Del traslado del 2% del presupuesto de las Universidades Públicas al ICFES, según ordenaba la Ley 30 de 1992, para fomentar programas de educación superior. Sin embargo, el ICFES no cumple actualmente tales funciones, situación que motivó al Gobierno, de manera ilegal y sin facultades, a que, mediante decreto, determinara que ese 2% se trasladara al Ministerio de Educación en vez de volver a las universidades públicas.
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