 El uro político constata de que en general hay un negocio de los sectores privados de las externas, los dueños de las externas, sobre el agua, con el agua, con vital líquido que es objeto de negocios por estos patronos, por estos capitalistas de las externas del transporte de agua. El Partido Comunista le propone al Gobierno Nacional que tome una medida de emergencia, que este sistema de servicio de agua privado sea obligado a llevar el agua a todos los sectores populares. Igualmente, que adelante una lucha contra infiltrados que están dentro de instituciones del Estado, alcaldías, direcciones del Ministerio del Agüe, etcétera, que contribuyen a que este sector privado tenga mejores condiciones para explotar el servicio del agua. Estos servicios generalmente son cobrados incluso hasta los de las instituciones del Estado, generalmente también pechan a las comunidades que les llega este servicio. Y en otros casos tienen privilegio los de el sector, los sistenas del sector privado en los llenaderos de agua para llenar y distribuir el agua a precios elevados, en dólares para peor de los casos. Es un país donde nuestra moneda corriente, circulante, es el Bolívar, estas personas se dan a la tarea de cobrarlo en dólares. Igualmente eso se está dando en el gas. El Gobierno, si en la venta de las bomboncitas de gas, ahí también se está dando el cobro del precio de las bombonas en dólares. Entonces, generalmente están cobrando un dólar por bombonas de gas. Esto es importante entonces también que el Gobierno tome medidas, porque ante la agorización de los problemas productos, de la agresión violenta del imperialismo y de las fuerzas contra revolucionarias a patria nacionales, el Gobierno tiene que dedicar todo su esfuerzo a mainar esos graves problemas del agua, la electricidad, el transporte y el gas en nuestro país. Hay que tomar serias medidas para que la población pueda seguir resistiendo con interesa, con confianza de que el Gobierno realmente acompañe el discurso de la cerrucción de los problemas a medidas concretas que adoptan las instituciones del Estado.