Piden aplicación de sanciones previstas en el Código Penal p

La mejor forma de prevenir la explotación comercial sexual infantil radica en aplicar el Código Penal, el cual sanciona al usuario con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Así lo manifiesta la directora del movimiento El Pozo, Tammy Quintanilla: "Si esto se conociera más y si se supiera más, si hubiera mayor conciencia de que constituye un delito, nosotros pensamos que contribuiría a disuadir a los clientes que dejen de solicitar servicios sexuales de adolescentes. Según un estudio realizado por el movimiento El Pozo y el Centro de Desarrollo de Investigación en la zona alta de la selva peruana CEDISA, el mayor abuso contra menores de edad se concentra en la región San Martín. En ese sentido estas organizaciones proponen que el Estado destine un presupuesto para frenar la explotación sexual infantil. "Las diferentes instancias del estado destinen recursos para que haya un tratamiento a estas adolescentes, no queremos necesariamente para que haya albergues para las víctimas, porque los albergues finalmente van a ser transitorios". Asimismo, Quintanilla señala que las formas de captación en la comercialización sexual de niños, niñas y adolescentes se dan por la seducción, secuestro, explotación sexual por parte de familiares, pero el mayor porcentaje radica en ofrecimientos de trabajo falsos. "Lo que es mayoritario que es un 70 por ciento de los casos de adolescentes es con ofrecimientos de trabajo, pero son ofrecimientos falsos, porque les dicen que les van a pagar por un trabajo de mesera o de trabajadora doméstica y cuando llegan al lugar resulta que en vez de ser un restaurante es un bar donde tiene que atender a los clientes y parte de la tención implica permitir los tocamientos sexuales y luego las relaciones sexuales con los clientes. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el número de víctimas por explotación sexual infantil llegaría a 10 mil en todo el país. La explotación es una amenaza grave a los derechos del niño y adolescente que debe ser erradicada.

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