 Capítulo 1 del primer pleno casatorio civil de la Corte Suprema de la República Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggans. Primer pleno casatorio civil de la Corte Suprema de la República. D. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Sentencia del pleno casatorio. Casación 1465-2007 Caja Marca. Demandantes. Giovanna Angelica Quiroz-Billalty. Por derecho propio y en representación de sus menores hijos. Welker Esteve Cuenca Quiroz. Euler Jonathan Mendoza Quiroz y José Rony Mendoza Quiroz. Demandados. Empresa minera y anacocha. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ranza Comercial Sociedad Anónima y Arturo Blancovar. Materia. Indemnización por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual. Vía Procedimental Proceso de Conocimiento. Sentencia dictada por el primer pleno casatorio civil realizado por la sala plena del Acorte Suprema de Justicia de la República de Perú. En la Ciudad de Lima, Perú, a los 22 días del mes de enero de 2008, los señores vocales supremos reunidos en sesión de pleno casatorio, por mayoría en una extrema y por unanimidad en otro, han expedido la siguiente sentencia de acuerdo lo dispuesto por el artículo 400 del Código Procesal Civil. Vista que fue la causa en audiencia pública del pleno casatorio de fecha 18 de diciembre de 2007, oídos los informes orales de los abogados de las demandadas, de conformidad con lo opinado por el Ministerio Público, discutida y deliberada que fue la causa, se resuelve. Primero. Introducción. Uno. Afoja 190 del Tomo 1 del cuaderno de excepciones que forma parte de estos autos. Corra en copia el escrito de demanda presentado por Giovanna Angelica Quiroz-Billatti, por su propio derecho y en representación de sus hijos, Euler Jonathan y José Ronimendosa Quiroz, igual que el Esteve Cuenca Quiroz, a través de la cual, emplaza a la empresa Minera Yanacocha, Sociedad de Responsabilidad Limitada, solicitando el pago de una indemnización por daños y perjuicios provenientes de responsabilidad civil extracontractual. El petitorio de indemnización por responsabilidad extracontractual comprende el daño material, daño ambiental y daño a la salud personal, daño moral, puntos suspensivos. Como pretensión principal, solicita el pago de una suma de dinero ascendente a 1.800.000 dólares americanos. Por daño material, daño ambiental y daño a la salud personal y daño moral, monta que sería distribuido en 400.000 dólares americanos a favor del accionante. 500.000 dólares americanos a favor de su hijo o cualquier Esteve Cuenca Quiroz, 500.000 dólares americanos a favor de su hijo o León Mendoza Quiroz y 400.000 dólares americanos a favor de su otro hijo, José Mendoza Quiroz. Como pretensiones acumuladas, objetivas accesorias solicitan las siguientes. A. El pago de un seguro médico y seguro de vida a favor de la desmandante y sus hijos por una suma no menor a 100.000 dólares americanos por el lapso de 15 años con cobertura a todo riesgo, incluyendo enfermedades oncológicas. B. Que la demandada cumpla con descontaminar completamente y de modo óptimo sus viviendas de los materiales químicos cuya presencia ha generado los daños cuya reparación se demanda. C. El pago de los intereses legales de vengados, así como la condena en costos y costas procesales y multas en caso de oposición. 2. Manifesta que el 2 de junio del año 2000 en circunstancias que el chófer Arturo Blanco Bar, que conducía el camión con placa de rodaje número YG, guión 962-1, marca Volvo, de propiedad de la empresa Ranza Comercial Sociedad Anónima, transportaba mercurio de propiedad de minera llanacocha, SRL, con destino a la ciudad de Lima. C. Se produjo un primer derrame de dicho metal en el centro poblado de San Juan, dando lugar a que un aproximado de 40 pobladores de lugar recogieran el mercurio sin saber los efectos dañinos del mismo. Posteriormente, entre las 5 y 35-40 pm del mismo día, se produjo un segundo derrame de aproximadamente 152 kilos de mercurio en las localidades de Chotén, San Juan, La Calera, El Tingo, San Sebastián y Magdalena, esto en una longitud aproximada de 27 kilómetros de la carretera. 3. Acotan la accionante que por su brillo y forma e ignorando que se trataba de una sustancia tóxica, los pobladores comenzaron a recoger el mercurio hasta altas horas de la madrugada, empleando para dicha recolección sus manos e incluso su boca como medio de aspiración. Al guardar el mercurio en sus hogares, sus familiares que recogieron el mercurio también se intoxicaron debido a los gases que emanaba este. 4. La demandante refiere que Llanacocha no hizo caso a sus peticiones de ayuda médica, quien no contaba con un plan maestro de contingencias, lo que propició un mayor nivel de intoxicación al pretender comprar el mercurio derramado a quien hubiera recogido y que existió un nivel deficiente de embalaje, transporte y tratamiento del mercurio por parte de la minera, conforme ha declarado el chofer del camión. 4. Al contestar la demanda que corre en copia foja 765, Minera Llanacocha SRL sostiene que no fue informado oportunamente por el chofer de la empresa Ranza Comercial S.A. encargada del transporte respecto del derrame y que al tomar conocimiento del mismo adoptó las medidas necesarias para evitar perjuicios informados sobre la toxicidad del producto, lo cual resultó poco exitoso debido a las negativas de los pobladores a devolver el mercurio que recogieron y guardaron en sus hogares. Sostiene que la causa determinante de la exposición y elevación del nivel del mercurio en el organismo de los pobladores afectados fue su propia imprudencia. Asimismo manifiesta que el hecho de que la demandante y sus menores hijos hayan presentado niveles de mercurio mayores a los normales en su organismo como consecuencia del derrame producido no necesariamente implica que estos hayan sido intoxicados por dicho elemento. De todos modos celebran un transacciones extrajudiciales a favor de ella y sus hijos, teniendo dichos actos jurídicos, calidad de cosa juzgada y mérito lo dispuesto por el artículo 1302 del Código Civil. Por otro lado, la empresa Minera Foja 687, fórmula de denuncia civil contra Ranza Comercial S.A., por ser la empresa encargada del transporte del mercurio el día en que ocurrieron los hechos. Por resolución copiada a Fojas 1123, el juez de la causa se incorpora de oficio a Esteban Arturo Blanco Bar como litis consorte necesario pasivo por ser el chofer que conducía la unidad móvil que transportaba el mercurio. Cinco, tanto Ranza Comercial S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar sostienen que se limitaron a transportar los balones conteniendo mercurio y que fue Minera Llana Cocha SRL, quien no cumplió con entregar la mercadería al transportista en condiciones adecuadas para un traslado seguro. Además, sostienen que se ha presentado el supuesto de fractura causal por el hecho propio de la víctima, pues no fue el derrame de mercurio lo que ocasionó daños a la demandante, sino su negligencia al manipularlo, llevarlo a su hogar y exponer a su familia en los gases tóxicos. Seis, las partes demandadas deducen las siguientes excepciones. A, de las excepciones deducidas por la empresa Minera Llana Cocha SRL, Fojas 248 del Tomo 1. A, minúscula, excepción de prescripción extintiva. Alega que el derrame de mercurio tuvo lugar el 2 de junio de 2000, por lo que al constituir un supuesto de responsabilidad extra-contractual de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2001 inciso 4 del Código Civil, la acción ha prescrito el 2 de junio de 2002, teniendo en cuenta lo normado por el artículo 1993 del citado Código, según el cual el plazo de dos años empieza a computarse a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos, no habiendo se interrumpió el plazo prescriptorio, siendo que se la ha emplazado con la demanda con posterioridad a dicha fecha. B, minúscula, excepción de conclusión del proceso por transacción. Para poner fin a cualquier conflicto que surja con respecto al derecho indemnizatorio, el 2 de septiembre del 2000, Minera Llana Cocha SRL, celebró tres transacciones extrajudiciales. 1. La primera con la demandante Jovan Angénica Kiros Villati, por su propio derecho. A, quien se la indemnizó con la suma de 5.250 nuevos soles. 2. La segunda con la demandante y con José Gilmer Mendoza Saldana, en representación de sus menores hijos, Euler Jonathan y José Roní Mendoza Kiros, a quienes se les indemnizó con la suma de 15.750 nuevos soles por los dos menores. 3. La tercera con la demandante en representación de su hijo, Walker Estebe Cuenca Kiros, a quien se le indemnizó con la suma de 11.250 nuevos soles. En los tres casos se suscribieron las respectivas adenda, con fecha 4 de noviembre del mismo año, en las cuales acordaron duplicar el monto indemnizatorio a cada uno de los afectados con el derrame. Conforme lo dispone el artículo 1302 del Código Civil, las transacciones antes mencionadas tiene el valor de cosa juzgada, por lo que la pretensión de indemnización de los demandantes no puede ser revisada en sede judicial. C. Minúscula. Esepción de falta de legitimidad para obrar de Minera Llana Cocha SRL, sostiene que como el derrame de Mercurio se produjo mientras era transportado por un camión de propiedad de comercial ranza de CA, ella no es responsable de los daños causados, que, como la demandante alega, la responsabilidad surge de una actividad riesgosa o peligrosa, la misma que no fue realizada por la empresa. En cuanto lo señalado por la actora, que no se les brinda la atención de vida, la Minera no tuvo participación alguna en el diagnóstico y tratamiento de los afectados, sino que él mismo fue dispuesto por los médicos del puesto de salud de Choropampa y el Hospital Regional de Cajamarca en coordinación con Psychotox. D. Minúscula. Esepción de falta de legitimidad para obrar de los demandantes con relación a la pretensión de indemnización por daño ambiental. Tratándose de intereses difusos, sólo puedes demandar el Ministerio Público, las asociaciones o instituciones sin fines de lucro, los gobiernos locales, etc. conforme lo establece el artículo 82 del Código Procesal Civil, por lo que los demandantes por sí solos no pueden promover el presente proceso. B. De las excepciones de ranza comercial S.A. foja 752 del Tomo II. A. Minúscula. Esepción de falta de legitimidad para obrar de ranza comercial S.A. Cuando ocurrieron los hechos, se desempeñaba como agente de transporte de minera y anacocha S.R.L. y los balones que contenían mercurio eran de propiedad exclusiva de dicha minera. Fue ella quien no los embasó adecuadamente, lo que trajo consigo el derrame, que en todo momento el mercurio fue manipulado en su estiva y aseguramiento de la plataforma del vehículo por personal de la citada minera. Solicita se tenga en cuenta el dictamen pericidiano del examen físico químico emitido por la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional, de fecha 18 de junio del 2000, en el que se concluyó que la responsabilidad por el derrame de mercurio se debió a la imprudencia e inteligencia en su embasado. B. Minúscula. Esepción de prenscripción extintiva. Allegra los mismos fundamentos de minera y anacocha S.R.L. C. Minúscula. Esepción de conclusión del proceso por transacción. Menciona como sustento de su defensa de forma las transacciones celebradas entre la demandante por derecho propio y en representación de sus hijos con la minera y anacocha S.R.L. C. Delitis con suerte necesario pasivo Esteban Arturo Blanco Bar, fojas 1173 del Tomo 3. A. Minúscula. Esepción de prescripción extintiva. Sustiene los mismos fundamentos de la demandada minera y anacocha S.R.L. B. Minúscula. Esepción de conclusión del proceso por transacción. Igualmente, sirven de sustento de su excepción las transacciones celebradas entre la parte accionante con la empresa minera emplazada. C. Minúscula. Esepción de falta de legitimidad para obrar de los demandantes con relación a la pretensión de indemnización por daño ambiental. Consigna la misma motivación que sus co-demandadas. Siete. Mediente resolución número tres dictada en la audiencia de saneamiento procesal el 8 de enero del 2004, según acta de fojas 303 a 312, se declara infundada la excepción de conclusión del proceso por transacción, referido a la demandante Giovanna Angelica Quiroz-Billati, que deduce en minera y anacocha S.R.L. Renza comercial S.A. y Esteban Arturo Blanco Bar. Fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción, referido a los menores Euler Jonathan y José Arron y Mendoza Quiroz, igual que el Esteban, Cuenca Quiroz, que deducen los tres demandados. Infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandados, deducida por la minera y anacocha S.R.L. y Renza comercial S.A. Infundada la excepción de prescripción deducida por todos los demandados. Infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar activa respecto a la pretensión de indemnización por daño ambiental. 8. A pelada que fuera la citada a resolución, la sala civil de Cajamarca mediante Autodevista del 25 de Julio de 2005 confirma la alzada por unanimidad en cuanto a declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada de Renza comercial S.A. y fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar por daño ambiental. Confirma, por mayoría, en los extremos que declara infundada la excepción de prescripción extintiva de la acción. Infundada la excepción de conclusión del proceso por transacción, referido al accionante Giovanna Kiros, fundada la excepción de conclusión del proceso respecto a los hijos menores de edad del actora, deducida por la empresa minera. La revocaron en el extremo que declara fundada la excepción de conclusión del proceso por transacción, referido a los menores de edad, deducida por los demandados Renza comercial S.A. y Arturo Blanco Bar. Infundada la excepción de conclusión del proceso por transacción respecto al actora, deducida por la empresa minera e infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, deducida por la misma empresa minera. Reformándola, declararon infundada la excepción de conclusión del proceso por transacción, referida a los menores de edad, deducida por Renza y Arturo Blanco Bar. Infundada la excepción de conclusión del proceso por transacción respecto al actora, deducida por la minera de demandada y fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva, deducida por la misma empresa minera, en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso. Dicha resolución fue materia de recurso de casación por los demandados Ranza Comercial SA y Arturo Blanco van, así como por la accionante Giovanna Quiroz, siendo declarado nulo los concesorios por la sala civil permanente de la Corte Suprema respecto a los dos co-demandados en tanto que se declaró procedente al recurso del accionante, el mismo que es declarado fundado mediante sentencia de fechas 7 de abril de 2006, casación número 2383-25 caja marca corriente de fojas 1428-1433 del tomo 2 que conforma estos autos, por lo que casaron la devista por no haberse fundamentado debidamente, así como por no haberse fijado fecha para la vista de la causa de acuerdo a ley, devolviendo los actuados a la instancia de origen. 9. Devuelto a los autos a la sala civil de caja marca, estas se abocan nuevamente al conocimiento de la causa emitiendo en esta oportunidad por unanimidad con fecha 27 de diciembre de 2006 el auto de vista, corriente de fojas 1473-1480 del tomo 3, por medio de la cual revoca la impugnada en el extremo que declara infundada en la excepción de conclusión del proceso por transacción, respecto a la demandante Giovanna Quiroz-Billati y reformándola, la declara fundada, confirmándola en los demás extremos. Esta resolución de vista es la que viene en recurso de casación, conforme se procede a describir a continuación respecto a los fundamentos determinados por la parte de demandante. 