Según una investigación de Gustavo Yamada y Ricardo Montero, economistas de la Universidad del Pacífico, la población más pobre del Perú recibe un triple castigo: no cuentan con recursos para satisfacer su canasta básica de consumo, tienen menos acceso a los servicios públicos como la Policía Nacional o el Poder Judicial, y cuando acceden a estos servicios, deben pagar coimas que representan una proporción mayor en comparación con sus ingresos.
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