 Oskar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, nos corresponden estas oportunidades a ejercer la vocería de la Dirección Nacional por decisión del grupo político. En primer lugar, queremos seguir insistiendo en la posición asumida por la Dirección Nacional del Partido, por todos sus organismos y su militancia con relación a demandar acciones mucho más contundente para enfrentar la corrupción que se ha instalado en las diversas instancias del Estado venezolano. Situación que demanda la actuación de todos los poderes públicos y de las instituciones del Estado venezolano, que tienen el mandato constitucional de actuar para impedir la existencia de hechos de corrupción en Venezuela, las cuales, según lo han demostrado, los hechos más recientes han estado al margen de los procesos de investigación o han avalado situaciones por acción o promisión que favorecen las prácticas de corrupción en el país. En particular, nos estamos refiriendo a la Contaloría General de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Asamblea Nacional de la República Boliviana de Venezuela, entes y poderes del Estado que tienen mandato constitucional para adoptar medidas, acciones y decisiones que impidan el asalto que se está cometiendo contra Venezuela, contra las riquezas de nuestro país, contra el horario público de la República. En el partido comunista nos preguntamos dónde está la Contaloría General de la República, que hasta ahora no hemos escuchado ninguna posición contundente con relación a los hechos de corrupción denunciados, los graves hechos de corrupción denunciados. De la Fiscalía General de la República hemos escuchado que siga actuando como ya no tiene nada acostumbrado y acostumbrada, siga actuando como un poder subordinado y subalterno frente al Poder Ejecutivo Nacional. Cuando recibe un aborto, el presidencial actúa. Bueno, aquí recibieron la información de la denominada policía de la corrupción y el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro para que actúen en el marco de los que indican la circunstancia es una profunda confrontación entre mafias y grupos que controla el poder en Venezuela. El ciudadano fiscal de la General de la República ha hecho pública una posición reciente y fue para responder a las voces que a nivel nacional, entre las que se incluyen el Partido Comunista de Venezuela, que hemos demandado que entre la evidente corrupción en petróleos de Venezuela y en otras instancias de la administración pública que demuestran que las denuncias realizadas por diversos grupos de trabajadores y trabajadoras son ciertas, las vocerías y las voces nacionales han demandado y hemos demandado que se proceda a dejar sin efecto las medidas administrativas o las sentencias judiciales que han criminalizado y judicializado la denuncia de los trabajadores y la trabajadora venezolana, como han sido los casos más emblemáticos que se presan con Argyen y Torre Alba y Alfredo Chirinos donde les dejan en libertad por la aplicación de una medida que reduce la pena de cinco a tres años porque ya han cumplido más de la mitad de la sentencia pero no son capaces los tribunales de la República ni la Fiscalía General de la República de hacer una revisión profunda del caso y determinar que efectivamente lo que la Fiscalía considera que esa información interna que lo debe hacerse pública y que se expresó en la denuncia de corrupción hecha por estos jóvenes fue un alto patriótico, fue un alto ético, fue un alto profundamente comprometido con los intereses del pueblo venezolano y que de esa perspectiva entonces todas las decisiones judiciales o administrativas en contra de estos trabajadores de esta trabajadora debe ser revisada, anulada y el estado venezolano resarcida de las diversas maneras que establece la ley esta situación que se han colocado a las trabajadoras de los trabajadores del enunciante, es el caso también de Ud. Giró, es el caso de Joana González, muy grave, un año está cumpliendo ahorita en abril de contar con una orden de descarcelación que no se ha hecho efectiva, a eso fue lo que respondió el Fiscal para señalar que no había una revisión de los supuestos delitos por los cuales se causaron Argenis Alfredo, sino que había una decisión de dejarles en libertad porque habían cumplido más de la mitad de la pena pero la causa que alegaron de decir calidad desde el Ejecutivo no las mantiene, pese a que se demuestra que los corruptos que denunciaron estos trabajadores y esta trabajadora hoy están siendo enjuiciados, algunos de ellos como parte de la confrontación interna que las bandas mafiosas y criminales tienen hoy en Venezuela por el control del país, por el control de la riqueza, desde el puro político el Partido Comunista de Venezuela demandamos al poder judicial la revisión de todos estos casos y de la Fiscalía General de la República, la revisión de todos estos casos, revertir la sentencia y garantizar la libertad plena de estas trabajadoras y estos trabajadores entre los que también se encuentran Marcos Avaliego es ilúdica de la refinaría del Palito, ese es el primer tema que queríamos plantear en el contexto de sostener y acompañar la denuncia contra la producción de nuestro país y la exigencia a los poderes correspondientes de actuar en esa dirección al Partido Comunista ha decidido dirigirse a la Contaloría General de la República, dirigirse a la Fiscalía General de la