2. Materia del recurso. Se trata del recurso de casación interpuesto por doña Giovanna Angelica Quiroz-Billati, por derecho propio y en representación de sus tres menores hijos, contra la resolución de vista de fojas 1473-1480, expedida el 27 de diciembre de 2006 por la sala civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en los extremos que 1. Confirme la resolución apelada que declara fundada a la excepción de conclusión del proceso por transacción respecto a los demandantes menores de edad, 2. Walker Cuenca-Quiroz-Euler Mendoza-Quiroz-Josémen-Dosa-Quiroz, propuesta por las demandadas mineras Yanacocha-SRL y Granza Comercial SA. 3. Confirme el auto apelado en cuanto declara fundada a la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante, respecto a la pretensión por daño ambiental formulada por el demandado Esteban Arturo Blanco-Barr. C. Revoque el auto apelado en el extremo que declara infundada a la excepción de conclusión del proceso por transacción y reformándolo declara fundada a la cita de excepción en cuanto concierne a la accionante Giovanna Angelica-Quiroz-Billati, propuesta por minera Yanacocha-SRL y Esteban Arturo Blanco-Barr. 3. Fundamentos del recurso Por resolución del 3 de mayo de 2007 se declaró procedente el recurso de casación por las causales previstas en los incisos 2 y 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil al haberse satisfecho en los requisitos de fondos regulados por los incisos 2.2 y 2.3 del artículo 388 del mismo cuerpo legal. Por los fundamentos siguientes 1. La inaplicación de normas de derecho material Manifíace la recurrente que sean inaplicados los artículos 5 y 1305 del Código Civil al haberse transigido sobre daños a la salud de los afectados. Derechos que son personalísimos y extrapatrimoniales y por ende no son transables sin considerarse que dichas transacciones son inválidas por no ajustarse al ordenamiento legal siendo nulas de pleno derecho. 2. Contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. A. Señala al impugnante que conforme el inciso 10 del artículo 446 del Código Procesal Civil solo se puede proponer la excepción de conclusión del proceso por transacción si se llegue a establecer que la misma ha puesto fin a un proceso judicial, es decir previamente ha debido existir un proceso judicial que haya terminado con transacción. Del mismo modo el artículo 453 inciso 4 el citado cuerpo procesal requiere la existencia de procesos idénticos para poder aparar la excepción de transacción situación que no se presenta en el caso de autos al tratarse de una transacción que no puso fin a ningún proceso judicial y tampoco fue homologada por juez alguno, habiéndose además contravenido principios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema en casaciones anteriores como por ejemplo la casación número 730-2005 B. Como segunda causa de contravención al debido proceso, alega a la recurrente que la excepción de falta de legitimidad para obrar activa del accionante respecto al daño al medio ambiente no se ha interpretado correctamente los alcances del artículo 82 del Código Procesal Civil, toda vez que el mismo prevé la legitimación extraordinaria para las instituciones que allí se mencionan, en tanto que la legitimación ordinaria le corresponde a las personas naturales afectadas y incluso para las que no lo son directamente, además de no haber aplicado el presidente vinculante trazado y la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el expediente número 221-97 Acción de Amparo Tribunal Constitucional. Cuarto de la convocatoria al pleno casatorio 1. Mediente razón de foja 123 A del cuaderno de casación, la señora regulatora de la sala civil permanente de la Corte Suprema de la República da cuenta del presidente de dicha sala de la existencia de pronunciamientos contradictorios sobre la misma materia entre las dos salas civiles de esta máxima instancia judicial. 2. Mediente resolución del 29 de noviembre de 2007 la sala civil permanente estando la razón emitida solicita al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República citar a pleno casatorio a fin de que se constituya doctrina jurisprudencial sobre el caso materia de autos. 3. Por resolución número 0127 Primo pleno casatorio pleno Corte Suprema Poder Judicial del 4 de diciembre de 2007 la presidencia del Poder Judicial de acuerdo a lo dispuesto para el artículo 400 del Código Procesal Civil convocada la cena plena de la Corte Suprema de Justicia de la República a sesión para llevar a cabo la vista en la causa del presente proceso. La misma que se realizó el 18 de diciembre de 2007, habiendo sido designados como vocales ponentes de las opiniones divergentes de las salas supremas civiles, los señores Walter Vázquez, Bejarazno y Víctor Lucas de Conapóstigo en sus condiciones de presidente de dichos órganos jurisdiccionales supremos. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del primer pleno casatorio civil de la Corte Suprema de la República de Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Esta grabación del Librebox está en el dominio público. 5. Consideraciones. 1. Habiendo se invocado vicio sin yuricando e improcediendo como fundamentación de los agravios y atendiendo a sus efectos, es menesta de realizar primero el estudio de la segunda causal, referida a infracciones procesales. Dados los alcances de la decisión, pues en caso de empararse la misma esto es y se declara fundada la casación por dicha causal deben reenviérselos actuados a instancia de origen para que proceda de acuerdo a los resueltos, no teniendo objeto para anunciarse en lo que concierne a la causal de inaplicación de normas materiales. Sin perjuicio de ello cabe dejar constancia que si bien es cierto que en el auto que declara procedente al recurso de casación se ha hecho expresar referencias solamente las causales de inaplicación de normas materiales y contravención al debido proceso en cuanto a la excepción de transacción, más no así en cuanto a la excepción de falta de legitimación para obrar de la desmandante para accionar por daño Tal omisión ha sido subsanada en la verse dispuesta en la parte resolutiva de manera genérica que se declaraba procedente el recurso por las causales denunciadas por los tres motivos reseñados, tanto más si es que el Ministerio Público ha emitido dictamen pronunciándose sobre todos los extremos denunciados y la parte demandada no ha alegado unidad alguna, por lo que cualquier posible vicio de orden procesal ha quedado subsanado, más aún si es que el mismo no resulta trascendente para impedir que se resuelva el caso de autos. 2. El asunto de ilusidad en este proceso y que es materia de divergencia entre las decisiones de las alas civiles permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República se centren los alcances de la transacción extrajudicial celebrada bajo el amparo normativo del artículo 1302 del Código Civil. Esto es si la transacción extrajudicial puede hacerse valer como excepción procesal. El otro punto materia de debate se refiere a la legitimación activa que pueda tener una persona natural para promover procesos judicial en la defensa de intereses difusos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Por tal razón, para un mejor entendimiento del caso subjudice, se ha considerado oportuno abordar determinados tópicos que tienen estrecha relación con los hechos debatidos y las denuncias expuestas en el recurso de casación. En mérito de ellos se expondrá, en primer lugar, los criterios y posiciones manifestadas por ambas salas civiles supremas. A continuación, se seguirá un orden de exposición que abarca la institución de la transacción tanto en su vertiente sustancial como procesal, además de otras instituciones afines que convienen traerse a colación para un mejor esclarecimiento y resolución del caso sublitis. A, antecedentes resolutivos de las salas civiles supremas. Tres, conforme se pueda corroborar de las resoluciones dictadas en las casaciones obrantes en copias en autos, la sala civil permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en los expedientes número dos mil trecientos ochenta y tres dos mil cinco caja marca sentencia dictada anteriormente en este mismo proceso donde manera de obiterdictum se refiere a la validez de la transacción extrajudicial. Número dos mil ciento sesenta y tres dos mil seis caja marca número setecientos cinco dos mil siete caja marca número setecientos treinta y tres dos mil siete caja marca número setecientos treinta y siete dos mil siete caja marca y número mil setecientos uno dos mil siete caja marca ha considerado que la transacción extrajudicial tiene calidad de cosa juzgada de acuerdo a lo previsto por el artículo mil trecientos dos del Código Civil. Al poner fin a algún asunto dudoso o litigioso evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Por lo tanto no se contraviene en los artículos cuatrocientos cuarenta y seis inciso diez y cuatrocientos cincuenta y tres inciso cuatro del Código Procesal Civil, así como tampoco segundarán los artículos cinco y mil trecientos cinco del Código Civil. Al estar transándose la indemnización sobre el daño que sufrió la parte afectada por el derrame de mercurio, por lo que si bien el daño puede ser extrapatrimonial, toda indemnización por sí misma se configura como un derecho patrimonial respecto al cual si se puede transigir. Por lo tanto dichas a la Suprema admite que la transacción puede ser deducida como excepción en un proceso judicial y serán parada como tal. Precisamente por haber evitado una controversia judicial. Cuatro. Por su parte, la sala civil transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en las casaciones setecientos treinta dos mil cinco caja marca dos mil ciento cincuenta y ocho dos mil seis caja marca dos mil ciento sesenta dos mil seis caja marca dos mil ciento sesenta y dos dos mil seis caja marca y dos mil ochocientos ochenta y dos dos mil seis caja marca y dos mil novecientos cuarenta y dos dos mil seis caja marca. Considera que solamente se puede poner la transacción cuando ha estado en curso de otro proceso. Es decir, previamente ha tenido que existir un proceso judicial que haya confluido con la suscripción de una transacción homologada por el juez de la causa para que pueda hacerse valer como excepción ante la interposición de una nueva demanda sobre los mismos hechos. Al configurarse la identidad requerida por el artículo cuatrocientos cincuenta y tres inciso cuatro del código procesal civil. Razón por la cual la transacción extrajudicial celebrado bajo los términos del código civil sin que haya existido un proceso judicial anterior no cumple el requisito del artículo cuatrocientos cincuenta y tres punto cuatro del código procesal civil. Ergo deviene inemparable como medio de descensa de forma. Es decir, no se puede deducir como excepción de forma. B. De las transacciones celebradas. Cinco. Como se corroboran de lo descrito seguidamente entre la parte desmandante y la empresa minera Yanakocha SRL se celebraron tres transacciones extrajudiciales. La primera transacción con la accionante por derecho propio y en representación de sus menores hijos las dos siguientes. Así como se adicionaron sendas adenda a cada una de ellas. Todas confirma debidamente legalizadas por notario. Primero transacción celebrada por doña Yubana Angelica que era un spiati por derecho propio con minera Yanakocha SRL. A. En este negocio jurídico interminó en calidad de conjugé de la indemnizada el señor José Chilmón Mendoza Saldana. Se estipuló como mundo total de la indemnización la suma de dos mil seiscientos veinticinco nuevos soles el cual según la cuarta cláusula cubría el daño emergente lo crucesante daño físico moral y cualquier otro daño producido por el derrame de mercurio ocurrido el 2 de junio de dos mil. Asimismo se acordó que la empresa minera proveería de un seguro de salud a favor de la parte afectada sin costo para esta que cubra por el plazo de cinco años los costos médicos asociados con las enfermedades derivadas de la contaminación por mercurio. Seguro que podría ser renovado en caso la parte indemnizada ayer querida atención médica cubierta por el seguro y además presenta alguna enfermedad derivada del derrame de mercurio que requiere atención médica por un periodo adicional a la vigencia del seguro. Fecha de suscripción 2 de septiembre de dos mil. B. Con fecha 4 de noviembre de dos mil se redacta un nuevo documento denominado addendum donde se acuerda a duplicar el mundo de la indemnización que haría un total de cinco mil novecientos cuentas nuevos soles el pago se realiza con firmas legalizadas ante notaria. Segundo transaccion celebrada por doña Giovanna Angelica Quiroz-Billati en representación de su menor hijo de 15 años de edad, Walker Esteve Cuenque-Quiroz con minera llena cocha S.R.L. A. En este negocio jurídico solo intervino la madre del menor. Se estipuló como un mundo total de la indemnización la suma de cinco mil seiscientos veinticinco nuevos soles el cual según la cuarta clausula cubría el año emergente lucro cesante daño físico moral y cualquier otro daño producido por el derrame de mercurio ocurrido el 2 de junio de 2000. Asimismo se acordó que la empresa minera proveería de un seguro de salud a favor del menor sin costos para este que cubra por el plazo de cinco años los gastos médicos asociados con las enfermedades derivadas en la contaminación por mercurio seguro que podía ser renovado en caso de la parte indemnizada ya requerido atención médica cubierta por el seguro y además presenta alguna enfermedad derivada del derrame de mercurio que requiera atención médica por un periodo adicional a la vigencia del seguro en la segunda clausula se condicionó el pago final del monto acordado cuando se contará con la autorización judicial para celebrar la transacción fecha de suscripción 2 de septiembre de 2000. Con fecha 4 de noviembre de 2000 se redacta un nuevo documento denominado adendun se acordó aplicar el monto de la indemnización que haría un total de 11.259 soles en este documento también se estipula en la segunda clausula que el pago final se hará una vez se cuente con la autorización judicial respectiva. C, mediante sentencias del 5 de junio de 2001 el segundo juzgado de familia de Cajamarca teniendo en la vista los dos documentos transaccionales autorizan la celebración de la transacción. En mérito a dicha sentencia con fecha 10 de enero de 2002 la empresa mineira cumple con pagar a la madre del menor el saldo pendiente de 5.625 nuevos soles. El pago se realiza con firmas legalizadas antinotarios. Tercero, transacción celebrada por doña Giovanna Ángelica Kilos Villati, José Jilmer Mendoza Saldana, en nombre de los menores, Euler Jonathan Mendoza Kilos de 12 años y José Ronny Mendoza Kilos de 5 años con minera Janancocha S.R.L. A, en este negocio jurídico interminaron ambos padres de los menores de edad. Se estipuló como un moto total de la indemnización la suma de 7.875 nuevos soles. 