ALAN GARCIA PEREZ ES EL CORRUPTO SOBERBIO LOCO EGOCENTRICO

EL PAGO DE OTRO FAENON...
EL GOBIERNO CORRUPTO DE ALAN GARCIA PEREZ...
MALDITO DESGRACIADO..MAL NACIDO
En el mar peruano, la especie más depredada del mundo, la anchoveta, sigue alimentando fortunas de fábula. Sólo el 1% de la cuota anual de pesca de anchoveta en el país está valorizada en 100 millones de dólares; es decir, una cuota de 10 mil millones de dólares.
Por eso, en años recientes, el mar se congestionó con más de 1,200 embarcaciones para capturar la mayor cantidad de anchoveta en las entonces breves temporadas de pesca. Era una anarquía flotante que exigía una regulación imparcial del Estado.
Pero la norma que reformó el sector, tuvo un problema: los interesados más poderosos fueron quienes pagaron el estudio que fundamentó la ley. Además, los consultores de los pesqueros terminaron actuando como asesores del entonces ministro de la Producción, Rafael Rey. ¿Cómo fue el acuerdo? ¿quiénes pagaron? Aquí la historia.


En abril de 2007, se inició otra temporada de pesca en Chimbote. Para los empresarios más importantes del sector el olor a pescado podrido era mejor que el aroma de las rosas. A la vez, fue el año en que esos empresarios pusieron en marcha un plan para proteger su negocio regulando el altamente rentable sector.
El precio de la harina de anchoveta había aumentado a mil dólares por tonelada. Poco tiempo después llegó a los mil 500 dólares la tonelada.
En ese escenario, en 2007 el Ministerio de la Producción empezó a discutir primero con los empresarios el cambio del sistema de pesca mediante la asignación de una cuota fija a cada nave autorizada, una propuesta que en los 90 comenzó a debatirse por primera vez en el país pero sin resultados.
Esta vez, las compañías pesqueras contrataron a la conocida Apoyo Consultoría para que hiciera un informe técnico que estableció el nuevo régimen y que quedaría plasmado en el decreto legislativo 1084.
IDL-Reporteros tuvo acceso a fuentes del sector empresarial y del Ministerio que confirmaron que los consultores de Apoyo actuaron en momentos claves de la elaboración y defensa del decreto como asesores del entonces titular del sector, Rafael Rey.
Las compañías que pagaron a Apoyo concentran más del 60% de los derechos de pesca y en los hechos dirigieron la elaboración de una ley que iba a regir la repartición de cuotas millonarias de pesca por una década. Rey aceptó esa posición de privilegio de las compañías pese a que la situación exigía una extrema imparcialidad del Estado.

Los financistas

Personas vinculadas al sector empresarial, confirmaron que fueron "las cinco o seis pesqueras más importantes del sector" que hicieron una bolsa común para financiar el estudio de Apoyo. Estas son: Tecnología de Alimentos S.A (Tasa), Corporación Pesquera Inca (Copeinca), Austral Group, Diamante, Hayduk y Exalmar.
"A él (Rey) se le comunica de nuestra labor poco tiempo después de que nos convocan los empresarios, en el verano de 2007", confirmó Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, a IDL-R tras ratificar que, en efecto, fueron las cinco o seis empresas más sólidas del sector.

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[luis055418]

jajajajajajajajajaja este es el peor ladron de la historia de ese pobre y triste pais llamadó Perú, Es la razón que cada pueblo tiene lo que se merece o sea un delincuente como este loco arrogante,corrupto y vago.