 No todo lo que brilla es oro, y no todo el oro brilla. El precioso metal se exporta desde tiempos de la colonia, pero son muy pocos los que lo ven resplandecer en este país. En 2019, Colombia exportó más de 52 toneladas métricas de oro, lo que equivale a unos 1.800 millones de dólares. Cifra que hay que mirar con cuidado. Gracias al lavado de activos, una significativa porción de lo que se negocia como si fuera legítimo, proviene de fuentes informales o ilegales. Por otro lado, bastante oro se exporta sin que sea anotado en los registros oficiales. Si todo se contabilizara en la economía legal y de forma correcta, los colombianos tendríamos abundantes recursos para invertir en el desarrollo de nuestra nación. Por ejemplo, en 2019, la Fiscalía descubrió que 2.4 billones de pesos fueron lavados presuntamente por medio de maniobras ilícitas, como la compra directa a personas inexistentes en operaciones sin justificación o a través de distintos tipos de proveedores, muchos de ellos sin capacidad financiera y con antecedentes judiciales. Si esta es sólo una muestra entre mil, ¿se imaginan cuántas formas de lavado hay? El dinero circula, pero no se contabiliza. Y el que se cuenta, quizás no es producto de operaciones auténticas. Es plata que se esfuma de las arcas del Estado, como mercurio a temperatura ambiente, e impide el progreso de las regiones mineras. El lavado de activos en el sector minero es hoy una problemática tan grande como el narcotráfico. Lo increíble es que se trata de un bien real, tangible y completamente legal. El oro, no de algo prohibido. Somos ricos en oro. Es hora de que, efectivamente, lo veamos brillar. ¿Cómo? Fiscalizando, cobrando, rastreando y haciendo valer los impuestos del negocio para bienestar de los habitantes. Para ello, existen canales y herramientas al alcance de la mano. Comenzando por tramitar el proyecto de ley para adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Reducir la facturación fraudulenta. Ser más estrictos con los requisitos para los exportadores y verificar la información reportada y comprobar los nombres, las direcciones y los propietarios de las empresas que compran y venden oro. Saber quiénes son los dueños verdaderos o beneficiarios finales es clave. La lupa debe ponerse sobre el propietario del oro que se mueve y sobre el favorecido con su venta. Con esto se previene el lavado y se asegura que las ganancias sean repartidas de manera justa a lo largo de la cadena. La problemática está identificada. La solución está en nuestras manos. Necesitamos voluntad cívica y política para garantizar una verdadera trazabilidad. Si nos lo proponemos, seguro veremos brillar el oro de Colombia.