2.950 nuevos soles para Euler Mendoza y 5.625 nuevos soles para José Mendoza, el cual según la cuarta clausula cubría el daño emergente y lucro cesante, daño físico, moral y cualquier otro daño producido por el derrame de mercurio ocurrido el 2 de junio de 2000. Asimismo, se acordó que la empresa Mindela proveería de un seguro de salud de favor de los menores afectados, sin costo para ellos, que cubra por el plazo de 5 años los gastos médicos asociados con las enfermedades derivadas de la contaminación por mercurio. Según lo que podría ser renovado en caso de la partida indemnizada, haya requerido atención médica cubierta por el seguro y además, presente alguna enfermedad derivada del derrame de mercurio que requiera atención médica por un periodo adicional a la vigencia del seguro. En la segunda clausula se condiciona el pago final del mundo acordado, cuando se contara con la autorización judicial para celebrar la transacción. Fecha de suscripción de septiembre de 2000. B. Con fecha 4 de noviembre de 2000 se realiza un documento denominado Adendum, donde se acuerda duplicar el monto de la indemnización que haría un total de 15.750 nuevos soles. En este documento también se estipula en la segunda clausula que el pago final se hará una vez secuente con la autorización judicial respectiva. C. Mediente sentencia del 6 de febrero de 2001, el tercer jugador de familia de Caja Marte, teniendo en la vista los dos documentos transaccionales, autoriza la celebración de la transacción y Adendum, y la entrega de el dinero señalado en ambos documentos. En mérito de esta sentencia con fecha 1 de marzo de 2001, la empresa minera cumple con pagar a las madres de los menores el saldo pendiente de 7.875 nuevos soles. El pago se realiza con firmas legalizadas ante notario. C. Sobre la transacción. C. Uno de su regulación en nuestro ordenamiento nacional. 6. Ante todo cabe analizar la regulación jurídica de la transacción de acuerdo a nuestro actual ordenamiento legal. En lo que concierne a su regulación legislativa sustantiva, el artículo 1302 del Código Civil Vigente indica. Artículo 1302. Por la transacción, las partes haciéndose concesiones recíprocas deciden sobre un asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizándole que está iniciado. Con las concesiones recíprocas también se pueden crear regular modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene el valor de cosa juzgada. C. Antecedentes y formalidades. 7. Así lo entendía también el Código Civil de 1852 al estipular en su artículo 1702 que Artículo 1702. Transacción es un contrato por el que dos o más personas decidiendo de común acuerdo sobre algún punto dudoso o litigioso evitan el pleito que podría promoverse o finalizar el que está principiado. Puede transigirse entre presentes o ausentes por los mismos interesados o apoderados con poder especial. Seguidamente agregaba en sus artículos 1703 y 1705 que la transacción se debía redactar por escrito, sea en instrumento público o privado o a través de una petición dirigida al juez y firmada por los interesados con fe de las firmas de los que la hacían. La transacción celebrada por escritura pública producía sus efectos desde que era otorgada legalmente en tanto que la hecha por escritura privada lo hacía desde que se traducía en instrumento público y se protocolizaba y la que secía ante el juez cuando se legalizarán las firmas. En lo que se refería a la transacción sobre bienes de menores o personas sujetas interdicción se indicaba, según el artículo 1716 del citado Código, que la misma no sería valida mientras no se contara con la aprobación del juez. Quien para concederla debía oír al Consejo de Familia y pedir el dictamen de tres letrados y el Ministerio Fiscal. Por su parte, el Código Civil de 1936, su artículo 1307, disponía qué? Artículo 1307. Por la transacción, dos o más personas deciden sobre algún punto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está promovido. En lo que concernía la protección de los derechos en menores de edad. Igual disposición tenía el artículo 1312 del citado Código al estipular que los representantes de menores, ausentes o incapaces, podrían transigir con aprobación del juez. Quien para concederla oiría al Consejo de Familia cuando lo hubiera y pediría el dictamen de dos letrados y el Ministerio Fiscal. Nuestro actual Código Civil trae la misma regulación en su artículo 1307 al indicar qué? Artículo 1307. Los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez, quien para este efecto oirá el Ministerio Público y al Consejo de Familia cuando lo haya y lo estime conveniente. Sobre este particular regresaremos más adelante cuando acometamos el estudio de las transacciones celebradas entre la empresa minera demandada y los menores de edad hijos de la actora. C.3. Naturaleza jurídica. 8. Como se nota, la transacción en el Código Civil de 1852 era considerada dentro de la sección de los contratos denominados consensuales a diferencia de los aleatorios que contemplaban otras figuras jurídicas. Esta calificación jurídica luego variaría con el Código Civil de 1936, el que consideró a la transacción como un medio de extinguir obligaciones. La Comisión revisora del Código Civil de 1852, que elaboró el Corpo Legal de 1936, manifestó que si era un horto jurídico en virtud del cual las partes haciendo sus concesiones recíprocas, extinguir obligaciones dudas soliticiosas eran forzos o conveníren que la transacción no era propiamente hablan un contrato sino un verdadero modo de extinción de los actos jurídicos en general, porque por ella se podían extinguir derechos reales y derechos hereditarios. La transacción continuaba diciendo la Comisión es un contrato en cuanto representa el resultado de la concordancia de las voluntades. Pero como es una convención que tiene por fin jurídico principal, liquida a relaciones obligatorias preexistentes, es real y verdaderamente un medio de extinción de obligaciones y está mejor ubicada en el Plan del Anteproyecto que la incluía dentro de los efectos de las obligaciones que en la sección del Código Civil de 1852. 9. En la doctrina se discute arduamente si la transacción es una convención, un contrato o un acto jurídico, inclinándose a la mayoría por concebirla como un contrato, conforme lo exponen, entre otros, para el ámbito argentino, los tratadistas Jorge Jamías y Rubén con Pagnucci de caso. En CEDAS NACIONAL, la Comisión Revisora del Código Civil de 1936 ubicó a la transacción como un medio de extinguir obligaciones, al igual que el aludido código en materia de reforma. Primero considero que la figura de la transacción presenta un doble aspecto. De un lado, es efectivamente un contrato destinado a poner fin a obligaciones dudosas o litigiosas, mediante concesiones recíprocas, desprendiéndose su naturaleza contractual de la definición contenida en el artículo 1351 del Código Civil que define el contrato. Este carácter se ve acentuado al haberse introducido al segundo párrafo del artículo 1302 del citado código. Según el cual, se admite que la transacción puede crear regular o modificar relaciones diversas de las que son objeto de la controversia. En otra parte, se comentaba por la anotada comisión que el legislador ubica la transacción como uno de los medios de extinguir obligaciones por razones de tradición jurídica y porque en múltiples casos prevalece el efecto extintivo de la misma. Acutaba que había sido motivo de especial preocupación de la Comisión Revisora que dio origen al Código Civil vigente de 1984 introducir mecanismos ágiles para que los particulares solucionen sus diferencias sin intervención de los tribunales de justicia. Teniendo en cuenta el explicable deseo de las partes de evitar los costos de un proceso, la pérdida de tiempo que este conlleva y la voluntad común de lograr tranquilidad, aspecto que prevalecía para que ellas se dicten su propia sentencia. 10. Es por ello que los profesores Castillo Freire y Osterling Parodi señalan que la transacción es un acto jurídico, puesto que constituye una manifestación de voluntad destinada a crear regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, pero asimismo puede ser un contrato al versar sobre relaciones jurídicas patrimoniales, puesto que los derechos extra patrimoniales son intransigibles, por lo que ambos conceptos no resultan ser excluyentes sino complementarios. Por lo tanto, se concluye que para nuestro ordenamiento jurídico nacional, la transacción es un acto jurídico de naturaleza patrimonial, contrato, por el que las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad, haciéndose concesiones reciprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso. A nivel formal, al ser un contrato, apunta a sanjar cuestiones ya existentes entre las partes, es decir, a extinguir relaciones jurídicas existentes que se encuentran en controversia. Por ello, su ubicación es más clara dentro de los medios extintivos de las obligaciones. En cuanto al nivel de fondo, lo que subcha en el corazón de estas figuras se centra en la búsqueda de la paz y la armonía. La causa o función de la transacción es la composición de la controversia jurídica que existe entre las partes, cuyas solo son una equidación asumen los propios interesados, evitando provocar un play tubo acabando el día iniciado y se realiza mediante reciprocas concesiones. Sobre esta causa, que en sus múltiples aspectos revela la virtualidad operativa del contrato y sobre la situación o relación jurídica controvertida debe recaer impelido por el ánimo transigendi el consentimiento de los contratantes. Seguidamente, haremos referencia tanto al adulto internacional como a la Argentina por haber servido el código civil de este último país como fuente para la redacción de nuestro actual artículo 1.302. Especialmente en cuanto a la validez de cosa juzgada que se le otorga a la transacción, extremo sobre el cual nos ocuparemos más adelante. 11. Al decir de jamías, la transacción se basa en un intercambio de sacrificios. Si una sola de las partes sacrificará algún derecho suyo, ellos serían la renuncia y no una transacción que requiere que medien concesiones reciprocas. Mientras exista una reciprocidad, no importa la cuantía de ellos ni su equivalencia o desigualdad, puesto que la ley no exige paridad de concesiones, ni ello podría imponerse porque la importancia del sacrificio que cada cual realiza es de apreciación eminentemente subjetiva, no habiendo pauta válida para su medición. C.4. Efectos de la transacción. 12. Se sostiene que la transacción, como es opinión mayoritaria en doctrina, produce diversos efectos siendo los principales A. Es obligatorio vinculante. B. Es exintiva. C. Tiene efecto declarativo. D. Tiene valor de cosa juzgada. A. Es obligatorio vinculante. Por su razón de carácter contractual en la transacción crea para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma. E inmenito del adagio que el contrato es ley entre las partes. B. Es extintiva. Precisamente por el efecto extintivo que posee la transacción, las partes no pueden hacer valer luego los derechos renunciados por este acto. Si lo hicieran, serían rechazados por una excepción de transacción que impide renovar una pretensión ya aniquilada del convenio celebrado. C. Tiene efecto declarativo. La transacción no tiene efectos traslativos de derechos sino declarativos. Esto significa que cuando uno de los contratantes reconoce el derecho del otro no es que esté considerando que se lo está transmitiendo, sino que ese derecho ha existido desde antes y directamente en cabeza de quien lo tiene luego de la transacción. D. Tiene valor de cosa juzgada. La parte final del artículo 1302 de nuestro actual código civil le otorga tal condición a la transacción. El aspecto sobre el que regresaremos más adelante cuando tratemos específicamente sobre la vinculación de la transacción con la cosa juzgada y su posibilidad de proponerse como excepción en ese sentido. 13. Concordante con lo dicho, el artículo 1303 del Código Civil es expreso al conciminar que la transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. Dejando en claro la relevancia del elemento reciprocidad en esta figura extintiva. El sentido del artículo es evidente tomando en cuenta la finalidad de la transacción, cual es la de no reabrir el asunto que dejó de ser controvertido, dudoso o litigioso. Por lo tanto, la eficiencia y practicidad que constituyen las ventajas de la transacción giran alrededor de este economía en términos de tiempo, recursos e incertidumbre. Estos beneficios se tornarían estédiles si la transacción no tuviera la calidad de definitiva, es decir, si pudiera reiniciarse o proseguir un proceso judicial sobre el mismo tema, al cual las propias partes se encontraron solución y combinieron en ella. 14. Ahora bien, nuestro código procesal civil también regula sobre la transacción judicial, la misma que debe ser homologada por el juez de la causa conforme se stipule en el artículo 337, el mismo que la letra dice. Artículo 337. Homologación de la transacción. El juez aprueba la transacción siempre que contenga concesiones reciprocas, verse sobre derechos patrimoniales y no afecta el orden público a las buenas costumbres y declara concluido el proceso si alcanza a la totalidad de las pretensiones propuestas. 14. Queda sin efecto toda decisión sobre el fondo que no se encuentre firme. La transacción que pone final proceso tiene la autoridad de la cosa juzgada. El incumplimiento de la transacción no autoriza al perjudicado a solicitar la resolución de esta. Si la transacción recae sobre alguna de las pretensiones propuestas o se relaciona con alguna de las personas, el proceso continuará con las pretensiones o personas no comprendidas en ellas. En este último caso se tendrá en cuenta lo normado sobre intervención de terceros. Con la transacción judicial no se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones materiales ajenas al proceso. Seguidamente se regula. Artículo 338. Normatividad supletoria. En todo lo no previsto en este capítulo se aplica las normas pertinentes del código civil. 15. Como nota adicional, deviene inelustrativo consignar 62 modificaciones que se realizaron a diversos artículos del código civil mediante la primera disposición modificatoria del código procesal civil. Ninguna se refiere a las normas de la transacción. Es más, existe el artículo 338 antes citado que es remisible a las reglas contenidas en el código sustantivo. Lo que demuestra que el legislador procesal no tuvo intención alguna de restarle eficacia a la transacción extrajudicial. De lo contrario hubiera modificado derogado toda la normatividad citada. 15. La transacción extrajudicial. Defensa de forma o de fondo. 16. La cuestión surge en saberse si es que solamente la transacción judicial puede hacerse valer como defensa de forma, excepción procesal y la extrajudicial como defensa de fondo. Si bien es cierto que el artículo 453 del código procesal civil precisa qué? Artículo 453. Amparo de las excepciones de nitis, pendencia, cosas juzgadas, desistimiento de la pretensión o conclución del proceso por conciliación o transacción son fundadas las excepciones de nitis, pendencia, cosas juzgadas, desistimiento de la pretensión o conclución del proceso por conciliación o transacción respectivamente, cuando se inicia un proceso idéntico a otro. 1. Que se encuentra en curso. 2. Que ya fue resuelto y cuenta con sentencia o laudofirme. 3. En que el demandante se desistió de la pretensión o 4. En que las partes conciliaron o transigieron. No resulta menos cierto que se puede optar por uno de dos caminos o el de la aplicación literal de dichos supuestos o el de interpretar sistemáticamente los mismos dentro del marco constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva así como de los fines del proceso además del principio de autonomía de la voluntad. Esto es de buscarla solucionado en caso concreto de manera cierta sin dar pie a sucesivos litigios. 