Cinco mil empresas agrícolas sardas están al borde de la quiebra y decenas de miles de personas podrían quedarse sin trabajo. Esta crisis hunde sus raíces en los años 80. Para dar un respiro al sector, la Región de Cerdeña promulgó una ley que concedía créditos baratos. Notificada a Bruselas con mucho retraso, la normativa fue rechazada.
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