251 millones de euros de deuda viva que se suman a los cerca de 75 millones que el Ayuntamiento de Alcorcón debe a sus proveedores. Es decir, más de 325 millones de euros a los que el consistorio deberá hacer frente si no quiere caer en la bancarrota.
La fórmula empleada por Cascallana para, supuestamente, sanearla ha sido refinanciar con bancos toda esa cantidad hasta 2022, nada menos. El edil pretende pagarlo aumentando los ingresos del ayuntamiento a sabiendas de que, desde 2006, éstos han ido descendiendo progresivamente. Lo más grave, para el partido popular, es la previsión que hacen de ingresos para la empresa municipal EMGIASA.
Esta situación ha llevado a que la mayoría de las obras que financiaba el Ayuntamiento de Alcorcón, como la remodelación de la casa consistorial estén paralizadas. Tan solo siguen adelante las financiadas con el Plan E.
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