 Hola, soy Juan Ignacio Criado y en este vídeo vamos a desarrollar las ideas clave de la unidad 3 sobre participación ciudadana del curso sobre educación en gobierno abierto. Las acciones y decisiones de los gobiernos y administraciones públicas deben dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, que va pasando de asumir un papel pasivo a otro activo respecto de las acciones de los gobiernos y la formulación de respuestas a los problemas públicos y más en un contexto de gobierno abierto. Entre ellos resulta posible pensar en la necesidad de participación ciudadana ante retos sociales tales como si en una ciudad es necesario peatonalizar una calle del centro si un país debe promover el uso de las energías renovables o incluso a qué áreas deben dedicarse determinadas partidas del presupuesto público anual. En otras palabras, hoy los ciudadanos y las ciudadanas desean participar activamente en los asuntos públicos aunque obviamente esto no es un hecho del todo nuevo. La participación ciudadana es un mecanismo para que la ciudadanía intervenga los asuntos colectivos y las decisiones públicas que se inscribe en la noción misma de democracia. Desde la Grecia clásica la opinión y participación de quienes tenían el estatus de ciudadano era el pilal fundamental de la democracia. En el siglo XVIII, Rousseau estableció en el contrato social que el bien común sería resultado de la voluntad general expresada a través de la participación. Más tarde, Toqueville, en su libro La democracia en América define como fundamental la asociación entre ciudadanos para facilitar la participación. Por su parte, unos años más tarde, Stuart Mill defiende en su obra consideraciones sobre el gobierno representativo que la participación ciudadana es el principal mecanismo de educación cívica. Por supuesto, la noción de participación es algo consustancial a la democracia aunque no se trata de un concepto uniforme que haya significado lo mismo para todos en todos los contextos. Dando el salto al presente, el término participación ciudadana se usa cada vez más de forma más frecuente y amplia como un eje básico para garantizar el fortalecimiento de las democracias si bien su definición no es algo fácil de concretar. Aquí entendemos que la participación ciudadana incluye procesos, actitudes, derechos y obligaciones. Por un lado, la participación es un proceso que es cooperativo, inclusivo, transversal, continuo, escalable, planificado, transformador, coherente, distribuido y que empodera. La participación ciudadana también es una actitud que implica autonomía, libertad, responsabilidad, que requiere interés por ser parte y no sólo por tomar parte, una escucha empática, respeto, confianza, compromiso, civismo. También la participación ciudadana es un derecho que se materializa al poder participar y ser parte activa de las decisiones públicas que nos afectan, pero que también es una obligación ciudadana orientada al bien común. En resumen, podemos definir la participación ciudadana como el proceso a través del cual se desarrollan las actividades con las que la ciudadanía logra una mayor implicación en el diseño, gestión e implantación de las políticas públicas con una actitud centrada en ser y no sólo tomar parte, ampliando derechos y generando obligaciones sobre el bien común. También podemos entender este concepto mediante su contraste con lo que no es participación ciudadana. Por ejemplo, no es participación ciudadana la apuesta en práctica de consultas unidireccionales sin ofrecer información previa o sin predisposición a modificar las posiciones de partida. Tampoco es participación ciudadana la delegación de responsabilidades o la búsqueda de consensos artificiales, los procesos sin normas o límites, así como la instrumentalización de posiciones partidarias. Todos ellos son ejemplos de lo que no es participación ciudadana y de las dificultades para desarrollar adecuadamente este pilar del gobierno abierto. De cara a concretar la noción de participación ciudadana, es necesario reconocer la existencia de diferentes niveles o estadios en una lógica de modelo de madurez. Siguiendo el modelo de la Asociación Internacional de Participación Pública, se ha establecido una escala con el denominado modelo de madurez de la participación ciudadana. Según este esquema, para llevar a cabo participación ciudadana es necesario que administraciones públicas y gobiernos desarrollen un conjunto de acciones ordenadas y en cierto modo sucesivas, que llevan asociadas una serie de herramientas. Primero, informar. Informar supone proporcionar información de forma equilibrada, útil y objetiva, de forma que la ciudadanía pueda conocer la realidad