 que voceros del Gobierno Nacional estén planteando hoy que empresas que han sido recuperadas por el Estado, que han sido ocupadas por los trabajadores y las trabajadoras, que por distintas maneras forman parte del sistema público de propiedad social, hoy se esté planteando un retroceso. Para nosotros, en el Partido Comunista es un retroceso de plantear que las empresas industriales y también haciendas y fundos, unidades de producción recuperadas por el Estado venezolano, se esté planteando hoy la posibilidad o la necesidad que para su desarrollo deban regresarse a manos de sus antiguos propietarios o deban colocarse en la bolsa de valores como un mecanismo de compra y venta de acciones. Llama la atención y empresa su preocupación sobre ese esquema porque hemos venido haciéndole seguimiento a esta situación y nos conseguimos con numerosas empresas que de manera todo indica para ponerle una, para no ser tan definitivo en la afirmación, pero todo indica que el manejo de muchas empresas por su gerente y sus presidentes están dirigidas a mantenerla en la postración para poder justificar su liquidación o su venta o su regreso a manos privadas. Nosotros insistimos aquí con el planteamiento del Partido Comunista, intervención de las empresas de propiedad social, de las unidades de producción agrarias e industriales, administrada por el Estado para desarrollar allí el modelo que hemos propuesto, un nuevo modelo de gestión participativa y popular que hemos denominado los consejos de gestión múltiples en los que participen los trabajadores y la trabajadora con sus consejos de trabajadora y trabajadores socialistas en los que participen el Estado venezolano, en el que participan las comunidades a través de sus consejos comunales los comunas y en el que participan también los productores que se asocien a este proceso. Por eso lo llamamos consejos múltiples de gestión y a veces le decimos gestión compartida e integrada, pero eso lo hemos venido planteando, no hay repuesto. Y entendemos que en muchas partes no hay repuesta porque de lo que se trata es demostrar que el Estado y los trabajadores y la trabajadora son incapaces de administrar y de producir un mecanismo de justificar la entrega de esos bienes de propiedad social y del Estado, administrado por el Estado, a el gran capital a los sectores privados de la economía.