Hoy, 1.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, lo que conlleva entre 10.000 y 20.000 muertes diarias. Alrededor de 4000 niños y niñas menores de 5 años mueren diariamente de diarrea por beber agua contaminada por vertidos cloacales. La contaminación tóxica por actividades industriales, petroleras, mineras y agrarias envenena silenciosamente a millones de personas. En particular, la contaminación por cianuros y metales pesados de la minería a cielo abierto en cabeceras fluviales, produce impactos demoledores sobre la salud pública de comunidades enteras, a menudo indígenas. A estos procesos de apropiación privada de la naturaleza, se ha unido durante las últimas décadas la presión privatizadora de los servicios de agua que impone el Banco Mundial. Con ello, lejos de resolverse el problema de acceso al agua potable, se agrava la vulnerabilidad de los más pobres, al transformar a los ciudadanos en clientes. Frente a estas políticas de privatización, se han levantado fuertes movimientos sociales que promueven nuevos enfoques de gestión pública participativa bajo control social y el reconocimiento del agua como un derecho humano , tal y como recogen las nuevas constituciones de países como Uruguay, Bolivia, Venezuela o Ecuador.
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