales yo creo que en el caso de Cataluña a mi juicio la respuesta del TSJ me parece una respuesta razonable me parece que está bien fundamentada y yo si tuviese que firmarla yo firmaría una resolución parecida es lo que quería contaros gracias por la paciencia y por haberme estrelimitado el tiempo que me habéis dado