17. Si nos inclinamos por la primera opción es decir por la aplicación literal de la norma jurídica procesal se consideraría que la transacción extrajudicial no puede ser alegada como excepción procesal pero el contrario deberá alegarse como defensa de fondo. Es decir como parte de la contestación de la demanda. En cambio si pondramos la segunda alternativa esto es de la interpretación sistemática de la norma procesal arribaremos a la conclusión que se puede alegar la transacción extrajudicial como defensa de forma y por ende estaría considerada dentro del supuesto previsto por el artículo 446 inciso 10 del Código Procesal Civil. 18. Comentando sobre la legislación argentina Compagno Chi, de caso precisa que la defensa o excepción de transacción denominada excepto elitis per transacción infinitae es de tipo perintorio que decide el preito y tiene carácter sustantivo por lo que aquel que pretende oponer esa defensa debe demostrar al igual que para la cosa juzgada que se dan los requisitos de las tres identidades objetos, sujetos y causa. En cuanto al objeto debe entenderse que solo sea transado sobre los derechos que obronen el acuerdo y no es posible extender el entendimiento de situaciones análogos similares los sujetos también deben coincidir y juega el principio del efecto relativo de los contratos por último la causa debe ser idéntica es decir, estar fundada en los mismos hechos que fueron frente a las pretensiones reclamadas. 19. Nuestra anterior legislación procesal, aunque no de manera expresa contemplaba la distinción entre excepciones perintorias y dilatorias por el momento en que podían ser deducidas que ahora escaca el capítulo segundo del título primero de la sección segunda del Código de Procedimientos Civiles de 1912 llevaba solamente por título excepciones dilatorias. Glacificación que hoy en día ha dejado de ser usada tanto es así que la actual ley de enjuiciamiento civil española del año 2000 no las contempla, teniendo eso sí una instación procesal de saneamiento no obstante lo dicho resulta ilustrativo a hacer algunas referencias a ello, fundamentalmente por sus efectos prácticos. 20. En doctrine existen tantas clasificaciones de excepciones como autores hay, por lo que podemos por seguir lo dicho por pilares, que invencionando los diferentes criterios de clasificación de estas alude entre otras alas A, procesales y materiales B, propias e impropias C, de previo o especial pronunciamiento de perintorias y dilatorias mixtas es esta última clasificación la más ascendida, concebiendo salas excepciones dilatorias o temporales como aquellas que no impiden una reproducción del ataque del actual en otro proceso una vez hayan variado las ilustraciones, en tanto que los perintorias o perpetuas eran aquellas que de ser estimadas impedían que el ataque se reproduzca en otro proceso porque se dirigían a conseguir la absolución del demandado o la terminación del litigio, desvirtuando o destruyendo para siempre el derecho del demandante se admitía a un atértios genus que se denominaba excepciones mixtas porque se sostenía teniendo la naturaleza de perintorias y de dilatorias, por lo que se podían hacer valer tanto antes de contestar la demanda como al presentarse esta, siendo considerada dentro de este tipo de excepciones la de transacción C.5.1 transacción vs cosa juzgada 21, otro ámbito de debate es el referido a que si la transacción al tener, según nuestro código civil, el valor de cosa juzgada podría haber hecho valer en este proceso como defensa de forma bajo el amparo del inciso 8 del artículo 446 del código social civil, que regula la excepción de cosa juzgada y no bajo la ejida del inciso 10 del mismo artículo si nos remitimos a un ordenamiento procesado, observamos que el desistimiento de la pretensión se puede hacer valer como excepción con nombre propio artículo 446 inciso 9 desistimiento de la pretensión o como excepción de cosa juzgada que inmediato a lo dispuesto por el artículo 344 del código procesado al civil, por lo que en un nubuto sentido tendría paso también para hacer un parada la transacción judicial o extrajudicial. Como arto histórico mencionamos que el artículo 1728 del código civil en 1852 decía que la transacción produce entre las partes la excepción de cosa juzgada y puede interponerse en cualquier estado de la causa coligiéndose de ello que se le otorgaba la condición de excepción mixta al poderse oponer como dilatoria operatoria de acuerdo a lo antes mencionado 22 en pero es sujeto de debate el considerarse es que la transacción extrajudicial tiene o no la calidad de cosa juzgada siendo de opinión en contra la mayoría de la doctrina, por ejemplo en Argentina Javías, Borda y Compa Nucci sostienen que la transacción como contrato que es no tiene capacidad de producir efectos de cosa juzgada, solo tendrá que ir a fuerza a la que ha sido homologada por el juez de la misma postura son los autores nacionales Castillo Freire y Ustarni Farodi al señalar que la transacción sólo tiene similitudes con la sentencia con el laudo cuando nos encontramos dentro de un proceso judicial o arbitral, de distinto parecer es el maestro Uruguayo Eduardo Couture que al considerar como excepción mixta a la cosa juzgada y la transacción decía que las excepciones de cosa juzgada y transacción evitan en todo caso el debate sobre el derecho expuesto en la demanda, quien la dulce en la cosa juzgada no discute el derecho mismo sino que zamparen un pronunciamiento anterior a su respecto que le resulta favorable y que le ahorra una nueva discusión el que invoca la transacción tampoco quiere dilucidar el derecho tal cual era sino que zamparen un estado de cosas que ha surgido luego del contrato de transacción y que hace innecesario todo debate sobre el estado exterior, la transacción que es el equivalente contractual de la sentencia actuó en el juicio como una verdadera excepción de cosa juzgada 23, la doctrina española también se ocupa de tal efecto considerando que las normas respectivas artículos 1816 del Código Subray español cuando habla del valor de cosa juzgada se tratan más de una metáfora secular y que ha configurido históricamente la misión de subrayar el carácter monumento declarativo del contrato no debiendo entenderse en su sentido literal, por tal motivo el autor español Francisco Pelaes comenta que partiendo de que la transacción es una especie de sentencia que titan las partes para resolver su situación controvertida pienso que la interpretación que buscamos es la de Fenech, en el artículo 1816 dice no refleja una identidad conceptual con la cosa juzgada de la sentencia, la cosa juzgada de la transacción que no puede hacerse valer por ejemplo por medio de la excepción de cosa juzgada en un proceso civil ni tratarse por el procedimiento incidental quiere decir que el juez viene obligado a tener en cuenta la decisión de las partes y a no contradecirla aunque la cree injusta, pero esta cosa juzgada no impide que el juez valore la validez del propio contrato de transacción y que estime su falta de causa que ha sido otorgado con dolo etcétera o sea que el juez no puede revisar el proceso que ha culminado en una sentencia de modo que la cosa juzgada se desprende de la sentencia y cubre la actividad anterior a ella solo en ese sentido puede hablarse propiamente de cosa juzgada en cuanto a la solución se independice de la actividad anterior y tiene valor por sí mismo es como una sentencia que se han dado las partes continuó citando Francisco Pelaes esta vez a carreras chansana que opina que para que exista cosa juzgada en sentido material es indispensable por definición que se haya ajustado, es decir esta verdadero y propio juicio sobre una cuestión entre partes que no exige sino un proceder a normas reglas sobre relaciones jurídicas si falta como hemos visto esta imperatividad que es solo propia de la sentencia dictada en el proceso contencioso no cabe afirmar que exista propiamente un juicio ni cosa juzgada 24 en la misma línea doctrina no habría de tener la transacción el valor de cosa juzgada en el sentido positivo de ser vinculante para el juez que al no haber juicio no se dé el presupuesto de la regla tradicional resyudicata proveritate a Betul por lo que sostiene que es alguna de las partes intenta hacer repricir la discusión ante los órganos jurisdiccionales la otra podría oponer con la misma fuerza que la exceptio reyjudicati la exceptio elitis para transacciones finitae 25 en consecuencia parecería dificultoso de cantarse por una u otra opción pero siguiendo la mayoría de la doctrina cuyos argumentos nos parecen más plausibles con relaciones en base a la transacción extrajudicial no homologada se puede deducir la excepción de cosa juzgada opinamos que no resulta viable su proposición como defensa de forma bajo esa denominación sino más bien creemos que se puede plantear como excepción de transacción propiamente dicha toda vez que si bien es cierto existen ciertas imuditudes entre ambas instituciones transacción y cosa juzgada se nota la ausencia de identidad entre las mismas y nos vino la mayor presencia de diferencias c.5.2 de la transacción extrajudicial como excepción procesal 26 en lo que respecto a nuestro ordenamiento procesal comentando el anterior código de procedimientos civiles de 1912 Augusto Ferrero decía que en cuanto a la transacción nuestra ley procesal no ha hecho sino considera el demandado el derecho de interponer con el carácter previo de defensa una institución contemplada en el código civil artículo 1307 1316 la transacción como la cosa juzgada entra en una función positiva y una negativa una función positiva por cuanto se puede exigir su cumplimiento una función negativa por cuanto se puede oponerlo pactado es en el sentido de la función negativa que opera la excepción como la transacción puede hacerse por escritura pública o por petición al juez que conoce el litigio artículo 1308 del código civil entendemos que en ambos casos procede como excepción tiene el mismo valor que una resolución judicial por ello como anota cotidura por medio de la transacción las partes deciden por contrato lo que el juez habría de pronunciar por sentencia seguidamente agrega el fundamento de la excepción de cosa juzgada como el de la transacción de sistemia y despendencia es la seguridad jurídica no olvidemos que no solamente es importante actuar el derecho con el mínimo posible de actividad jurisdiccional sino también con la mayor seguridad jurídica porque el derecho no es un valor en sí mismo ni la justicia es su contenido necesario la prescripción no procura la justicia sino el orden la transacción no agrega la justicia sino la paz la cosa juzgada no es un instrumento de justicia sino de autoridad 27 según Reignum de Salvat para que la excepción de transacción pueda prosperar es necesario el concurso de dos condiciones análogas a las que se exige para la cosa juzgada a que la nueva cuestión sea la misma de transigida, identidad y objeto y b, que la cuestión se plantea entre las mismas personas actuando en la misma calidad identidad de personas por ello se dice que la transacción es un instituto con una doble resonancia normativa fondal y ritual por cuanto a sus efectos extinguihen o modifican relaciones jurídicas y son idóneos para terminar normalmente el proceso puede argumentarse como pretensión para exigir su cumplimiento ya que genera un título ejecutivo o como excepción cuando se pretende demandar primigenio que fue objeto de la transacción 28 abundando un argumento a favor de la viabilidad de proponer la transacción extrajudicial como excepción forno Chiari considera que la transacción afecta directamente la pretensión, afecta el derecho que se auto atribuye el actor en el proceso cuando se trata de convenio extrajudicial estaremos en el campo de los derechos simplemente dudosos frente a este supuesto se ha sostenido que cuando el acuerdo se celebra sin que exista litigio la transacción no puede oponerse como excepción previa solo sería viable como defensa de fondo ya que es un exíntimo de obligaciones que boda similitud con el pago que no esté enumerado entre las defensas previas los argumentos que no nos parecen definitivos pensamos que para arribar a una solución a este problema es necesario recurrir al procedimiento de identificación de pretensiones por su valor gráficamente esclarecedor conviene reproducir la fórmula suministrada por Calamandre según esta autor la identificación subjetiva tiene a establecer quiénes son los litigantes la objetiva apunta a determinar sobre qué litigan la atinente al tercer elemento o sea el título o cosa pretendida se dirige a responder por qué litigan venias más adelante la autor alurido concluye que constatada la triple identidad no advierte impedimento alguno para que la transacción pueda prosperar como defensa previa por lo que determinada por el procedimiento de confrontación la identidad de la pretensión deducida con la cuestión que ha sido materia de convenio transaccional la excepción previa que analizamos es perfectamente viable 29 concluimos que no existe basamento en lógico que sirva de obstáculo para que la transacción extrajudicial se oponga como defensa de forma de lo contrario se estaría desconocido en sus efectos destintivos así como su utilidad como mediúficas para solucionar futuros litigios además de instrumento para alcanzar la página y hermonía entre las partes fin del capítulo 2 capítulo 3 de primer pleno cazatorio civil de la Corte Suprema de la República de Corte Suprema de Justicia de la República de Perú esta grabación de LibriVox está en el dominio público de formalismo, interpretación, la mativa justicia y conflicto social 30 de lo dicho surge al siguiente interrogante ¿Cuál sería la razón para no poder alegar la transacción extrajudicial como defensa de forma excepción para evitarla o ponerla como defensa de fondo? ¿No se haya motivo razonable para exigir a las partes al litigar por un a longado tiempo sabiendo que se concluirá finalmente por el amparo de la defensa propuesta? ¿Cuando bien puede acogerse la misma como excepción procesal? Con ello no solo se estaría actuando en aplicación del principio de economía procesal sino también se estaría descartando la aplicación literal y por tanto perjudicial de las normas procesales contenedas en los artículos 446 incisio 10 y 453 del Código Procesal Civil tanto más si es que se está ante un claro supuesto de ausencia de interés para obrar en el proceso Reiterando, pensamos que los citados dispositivos legales no deben ser aplicados a pedumiterae sino más bien deben ser interpretados a la luz del ordenamiento constitucional y en concordancia con el resto del ordenamiento legal obedeciendo a una interpretación sistemática 31 Resulta muy oportuno traer a colación lo dicho por el jurista brasileño Carlos Álvaro de Oliveira a propósito del formalismo en el proceso civil, quien comenta que la clave del problema consiste en la posibilidad de que el poder organizador, ordenador y disciplinario del formalismo, en vez de servir a la realización del derecho, contribuye al aniquilamiento del propio derecho a un retraso irracionable de la solución del litigio en este caso el formalismo se transforma en su contrario, deja de constituir un herramienta útil para la realización de la justicia material y pasa a ser superdugo, en vez de propiciar una solución rápida y eficaz del proceso contribuye a la extinción de este injusto del mérito, impidiendo que el instrumento alcance su finalidad esencial. Se coloca por tanto en primer plano de la discusión hasta que puntos sostenibles aceptaron una visión rígida y rigurosa del formalismo procesal y al mismo tiempo la problemática de la investigación y búsqueda de soluciones para el antagonismo entre tales valores del conflicto. 