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Urrá, uno de los grandes despropósitos ambientales, sociales y políticos de la historia reciente del país
Entre 1994 y el 2001, los cerca de 900 millones de dólares gastados finalmente en el colosal proyecto, evidenciaron también la fragilidad del ordenamiento jurídico ambiental y político del país.
Este fue abiertamente violentado para beneficiar sórdidos intereses de una excluyente clase política. Los derechos sociales tenían poco valor en un contexto donde operan actividades económicas altamente excluyentes, que como la ganadería, han dado a luz a un proyecto social y económico regional labrado sobre el desalojo violento de sus tierras a miles de familias campesinas, un modelo de sociedad que sustenta su razón de ser en la fuerza.
No resulta entonces extraño que la consulta hecha al pueblo embera katío fuera una farsa, pues de antemano ya se había decidido el proyecto.
No interesaban consideraciones ambientalistas o antropológicas, no importaron la biodiversidad de un parque natural o el impacto que se generaba para la integridad social de un pueblo indígena.
La consulta al pueblo embera katío del Alto Sinú terminó siendo un chiste: se podía decidir solamente sobre el aplazamiento por unos meses del llenado de la represa Urrá. No fue la consulta, una garantía real que considerara los fuertes impactos al territorio y evitara el deterioro de la integridad de este pueblo, como se vio posteriormente con el fraccionamiento de la autoridad y la perdida de sus mejores dirigentes.
La construcción de la hidroeléctrica Urrá, estuvo atravesada por condiciones especiales, que deben ser tenidos en cuenta, para entender la violencia ejercida contra el pueblo embera katío del Alto Sinú:
1. El dominio absoluto del paramilitarismo en Córdoba y Urabá, que garantizaba la expansión de los dos crecientes frentes económicos, el ganadero y el bananero, que atenazaban a los embera.
2. La presencia y presión de las FARC, que instigó la estigmatización de la población (con más veras cuando secuestran a dos ingenieros suecos), pues los lideres amenazados, asesinados o desaparecidos fueron sindicados de ser guerrilleros.
El jefe paramilitar Carlos Castaño, que hacía favores a granel al gobierno y a la clase política de Córdoba, reconoció que la muerte de Alonso María Jarupia, venerable autoridad tradicional de la comunidad de Kiparado (Cruz Grande), "había sido a todas luces un asesinato" y manifestó que el no iba a seguir haciéndole mandados a Urrá.
3. La debilidad del recién creado Ministerio del Medio Ambiente, bajo la dirección del inexperto, glamoroso y excelente fotógrafo, Juan Mayr, que sucumbió ante la presión de la comisión quinta del Senado, de la cual hacían parte los cordobeses Salomón Nader y Julio Manssur, el sucreño Julio Cesar Guerra Tulena, el cesarense Pepe Gnecco Cerchar, y el paisa Mario Uribe, que con su primo Álvaro se interesaban por las fértiles tierras de las sabanas de Córdoba.
4. La intimidación del poderoso Ministerio de Minas y Energía que era el que establecía las prioridades, producía las decisiones y armaba los tinglados contra el medio ambiente.
No es raro entonces que Juan Mayr haya expedido la licencia de funcionamiento, basándose en estudios ambientales de bolsillo, consultas arregladas y otras farsas. Miremos a grandes rasgos como fueron los artificios de este procedimiento fraudulento.----

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[alkrol]

pues sera mejor q se haga la urra 2, q impacto ni que nada, den gracias q controla el rio si no fuera por eso hoy no estuviera monteria por culpa de las inundaciones de Diciembre 2010. Por lo menos controla algo ya q fue rebosada.