para plantear alternativas y soluciones. Entre estas herramientas y técnicas destaca el uso de documentos con lenguaje claro, la apertura de datos o la atención ciudadana multicanal. En segundo lugar, consultar. Consultar implica obtener la información de la ciudadanía para realizar análisis, establecer alternativas o tomar decisiones en la esfera pública. En este caso, podemos destacar el uso de formularios o encuestas. En tercer lugar, involucrar. Involucrar supone trabajar directamente con la ciudadanía a lo largo del proceso, recogiendo sus opiniones, asegurando con ello que las decisiones se han comprendido adecuadamente, para lo cual es necesario desarrollar dinámicas deliberativas, así como la construcción de comunidades en torno a intereses concretos. En cuarto lugar, colaborar. Colaborar implica llevar a cabo todo el proceso de decisiones conjuntamente con la ciudadanía, incluyendo las alternativas posibles y las soluciones preferibles. En concreto, realizar auditorías y controles, incluir a personas expertas, o reutilizar información pública entrarían dentro de este nivel de participación. Y finalmente, empoderar. Empoderar y el empoderamiento ciudadano está orientado a dejar en manos de la ciudadanía la decisión final sobre las cuestiones públicas, al menos en su mayor parte. El compromiso de las instituciones públicas debe ser aquí, implementar lo que la ciudadanía decida, generando un marco normativo o propicio, votando de forma directa o, en su caso, desintermediando decisiones en la propia ciudadanía. En base a estos cinco niveles, en cada una de las fases, se podrá aplicar el nivel de participación idóneo con sus correspondientes acciones y herramientas. Como en el resto de los pilares, la participación ciudadana en un contexto de gobierno abierto tiene que mucho que ver con las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital. La participación ciudadana se halla en un proceso de revisión como consecuencia de los nuevos valores de la web 2.0, que tienen, en la Wikipedia, el máximo exponente, con la apuesta a disposición de nuevas tecnologías sociales fáciles de usar, capaces de distribuir información de forma proactiva y desarrollar trabajo de manera colaborativa y centradas en las personas usuarias, que son quienes les aportan contenido y valor al compartir lo generado con su uso. Así, la evolución de la participación ciudadana, en un contexto digital, se impulsa por el desarrollo de nuevos valores como la transparencia, el trabajo en red, la inmediatez, la inteligencia colectiva o el aprendizaje constante, de manera que los ingredientes e instrumentos tradicionales de la participación, reuniones cerradas, asambleas vecinales, consejos de barrio de área, etc., no son suficientes en el actual entorno digital. Lo anterior ha supuesto la aparición de plataformas en internet especializadas para promover la participación digital de carácter individual, si bien con una lógica conectiva y en las que es posible desarrollar nuevas acciones ligadas a los diferentes niveles de la participación ciudadana. Al estilo de decide Madrid o decide Sevilla, a través de estas plataformas es posible realizar peticiones, priorizar propuestas, promover votaciones o decidir sobre el destino de presupuestos públicos, de forma participada. Todo ello sucede en entornos donde se rompen las reglas tradicionales de tiempo y espacio, de manera que la participación ciudadana explora nuevos territorios en los que los gobiernos y administraciones públicas desempeñan papeles más centrados en la facilitación, promoviendo una mayor horizontalidad de los procesos y alterando las dinámicas de intermediación para asignar mayor protagonismo a la ciudadanía en las decisiones públicas. De hecho, las redes sociales cuentan con un papel cada vez más protagonista en el día a día de muchas instituciones públicas, que practican una escuchativa permanente que les permite conocer y en su caso integrar ideas y preferencias ciudadanas en sus procesos de adopción de decisiones, simplemente con una atención a lo que se dice en la comunidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la participación ciudadana se ha considerado como una política pública en sí misma, aunque aquí pretendemos superar esa idea en favor de la integración de la participación ciudadana en el conjunto de las políticas públicas de una forma transversal y afectando a todos sus momentos, desde la definición de los problemas hasta el seguimiento y evaluación de las acciones públicas. La participación ciudadana no puede quedar reducida a la implicación de la población en una parte del momento participativo. Más bien, al contrario, la participación