República, dirigirse a la Asamblea Nacional de manera formal para exigirles las actuaciones correspondientes y para exigir en la Asamblea Nacional la interpelación de estos altos funcionarios que no han sido capaces de cumplir con su responsabilidad y que hoy debiesen renunciar a los cargos que ostentan porque no han sido capaces de cumplir con dicha responsabilidad, quizás aquí habría que corregir y no decir que no han sido capaces porque es posible que lo que haya es complicidad, entonces no hay incapacidad, que ya es grave, sino complicidad que es mucho peor porque sería parte de las mafias que están saqueando el país. Todo esto debe ser investigado y no investigado por quienes son partes de esas cofradías corruptas, corrompidas mafiosas, sino por una comisión que debiese formar la Asamblea Nacional con personalidades que no estén comprometidas con las mafias o ruptas que están asaltando la riqueza del pueblo en Venezuela. Un asalto que se viene desarrollando, tal como lo señaló en su momento el Partido Comunista de Venezuela, cobijado por la denominada ley anti-bloqueo, que también la hemos señalado como que no es una ley anti-bloqueo, sino que es la ley de la entrega y el saqueo, porque es la entrega de la riqueza nacional al capital transnacional, a los sectores enriquecidos por la corrupción vinculada al aparato del Estado y el saqueo, por tanto, de la riqueza nacional, a lo cual hay que señalar que lo denunciamos también en su momento las condiciones de impunidad que establece esta ley al señalar que sus decisiones del Ejecutivo Nacional son confidenciales o secretas. Ahí está el secretismo, el secretismo que impide que se desarrolla la contadoría social, que se desarrolla la contadoría institucional. El secretismo para robar al pueblo, el secretismo para entregar las empresas nacionales a los capitales extranjeros o a los capitalistas enriquecidos por la corrupción adavera del gobierno y del Estado venezolano. Tendríamos que decirlo de manera muy precisa, una élite que se enriquece manejando en forma discrecional y abusiva la riqueza del país, mientras una gran mayoría del pueblo venezolano está reducido a la miseria. Una élite que, con su conducta, intenta desmoralizar a nuestro pueblo, intenta demostrarle que ellos tienen la fuerza y el control de las instituciones y de todo el país y que pueden hacer lo que les da la gana y que, por tanto, el pueblo no será capaz de sustituirle. A la élite gobernante y a la élite que desde la oposición hoy forman parte del pacto que aplica una política neoliberal contra el pueblo venezolano, contra los trabajadores y las trabajadoras. A una élite que se enriquece, mientras le niega salarios dignos suficientes a los trabajadores y a las trabajadoras venezolano. Una élite que se roba los dineros del país y entre los servicios públicos a la diga se deterioran mucho más. Frenque a esa descomposición del aparato del Estado, de sus cúpulas dirigentes, el Partido Comunista de Venezuela está convocando, está llamando, está invitando a la gran mayoría del pueblo venezolano, a sus organizaciones políticas, sociales, culturales, intelectuales, a conformar un gran movimiento por la dignidad nacional. Un gran movimiento que levante la bandera de la dignidad del pueblo venezolano, porque la dignidad no es sólo atacar la producción, es una tarea de ese movimiento. Es también defender los derechos del pueblo venezolano a un salario digno del pueblo trabajador, de la mujer trabajadora. Es también defender los derechos de los productores reales del campo a precios adecuados para la realización de su producción. Es también defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a tener servicios públicos acorde a las condiciones del desarrollo de la sociedad venezolana, porque todos los días aumentan los precios. Allí si hay indexación a los precios de los servicios públicos, incluso los que presta el Gobierno Nacional, pero no hay indexación para el salario, no hay indexación para las prestaciones sociales, no hay indexación para las agubilaciones y las pensiones, porque este es un Gobierno que aplica una política neoliberal al servicio del capital y por tanto una política antiobrera, antipopular e incluso, que tendríamos que decir, antinacional. De igual manera, el grupo político del Comité Central considera que es un elemento importante en este contexto de impunidad, porque sí, aquí se puede decir que hay unos presos, hay unos presos, pero hay todo un sistema que permite la producción, que permite el enriquecimiento y que impide la denuncia y a quien denuncia se aplica la ley, la llamada ley contra el orgullo, además de la ley antibloqueo, pero no se corriguen las causas que permiten el saqueo del país y una de esas causas es, precisamente, la ley antibloqueo que establece mecanismo de negociación del petróleo venezolano en unas condiciones que sirven para el enriquecimiento inícito de quiénes llevan a cabo la dirección de ese negocio. Y un elemento que ya la denunción partido tiene que ver con el hecho de que el ministro de energía y petróleo en los últimos años, y esto es una herencia que hay que corregir, porque viene desde los tiempos del presidente Hugo Rafael Chávez Fría, es el mismo presidente de PDB. El ministro es quien traza la política del Estado, el ministro es quien debe supervisar la industria, pero aquí no, aquí se paga y se da un devuelto. El mismo