La cuestión del aborto, como el de la eutanasia, o las clonaciones terapéuticas, por poner ejemplos de debates científico-sociales, hay que plantearlo al margen de connotaciones religiosas y de falsos progresismos que tampoco tienen que ver con el respeto a la libertad de la persona. No se pueden apoyar leyes y planes apresurados que quieren facilitar al extremo el aborto de las adolescentes desde los dieciséis años sin el consentimiento de los padres como sugiere la ministra Bibiana Aído. El aborto es una tragedia íntima que la mujer ha de resolver, si puede, con su pareja y, en el caso de las menores de edad, con el consejo y la tutoría de sus familiares más allegados.
Está claro que nadie aborta porque sí y a nadie le gusta abortar. Convendría hacer campañas de publicidad en positivo con mensajes como tener un hijo es algo bueno y aumentará la felicidad de la madre aunque a corto plazo pueda parecer un impedimento contra esta felicidad. Y, en último caso, hay muchas personas deseosas de adoptar un niño, gente que tiene capacidad y posibilidades de rodearlo de cariño y cuidados a los hijos no deseados por sus madres biológicas y que tienen que pasar por un verdadero calvario que les lleva años para ver culminada su aspiración. Fomentando desde el propio gobierno estos mensajes positivos y ayudando a las madres sin posibilidades, se hará mucho más para evitar los abortos clandestinos, las vidas destrozadas de esas madres a tan temprana edad y para ayudar a que más niños vengan al mundo, que con leyes casi irracionales.
La actual ley de despenalización del aborto se aprobó en 1985 y permite la interrupción hasta la semana 12 si es un embarazo por causa de violación y hasta la 22 si hay un riesgo vital para la madre o el feto. Una de las cuestiones del anteproyecto de ley que más críticas ha recogido es la posibilidad de que las mujeres de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Obligar a una joven a decidir sola a tan temprana edad es una irresponsabilidad y una forma clara de violencia contra la mujer. Medio millar de científicos, académicos y profesores de universidades solicitan al Gobierno socialista, en dos escritos, S.O.S. quiero vivir y Manifiesto de los 300, que paralice el nuevo proyecto de ley del Aborto. En los dos casos creen lejos de suponer la conquista de un derecho para la mujer, fijaría a la mujer como la única responsable de un acto violento contra la vida de su propio hijo. La marea roja de este fin de semana en 87 ciudades españolas le ha dicho al gobierno No existe el derecho a matar; existe el derecho a la vida.
Los socialistas, sin que se produzca la siempre invocada demanda social, lanzan ahora el debate de la despenalización total del aborto como una cortina de humo para difuminar los perfiles del debate esencial que es el de la recesión económica. Se trata de una trampa y de un planteamiento legislativo inoportuno que enfrentará concepciones que no son sólo ni principalmente ideológicas sino fundamentalmente éticas. La defensa de la vida es una exigencia democrática lo que incluye, de una parte, rechazar el aborto libre, y, de otra, proporcionar educación sexual y medios anticonceptivos no abortivos para que no se plateen situaciones extremas. La mujer es libre como el hombre de disfrutar y usar de su cuerpo como quiera, pero ha de atenerse a las consecuencias en la medida en que éstas le trascienden.
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