Dos notas recientes publicadas en los diarios Clarín y La Nación (24 de junio y 5 de mayo de 2009 respectivamente) abrieron el debate sobre las obras irregulares que proliferan en la Ciudad de Buenos Aires. La conclusión evidente que arroja la lectura de ambas notas es la existencia de una red de corrupción en la administración del Gobierno de la Ciudad dónde algunos funcionarios públicos cobran dinero de los desarrolladores inmobiliarios a cambio de hacer la vista gorda sobre diferentes tipos de irregularidades en las obras.
Como prueba sirve el caso de un grupo de vecinos del barrio de Palermo afectados directamente por una maniobra de este tipo.
Los propietarios de los contrafrentes de la calle San Benito de Palermo al 1600 se enteraron en Enero de este año que tendrían que convivir en el futuro con una construcción de 9 pisos a sólo 2,80 metros de sus balcones.
La nueva construcción, con frente a la calle Matienzo 1668 se levanta en un terreno muy angosto, 4m de profundidad promedio, y de 98m2 de superficie. En ese terreno siempre hubo una casa de planta baja y un piso. En enero la casa fue demolida y un cartel de obra anunciaba la construcción de un edificio de planta baja y 9 pisos. La superficie según FOT autorizada era de 408m2 y la superficie declarada de construcción de 1203.79m2.
Esta relación entre la superficie según FOT y la superficie de construcción resultó sumamente sospechosa, así como la cercanía casi aberrante de la nueva construcción con respecto a los contrafrentes vecinos. Los propietarios damnificados lograron conseguir los planos de venta del emprendimiento y tener acceso a los planos registrados por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad (DGROC).
El análisis de estos elementos por parte de varios arquitectos permitió probar que los arqs. Zelwianski, Huberman y Polak, titulares del emprendimiento, habían logrado que la DGROC les registrara planos que les permitían construir un 63% más de la superficie admitida por el Código de Planeamiento urbano para ese terreno.
A partir de ese momento los vecinos hicieron llegar su denuncia a todos los niveles de la jerarquía municipal pidiendo que se investigue el caso y que se clausure la obra por no cumplir con el código de planeamiento urbano. La única respuesta que recibieron fue la del titular de la DGROC Arq. García Fahler quien dijo a los vecinos que el tema no era de su responsabilidad y que los damnificados debían demandar a los titulares de la obra ante la Justicia.
Lo que los vecinos fueron entendiendo con el correr de sus averiguaciones es que la corrupción está enquistada dentro de la DGROC desde hace décadas y que nadie en el Gobierno de la Ciudad está dispuesto a librar batalla contra los corruptos. Prefieren encubrir las irregularidades y poner todas las trabas necesarias para que los vecinos no accedan nunca al expediente y de esta forma evitar el control ciudadano sobre las irregularidades de gestión.
Los vecinos aprendieron también que nadie controla a la DGROC en su tarea de registro de planos. El único ente de control, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO) sólo controla que las obras se construyan conformes a los planos registrados por la DGROC.
Pero que pasa si la DGROC registra planos que no cumplen con el código de planeamiento urbano como sucedió en este caso?
Y que pasa si la DGROC encubre la trampa y niega el acceso al expediente a los damnificados? La respuesta es simple: No pasa nada y la obra se construye sin ningún inconveniente como viene sucediendo hasta la fecha.
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Estos delincuentes estan destruyendo la ciudad...todo sea por el vil metal...
LukeIYF 1 year ago
Felicidades al equipo de gente que hace esto!!
vidicult 2 years ago