32 Justamente por ello es necesario tener en cuenta que constituye un margen de libertad del juez cuando realice la conexión de la norma que interpreta con los valores en los que descansa todo el ordenamiento. Los principios de un sistema jurídico moldean el entendimiento de la totalidad de sus normas porque en todo caso el intérprete deberá optar entre las varias posibles por la solución armenáutica que mejor se adapte a ellos. En esta labor tendrá a su favor los criterios de la razonabilidad, puesto que ante la pluralidad de exigencias provenientes de diversas fuentes su única solución será la de acudir a lo que la doctrina y la jurisprudencia han venido denominando juicio de razonabilidad, que no es otra cosa que un juicio senzato y lógico desde un punto de vista constitucional. 33 Otro autor español, Ricardo Ruiz Serra Malera, también se ocupa de la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, por lo que aún siendo extenso lo transtrito es necesario plasmar su punto de vista sobre ello. Dicho autor nos dice que para fijar el ámbito de la interpretación jurídica se debe atender a tres puntos importantes que muchas veces se suelen marginar, entendiendo que solo se hace necesaria un alabor de esclarecimiento de la norma cuando sea manifiestamente dudosa por su abstracción, por su complejidad o por su apariencia, o creyendo que únicamente corresponde investigar el alcance de la ley por reducir a ello el contenido de la interpretación, o suponiendo que es suficiente con averiguar el sentido particular de cada norma según su propio contenido, aislándola del resto de las que componen el ordenamiento jurídico. El primer aspecto que conviene a los signos, por muy claros que aparezcan los signos con los que se manifiestan, necesita la interpretación del jurista pues una cosa es que la letra, en el caso de la ley, o el uso, en el caso de la costumbre, se muestran como perfectamente definidores de un contenido concreto que aparentemente no ofrezca dudas, y otra muy distinta que ellos sea efectivamente así pues hasta haber analizado aquellos signos no se estarán en condiciones de determinar su claridad o su complejidad, no hay que confundirle facilidad o dificultad al significado, con la existencia o inexistencia de una tarea interpretativa que en todo caso es necesario poder traducir y comprender los signos a través de los cuales se presentan. Aunque sigan teniendo vigencia al antiguo principio, y en cares non-feed interpretatio, constantemente recordado por la jurisprudencia, hay que entenderlo en el sentido de que, si después de haberse comprobado el contenido de una norma no parece descubrirse ninguna consecuencia distinta de las que reflejan sus signos, no puede el intérprete para modificar su alcance, pero no en el que no se aprecia ninguna labor investigadora cuando, simple vista, no exista duda en su significado, ya que como antes he advertido para averiguar esto, se hace siempre preciso analizar la forma material con la que se presenta revestida la norma. 34. Del retranscrito nos encontramos ante el hecho que no siempre se puede decir que una norma es suficientemente clara, eliminando cualquier resquicio de duda o de interpretación, es más, para arribar a la conclusión que no es concluyente en un determinado sentido, se ha debido realizar un analisis de ella, considerando sus alcances dentro de un determinado ordenamiento jurídico. 35. Existen varios criterios normativos de interpretación, pero tradicionalmente se han destacado cinco que son, A. Criterio gramatical, B. Criterio contextual o sistemático, C. Criterio histórico, D. Criterio sociológico, y E. Criterio intencional o teleológico. Para lo que interesa el caso de auto se desarrollarán los criterios gramatical y contextual respectivamente, sin que ello signifique que los demás no tengan igual relevancia. A. Criterio gramatical. Esta criterio exige que la interpretación de las normas se haga atendiendo al sentido propio de las palabras, se llama un criterio promovido por el llamado literalismo, que es precisamente una corriente de interpretación que estima que el lenguaje es lo único que hay que entender a la hora de interpretar. Aunque esta criterio ha sido presentado por algunos como suficiente, no parece que sirva como único criterio a la hora de determinarnos significado. Más bien se constituye en un presupuesto de toda interpretación, por lo que su utilización debe ser desde las perspectivas sistemáticas. En ese sentido parece que se está en presencia de un metacriterio general, necesario en cualquier interpretación, pero insuficiente. También puede ser contemplado como criterio dentro del sistemático que sirve para dotar de significado a la idea de coherencia, en el sentido de que exige interpretar de forma semáticamente coherente con el ordenamiento. B. Criterio sistemático Según este criterio las normas cobran sentido en relación con el texto legal que las contiene o con el ordenamiento. El criterio sistemático puede operar bien desde la perspectiva de la adecuación lógica de la norma con las restantes, donde se conecta con el literal. Bien desde la adecuación teleológica y valorativa de las normas respecto a las demás. Todos los criterios sistemáticos están presididos por la idea de la coherencia. Conunciados normativos deben ser interpretados de forma coherente con el ordenamiento. Este es precisamente el significado general del criterio sistemático. Siendo los restantes, proyecciones presupuestos o limitaciones del mismo. En efecto, algunos no son otra cosa que acongresiones al sentido general de este criterio. Es decir, hacen de alusión a qué partes del ordenamiento deben ser tenidas en cuenta. Dentro de estos pueden incluirse el criterio estructural, el delugar material, el de conformidad con la constitución, el analógico, el de equidad, el del presidente, el de autoridad. 36. Ergo, considerando que cuando no se acoge como excepción a transacción extrajudicial, no homologada judicialmente, se está haciendo una aplicación o interpretación literal del citado de artículo 453 inciso 4 del Código Procesal Civil, más no ha sido una interpretación sistemática. Ha habido cuenta que las normas que integran el ordenamiento jurídico son partes conectadas que se apoyan mutuamente, de tal modo que las zonas se explican por medio de las otras. Creado una norma jurídica esta viene a integrar la totalidad del ordenamiento jurídico, y este impone a la norma una configuración, un valor y un sentido que deben acomodarse a la unidad del mismo ordenamiento. De esta manera la institución de la transacción no solo está regulada por el Código Procesal Civil, sino también y sustancialmente por el Código Civil, por lo que extraer conclusiones distintas, es atentar contra la unidad de este ordenamiento jurídico, visto como un entramado de dispositivos legales. 37. Por tal razón en el artículo 1302 del Código Civil es meridianamente claro, y poniendo preciso, puesto que preestrive que la transacción tiene por cometido el poner fin a una controversia evitando así un pleito que podría promoverse o finalizando el ya iniciado, resultando accesible y formalista que se exija litigar a las partes en un fatigoso proceso judicial para arribar finalmente la conclusión que el Fondo de la Controversia ya ha sido resuelto por ellas mismas, cuando bien se pudo poner fin al proceso, amparando la excepción propuesta. Una interpretación distinta contribuye a alimentar la litigiosidad, cuando a las partes pese a que decidieron libremente de manera extrajudicial poner fin a un asunto dudoso, se les debe exigir transitar por todo el litro procesal, para concluir finalmente que no había motivo a incoar la demanda. Con ellos estaría imponiendo las personas, sean naturales o jurídicas, a que nunca celebren transacciones extrajudiciales, sino que esperen ineluctablemente a que se principie un proceso judicial, con todo el costo temporal y económico que ello significa para luego recién puedan transar, de lo contrario estaría el adentro del peligro que hay de hacerlo antes del proceso bajo el otro criterio que no se comparte dicha transacción no tiene eficacia a nivel de alguno por estar posiblemente viciada de alguna causal de nulidad o anulabilidad. 38 Por ello resulta equivocado sostención a priori que no se puede dar que habida la transacción extrajudicial como medio de defensa de forma, porque esta podría dole ser de nulidad o anulabilidad conforme sostiene un autor nacional. Mantener tal presunción sería cuestionarle validez de cuánto acto jurídico se celebra en nuestro medio y por ende bajo esas premisas se tendrían que considerar por ejemplo que tampoco resultarían parable la excepción de convenios vitral porque esta podría estar viciada de nulidad o anulabilidad dándose incluso que habida a otras posibilidades invalidantes sobre todos los negocios jurídicos celebrados crean un ambiente de total incertidumbre de nulidad jurídica. Por todo ello si viendo el texto legal sigue siendo un elemento fundamental en el momento de interpretación y aplicación de la norma esa aplicación es un proceso de integración recíproca de lo individual y del universal por lo que ni el texto de la norma es suficiente ni la aplicación de ella el caso concreto deja de influir en el momento de la interpretación. La sumisión del cohesa de la ley no equivale a la sugestión a un texto literal, admiten margen que dentro de esa vinculación permite soluciones más abiertas. 39. Situación diferente se manifestaría si es que el momento de resolver la excepción el juzgador considere en el ejercicio del control judicial que prevé el artículo 220 del código civil que las transacciones extrajudiciales presentadas son inválidas o ineficaces. Supuesto a este que no se ha considerado en ninguna de las instancias de mérito no siendo alegada tampoco por la demandante aspecto que desde nuestro punto de vista también resultaría discutible toda vez que bien podría haberse dado la dignidad o anulabilidad de la transacción mencionada, tanto más si es que en otros pronunciamientos casatorios de criterio distinto al de esta sentencia no se ha desestimado la procedencia de las excepciones de transacción extrajudicial por tales causales, sino porque las mismas no se ajustaban a lo prescrito por el 453 del código pososal civil. De igual guisa tampoco podría actuarse de manera inoficiosa puesto que aún existiendo pareceres incentivo diferente en sede de casatoria nacional no es admissible en la aplicación del principio jurídico del Jurano Vitcuria al ser la casación de un recurso extraordinario que sólo permite la corte de casación y la revisión de los casos denunciados específicamente bajo los supuestos del artículo 386 del código procesal civil la especificidad que impide el ejercicio de la Facultad General del juez y aplicar el citado principio. E. Regla de derecho Venir contra facto un propio Nulli conceditor. 40. El brocado jurídico de origen romano arribacitado no es otra cosa que la actualmente denominada teoría de los actos propios la misma que según Mario Castillo Freire está conceptada como una limitación al ejercicio de los derechos subjetivos impuesta por el deber de un comportamiento coherente con la conducta anterior del sujeto que suscita en otro una fundada confianza. Luis Diaz Picasso precisa que la regla de nadie puede venir contra sus propios actos ha de interpretarse en el sentido de que toda pretensión formulada dentro de una situación nitigiosa por una persona que anteriormente ha realizado una conducta incompatible con esta pretensión debe ser desestimada, acotando que desde el punto de vista del derecho sustantivo la inadmisibilidad de venir contra los propios actos constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad derivado del principio de buena fe y particularmente de la exigencia de observar dentro del tráfico jurídico un comportamiento coherente. Ruben Kompagnucci de Caso afirma que la doctrina de los actos propios importa una barrera que compuesta la pretensión judicial impidiéndose con ello el lograr incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone en los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas no siendo posible permitir que a su mano pauta de conducta que susiten las expectativas o confianza en un desarrollo anterior y luego se contradiga al efecto de un reclamo judicial. 41 Por su parte Alejandro Borda señala aludiendo a la jurisprudencia de su país que los tribunales han sostenido las partes no pueden contradecir en juicio sus propios actos anteriores deliberados jurídicamente relevantes y plenamente eficaces como asimismo de bien e inadmisible en las pretensiones que ponen en la parte en contradicción con sus comportamientos anteriores jurídicamente relevantes. Por lo tanto la teoría de los actos propios constituye una regla de derecho derivada del principio general de la buena fe que sanciona como inadmisible toda pretensión ilícita pero objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto. 42 Resulta es clarecedor lo dicho por Luis Moisés de Espanés quien comentando la regla de que no es admisible que uno venga a actuar en contra de sus propios actos menciona que es necesario reconocer que la doctrina de Estado siempre presente en numerosos fallos, se refiere a los tribunales argentinos, por reponga el más elemental sentido de justicia el que un litigante pretende maliciosamente negar lo que antes ha afirmado. Seguidamente da una serie de ejemplos de conductas que atentan contra la buena fe, donde encuentra aplicación en la doctrina de los actos propios como en el caso de una parte de ejercitas de derechos anteriormente renunciados siendo ese el supuesto que se presenta precisamente en la controversia materia de la presente casación, donde la acciónante pretende reclamar derechos anteriormente renunciados. 43 Según la doctrina la teoría de los actos propios tiene como presupuestos A. Una conducta vinculante B. Una pretensión contradictoria C. Identidad de sujetos A. Una conducta vinculante Esta consiste en una toda serie de actos que revelen una determinada actitud o decisión de una persona respecto de intereses vitales que se expresan o más concretamente es un acto volitivo exteriorizado de las personas sobre un interés trascendente. De acuerdo al expresado por Mario Casillo Freire tenemos que la conducta vinculante tiene cuatro elementos. Uno, debe ser relevante para el derecho, lo cual excluye no solo las conductas curídicamente intrascendentes, menos opiniones expresiones de deseos o proyectos manifestaciones incidentales, etc. sino también aquellos que requieren imperativamente una forma determinada que por hipótesis esté ausente. Dos, debe ser válida y eficaz es decir, la primera conducta no debe estar atacada de causales de validez o una eficacia esta validez y eficacia de la conducta no se refiere a la juridicidad o anti juridicidad del propio acto pues al fin y al cabo de lo que se trata es de dilucidar con esta teoría el aspecto anti jurídico del mismo sino de subrayar que aquella conducta reúne todos los requisitos de validez y de eficacia como consulta en sí misma, más allá del juicio valorativo que se haga de ella. Tres, tiene que presentarse en una misma situación jurídica, justo que se refiere al comportamiento obtenido dentro de una situación jurídica que afecta una esfera de intereses. B, una pretensión contradictoria es una inabatoación con un contenido jurídico preciso y determinado que importa ejercer una pretensión jurídica por parte del mismo sujeto que resultaría lícita en otro contexto pero que en el caso es ilícita e inadmisible la contradicción con la primera conducta llamada vinculante y afectándose valores o conceptos indeterminados entre los cuales destaca el principio de la buena fe, por otra parte la segunda conducta debe dar lugar a una pretensión la misma que puede ser judicial o extrajudicial. C, identidad de sujetos, debe haber una estricta identidad entre el sujeto gente de la conducta vinculante y el sujeto de la pretensión. 