El 16 de junio de 2009, la presentación de Ramiro López; Ramiro Ramírez, El Rambo; Orlando Santaolalla, El Chuletas, y Rodrigo Ramírez, El Gordo, presuntos plagiarios al servicio de Teodoro García Simental, "El Teo", fue el inicio de una batalla legal contra el Ejército, al que los detenidos acusaron de cometer actos de tortura.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la que los cuatro civiles no han obtenido respuesta, cerró el expediente al no encontrar elementos suficientes para emitir una recomendación.
El caso de los civiles de Rosarito, que forma parte del informe Ni seguridad ni derechos de Human Rights Watch (HRW), empezó la tarde de ese 16 de junio, cuando su fotografía apareció en un comunicado de la Sedena, en el que se informaba que militares del segundo Regimiento de Caballería Motorizado "en atención a una denuncia ciudadana... detuvo a cuatro secuestradores, en una casa de seguridad ubicada en la colonia Carlos Salinas de Gortari, municipio de Playas de Rosarito".
Frente a ellos, sobre una mesa y una manta, los militares acomodaron todo el arsenal hallado en ese operativo: 17 armas largas, 278 cargadores y 14 mil 662 cartuchos, entre otros objetos. Sin embargo, los presuntos plagiarios afirmaron que la historia fue distinta.
"Hasta acá llegaron diez hombres con armas largas, se bajaron y los torturaron", refirió María Isabel Reyna Martínez, madre de los hermanos Ramiro y Rodrigo.
Según su versión, ellos estaban con Santaolalla en el condominio 912, en el noveno piso del edificio de departamentos Océana del Mar, en Rosarito. Isabel contó que los tres habían rentado el condominio para realizar una fiesta.
Los medios de comunicación de Tijuana reseñaron que al mediodía los militares realizaron un operativo en el que detuvieron a cuatro personas. El Ejército, de manera oficial, no reportó más detalles sobre estas acciones.
"Aquí los detuvieron y los sacaron a golpes. Les decían que tenían que confesar que eran narcos", comentó la señora.
A su lado, Martha Vázquez, madre de Ramiro López, contó que el convoy de militares, con los tres hombres a bordo, se dirigió a la base militar. En el camino, sobre la avenida principal de Rosarito, encontraron a Ramiro llamando por celular a su esposa.
"Le preguntaron que con quién hablaba y no le creyeron. Para ellos, Ramiro estaba como avisándoles a los demás del operativo", dijo.
María Isabel narró que minutos después, el convoy se trasladó a una casa de seguridad en la colonia Paraísos del Oeste. Ahí, presuntamente los militares golpearon a los civiles. "Los taparon con una cobija, los tenían amordazados y les pegaron en la cabeza. A uno le quebraron tres vértebras. A Rodrigo le reventaron el oído", señaló.
El camino de los militares siguió hasta la casa de seguridad que aparece en el comunicado, ubicada en la calle Jesús González, de la colonia Carlos Salinas de Gortari.
Isabel afirmó que los soldados metieron ahí a los cuatro hombres y encontraron a un anciano que presuntamente había sido secuestrado el 24 de mayo.
En esa casa la tortura continuó: "Les dieron puntapiés, se subieron arriba de ellos, los intentaron asfixiar con una bolsa de plástico. Les dijeron que si no decían que ellos eran de El Teo, iban a decir que estaban armados y que se agarraron a balazos", aseguró María Isabel.
Los golpes siguieron hasta la Base Militar de Tijuana, donde por la noche se emitió el comunicado en el que se afirmó que los cuatro hombres confesaron que "trabajaban directamente para Ángel Jácome Gamboa, El Kaibil, sicario y lugarteniente de Teodoro García Simental".
Los hombres insistían en que fueron víctimas de tortura. Para ello, se apoyaron en un dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación, Enrique Javier Sánchez, contenido en el expediente AP7PGR7BC7TIJ715777097M-V, referente al estado de salud de Ramiro López. "Presenta edema de ambas muñecas, así como eritema...excoriaciones, eritema en mejilla izquierda...Presenta lesiones de tipo traumáticas recientes al exterior, al momento de su examen médico, las cuales tardan en sanar menos de quince días", señala el documento.
Sin embargo, tanto para él como para los otros tres civiles, el 28 Batallón de Infantería emitió una valoración médica, firmada por el mayor médico cirujano Israel Alejandro García, que reza: "El presente caso no muestra datos de tortura".
Los civiles denunciaron ante la CNDH que, durante cuatro días, permanecieron incomunicados y fueron sometidos a más torturas.
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El nuevo PRI... con los mismos asesinos/narcos/rateros de siempreby el5anto957 views
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