Felipe Campos sobre restructuración de Urbanismo en Arona

Arona 24 de Enero de 2009
Campos: Con la reestructuración en urbanismo consiguieron sacar a la jurista que informaba de licencias desfavorables.
La acusación del caso Arona se plantea impugnar licencias y quitarles eficacia.

La nueva reestructuración que hizo el ayuntamiento de Arona en el área de urbanismo le parece sospechosa al abogado particular de la acusación del caso Arona, Felipe Campos, ya que el objeto principal de este caso es la dación sistemática de licencias ilegales. Después que se handado licencias con informes jurídicos contrarios la respuesta del ayuntamiento, con el alcalde imputado, es quitarse del medio a la jurista que informaba de estas licencias y traer a otra persona que ya está denunciada penalmente en el caso Arona. Estamos llegando a punto de putrefacción.


Según el letrado, la jurista Manoli Melo Padilla, la han dejado fuera porque además de informar de las licencias presuntamente ilegales puso de manifiesto cómo el secretario municipal cometió una presunta falsedad documental para poder meter al alcalde y sus compañeros de gobierno una parte en el documento fuera de plazo para la cual, posiblemente, falsificó una diligencia.

En el lugar de Melo Padilla, el ayuntamiento ha puesto a Javier García Doncel que ya está denunciado penalmente en el caso Arona. Voy a mirar expediente por expediente del señor García Doncel, ampliar su denuncia y estoy pensando qué medidas tomar, manifestó Campos.

Explica además que hay licencias de obras que son radicalmente nulas. Por ejemplo, dice, si se da una licencia para hacer un edificio en una plaza de Arona en una parcela de equipamiento todo el mundo sabe que eso es nulo, y se ha dado. Es una deshonra que un funcionario se preste para eso.

Por otro lado, la acusación del caso Arona va a empezar a plantearse impugnar licencias y quitarles eficacia. Y si el ayuntamiento tiene que indemnizar vamos a utilizar un recurso legal para reclamar a los políticos, los que hayan cometido ese presunto delito, que devuelva al ayuntamiento el dinero que ha tenido que indemnizar a los promotores a los que se les va a anular licencias concedidas indebidamente.

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