44 para el caso de auto se verifica que el acción ante Giovanna Angelica a ti por derecho propio en representación de sus menores hijos, Walter Cuentadquiros, Eulias Mendoza Quiroz y José Mendoza Quiroz celebró transacciones extrajudiciales con la desmandada Minyana Yanagocha sociedad responsabilidad limitada con fecha 12 de septiembre de 2000 siendo autorizada la transacciones referidas a las menores edad por resoluciones judiciales del 6 de febrero y 5 de junio de 2001 luego de lo cual se realice el último pago que se había acordado, puesto que la cancelación total se condicionó a las citadas aprobaciones judiciales en tales actos jurídicos las partes acordaron que Minyana Yanagocha, SRL indemnizaba a los afectados por el derramio del mercurio que ocurrió en su localidad entando que el ahora accionante renunciaba a iniciar cualquier proceso judicial o reclamo al respecto, puesto que se daba por indemnizada completamente por los daños derrogadas a su persona y a sus menores hijos como producto de la manipulación del mercurio que se derramó del camión de la empresa Ransa, SA. 45 conforme se observa las transacciones fueron celebradas entre las partes de común acuerdo. Es más, en el caso de los menores se contó con las correspondientes autorizaciones judiciales para dar legalidad a dichos negocios jurídicos por lo que se entiende que las mismas tienen plena validez y eficacia. Ergo resulta contradictorio que el accionante pretendiendo desconocer ocasiones anteriores interponga demanda por indemnización alegando haberse producido un daño mayor al que fue materia de transacción. Asimismo, los negocios jurídicos transaccionales saludidos no fueron tachadas de falsos onulos por la actora que lo absolvió las excepciones que le opusieron los demandados. Hecho del que nos volveremos a ocupar con más detalle considerando dos adelante. 46 Sobre esta conducta desplegada por la actora resulta necesario referirse a lo dispuesto para el Código Civil Vigente, en lo que concierne el régimen general de los contratos. Tal es así que en sus artículos 1361 y 1362 se consagran los principios de obligatoriedad de los contratos y de la buena fe. Príncipe este último que de existir en sus etapas de negociación, celebración de los mismos, por ello establecen que artículo 1361 obligatoriedad de los contratos los contratos son obligatorios en cuanto se haya empezado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde la voluntad común de las partes y que niegue esta coincidencia debe probarla. Artículo 1362 buena fe y común intención los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. De la regulación anudida se demuestre que el ser la transacción un contrato resulta por sí mismo obligatoria entre las partes que lo celebraron, porque responde a la voluntad de ellas. Esa obligatoriedad sin duda nace de la ley, porque les otorga los particulares la posibilidad de regular sus propios intereses, dentro de los limites que le señala el ordenamiento jurídico. Ahora bien, esta afirmación resulta ser una presunción juristántum puesto que el mismo artículo 1361 no admite la posibilidad de probar en contrario. Esto es que alguna de las partes llegue a sustentar que lo expresado en el contrato no es el reflejo de su rival voluntad extremo este que debe ser analizado al luz del principio de la buena fe. De lo contrario, la simple legación en ese sentido sobre la discordancia daría pría cuestionar la validez en los contratos por la sola decisión unilateral de las partes. 47 Es por ello que el artículo 1362 contempla que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Ellos significa que se entiende que el contrato debe ser celebrado bajo un principio ético donde los celebrantes confían entre sí razón por la cual el derecho ha optado por consagrar la buena profitiva. Respecto a la común intención de las partes y la autor nacional Manuel de la Puente decía que entre los comentaristas de este código se refiere al de 1936 el que trata mejor el tema de la común intención oscornejo quien dice que la intención representa la dirección teleológica de la voluntad es la voluntad dirigida a un fin agregando que la intención común consiste en modificación de requerir que ambas partes en el propósito de crear una obligación jurídica en lo que los enemanas llaman la voluntad del negocio atingente al contenido jurídico del contrato y no a los fines prácticos. Resulta así que la común intención de que hable el artículo 1362 del Código Civil de 1984 debe ser entendida como la voluntad común mencionada en el artículo 1361 del mismo código o sea la absoluta coincidencia de las voluntades y las partes en relación al objeto del contrato que es la creación, regulación modificación e extinción de la relación jurídica patrimonial 48 de ello emerge que cuando se celebra un contrato las partes se vinculan a los términos del mismo puesto que ellos han sido fijados como presión de la autonomía en la voluntad de estas en todo caso si alguna de ellas pretendiera alegar la existencia de algún vídeo en su celebración así lo debe hacer saber procediendo a tomar las acciones que correspondieren pero de modo a alguna resulta aceptable que de manera unilateral desconozca los efectos del contrato porque así le parece en el caso de materias de autos el acción ante no solo pretende desconocer de manera unilateral los efectos de las transacciones celebradas con la empresa minera demandada sino que lo que resulta más grave desde nuestra perspectiva no hace mención a tales hechos en su demanda ocultando haber celebrados en los negocios jurídicos transaccionales con la empresa minera tanto más y luego de deducidas las excepciones de conclusión del proceso por transacción no formuló tacha contra los citados acuerdos transaccionales lo cual desmuestra que no estaba actuando coherente con relación a su conjunto anterior de poner fin a un asunto controvertido como fue la reparación de los daños causados por el derrame de mercurio 49 esta conducta contradictoria no sólo se evidencia con lo antes anotado sino también que la absorben las excepciones únicamente le gole a su postanulidad de prenso derecho de las transacciones con relación a la defensa formal propuesta por la empresa minera escrito de absolución de fecha 17 de septiembre de 2002 obrante foja 261 del tomo 1 argumento que no volve a discriminar de que excepción propuesta por el Código mandado Arturo Blanco Mar escrito del 7 de octubre de 2003 corriente fojas 1925 del tomo 3 donde se limitó a decir que las transacciones extrajudiciales han no haber sido homologadas por el juez ni tampoco habían puesto fin a un proceso anterior no se ajustaban a lo regulado por el artículo 453 inciso 4 del Código Procesal Civil por ende no se podían alegar como excepciones procesales tal falta de coherencia en los argumentos contenidos en el escrito de la desmanda y en la defensa del accionante nos llevan a colegir que la misma tenía una conducta contradictoria frente a su contraparte de empresa minera demandada por lo que consideramos que se da la regla del venir contra factum al pretender desconocer injustificadamente un acto anterior validamente realizado puesto que no se verifica que hay interpuesto de desmanda poniendo en cuestión novalides de dichas transacciones como proceso autónomo o como pretensión acumulativa conducta que no puede pasar desapercibida 50 lo argumentado en la demanda no puede servir de motivo para desconocer los alcances y efectos de una transacción celebrada voluntariamente por el accionante en todo caso si es que considero que tanto la transacción celebrada por derecho propio como en la referida a sus menores hijos adolescían de algún visión invalidez debió optar primero o acumulativamente si fuera el caso por solicitar la unidad de las mismas pero de modo alguno puede actuar de manera contraria a una conflicta anterior como fue la de renunciar e iniciar cualquier proceso judicial sobre el asunto materia de indemnización en consecuencia en este caso concreto se vivencia una clara actuación contradictoria en el comportamiento del accionante hecho que también debe ser tomado cuenta para realizar un análisis en conjunto del caso en materia de resolución en este pleno casatorio fin del capítulo 3 capítulo 4 de primer pleno casatorio civil de la Corte Suprema de la República de Corte Suprema de Justicia de la República de Perú esta grabación de LibriVox está en un dominio público F, transacción y lesión 51, la demandante al momento de absolver el traslado de las excepciones deducidas por la minera demandada fojas 261 del tomo 1 indica que las transacciones extrajudiciales resultan lesivas haciendo lo mismo en su recurso de apelación donde consigna que la empresa minera se aprovecha de la necesidad apremiante de los afectados no exponiendo mayores argumentos al respecto 52, el artículo 1447 del Código Civil señala que la acción recisorio por misión sólo puede ejercitarse cuando la desproporción entre las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las dos quintas partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad apremiante del otro. En tanto que en el artículo 1455 es taxativo al prescribir que no procede la acción de recisión por lesión en la transacción y en las ventas hechas por remate público 53, la comisión revisora del Código Civil de 1936 que dio a luz el vigente de 1984 decía que el propósito del legislador de robustizar la transacción se manifiesta principalmente en los siguientes aspectos en caso de que hubiera desproporción entre las contracciones raciprojas que se hicieran las partes no se permite la lesión en la transacción en razón que el artículo 1302 del Código Civil no exige que las mutuos contracciones sean equivalentes el legislador confiere un tratamiento excepcional en la transacción, quiere impedir que lo que se persigue con la transacción que es evitar que un juicio se promueva o continúe se pierda por la vía de la lesión le importa reabrir un debate judicial sobre la cuantía de las concesiones mutuas que se hicieran las partes para arribar a la transacción. 54, al respecto Max Arias Scheraber comentando dicha norma legal indicaba que la razón por la cual no cabe la lesión en la transacción estriba en que las partes se hacen concesiones raciprocas y la operación tiene valor de cosa juzgada en mérito a los dispuestos por el artículo 1302 del Código Civil Posición algo distinta expresa Manuel de la Puente quien justamente aludiendo a la anterior autor dice que no comparte tales argumentos por cuanto si bien son válidos y se toman consideraciones exclusivamente el elemento objetivo de la lesión o sea la desproporción entre las pretensiones carecen de justificación cuando se tienen cuenta los elementos subjetivos que son el aprovechamiento de uno de los contratantes de la necesidad de primer del otro seguidamente añade en efecto, siendo la transacción un contrato es dable que las condiciones de la transacción sean impuestas por una de las partes abusando del estado de necesidad en que se encuentra la otra que lleva a esta aceptar tales condiciones por ser la única manera como puede satisfacer su necesidad. No creo que deban pararse una transacción celebrada en estas condiciones convengo sin embargo en la razon dada por Arias Scheraber de que el artículo 132 del Código Civil establece que la transacción tiene el valor de cosa juzgada por lo cual no se podría interpondre en una acción judicial para rescindirla. 55 nuestra legislación nacional proscribe expresamente la posibilidad de cuestionar la transacción alegando que ha existido en lesión en el momento de su celebración es más la parte acciónante sólo hace mención de manera tangencial en suscritos de absolución de la excepción propuesta por Diana Cocha que la transacción extrajudicial resulta lesiva pero no mencionas es que intentó ejercer alguna acción en ese sentido ni tampoco alegó la anulidad negocial en este proceso como parte de sus pretensiones acumuladas por lo que queda claro que este instituto jurídico bajo análisis queda descartado como argumento para cuestionarlo a líderes de la transacción celebrada entre las partes. De otra parte se verifica que tanto la demandante como su conjugé tienen la condición de profesores ergo al no estar incapacitados cultural o legalmente no se haya elemento impediente alguno para que no hayan podido preciar los hechos con claridad y no es que se les esté exigiendo en este caso el haber tenido desplegado una capacidad de análisis de juristas operitos sino tan sólo nos remitimos al sentido común que todo profesional tiene y que le permite formarse un juicio sobre la realidad que lo rodea y de ese modo saber qué actos le son más o menos ventajosos a sus intereses personales. Otro hecho que se corrobora es que la actora recibió el último pago indemnistatorio acordado en las transacciones después de expedidas las resoluciones judiciales que las aprobaban tal como se puede observar de las documentales aparejadas en autos conducta que den nota que para ella en ese momento las citadas transacciones no carecían de validez por el contrario estuve de acuerdo con los términos pactados en ellas. G. Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo 56 Dada la trascendencia del hecho que da origen a esta y otras demandas similares que se encuentren en curso, la Defensoría del Pueblo se pronunció con relación al derrame de Mercurio que afectó a las localidades de San Sebastián de Choropampa, Magdalena y San Juan en la provincia de Cajamarca mintiendo el Informe Defensorial Nº 62 de diciembre de 2001. En el citado informe se hizo un pormenorizado análisis de lo acontecido precisamente en sus conclusiones entre otros puntos que a la mañana y en la cocha se la había sancionado administrativamente, no habiendo impongnado dicha sanción. Conclusión número 22 también cuestionó en la actividad procesal de la Magistrada Provisional Encargada del Justo de los Mixtos de Santa Apolonia Olga Castañeda, Ayulo así como del Fiscal Adoque Miguel Villalobos, nombrado por el caso. Se procesó penalmente al chófer del Camión Esteban Arturo Blanco-Barn por el delito contra la vida del cuerpo de la salud como único responsable y contra los directivos de Janacoche y de Arranza por el delito contra la seguridad pública y delito de peligro común en sus figuras de formas culposas en agravio de la sociedad. No habiendo se constituido en parte civil ninguno en los agraviados. Finalmente, son los de sentencia al chófer del Camión a dos años de pena privativa de libertad por una secución suspendida, no habiendo sido apelada la sentencia. Sobre este particular la descensoría del pueblo en sus conclusiones y recomendaciones número 23 y 11 respectivamente solicitó se investigue la actitud tanto del magistrado como del fiscal por no haber procesado debidamente la cuestión del delito ecológico, por lo que el control del Ministerio Público y del Poder Judicial proceda de acuerdo a sus atribuciones. 57 Finalmente, un atinente en las transacciones extrajudiciales, conclusión número 26 opina que las mismas vulneran los derechos al debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva de los afectados derechos de la persona humana reconocidos constitucionalmente, inerentes a la misma e irrenunciables. Según la Defensoría del Pueblo página 75 del informe, tales transacciones serían nulas de apleno en el caso, ya que se estaría transigiendo sobre el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Opinión que no es compartida por este pleno casatorio por las razones ya expuestas. 