La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, junto con las de Hidalgo y Guerrero, se negaron a proporcionar información estadística al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) sobre los delitos de secuestro y extorsión. Luis de la Barreda, director del Icesi, lamentó la opacidad en el tema, pues de 32 procuradurías en el país, sólo 18 reportaron el número de averiguaciones previas iniciadas por estos delitos; además, otras 11 prometieron la información, pero no lo hicieron, y el resto: Guerrero, Hidalgo y Puebla, se negó a dar los datos, bajo el argumento de la "confidencialidad".
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