ministro es el presidente de PDB, él mismo es quien debe supervisarse, él mismo es quien traza la política, y en consecuencia ellos mismos son los que roban al país y presentan las justificaciones correspondientes. Nosotros insistimos en que también debe ser investigado el presidente de la República, Nicolás porque el presidente de la República no solamente es responsable de la Sienta Nacional, sino es quien designó a la comisión presidencial para la reestructuración, la salvación, lo que les quieren poner, de PDB esa, que lleva el nombre de Ali Rodríguez Arajo, y por tanto es responsable directo de ese equipo que hay con PDB esa. Y el decreto correspondiente señala que mensualmente debía recibir un informe de esa comisión, pero no solamente eso, no era posible desarrollar una concepción del negocio petrolero como el que se ha puesto en práctica en los últimos tres, cuatro años que facilita la corrupción sin el conocimiento del presidente de la República, Nicolás. Por esas razones, y por lo que ha dicho el propio presidente Maduro, que él es responsable, me ha dicho, yo soy responsable de todo lo que hagan estos ministros, y nombró cruzar Tareg en un momento, en una declaración, a Tareg de la Insana, que si él es responsable, debe ser también investigado. Y si hay elementos que demuestren que tiene responsabilidad en los hechos de saqueo, al país a través de PDB esa, debe también ser investigado y sancionado, como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, también queremos denunciar la situación continuada que se viene presentando, con la desaplicación en la práctica de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones de Inmediato Ambiente de Trabajo Lóximato, que permite la proliferación de accidentes de trabaja que ocasionan lesiones generables e incluso la muerte de trabajadores y trabajadoras. Esto ya lo hemos denunciado, por distintas vías, a través de la Comisión Corero Sindical del Partido Comunista de Venezuela, diversas organizaciones lo han hecho. Lo ha hecho el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, con quienes hemos coincidido y empresados nuestro acompañamiento y solidaridad a dichas denuncias, y hoy de nuevo lo va a ser el Partido Comunista de Venezuela. Denunciamos los casos recientes de su pracaracas, donde un trabajador falleció al caer del camión en marcha. Denunciamos la situación presentada en Impegas, donde explotó una planta de llanado de oxígeno, ocasionando lesiones a un numeroso grupo de trabajadores y la muerte a uno de ellos. Denunciamos la situación presentada en la alcaldía de Revenga, el Concejo Estado a Aragua, donde murieron, fallecieron dos trabajadores al desprenderse en las paredes de la samba, donde estaban laborando, sin que existiesen medidas de seguridad, que impidiesen que el derrumbe, el deslizamiento, que siempre puede ocurrir, pudiera hacer, pudiera no causar lesiones ni la muerte a los trabajadores y la trabajadora. Son situaciones que establecen la loximata de riesgo en la que prestan sus labores los trabajadores y la trabajadora. Y en esas condiciones de riesgo, que son responsabilidad del patrón o la patrona, nos cabe las sanciones de carácter administrativo y también de carácter judicial. Exigimos al insacel, exigimos al Ministerio del Trabajo, porque de verdad no provoca llamar al Ministerio del Poder Popular para nada, porque no cumple ninguna condición que se le pueda calificar del Ministerio del Poder Popular. Son Ministerios de la Urocracia y de la Corrupción al Servicio del Capital, pero como están ahí y tienen las competencias para hacerlo, les exigimos al TUE para que se aplique lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se establezcan condiciones seguras para la realización del trabajo de quienes prestan servicios en las diversas empresas y se castiguen de manera ejemplada a las patronas y patronas que no cumplen con la norma correspondiente. Hay un hecho que tiene que ver con el punto anterior, pero lo vamos a retomar y es la situación que se presenta con las detenciones del presidente de C.B.G. Pedro Maldonado y el presidente de Sidor Néstor Astuillo, quien el pueblo venezolano recordará recientemente, que acusaba a los trabajadores y a las trabajadoras de las empresas básicas de Guayán, de terroristas, de inconsciente frente al país, e incluso judicializaron a un grupo de trabajadores y trabajadoras que asumieron la defensa de sus derechos frente al patrón, fueron parte de ese proceso de judicialización hoy, salen de estas empresas con los ganchos puestos y eso debiera llevar a los fiscales y a los tribunales que adoptaron medidas contra estos trabajadores y trabajadoras de presentación a revisar esa medida. Todas las medidas y a dejarlas sin efecto para que haya plena libertad de las trabajadoras y los trabajadores que denuncien, las barbaridades que se cometen en los centros de trabajo. Por último, el grupo político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela quiere reiterar su solidaridad con el pueblo palestino, con este pueblo que resiste y lucha diariamente la agresión, la masacre, el genocidio del estadosionista del rey y que recientemente, durante sus festividades religiosas, también ha sido objeto de nuevas agresiones. Vaya nuestra solidaridad con el pueblo palestino, vaya nuestra reiterada condena a las políticas genocidas y el Dictarmenion te aplica el estado de Israel.