58 La Defensoría del Pueblo no se pronunció en sus conclusiones ni en sus recomendaciones sobre la viabilidad o no de demandar indemnización por daño ecológico y los responsables del hecho de denunciado. Este efecto es de dar lugar a que se reparen esos perjuicios ocasionados con el derrame de Mercurio. En suma que se presentan en el artículo 82 del Código Procesal Civil para que inicien las acciones que el caso emitaba. H sobre los intereses difusos y su defensa. 59 En primer lugar es necesario tener en cuenta que a la fecha en que se suscitaron los hechos 2 de junio de 2000 y de la admisión de la presente demanda presenta del 27 de mayo de 2002 y emitida el 4 de junio de 2002 como se verifica de fojas 111 a 1120 del tomo 3 aún estaba vigente el texto original en el artículo 82 del Código Procesal Civil el mismo que en el siguiente. Artículo 82 Patrocinio de intereses difusos Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial tales como la defensa del medio ambiente de bienes o valores culturales históricos o del consumidor. Pueden promover e intervenir en este proceso el Ministerio Público y las asociaciones o instituciones en fines de lucro son alego el criterio del juez esta última por resolución debidamente motivada estén legitimados para ello en estos casos una síntesis de la demanda será publicada en el diario oficial el peruano y en otro desmayor circulación del distrito judicial son aprecables a los procesos sobre intereses difusos las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente. La sentencia de no ser recurrida será elevada en consulta a la Corte Superior la sentencia definitiva que declara fundada será obligatoria de más para quienes no hayan participado del proceso. Posteriormente mediante ley número 27 1652 del 8 de junio de 2002 se modifique el texto de dicho artículo en los siguientes términos. Artículo 82 patrocinio de intereses difusos Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas respecto de bienes de inestimable valor patrimonial tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural histórico del consumidor Pueden promover e intervenir en este proceso el Ministerio Público, los gobiernos regionales los gobiernos locales, las comunidades campesinas y o las comunidades nativas en cuya jurisdicción se produjo al daño ambiental o al patrimonio cultural y las asociaciones o instituciones en fines de libro que según la ley y criterio del juez este último por resolución debidamente motivada están legitimadas para ello. Las rondas campesinas que acreditan personalidad jurídica tienen el mismo derecho que las comunidades campesinas o las comunidades nativas en los lugares donde éstas no existan o no se haya personado a juicio. Si se promueven procesos relacionados con la defensa del medio ambiente o de bienes o valores culturales sin intervención de los gobiernos locales indicados en el parrofo anterior el juez deberá incorporarlos en calidad delitis con sortes necesarios aplicándose los dispuestos en los artículos 93 y 95. En estos casos una síntesis y la demanda será publicada en el yereo oficial del peruano o en otro que publique los avisos judiciales del correspondiente Distrito Judicial son aplicables a los procesos sobre interés difuso las normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en lo que sea pertinente en caso que la sentencia no empare la demanda será elevada en consulta al acorde superior la sentencia definitiva que decre es fundada la demanda será obligatoria es más para quienes no hayan participado del proceso la indemnización que se establece en la sentencia deberá ser entregada a las municipalidades y serita a lo provincial que hubieran intervenido en el proceso a fin que la emplee en la reparación del daño ocasionado o la conservación del medio ambiente de su circunscripción. 60, tal modificación verso sobre quienes tienen legitimación para obrar en la defensa de tales intereses dándose al caso que a la fecha de la interposición de la demanda la norma procesal le atrogaba tales facultades al ministerio público y el asasiocesiones o instituciones y fines de lucro entando que la norma modificada amplia el espectro de instituciones legitimadas para tal fin. El caso es que ni en el texto anterior ni en el actual se contempla la posibilidad de que la acción pueda ser ejercida por una persona natural sino solo por entes que cuentan con personalidad jurídica. 61, al respecto Juan Montero Oroca nos dice que frente a los intereses colectivos los intereses difusos se caracterizan porque corresponden a una serie de personas que están absolutamente indeterminadas no existiendo entre ellas vínculo jurídico alguno de modo que la afectación de todas ellas deriva solo de razones de hecho contingentes como ser consumidores de un producto vivir en una misma ciudad o ser destinatarios de una misma campaña publicitaria acotando que por ello se está sin duda ante un caso de legitimación extraordinaria la asociación representativa no es desde luego titular del interés difuso pero tiene por la legitimación para defenderlo en juicio. 62, en sede nacional Giovanni Priori comenta que en el caso de los intereses difusos nos encontramos frente a un problema de acceso a la jurisdicción por ello en la medida que es imposible es sumamente difícil precisar la titularidad del derecho y por ende la legitimación de la legitimación programativa la ley habilita determinadas personas o instituciones para que actúan en nombre propio e inicia en los procesos tendientes a la tutela de estos derechos que en principio no les corresponden debido a que la titularidad se encuentra atribuida a un conjunto indeterminado de personas y no a estas individualmente consideradas. En ese sentido esta habilitación legal tiene por finalidad superar el problema que el carácter difuso de la titularidad trae a la determinación de quien se encuentra habilitado para iniciar validamente un proceso problema que no se supera otorgando representación ya que en este caso la dispersión de la legitimación se mantiene 63 por tanto en lo que conciende la denuncia referida al amparo de la excepción de falta de legitimidad para obrar de la desmandante respecto al daño ambiental no vislumbramos en primer lugar con tradición alguna de las decisiones de masalas civiles puesto que concuerdan como lo hace este pleno que la legitimación únicamente les corresponde de manera exclusiva y excluyente a las entidades que se mencionan en el artículo 82 del código procesal civil por ende no puede ser ejercida por una persona natural salvo que represente a una de las entidades señaladas en el mencio del artículo tanto en su versión original como en su versión modificada 64 en cuanto a la alusión que hace la acción de la sentencia expresida por el terminal constitucional en el expediente número 221.997 acción de amparo terminal constitucional donde se hace mención que la legitimación y la defensa de los intereses difusos alcanza también en las personas naturales cabe precisarse que tanto el artículo 26 de la ley número 23.506 como el artículo 40 del código procesal constitucional vigente le otorgan legitimación a cualquier persona para interponer demandas de amparo lo cual debe entenderse que es perfecto de solicitar esta garantía constitucional en defensa de los intereses difusos pero hoy uno nos puede llevar a colegir que así como en el amparo también en la vía ordinaria la legitimación es irrestricta para la defensa de los intereses difusos por lo que se debe diferenciar el ejercicio de una acción de amparo frente a una acción ordinaria puesto que en uno y otro caso se persiguen fines totalmente diferentes en consecuencia lo alegado por la recurrente cárese de sustento jurídico siendo correcta la decisión de la sala civil de Cajamarca al confirmar el autopelado que declara fundada la excepción propuesta sobre estas materias de legitimación activa en la defensa de intereses difusos y sobre la inaplicación de normas de derecho material y punto 1, validez de las transacciones y punto 1, punto 1 sobre el daño a la salud 65 de la demanda que en copia corre de fojas 1101, 1118 del tomo 2 de la presente causa se advierte que en ninguna parte del citado documento se hace mención en la celebración de transacciones extrajudiciales entre la accionante así como sus menores hijos con la empresa demandada tampoco se hace alusión en validez alguna de dichos negocios jurídicos que pueda sustentar la interposición de la demanda de hecho emergen dos hechos evidentes el primero referido a que la actora expresamente guardó silencio respecto a la celebración de las transacciones extrajudiciales el segundo relacionado con que no cuestionó la validez de las mismas para poder incoar la demanda de indemnización, es más tampoco sustento en la demanda el mayor valor de los montos indemnizatorios que los fijados en las respectivas transacciones extrajudiciales 67 al momento de absorber las excepciones reducidas por la empresa minera demandada que se refoja a 261 264 el tomo 1 recién la accionante procede de cuestionar la validez de dichas transacciones en primer lugar señala que las mismas no son oponibles por no ajustarse a los supuestos previstos por el Código Procesal Civil al no haber dado fin un proceso judicial anterior y tampoco han sido homologadas por ningún juez además que serían nulias de pleno derecho al haberse transigido sobre derechos extrapatinimoniales y finalmente en el fondo estas resultan lesivas y es que se tiene en cuenta la enorme diferencia entre las partes y el grado apremiente de necesidad en que se encontraban los afectados. No obstante la demandante no presentó cuestiones probatorias contra las transacciones ofrecidas por la empresa excepcionante como sustento de su defensa de forma 68 respecto a la oponibilidad de la transacción extrajudicial como defensa de forma esto es como excepción procesal los fundamentos de su procedencia corren y nos consideran dos precedentes lo mismo ocurre en lo atinente al alegado a la supuesta lesividad de la transacción celebrada supuesto que también ya han merecido pronunciamiento los consideran dos partenantes corresponde analizar si es que las transacciones celebradas son invalidas por haber brazado supuestamente sobre derechos extrapatrimoniales del mismo modo se estudiará el extremo concerniente a las autorizaciones judiciales y su temporalidad con relación a la celebración de las transacciones extrajudiciales de los menores de edad 69 el cuestionamiento que se hace de tales negocios jurídicos es que sea transado sobre derechos extrapatrimoniales como por ejemplo el derecho a la salud de acuerdo a los dispuestos por el código civil vigente en realidad se transó en el caso subchudice no es sobre la salud sino sobre los daños que se ocasionaron a la salud como consecuencia de la exposición y manipulación del mercurio que sufrieron la acción ante sus menores hijos al igual como ocurrió con otros pobladores del lugar 70 los daños extracontractuales pueden ser de orden patrimonial o extrapatrimonial por ello se habla respecto a los primeros del daño emergente y del lucro cesante en tanto que con relación al daño extrapatrimonial nos estamos refiriendo a los daños a la persona que se ha hecho en el caso moral inclusive de acuerdo al artículo 1306 del Código Civil se puede transar sobre responsabilidad civil proveniente de delito es decir se puede pactar sobre la reparación de un daño causado por un hecho dolozo ergo como yo razón se puede transar sobre daños provenientes de actos culposos de lo prescrito para el artículo 1985 de nuestro Código Civil se acolege que estos dos tipos de daños patrimoniales y extrapatrimoniales se pueden reparar patrimonialmente es decir son indemnizables ya sea con una suma cualquier otra obligación que conlleve a resarcir el daño causado de otro modo no habría manera de indemnizar en suma cuando se menciona que se indemniza un daño lo que se está haciendo es patrimonializar el mismo sean de naturaleza personal, material o moral 71 a lo que se refiere al artículo 1305 del Código Civil al indicar que no se puede transar sobre derechos extrapatrimoniales es a todos aquellos derechos que no pueden ser apreciados o valorizados en dinero por ello se dice que no se puede transar sobre derechos extrapatrimoniales esto es por ejemplo, nadie puede ser hijo o pariente de otro por transacción tampoco se puede instituir desde el aeroforzoso, vía transacción así como no se puede convalidar un matrimonio nulo por transacción o tampoco se puede transar con alguien para que se deje inocular el virus del VIH en este último ejemplo si se estaría atentando contra la salud la misma que es entendida como una condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el riesgo, razón por la cual toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley siendo irrenunciable el derecho a su protección conforme lo expresan los artículos 1 al 2 del título preliminal de la ley general de salud ley número 26842 72 en el caso de autos no se ha transado sobre la salud en sí misma porque las partes no han acordado que la una tenga el derecho de dañar a la otra sino que se ha acordado en reparar ese daño causado a través de un monto dinerario tal cual ocurre por ejemplo a raíz de un accidente de tránsito la parte culpable indemniza la parte afectada o a sus herederos y no es que estén autorizando la aire o matarla sino que se está tratando de reparar las consecuencias de ese daño causado de lo expuesto queda descartada toda vulneración a los artículos 5 y 305 del Código Civil por ende las transacciones celebradas tienen plena validez 73 estando las consideraciones precedentes con las cuales se han desestimado las disminucias de inflaciones de orden procesal incluido que sí resulta procedente la interposición de la excepción por transacción extrajudicial de hecho sus argumentos se hacen extensivos al presidente analisis toda vez que en las transacciones celebradas entre las partes no se advierta que el accionante de sus menores hijos hayan renunciado alguno de sus derechos fundamentales referidos a la vida a la integridad física, a la libertad al honor y demás indianentes a la persona humana 74 en efecto si bien es cierto que con el derrame de mercurio se creó una situación de riesgo para los lugareños quienes se expusieron a daños físicos al manipular el metal no es menos cierto que para efectos indemnizatorios ese daño debe ser cuantificable de lo contrario no habría manera de poder resarcirse el mismo 75 en su escrito que contiene el recurso de casación admite la actua que los derechos personalizamos y extrapatrimoniales sí pueden ser cuantificados patrimonialmente y por ende materia de transacción como en efecto ocurrió así y se consumió en las respectivas transacciones que se estaba indemnizando por el año causado el cual comprenía el daño emergente, lucrucesante daño físico, moradio y cualquier otro daño sufrido en consecuencia no se puede algurir que se han afectado los derechos señalados por el artículo 5 del código si bien o que se han frijido los dispuestos por el artículo 1305 del mismo cuerpo legal 76 los cosas que autorizaron la celebración de las transacciones a favor de los hijos menores de edad del accionante tuvieron a la vista las documentales que las contenían así como sus respectivas adenda conforme se verifica de las pruebas en autos, resoluciones judiciales que no pueden cuestionarse en este estado procesal 77 concluyendo no se debe confundir el derecho afectado que puede ser de orden patrimonial lo extra patrimonial que en el resultado indemnizatorio y del mismo al final de cuentas todos los derechos cuando se trata de indemnizarlos deben ser cuantificados patrimonialmente