CARTA POR LA JUSTICIA
La justicia es un bien fundamental de la democracia y su administración es responsabilidad del Poder Judicial.
Sin embargo, y a pesar del fin de la dictadura y de la larga transición, la Justicia en el Paraguay no se pudo ajustar hasta el día de hoy a los altos ideales republicanos de ser independiente, enteramente
imparcial, rápida y accesible para todos los ciudadanos con independencia de sus recursos económicos.
Mucha gente ha quedado excluida de la justicia, cuando ésta es un Derecho fundamental. La justicia debe ser para todos por igual. Los que tienen y los que no tienen los recursos para un litigio. No más derechos conculcados para muchos y castigos no aplicados por dinero, corrupción o incluso la complicidad para unos pocos.
La justicia no será nunca justicia si no se aplica de manera rápida. En este sentido, no tenemos más que revisar la situación, inaceptable, de las víctimas del Ycuá Bolaños o del Marzo Paraguayo.
La Justicia no es justicia cuando el sistema está al servicio de políticos, partidos o poderes económicos. Y la Justicia no es justicia cuando las cárceles se llenan de pobres mientras los criminales que tienen dinero no llegan a dormir nunca en los penales.
La Justicia en el Paraguay es esencialmente débil y vulnerable, y soporta hasta el presente la presión perniciosa de sectores políticos y de grupos económicos, que apuestan a torcer la soberana voluntad popular que reclama la rápida modernización del sector como garantía básica para la pacificación del país y el vigoroso desarrollo socioeconómico.
Nuestras vidas, libertades y patrimonios deberán ser juzgados por el Poder Judicial. Por lo tanto debe tener la confianza, el respeto y el consenso de toda la sociedad. Consenso sobre la credibilidad de sus decisiones, también en el respeto a las mismas. Podemos tener diferencias, pero la confianza ciudadana debe legitimar los mecanismos de dirimirlas.
De acuerdo a nuestra Constitución, en su artículo 247, el Poder Judicial la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Hoy, la conformación de la máxima instancia que la dirige, la Corte Suprema de Justicia, está en juego.
Lamentablemente, la elección del cargo vacante en la Corte realizada por el Senado de la Nación responde al viejo vicio instalado en el sistema político de este país: recurrir al cuoteo político para ocupar los cargos judiciales.
En el punto 6 del programa de Gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio se reivindica la reforma del Poder Judicial a fin de sanearlo y convertirlo en un sistema que responda al principio de una justicia independiente e imparcial.
Y esta demanda, ratificada en las urnas el 20 de abril del año pasado, es un principio que compartimos el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Ningún sector político ni grupo económico alguno, por poderosos que fueran, tienen razón alguna para burlar la voluntad de un pueblo que clama por una Justicia íntegra, organizada y funcionando en el marco de los más altos principios republicanos.
Por todo ello, si prestásemos el acuerdo a la elección del nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, entraríamos en plena contradicción con nuestra propuesta de Gobierno y con la voluntad del pueblo, ya que no conseguiríamos quitarnos de encima la rémora de la partidización de la justicia, el cuoteo político y la dependencia de los más altos representantes judiciales de los intereses meramente políticos.
Es por ello que este Gobierno no va a aceptar la imposición de candidatos que claramente responden a intereses estrictamente políticos. Me han pedido el acuerdo en mi calidad de titular del Ejecutivo. No lo voy a otorgar por las razones expuestas.
El Gobierno realiza un llamado para que se abra de manera urgente un amplio debate que, de manera abierta y democrática, analice candidaturas y la reforma, tan necesaria, de nuestra administración de Justicia.
Para ello invitamos a los poderes del Estado y a la sociedad civil organizada a una mesa de diálogo que, en forma transparente, discuta cómo queremos organizar el sistema judicial con la finalidad de que éste, por fin, sea independiente de los partidos políticos y no esté secuestrado por otros poderes económicos o del Estado.
No nos cansaremos de decirlo y actuar en consecuencia: queremos una justicia independiente, honesta, igualitaria, la que nos llevará a una sociedad verdaderamente libre, porque no hay libertad sin justicia. Nuestro sueño es y debe ser lograr que todos los paraguayos y las paraguayas seamos iguales ante la ley.
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