 Y, igual manera, el Partido Comunista de Venezuela quiere expresar su solidaridad con la y los trabajadores al servicio de M-RW del Estado Lara, 54 trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos con un cierre ilegal de la Fuente de Trabajo en el Estado Lara, que como consecuencia de eso demandaron la reapertura de la Fuente de Trabajo, como establece la Ley Orgánica del Trabajo, la designación por parte del Ministerio Respectivo del Ministerio del Trabajo, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, la designación de una Junta de Administración con participación de trabajadoras y trabajadores y también representante del Patrón y del Estado. Acción que las trabajadoras y los trabajadores presentaron ante la Inpectoría del Trabajo del Estado Lara, que tiene como Inpectora a la abogada Samira Hatengoyo. A esos trabajadores le reiteramos nuestra solidaridad y, a la vez, denunciamos que la decisión de la ciudadana abogada Samira Hatengoyo, Inpectora del Trabajo, en el Estado Lara, de una Inpectoría a la cual le pusieron un nombre para mancillarlo, el nombre de un héroe en la lucha de los trabajadores venezolanos, el nombre de un militante comunista, el camarada Pedro Pasqual, abarca. Estamos pensando en ver si es posible a estas Inpectorías a las que hoy le han puesto nombre de militantes comunistas y de militantes revolucionarios y revolucionarias, cada vez que actúen contra los trabajadores estamos pensando si hacemos algún tipo de iniciativa, que se yo será acá, taparle el nombre del camarada y ponerle el nombre del Patrón que están beneficiando o de la empresa que están favoreciendo, pero no es posible que sigan mancillando el nombre de nuestros camaradas. Esta ciudadana Inpectora, abogada Samira Hatengoyo, en vez de actuar condenando el Sierra Ilegal del Patrón, lo que hizo fue concederle al Patrón la demanda que interpuso como respuesta frente a la acción de amparo de los trabajadores y las trabajadoras antes del intero, que decía el Patrón que podía reincorporarlo, pero en cualquier otra parte del país, no es para que se metan en larga, que decidió la Inpectora, orden de reincorporación, donde el Patrón le diera la gana en el país, Aceptó el Sierra Ilegal, Interpectivo, Aceptó el cambio en las condiciones de trabajo, porque no es igual a quienes trabajan en larga, para que se metan o sonan aledañas, para que se metan, que los coloquen, que se yo en Aragua, en Carabogo, los más de Parahoriente, de Palsulia, para portuguesa, para varina, quién sabe para dónde. El buropolítico del Partido Comunista de Venezuela está llamando la atención del Ciudadanos Ministro del Trabajo, la atención para que le preste atención, yo hago la redundancia, a estas situaciones que se están presentando, donde parece hay un contubernio entre la Inpectora del Trabajo, el Director Estadal del Ministerio y el Director de Puclaburidad del Trabajo, también del respectivo ministerio. Un contubernio, una componenda para favorecer a los patronos y golpear los derechos de los trabajadores y los trabajadores. Eso no es el Estado que nos hemos comprometido a construir, eso estaría en contravía de los objetivos estratégicos del Estado, de un Estado de justicia, de un Estado de respeto a los derechos de los trabajadores y de la trabajadora. Con esto nos estamos diciendo que el Estado ha podido en todas partes así, pero en general la Inpectoría del Trabajo del país nos tienen acostumbrados a decisiones que favorecen al capital, que favorecen a la burguesía, que favorecen a los patronos, en desmedros de los intereses de la trabajadora y los trabajadores. A este grupo de trabajadores y trabajadora 54 al servicio de la empresa MRW les hacemos llegar el compromiso del Partido Comunista de Venezuela, de la corriente clasista, de trabajadoras y trabajadores Cruz Villegas y de las instancias donde actuamos en el movimiento de masa. El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajador le reiteramos el compromiso de seguirles acompañando en el combate, en la lucha, hasta derrotar la conducta patronal y derrotar y derrotar también la conducta de funcionarios que se prestan para ser efectiva las acciones en contra de los trabajadores y la trabajadora.