debe permear por completo a gobiernos e administraciones públicas en sus diferentes ámbitos y áreas de actividad. Esto implica que la adopción de los valores participativos se realice en cualquier tipo de actividad o proceso que suponga adoptar decisiones o acción de los poderes públicos. Este carácter transversal podría desdibujar la participación como un espacio propio o una política pública singularizada. Sin embargo, aquí se entiende que la noción de gobierno abierto supone trascender esa lógica departamentalizada. O dicho con otras palabras, la participación ciudadana se concreta filtrándose en el conjunto del ciclo de las políticas públicas así como entre todos los actores involucrados, tanto dentro como fuera de las instituciones públicas. Todos los aspectos planteados no evitan que la participación ciudadana se enfrente a nuevos desafíos, inumerosos. Los retos con los que las administraciones públicas y los gobiernos se pueden encontrar varían dependiendo de cada organización o contexto social. Uno de los más importantes es cómo facilitar el acceso a la misma por parte de la ciudadanía teniendo en cuenta las desigualdades en la formación e información y más recientemente la brecha digital. Por ello es tan importante que la educación sea el núcleo a partir del cual se desarrollen competencias ciudadanas y se superen desequilibrios tradicionales que han podido condicionar los procesos participativos. Por otro lado, desde la perspectiva teórica y práctica, se aprecia una crisis de la democracia representativa y de la confianza en las instituciones públicas, que debe ser enfrentada mediante el impulso de nuevas fórmulas de poder compartido entre representantes, administraciones públicas y sociedad civil. En tercer lugar, la cuestión de la transversalidad. Las demandas sociales y políticas no forman parte exclusivamente de una parte de la estructura administrativa, sino que implican a toda la organización o una parte muy importante de ella, por lo que la participación ha de ser algo transversal, que implica a cualquier institución pública lo cual no encaja bien con formas de trabajo compartimentalizadas en siglos organizativos. La gestión de la complejidad para fomentar la participación ciudadana es importante también como reto, relacionado con la reivindición de cuentas y el cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos. Finalmente, las carencias en los mecanismos de evaluación relacionados con la participación ciudadana y la falta de protocolos de implementación de estos procesos son temas que también representan un reto. Por tanto, de cara a lograr un avance significativo en la participación ciudadana, los gobiernos y administraciones públicas deben eliminar determinadas prácticas y creencias tradicionales. Por ejemplo, deben deshacerse de prejuicios tales como que la participación ciudadana complica la gestión o miedos e incertidumbres que se puedan derivar de la participación o de la actitud poco constructiva según la cual no hay interés real entre la ciudadanía. Asimismo, la ciudadanía debe deshacerse de determinadas ideas preconcebidas tales como el uso de argumentos para no participar, como el desconocimiento de ciertos temas que sus acciones no servirán para nada o que no pueden tener influencia en el proceso de toma de decisiones. En suma, la participación ciudadana hoy en día debe estar adaptada al contexto del gobierno abierto y disponer de nuevas herramientas tecnológicas que permitan el trabajo colaborativo, relacional y centrado en compartir conocimiento para ser aprovechado en la difusión de los nuevos valores 2.0. El cambio cultural en la participación ciudadana lleva consigo la renovación de ciertas estructuras y formas de actuar. La nueva manera de entender la participación ciudadana requiere de estructuras más delgadas y ágiles que desborden los esquemas burocráticos tradicionales de los órganos administrativos de participación y que además puedan compatibilizar la participación presencial y digital. Esta renovación debe ser también normativa, sobre todo enfocada hacia la promoción de los nuevos valores, comportamientos asociados con los mismos, así como garantizando el objetivo final de alcanzar una nueva gobernanza pública e inteligente que sitúa la ciudadanía en una posición central del proceso de participación. En otras palabras, la incorporación en las decisiones públicas del conocimiento disperso en la sociedad sea de convertir en el centro de la gestión pública participativa. Con estas cuestiones con las que se debe caracterizar la participación ciudadana finalizamos este espacio de ideas clave de la unidad 3 del curso sobre educación en gobierno abierto.