en consecuencia no se advierte que se haya inaplicado al caso subchudice ni en el artículo 5 ni en el artículo 1305 del código civil por lo que esta denuncia también de bien infundada y punto 1.2 de la transacción sobre derechos de menores de edad 78 finalmente corresponde analizar sobre la validez de las transacciones celebradas por la accionante en nombre de sus menores hijos esto es si las autorizaciones judiciales realmente tuvieron efectos autoritativos para que las transacciones sean válidas se ha constatado que la señora Giovanna Kirosbillati nunca cuestionó en su desmana de indemnización la validez eficaz de las transacciones celebradas a favor de sus menores hijos no se ha contado con la autorización judicial así como tampoco lo ha hecho cuando obsolvió las excepciones propuestas menos en el recurso de casación interpuesto salvo en el recurso de pelación que interpusiera contra la resolución de preministencia que amparó la excepción de conclusión del proceso por transacción referente a los menores de edad. 79 en la cita de la pelación se dice que no se ha contado con la autorización judicial previo para celebrar las transacciones a favor de sus menores hijos de acuerdo a lo normado por el artículo 448 por lo tanto, dichos actos jurídicos no tienen validez, son nulos inexistentes y por ende no surten efectos el citado recurso de apelación corre de fujas 1244 a 1254 de el turno 3 80 en realidad es el artículo anterior 447 del Código Civil el que prescribe que parena generar grabar o contraer obligaciones a nombre de los hijos por sus padres se requiere de previa autorización judicial seguidamente el artículo 448 prevé una serie de supuestos que también requieren de autorización judicial porque son acto jurídicos o procesales que van a repercutir en la esfera jurídica del menor de edad, no obstante ello el artículo 1307 del mismo Código Civil señala que artículo 307 transacción del ausente o incapaz los representantes de ausentes o incapazes pueden transigir con aprobación del juez quien para este efecto irá al Ministerio Público y al Consejo de Familia cuando lo haya y lo estime conveniente conforme lo presto por dichos dispositivos legales en uno y otro caso se usan términos diferentes si vienen en el artículo 447 se dice que se requiere contar con previa autorización judicial por su parte el artículo 1307 preceptúa que se debe contar con la aprobación del juez no indicando si esa debe ser anterior o posterior a la celebración de la transacción es más el artículo 447 nos sanciona con unidad cuando se ha realizado alguno de los actos jurídicos que señala sin contar con la autorización previa por tanto bien se puede tener dicha autorización posteriormente caso distinto es el de la transacción donde no se menciona que la aprobación del juez debe ser necesariamente anterior a su celebración con lo cual se concluye que ella puede ser posterior a su realización el hecho concreto es que debe de contarse contra la aprobación como en efecto en el caso de autos 81, para concluir es molestarte tener en cuenta que los jueces de familia que torgan las respectivas aprobaciones para la celebración de las transacciones judiciales respecto a los hijos menores de edad de la demandante tuvieron a la vista los documentos partinentes incluyendo las adendas por lo que al verificar la legalidad de las mismas procedieron a su aprobación de lo contrario no hubieran dictado las respectivas resoluciones en sentido positivo fin del capítulo 4 capítulo 5 de primer pleno casatorio civil de la Corte Suprema de la República de Corte Suprema de la República de Perú esta grabación de LibriVox está en el dominio público 6, efectos de la sentencia 82 resta ser una precisión final y ese respecto a los efectos de la presente decisión como lo mismo no tiene efectos ex-tunk sino por el contrario tiene efectos ex-tunk los procesos resueltos con anterioridad a esta decisión bajo criterios diferentes mantienen plena vigencia al estar protegidos dentro del marco de la autoridad de la cosa juzgada en tanto que el caso presente así como los demás que están pendientes de resolverse por ambas de las supremas civiles donde se esté discutiendo iguales hechos iguales razones para ajustarse el presidente vinculante trazado en la presente sentencia inmediato lo dispuesto para el artículo 400 del Código Procesal Civil en la razón emitida por la Señora Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de la República se hace alusión que se han remitido juntamente con este proceso las casaciones número 1463-2007 seguido por Bartolomé Pérez Lozano y otros contra la Miñera Yanacocha SRL, Ranza Comercial SA y Arturo Blanco Bar 1811-2017 seguido por José Azañero Chukiruna y otros contra los mismos demandados y número 1813 seguido por Margarita Cabanillas Milanda y otros también contra las mismas partes, expedientes que deben devolverse a su sala de origen para que procedan de acuerdo al presidente fijado en este Pleno Casatorio 7-Constitucionalidad del Pleno Casatorio 1-La Constitución Política del Estado dispone en su artículo 141 que corresponde a la Corte Suprema faller en casación o en última instancia cuando la acción se indice en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme al Ley. Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial señala en su artículo 26-1 que son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial entre otros la Corte Suprema de Justicia de la República acotando en su artículo 30 que el trabajo jurisdiccional de la Corte Suprema se distribuyen salas especializadas permanentes y transitorias tanto que en el artículo 32 indica que la Corte Suprema conoce de los procesos en vías de casación con arreglo establecido en la Ley Procesal 2-De igual manera la vigésima tercera disposición final y transitoria de la misma Ley Orgánica precisa que las disposiciones de carácter procesal contenidas en esta Ley son de aplicación supletoria a las normas procesales específicas dispositivo que debe ser concordado con la décima disposición final del Código Procesal Civil la cual prescribe que la segunda disposición final de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Creto Legislativo 777, las normas del Código Procesal Civil se aplican preferentemente respecto de las de aquella la 25ª disposición final que se hace referencia es al orden original que tenía el Decreto Legislativo 777, que luego pasó a hacer la 23ª disposición final y transitoria del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Suprema número 17 Guión 93 Guión Hus del 28 de mayo de 1993 3, es más en el artículo 51 de la Constitución Política dice que la Constitución prevalece sobre toda norma legal la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado por lo tanto, en primer lugar nuestro ordenamiento constitucional no sostiene que una ley orgánica tenga mayor jerarquía que una ley ordinaria aún siendo así, no existe prohibición alguna para que una ley orgánica presiste que la competencia para resolver los recursos de casación no puedan ser regulados por una ley ordinaria de orden procesal como es el Código Procesal Civil aprobado por Decreto Legislativo esto es por delegación de funciones del Poder Legislativo al Ejecutivo tanto más si en el mismo artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es meridianamente claro el precisar que los procesos que se encuentren en vía de casación, se resuelven los procesos al respecto y esa norma no es otra que el artículo 400 en el Código Procesal Civil 4, en consecuencia no existe vulneración constitucional alguna tampoco conflicto normativo por jerarquía de leyes y menos abocación indebida de esa sala plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, al no existir desviación de la jurisdicción predeterminada por él, puesto que antes de que se iniciaran estilos otros procesos judiciales ya existieron las normas legales citadas cuya constitucionalidad ha sido referida a líneas arriba 5, finalmente este pleno casatorio considera que el recurso de casación no está solamente al servicio del Just Litigatoris, puesto que la casación diviene en un particular juicio de legitimidad donde el acento debe posnarse en la existencia de una violación o aplicación incorrecta de las normas jurídicas y por tal razón más que centrarse en la motivación misma de la resolución de origen y el razonamiento que lleva a ella debe hacerlo en el alcance que se da en dicha resolución a la norma legal que se ha aplicado al supuesto fáctico de origen en consecuencia, la sentencia de casación debe tratar de la justicia legalidad en la solución del caso, pero no debe prescindir de su tarea mediato uniformadora de la jurisprudencia, pues sólo así el tribunal de casación podrá cumplir la función que le es propia como órgano supremo de justicia, con lo cual estará favoreciendo la seguridad jurídica. 6, al establecerse presidentes vinculantes por medio de esta sentencia casatoria no se está mismo alguno vulnerando la independencia judicial, puesto que el presidente es, en esencia, el que realiza los valores de igualdad, de coherencia y de continuidad en ordenamiento permitiendo la inserción de las decisiones individuales en contextos más amplios como bien se sostiene en la casación constituye en definitiva un límite fáctico de la libertad del juez, en tanto y en cuanto atribuye un significado general a una norma aplicable para casos futuros similares, significado que es necesario para proporcionar la certeza previsibilidad de igualdad en la aplicación del derecho que reclama todo estado del derecho. Por lo tanto, se está ante un límite legítimo del principio de independencia judicial, que de otro modo permitiría interpretaciones diferentes de las normas por parte de los diversos órganos jurisdicionales, no obstante la existencia de igualdad o similitud de los supuestos de hecho tenidos en cuenta en procesos judiciales semejantes. Siendo así, nos está influyendo lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra ley orgánica del Poder Judicial, porque el valor normativo de la jurispridencia no es más que el presupuesto que da sentido de una actividad extrajudicial del Tribunal Supremo. 7. Del mismo modo, por medio del precedente se realiza la armonización entre las exigencias de la flexibilidad del derecho y de apertura y adaptabilidad al cambio que caracterizan la dinámica de los sistemas jurídicos actuales. De lo contrario, bajo el supuesto respecto a la independencia del juez sea imposible que se sientan criterios rectores para la solución uniforme de casos idénticos o similares, contribuendo a que se emitan decisiones contradictores criticantes y dejando de lado la predictibilidad que se espera en las decisiones de los jueces. Evidenciendo con ello una clara afectación a sus deberes de velar por la seguridad jurídica y al respeto al principio de igualdad, que como integrantes de un poder del Estado de derecho, están obligados a respetar. 8. Conclusiones. Estando a las consideraciones expuestas estimamos que el recurso de casaciones infundado al haberse dictado el auto de vista de acuerdo a derecho, por lo que 1. No hay contravención en las normas que garanticen el debido proceso conforme ha legado la recurrente. Consiguientemente la resolución impugnada se ajusta a derecho, dado que al ampararse las excepciones de conclusión del proceso por transacción, propuestas por los demandados no se ha hecho otra cosa que reconocer los planos efectos de actos jurídicos que pusieron fin a las discrepancias que se susitaron entre las partes, como consecuencia de los daños causados por el derramme de mercurio, las que se finiquitaron celebrando transacciones extrajudiciales. 2. No ha existido en la aplicación de los artículos 5 y 1305 del Código Civil, puesto que bajo esta última argumentación a juicio de este pleno casatorio sería imposible que se indemnice un daño causado pues para que pueda repararse cualquier perjuicio es menester que se patrimonialice el mismo, conforme se ha demostrado en los considerandos correspondientes. Asimismo no pueden alegarse supuestas nulidas de su ineficacias de actos jurídicos sin haberse solicitado su declaración expresa, previa o concurrente a la pretensión indemnistatoria, así como tampoco se formularon cuestiones probatorias en ningún estado del presente proceso, contra las citadas transacciones, lo que abona a favor de su legalidad. 3. Respecto a la legitimación por obrar activa por daño ambiental, esto es en la protección de intereses difusos no ha existido mayor discrepancia entre las dos olas supremas civiles, ha habido cuenta que ambas han venido resolviendo concordadamente en el sentido que las personas naturales no están legitimadas por ley para solicitar pretensiones indemnistatorias, sino tan solo aquellas instituciones señaladas en el artículo 82 del Código Procesal Civil. 4. Como se indicara en la parte resolutiva este pleno casatorio ha adoptado decisión por unanimidad respecto a la legitimación activa para promover procesos judiciales de acuerdo a los normados por el artículo 82 del Código Procesal Civil, en tanto que por mayoría ha decidido que resulta procedente deducir la transacción extrajudicial como acepción procesal, siendo de aplicación por interpretación sistemática los artículos 446 y CISO 10 y 453 en CISO 4 del mismo cuerpo legal. 9. Fallo. Por tales razones el pleno casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la República de conformidad con lo normado por el artículo 400 del Código Procesal Civil por mayoría. A. Declaré infundado el recurso de casación interpuesto por doña Giovanna Angelica Quiroz-Billaty por derecho propio y en representación de sus hijos Euler, Jonathan y José Ronimendosa Quiroz, y Walker Esteve Cuenza Quiroz. En consecuencia no cazaron la resolución de vista sospecha 27 de diciembre de 2006 expedida por la sala civil de Cajamarca. Asimismo B. Declara que constituyen doctrina jurispridencial los siguientes precedentes vinculantes. 1. La transacción extrajudicial no homologada judicialmente puede ser opuesta como acepción procesal conforme lo regulado por el CISO 10 en el artículo 446 del artículo 453 del Código Procesal Civil por interpretación sistemática de dichas normas con las que contiene el Código Civil sobre la transacción, entendiendo que las transacciones extrajudiciales homologadas por el juez se transmitan de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil al tener regulación expresa. Ocurriendo lo mismo en cuanto a las transacciones celebradas con relación a derechos de menores de edad, las mismas que deben ser autorizadas por el juez competente conforme a ley. 2. Entre paréntesis voto en mayoría. 2. La legitimación por obra de activen defensa de los intereses difusos únicamente puede ser ejercida por la sentida de señaladas expresamente en el artículo 82 del Código Procesal Civil. Entre paréntesis voto por unanimidad. Se ordenan la publicación de la presente sentencia en el juez oficial del Peruano teniendo efectos vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de la República a partir del día siguiente de su publicidad interviniendo como vocal ponente el señor Vázquez Bejarano. 2. Filman Francisco Tabracordova Walter Vázquez Bejarano Antonio Pajares Paredes Roger Salas Gamboa Manuel Sánchez Palacios Paiva Hugo Siviz Navurtado Javier Roman Santistevan Elcira Vázquez Cortés Victor Ticón Apostigo César San Martín Castro Javier Villenstein Victor Prado Salderriaga Tuverly Rodríguez Tineo Roberto Rodríguez Mendoza José Lecaros Cornejo Fin, el capítulo 5 Grabado por Kendall Riggans Fin, de primer pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de la República De Corte Suprema de Justicia de la República de Perú