En torno a 5000 afectados por el cierre del espacio aéreo español de la pasada semana han puesto esta demanda colectiva que denuncia por vía penal a los controladores aéreos y por vía administrativa a AENA y por lo tanto al Ministerio de Fomento como responsable de esos trabajadores. Solicitan 10.000 Euros por persona por daños morales.
11.12.2010 - 15:11h
La Plataforma de Afectados por el cierre del espacio aéreo español durante 20 horas entre los días 3 y 4 de diciembre pide una indemnización millonaria a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que se sitúa en los 10.000 euros por "daño moral" para cada uno de los perjudicados.
Javier Cremades, uno de los principales miembros del despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, que representa a esta Plataforma integrada por más de 5.000 afectados, ha indicado en rueda de prensa, que se va a reclamar por vía administrativa a AENA esa cifra y que este trámite va a tener lugar a lo largo del mes de enero.
La cantidad de 10.000 euros es un baremo estándar que se ha realizado en función del daño que se ha causado a aquellas personas que no pudieron viajar por el cierre del espacio aéreo, y que, según Cremades, "va más allá" de la cantidad que tiene AENA prevista para paliar los problemas de retrasos o de otro tipo, que es sólo de 600 euros.
Esta reclamación va directamente contra AENA por ser la garante de dar un servicio público que no se puede quedar simplemente en una responsabilidad patrimonial de los controladores, ya que, según los abogados de Cremades&Calvo Sotelo, no son sino "meros empleados públicos".
Así mismo, la idea es sumarse a la acción de la Fiscalía como acusación particular en la causa que se abra el futuro contra los controladores, por la vía penal.
La demanda colectiva más importante
Según Juan Ortiz, socio del despacho de abogados, a los controladores se les puede aplicar las penas contenidas en la ley de navegación aérea de 1964, que aunque "es preconstitucional, no ha sido derogada y por lo tanto no es inconstitucional".
Los artículos 20 y 21 de la misma indican, explicó Ortiz, que por el abandono de sus puestos de trabajo, los controladores pueden ser condenados a penas de hasta 8 años de cárcel.
Otro de los abogados asistentes a la rueda de prensa, Luis Bericat, ha destacado que se está ante la demanda colectiva más importante del país, y ha recordado que se calcula en cerca de 600.000 las personas que se vieron afectadas por el cierre del espacio aéreo.
Bericat ha pedido, además, que los tribunales estén a la altura que requiere esta demanda, y que se instruya un juzgado específico para el caso, de forma que no se produzca por la avalancha de reclamaciones un bloqueo judicial.
Particulares, asociaciones hoteleras y líneas aéreas
Entre los más de 5.000 afectados que forman la Plataforma y que han elegido a este despacho de abogados como sus representantes ante la Administración, se encuentran particulares, en un 97 por ciento, pero también hay asociaciones hoteleras y líneas aéreas, en el 3 por ciento restante, aunque no quisieron adelantar ningún nombre.
En la conferencia de prensa también estuvieron presentes algunos de los afectados que relataron sus casos particulares, como fue el de Elena Fuentes que viajaba con su marido y su hijo hacia Fuerteventura y su avión tuvo que desviarse a Portugal por no poder aterrizar en la isla canaria, teniendo la sensación de que "estábamos secuestrados".
O el caso de la persona que falleció por un infarto en los lavabos de la T4 de Barajas a las 20,00 horas del viernes, cuando tenía que estar a esa hora en su casa de San Sebastián, y que ha sido denunciado hoy por su hija Alaiz.
A juicio de los abogados del despacho Cremades&Calvo Sotelo, la situación vivida en los aeropuertos españoles por el cierre del espacio aéreo "no puede volver a repetirse", y más allá de indemnizaciones o de sanciones a los controladores, lo que se pide es que se tomen las medidas para que no "suceda más y no se bloqueen los servicios aeroportuarios".
En la tarde del viernes 3 de diciembre, los controladores abandonaron masivamente los puestos de control y las torres de los aeropuertos, obligando a AENA a decretar el cierre del espacio aéreo español.
El gobierno declaró en la mañana del sábado 4 de diciembre, que implantaba, por primera vez en la democracia, el Estado de Alarma por el que se militarizaba el control aéreo de España.
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