Informe Anual 2010

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La primera vez que la Corte Penal Internacional actuó contra un presidente en ejercicio fue el 4 de marzo de 2009, al dictar una orden de arresto contra Omar Al Bashir, presidente de Sudán, por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Darfur. Es una de las buenas noticias que han convertido al año 2009 en un año clave en el camino hacia una justicia internacional efectiva. Ha habido otras: en Argentina y Uruguay se están anulando leyes de amnistía y reabriendo investigaciones sobre los crímenes de sus dictaduras, y en Perú el ex presidente Alberto Fujimori ha sido condenado por crímenes contra la humanidad. El empeño de un tribunal italiano consiguió la condena, a pesar de las presiones, de 22 agentes de la CIA por el secuestro de Abu Omar en 2003 en Milán, aunque no consiguió que comparecieran.

Pero como denuncia Amnistía Internacional en su Informe Anual, sigue habiendo muchos estados que ignoran las leyes internacionales, condenando a millones de personas al abuso, la opresión y la pobreza. Hasta ahora, sólo 12 de los países que forman el G-20 han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. China, Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia y Turquía utilizan su poder e influencia para eludir sus responsabilidades y las de sus aliados en las violaciones de derechos humanos. España, tristemente, ha pasado de ser un referente en la lucha por la justicia universal a ser un ejemplo de claro retroceso, al aprobar leyes que restringen el ejercicio de la jurisdicción universal.

Ahora que ya nadie discute que los crímenes de guerra o las desapariciones forzadas deben ser castigadas, la tarea es convencer a los líderes mundiales de que la pobreza es una crisis de derechos humanos como la de Darfur, por la que sus responsables deben rendir cuentas. Millones de personas no tienen libertades políticas y tampoco tienen acceso a la alimentación, la vivienda, la asistencia médica, la educación y la seguridad, todos ellos derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo del Milenio han fracasado, pero la reunión de septiembre de 2010 de la ONU es una gran oportunidad para revisarlos y establecer mecanismos legales que obliguen a los Gobiernos a cumplir sus promesas.

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